Más allá de Ayotzinapa: Como la Intervención de Estados Unidos en Colombia Allanó el Camino a la Crisis de Derechos Humanos en México

Por Julia Duranti, Witness for Peace Colombia, y Maggie Ervin, Witness for Peace México

Este articulo originalmente apareció en inglés en Upside Down World el 18 de diciembre 2014.

Hace dos semanas, hubo 43 estudiantes desaparecidos en Guerrero, México. Ahora hay 42. A pesar de que decenas de miles de manifestantes mexicanos han estado gritando "Vivos se los llevaron! Vivos los queremos!", uno de los estudiantes fue declarado oficialmente muerto el pasado sábado 6 de diciembre. Alexander Mora Venancio tenía tan sólo 19 años de edad. Para la identificación de sus restos se realizó un esfuerzo transnacional: autoridades mexicanas los encontraron, científicos austríacos los analizaron, y forenses argentinos los verificaron. Pero hay otros países que jugaron un papel clave en esta historia: los Estados Unidos y su aliado sudamericano más cercano, Colombia. Mientras el gobierno mexicano trataba de presentar la masacre estudiantil de Ayotzinapa como un caso de corrupción de bajo nivel que podría ser resuelto sólo con cambiar las unidades policiacas y criminalizar las protestas que lo llevaron al escrutinio internacional, salió un nuevo informe que alega que la policía federal también participó en la tortura y la desaparición de los estudiantes. La intervención de Estados Unidos en Colombia muestra porque la violencia estatal evidente en Ayotzinapa no es ningún incidente aislado.

Colombia no aparece en las noticias estadounidenses en estos días, a pesar del conflicto armado que vive desde hace medio siglo. Aunque los insurgentes en Colombia figuran en la lista de terroristas del Departamento del Estado, a diferencia de los del Medio Oriente, no afectan al imaginario estadounidense como una amenaza inminente. Contrario al caso de los centroamericanos, los desplazados internos colombianos - 6 millones en el último recuento - casi nunca llegan a las fronteras de Estados Unidos. Esta falta de cobertura enmascara los más de 50 años de intervención estadounidense. En base a la doctrina de Contención del Comunismo que surgió con la Guerra Fría, oficiales militares estadounidenses bajo la administración de Kennedy crearon grupos paramilitares de "autodefensa" bajo el denominado Plan Laso, para trabajar en conjunto con el estado colombiano y aplastar la resistencia izquierdista. Eso ocurrió en 1962, dos años antes de que las insurgencias guerrilleras llamadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se constituyeran formalmente. Poco después, los cárteles colombianos surgieron para satisfacer la demanda estadounidense de cocaína en los años 70 y 80. El desenlace de esto fue el asesinato del capo del cártel de Medellín, Pablo Escobar, en 1993, ejecutado con apoyo de Estados Unidos. El cártel de Cali fue derrotado sólo unos años más tarde, dejando un vacío en la distribución internacional de la cocaína que fue ocupado por algunos sindicatos del crimen organizado en Colombia y sus contrapartes en México. La fragmentación del tráfico ilícito de drogas en Colombia más o menos correlacionó con la liberalización del mercado de la economía legal durante la presidencia de César Gaviria con el lema, "Bienvenidos al Futuro", junto con la crisis financiera mexicana y la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN ) en 1994. A lo largo de la década de los 90, los guerrilleros colombianos ganaron territorio y soldados, con las filas de las FARC incrementándose hasta casi 20.000 en 2001. Esto provocó varios acontecimientos claves. El primero fue la consolidación de las Fuerzas de Autodefensa Unidas de Colombia (AUC) en 1997, un estructura paramilitar de 30,000 elementos que colaboró con militares colombianos para cometer algunas de las peores violaciones de derechos humanos en la historia del país antes de someterse a un proceso de desmovilización incompleto que dejó a miles de ex paramilitares activos en todo el país. El segundo fue una iniciativa antinarcótica y contrainsurgente estadounidense conocida como Plan Colombia.

Plan Colombia, Plan México

Al principio, el Plan Colombia consistió en invertir US $1.300 millones para erradicar el tráfico de drogas, incluyendo un controvertido programa de fumigaciones aéreas con herbicida para reducir los cultivos de coca, así como armas, maquinaria, asistencia técnica y capacitación para el ejército y la policía colombiana. Fue firmado por el presidente de Estados Unidos Bill Clinton y el presidente de Colombia Andrés Pastrana en 2000, los cuales fueron reemplazados por presidentes conservadores con ideologías antiterroristas duras (George W. Bush y Álvaro Uribe, respectivamente) que siguieron apoyando el Plan Colombia hasta 2007, cuando el nombre y la estrategia cambió al "Plan de Consolidación”. Los presidentes Bush y Uribe encontraron un aliado dispuesto a participar en la Guerra Contra la Droga y Contra el Terrorismo en el presidente mexicano derechista Felipe Calderón, elegido en 2006 después de que los cárteles mexicanos habían ganado relevancia. Poco después, la Iniciativa Mérida también conocida como Plan México - fue aprobada para "luchar contra el crimen organizado y la violencia asociada." Desde entonces, cerca de US $3.000 millones del gobierno estadounidense han contribuido a la militarización masiva del país: helicópteros Blackhawk ($20 millones cada uno), miles de armas, una amplia formación de policías y militares, aumento en la vigilancia de la frontera y los puertos, e incluso algunos policías estadounidenses vestidos como infantes de marina mexicanos llevando a cabo operaciones especiales en suelo mexicano. El costo en México ha sido devastador: más de 100.000 muertos y más de 26.000 desaparecidos desde 2006.

Mientras tanto, EE.UU. ha proporcionado más de US $8.000 millones en ayuda a Colombia, por lo que es uno de los principales receptores de ayuda militar estadounidense en el mundo. Sin embargo, Colombia sigue siendo uno de los principales proveedores de heroína y cocaína a EE.UU.  El número de víctimas del conflicto colombiano ahora rebasa los 7 millones, incluyendo 6 millones de desplazados internos, más de 150.000 desapariciones forzadas y más de 930.000 homicidios. La asombrosa cifra de violaciones a los derechos humanos se ha incrementado a partir del  año 2000 (5,9 millones desde este año), cuando el financiamiento de Estados Unidos comenzó a reforzar las fuerzas de seguridad pública conocidas por sus atrocidades. Después, en 2006 estalló el escándalo de los "falsos positivos" en el que se reveló que las fuerzas de seguridad colombianas, algunas entrenadas en suelo estadounidense en el polémico Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad / Escuela de las Américas (WHINSEC / SOA) - habían asesinado sistemáticamente al menos 5.000 civiles inocentes y luego los vistieron con uniformes de la guerrilla, presentándolos como enemigos asesinados en batalla, todo eso a fin de ganar premios como bonificaciones y tiempo extra de vacaciones. Esta práctica se desarrolló como parte de la mentalidad de "recuento de bajas", promovido en el entrenamiento en Estados Unidos y se produjo bajo el cargo del entonces Ministro de Defensa y actual Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Más tarde ese mismo año, el escándalo de la “parapolítica” también estalló, implicando a los políticos de todos los niveles en las estructuras narco-paramilitares. Estos grupos, que ahora se conocen por el gobierno colombiano como bandas criminales (Bacrim), siguen disfrutando de una estrecha relación con intereses comerciales lícitos e ilícitos, asimismo con políticos en Colombia, y representan la mayor amenaza para la expresión ciudadana y los movimientos sociales. El legado del Plan de Laso continúa pagando dividendos.

Colombia: Exportador de la Seguridad

Oficiales estadounidenses defienden obstinadamente su inversión en el poderío militar de Colombia y su aplicabilidad a México. Un funcionario de la embajada de Estados Unidos en Bogotá dijo: "En 2000 Colombia estaba al borde de convertirse en un narcoestado fracasado. El Plan Colombia ayudó a evitarlo... Ahora, Colombia es un exportador de seguridad. Los colombianos están entrenando a los mexicanos en materia de seguridad ". En una visita a Colombia la semana pasada el Secretario del Estado John Kerry hizo eco de ello.. De hecho, la ayuda directa a Colombia ha disminuido desde el 2008, y a su vez ha aumentado el apoyo a la Iniciativa Mérida, y aún más recientemente a la Iniciativa Regional de Seguridad para América Central (CARSI). Junto con el aumento de la ayuda militar y antinarcótica a estos países, EE.UU. ha utilizado a Colombia como representante de seguridad, proporcionando EE.UU. una “negación plausible” en el caso de violaciones de derechos humanos cometidas por sus alumnos. El general estadounidense John Kelly cometió el error de admitirlo el mes de mayo pasado. El uso de representantes de seguridad por parte del gobierno de Estados Unidos, junto con su proceso de certificación del cumplimiento con los requisitos en materia de derechos humanos, elude el espíritu de la Ley Leahy, que tiene por objetivo evitar la financiación estadounidense de militares que han cometido graves abusos contra los derechos humanos.

Debido a esta estrecha relación, las causas detrás de la violencia en México se vuelven más claras. Cuando el presidente Enrique Peña Nieto asumió el cargo en 2012, trató de desviar la atención del país al tema de la economía a través de su lema "Moviendo a México.” Pero la tortura, las detenciones arbitrarias, los secuestros y las desapariciones se han incrementado a lo largo de los dos años de su mandato. Aunque los 43 estudiantes han sido noticia internacional, 5.098 mexicanos han desaparecido tan sólo en el 2014.

Guerra Contra la Droga o Guerra Contra los Pobres?

En el décimo aniversario del Plan Colombia, Adam Isaacson de la Washington Office on Latin America (WOLA) escribió, "Los avances en seguridad de Colombia son parciales, posiblemente reversibles, y manchados por los ‘daños colaterales’. Con tanta evidencia en este sentido, por qué el legado de Plan Colombia que simbolizaba La guerra Contra las Drogas todavía tiene defensores acérrimos”? Algunas organizaciones colombianas como la Asociación para la Investigación y la Acción Social (NOMADESC) plantean la siguiente teoría:

"La Guerra Contra las Drogas en Colombia es una cortina de humo para los intereses económicos. Sí, el tráfico de drogas desempeña un papel en la violencia aquí, pero mucho más importantes son los intereses económicos neoliberales que buscan impulsar el desplazamiento para que puedan acceder a la tierra colombiana", dijo un portavoz de NOMADESC a una delegación de Acción Permanente por la Paz (Witness for Peace).

"Plan Colombia allanó el camino para el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia una década después. Las fumigaciones desplazaron a las personas de sus tierras y las dejaron libres para el desarrollo ilegal, así como la creación de una fuerza de trabajo explotable en las ciudades ", dijo un organizador sindicalista de Buenaventura, en referencia a los casi 8 millones hectáreas de tierra que fueron abandonados o ilegalmente adquiridos en el curso del conflicto colombiano. "La represión en el campo creó un clima más favorable para la inversión extranjera. Al final, los ricos son los que se benefician”. En este sentido, hay un claro paralelismo con el TLCAN, que ha contribuido al desplazamiento masivo de mano de obra vulnerable de zonas rurales de México a EE.UU.

Este análisis se extiende hasta el actual gobierno de Juan Manuel Santos. Con menos mano dura que su antecesor, Santos ha apostado su presidencia en un acuerdo de paz negociado con las FARC y ha hecho de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras una de las primeras prioridades de su presidencia. Al igual que su homólogo Barack Obama en EE.UU., es un tecnócrata cercano a las grandes empresas; como Enrique Peña Nieto en México, está a favor de las industrias extractivas como motor de la economía. De hecho, el proceso de paz sirve a estos intereses mostrando a Colombia más atractiva para la inversión extranjera directa, sobre lo cual el gobierno de Santos ha sido transparente. Pero la colusión continua entre las empresas privadas y las nuevas y cambiantes formas del paramilitarismo sugieren que incluso si el gobierno colombiano negocia el final del conflicto con las FARC, poco va a cambiar la vida para los colombianos cuya realidad cotidiana incluye las amenazas, la inseguridad y la violencia.

De hecho, los colombianos sólo necesitan mirar a México, donde no hay una insurgencia armada, para ver lo que el futuro puede deparar. Durante el año pasado la administración de Peña Nieto promovió y aprobó una serie de reformas (laboral, telecomunicaciones, educación, fiscal y energía) que tienen en común una tendencia a la privatización. "México está abierto a los negocios" fue el mensaje, y el gobierno de Estados Unidos y las multinacionales lo aprovecharon al máximo. La aprobación de estas reformas no hubiera sido posible de no ser por la distracción agotadora de seis años de violencia anteriores, cuando los mexicanos fueron desplazados, aterrorizados o asesinados por los cárteles del narcotráfico, por las fuerzas de seguridad mexicanas, o con demasiada frecuencia por la colusión de ambos.

Al igual que en el caso de Alexander Mora Venancio. Al describir lo que sintió al enterarse de la confirmación de la muerte de su hijo, el padre de Alejandro pronunció, “sentí que me arrancaron parte de mi corazón.” A medida que su familia y amigos reparan sus corazones lastimados y lloran al joven que conocían, el mundo llora con ellos y espera contra toda esperanza que los otros 42 se encuentren con vida. Las semillas del imperialismo estadounidense en Colombia, México y otros países en las Américas siguen dando frutos para los intereses poderosos. Pero como la frase popular que ha estado circulando desde la masacre de Ayotzinapa declaró: "Quisieron enterrarnos. Pero no sabían que también éramos semillas ".

“Enséñame a organizar”: Enfrentando las políticas neoliberales a nivel nacional e internacional

Por Celeste Larkin, Chicago Religious Leadership Network

Llevo tres años viviendo en Chicago y, en este tiempo, la ciudad ha vivido muchos cambios en su economía municipal. El gobierno local, a cargo del alcalde Rahm Emanuel, ha cerrado docenas de clínicas que prestaban servicios de salud mental a personas de bajos recursos necesitados de estos servicios; ha cerrado 54 colegios públicos, en donde un 90% de los estudiantes afectados son afrodescendientes, que se encuentran en barrios donde se ha visto un aumento de escuelas charter, las cuales son de gestión privada y la mayoría no cuentan con sindicatos; y ha consignado cerca de 55 millones de dólares para un estadio de baloncesto privado en el campus de la DePaul University (una universidad privada) como “parte de la visión más grande de Emanuel” para establecer un distrito de entretenimiento, que incluirá un nuevo hotel con 1.200 habitaciones en el centro de convenciones.

Estos son algunos de los eventos actuales que demuestran un cambio en la política pública hacia la austeridad a través de recortes en proyectos públicos y garantías de seguridad social. Nuestro gobierno municipal busca depender más de financiamiento privado favoreciendo las prioridades de la clase económica élite, afirmando que esta estrategia “levantará todos los barcos”, asegurará que la economía crezca y promoverá las formas de desarrollo que los especuladores económicos quieren ver. Pero los demás no lo creemos.

Las manifestaciones contra el cierre de los colegios desencadenaron la ira y las movilizaciones nacionales, y miles de personas tomaron las calles de Chicago en protesta. Activistas y líderes sindicales continúan trabajando contra las medidas de austeridad propuestas para los colegios públicos y las pensiones de los trabajadores. Los ciudadanos de Chicago montaron campamentos de 24 horas frente a las clínicas de salud mental que se esperaba cerrarían y permanecieron allí por meses hasta que los funcionarios municipales finalizaron los planes que iban a afectar a nuestros amigos y vecinos necesitados de estos servicios vitales. Después de bastantes protestas públicas la ciudad y la Universidad DePaul decidieron suspender el plan de invertir millones de dólares de fondos públicos en el estadio privado, aunque estos fondos se redistribuyeron a proyectos de construcción de hoteles de lujo en la misma zona.

Todos los días, voy a trabajar con la experiencia local del neoliberalismo, un término económico que describe las políticas económicas que promueven la desregulación, la privatización, el comercio libre y menos gastos públicos. Paso mi jornada laboral con la Red de Liderazgo Religioso de Chicago (Chicago Religious Leadership Network on Latin America, o CRLN) en solidaridad con las comunidades a lo largo de todo el hemisferio que enfrentan el mismo paradigma: Haya personas luchando contra tomas de territorio para fincas de cultivo de palma africana, para el derecho al agua potable frente a las concesiones mineras, o luchando para una buena educación pública para todos los niños, las comunidades se niegan a someterse a estas olas de privatización y siguen movilizándose, a veces en gran escala.

Hace poco asistí a la Conferencia Labor Notes de 2014 y escuché a trabajadores de todas partes del mundo mientras hablaban de su lucha para la dignidad y esfuerzos para construir movimientos. Uno de los talleres trató sobre estrategias creativas para aumentar y apoyar nuestro trabajo organizativo; el presentador, Ricardo Levins Morales, quien fuera un artista de la ciudad de Minneapolis, Minnesota; nos compartió una cita que él reinventó para hacerla menos condescendiente y más empoderadora. Esta idea de recuperar el dicho define el trabajo que va delante de nosotros: para redefinir nuestro concepto de lo posible, tenemos que rechazar las ideas jerárquicas de “libertad” y empezar a organizar de forma radical y crear nuestras propias soluciones:

"Si me das un pescado, me has alimentado por un día. Si me enseñas a pescar, entonces me has alimentado hasta que el río se contamine o se toma las orillas para proyectos de desarrollo. Pero si me enseñas a organizar, con cualquier reto puedo unirme con mis compañeros y nos creamos nuestra propia solución". – Ricardo Levins Morales

Ciudades Modelos: El nuevo experimento neoliberal en Latinoamérica

Por Elizabeth Perkins, Equipo de APP Honduras

La competición. Es un concepto inherente a la meritocracia estadounidense, la mentalidad que uno se puede zafar de cualquier situación difícil con suficiente determinación. La política económica del neoliberalismo promueve la competición como herramienta para promover el desarrollo económico. Se fundamenta en la suposición (hipótesis?) de que la competición incrementa la calidad y eficiencia. Para que un país ‘en desarrollo’ pueda crear trabajos desesperadamente necesitados, es necesario competir con otros países en atraer inversión extranjera. Esta ideología se manifiesta en los Programas de Ajustamiento Estructural (enlace en ingles), los tratados de libre comercio (enlace en ingles) como DR-CAFTA (enlace en ingles), y el establecimiento de zonas francas. Más recién, el proyecto de las Ciudades Modelos en Honduras ha capturado la imaginación de los economistas que promueven el libre comercio y la inversión extranjera como la forma de salir de la crisis económica del país.

Las promesas de desarrollo no son nuevas para Latinoamérica. Hace casi una década, DR-CAFTA consolidó políticas neoliberales que ya estuvieron puestas en práctica. Cuando CAFTA fue firmado en 2006, se le dijo al pueblo de Centroamérica que un incremento al comercio, a la inversión extranjera directa, a la disponibilidad del trabajo, y a la exportación provocaría un aumento de los ingresos y de la calidad de vida. En 2010, cuando Honduras decidió aumentar el salario mínimo 6.5%, 16 maquilas se mudaron a Nicaragua, donde el salario mínimo estaba a la mitad del de Honduras. Este es solo un ejemplo de la manera en que este tratado prioriza las corporaciones estadounidenses ante de los derechos de los trabajadores. Parece que el próximo paso en una progresión de políticas neoliberales impuestas en Centroamérica es la ley de ciudades modelos en Honduras, recientemente aprobada bajo el nombre: Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).

Desde los finales de 2010, Honduras se encuentra debatiendo la cuestión de las ciudades modelos en su territorio. En su encarnación mas recién, las ciudades son definidas como divisiones administrativas del país, sujetas al gobierno central pero con autonomía en cuanto a los sistemas políticos, económicos y judiciales, con reglas claras del mercado que permiten un alto nivel de competición. Dicho en otras palabras, son regiones dentro de un país con poco control o regulación gubernamental. La meta es atraer inversión y generar empleo en regiones deshabitadas del país o en municipalidades solicitando la conversión por consulta popular.

Ha sido un debate intenso promovido principalmente por los representantes del Partido Nacional Porfirio Lobo Sosa (ex presidente ‘elegido’ después del golpe de 2009) y Juan Orlando Hernández (ex líder del Congreso Nacional y Presidente actual). Para que Honduras pudiera acomodar esta idea nueva, primero tuvieron que cambiar la constitución, y luego fue necesario aprobar la ley por un voto mayoritario por parte del Congreso. Aunque esencialmente igual, dicha ley ha pasado por varias encarnaciones. Nació como las ciudades modelos (enlace en inglés) de Paul Romer, luego se redactó como ley, la propuesta conocida como Regiones Especiales de Desarrollo (RED), y actualmente la ley se conoce bajo el nombre de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE). Al inicio, la Corte Suprema de Justicia declaró que la ley de las RED fue inconstitucional en octubre de 2012. Solo dos meses después en lo que ahora se conoce como un ‘mini-golpe,’ 4 del lxs 5 jueces que rechazaron la ley fueron destituidxs de sus puestos. La ley de las ZEDE fue aprobada el siguiente año. El mes pasado nombraron Choluteca como el primer sitio ZEDE.

“Ciudades modelos = Expulsión del pueblo Garífuna de Honduras.” Grupos de resistencia protestan las ciudades modelos frente el Congreso Nacional en Tegucigalpa en enero de 2013. Foto por Elizabeth Perkins
 

Los grupos de la resistencia hondureña citan “una enorme inequidad y brecha social, la cual se incrementó a partir del golpe de estado.” La desigualdad socioeconómica se hace cada vez más drástica, mientras el Congreso Nacional impone más y más leyes neoliberales, como la ley ZEDE. Representantes del FNRP presentaron argumentos en la Corte Suprema de Honduras en febrero pidiendo que lxs jueces declaren la ley ZEDE inconstitucional, como es básicamente la misma ley de RED declarada así en 2012.

Mark Klugmann (enlace en inglés), un norteamericano nombrado por Juan Orlando como el promotor de las ZEDE en el exterior, recientemente dio una entrevista al periódico hondureño El Tiempo. El mismo dijo: “Creo que CAFTA abrió nuevas posibilidades y Honduras, con las ZEDE, se convierte en el lugar más atractivo de la zona CAFTA. Estamos escuchando que personas que tienen empresas en los países vecinos y que están exportando bajo CAFTA, quieren trasladarse a Honduras.” Sostienen, que la ley de las ZEDE ayudará a disminuir la migración (enlace en inglés) porque ofrece varias oportunidades de trabajo.

La Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH) comentó en su blog, “La palabra empleo se ha convertido en el señuelo para capturar la imaginación de un pueblo pauperizado y sumido adrede, en la ignorancia y desinformación.” Uno de los problemas más grandes con este plan es que no hay un pedazo de tierra suficientemente grande para acomodar una ciudad de millones de personas. Comunidades campesinas e indígenas como OFRANEH, cuyas comunidades han sido nombradas como sitios posibles de ZEDE, están preocupadas.

Según OFRANEH, la Comisión para la Erradicación del Racismo y Discriminación (CERD) de las Naciones Unidas en su informe de febrero expresó preocupación sobre el impacto que va a tener esta ley ZEDE en grupos indígenas y afrodescendientes. El informe urge el gobierno hondureño a reevaluar la compatibilidad de la ley con tratados internacionales de derechos humanos cuya ratificación protegen a los grupos indígenas y afrodescendientes.

“El partido nacional desde su fundación se ha distinguido por una actitud paradójicamente antinacionalista, siendo en estos períodos donde han manejado las riendas del poder, que se han caracterizados en la entrega de territorio nacional y la subordinación a las compañías bananeras,” dice OFRANEH. Según los intereses de las grandes corporaciones, no los del pueblo, el gobierno hondureño sigue adelante con las ZEDE. Aunque el gobierno estadounidense no está directamente involucrado en este proyecto, promoverá intereses inversionistas de EE.UU., ampliando la brecha cada vez más grande entre los ricos y los pobres en Honduras y el mundo entero.

¿Qué significa 'energía limpia' para los pueblos indígenas del Istmo de Tehuantepec?

Por Miriam Taylor, equipo APP México

Imagen de Climate Connections

Conduciendo a través del Istmo de Tehuantepec, en el sur de México, el paisaje parece una ojeada a un futuro no muy lejano. En cada dirección, aerogeneradores dan vuelta afanosamente, sin requerir algún combustible fósil. Como uno de los lugares más ventajosos en el mundo, al parecer ésta sería la manera ideal de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y un paso adelante para combatir el cambio climático. Sin embargo, en el clamor global para lograr acceso al mercado de energías renovables, ya han emergido ganadores y perdedores. En el mejor de los casos, las comunidades locales de la región istmeña, en su mayoría gente indígena, han sido sobornadas, obligadas y engañadas para que concedieran sus derechos a la tierra a las compañías eólicas. En el peor, han sido ignoradas, y el gobierno federal y estatal han otorgado los permisos sin consulta previa, libre, e informada, y las comunidades se están resistiendo.      

Actualmente, la construcción de los proyectados veintiocho parques eólicos en el Istmo es a medio terminar. Las empresas que los están construyendo son en su mayor parte españolas: Iberdrola, Acciona, Endesa, Gamesa y Gas Natural Fenosa, apoyadas con la inversión internacional de corporaciones que van desde General Electric a Energía Francia y Mitsubishi. Se estima que en términos de energía eólica, la región tiene una capacidad de producción de entre 5.000 y 10.000 megavatios, la cual es suficiente para proveer a 18 millones de personas con luz. Esta electricidad, sin embargo, no estará disponible para el consumo por los habitantes del Istmo. Está destinada a empresas como FEMSA (sucursal de Coca-Cola), Wal-Mart, Heineken, CEMEX y Bimbo. 

Después de terminar la Revolución mexicana en 1917, los derechos de los campesinos sobre la tierra se consagraban en la Constitución bajo el Artículo 27 a través de los ejidos (propiedad de uso colectivo). Aunque el gobierno instituyó más adelante algunos programas para permitir que las comunidades privatizaran sus tierras, la mayoría de la población ha decidido no hacerlo, así que los permisos otorgados sin consulta previa son ilegales.

Además del Artículo 27, los derechos de los pueblos indígenas son protegidos bajo la Constitución a través de una enmienda al Artículo 2, la cual establece que, “Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para… (V) Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras …” Estas protecciones, no obstante, han sido inefectivas en la práctica. Pedro López Orozco, miembro de la asamblea de Álvaro Obregón, comentó en una entrevista reciente con el Programa de las Américas, “Nosotros como pueblos indígenas hemos visto un alto grado de corrupción en los tres niveles de gobierno. La ley es letra muerta para el Estado.”

Además de la escasez de información sobre los proyectos, se necesita una evaluación de impacto medioambiental para determinar los efectos de los eólicos en la población local, los ecosistemas, y los recursos hídricos. El Istmo es un corredor para aves migratorias y se ha aumentado el índice de las muertes de aves causadas por los aerogeneradores. Los aerogeneradores también requieren de lubricantes y otras sustancias que se han entrado en el mar y en acuíferos. Pescadores también han informado que los peces han empezado a salir de las áreas cerca de los aerogeneradores, presuntamente debido a sus vibraciones. Y aunque investigaciones han mostrado que parques eólicos tienen poco efecto sobre la salud humana en áreas donde hay pocos habitantes, el Istmo cuenta con una población de 3,8 millones de personas, muchas de las cuales viven dentro del área determinada de estar afectada por la contaminación acústica generada por los aerogeneradores— 1.400 metros contra el viento y 2.100 metros en la dirección del viento.

Luego viene la cuestión de los pagos. La gran mayoría de los habitantes del Istmo sobreviven de la agricultura y la pesca. Alquilar la tierra para la construcción de los eólicos podría ser algo positivo para estas comunidades y podría proveer un ingreso muy necesitado en un país donde 75% de los pueblos indígenas viven en condiciones de pobreza. Corporaciones, sin embargo, han pagado rentas muy bajas, solamente una fracción de lo que hubieran pagado en países como EE.UU. o Dinamarca. Terratenientes informan que han recibido 138 pesos mexicanos (12 dólares) por hectárea por año, lo cual es mucho menos que hubieran ganado al vender la leche producida en ese mismo terreno, por ejemplo. 

Las comunidades del Istmo han resistido la marginación desde el principio de este proceso.  En 2006, en el municipio de Juchitán, un grupo de vecinos decidía empezar una radio comunitaria con equipo básico, Radio Totopo, para informar a los ciudadanos sobre las noticias del proyecto eólico en su propio idioma (zapoteco). En marzo del año pasado, Radio Totopo fue atacada por la policía estatal y sicarios, quienes destruyeron mucho de su equipo. Muchos de los encargados de la radio han recibido amenazas de muerte o han sido atacados físicamente por grupos que según ellos han sido pagados por las empresas eólicas para intimidarlos.  

Como resultado de la colaboración de la comunidad en el proyecto de la radio, se creó la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ).  Durante varios meses los miembros se turnaban encargándose de una barricada hecha de metal, madera y plástico que prevenía acceso a la zona de construcción de un proyecto planeado por Mareña Renovables, un consorcio de inversiones holandesas, australianas y japoneses. La barricada sobrevivía ataques por la policía municipal, estatal y federal, y por el ejército, sicarios y grupos paramilitares.  

La barricada de APPJ, construida para detener el acceso de Mareña Renovables a la zona de construcción de un nuevo parque eólico. 

El primero de enero de este año, otro municipio, Álvaro Obregón, daba un siguiente paso. En el espíritu del levantamiento zapatista en Chiapas, la asamblea general invocó al Convenio 169 de las Naciones Unidas y los Acuerdos de San Andrés de 1996, declarándose un municipio autónomo. El pueblo renunciaba su relación con el gobierno federal y estatal y su afiliación con los partidos políticos. Sin embargo, el alcalde actual de Álvaro Obregón, Saúl Vicente Vázquez, no reconoce la validez de la decisión. 

La situación en el Istmo tiene varios temas, pero al final del día es sencilla. El gobierno mexicano impulsaba el crecimiento de fuentes de energía alternativa utilizando mecanismos como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)  y proyectos del desarrollo a favor de las corporaciones como Proyecto Mesoamérica. Se abrían las puertas a los inversionistas internacionales, bancos, y corporaciones multinacionales, los cuales se benefician de los proyectos eólicos en muchas maneras. Corporaciones de países desarrollados pueden aprovechar del Mecanismo para un Desarrollo Limpio del Protocolo de Kioto, el cual deja que inviertan en proyectos de energía limpia en los países subdesarrollados y utilizar los bonos de carbono que produce el proyecto hacia sus objetivos para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, y se quedan con las ganancias del proyecto. Las empresas que consumen esta electricidad también pueden recibir Certificados de Energía Renovable  que pueden vender a otras entidades.

Sin embargo, la tierra es de la gente que ha vivido, pescado y cultivado allí durante siglos. Si los pueblos fueran incluidos en el proceso con acceso abierto a la información, si fueran dados una porción justa de las ganancias que producen los eólicos, y si las corporaciones pudieran asegurar la protección del medioambiente, el Istmo podría ser un ejemplo para el futuro de la energía renovable. En lugar de esto se ha vuelto en otro caso del neoliberalismo disfrazado como el desarrollo sustentable y los pueblos del Istmo se han comprometido a detenerlo.

Imagen de Asociación Arcera

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Séptimo Festival de la Milpa: Comunidades Indígenas en Resistencia

Tres meses antes del aniversario número 20 del TLCAN me encontraba en un viejo bus escolar viajando por la Sierra Juárez en Oaxaca, México. El paisaje era increíblemente hermoso. Mientras el bus se desplazaba por las curvas de la carretera podía ver la vegetación densa y verde de las montañas, que parecían interminables.

La flora y la fauna de la Sierra Juárez se han preservado de esta manera porque tienen unos aliados muy poderosos: las personas indígenas que han peleado durante siglos para proteger su territorio, su cultura, su manera de vivir, y a la madre naturaleza. Una nube de mariposas, indicadora de la vasta biodiversidad de la región, me recibió cuando llegué a Santa Gertrudis.

Viajé a Santa Gertrudis para participar en la Séptima Feria de la Milpa, un evento organizado por la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez (UNOSJO). Durante el evento, participantes de Guatemala, Honduras, Brasil, y México discutieron maneras de proteger el territorio y las semillas nativas.

Me llené de inspiración cuando los organizadores comunitarios y los campesinos hablaron acerca de sus experiencias de resistencia, y cuando compartieron su análisis y sus conocimientos con los demás. Los miembros de estas comunidades perseveran a pesar de los esfuerzos del gobierno mexicano y de las compañías transnacionales para transformar el campo mexicano en algo que puedan explotar y de lo que se puedan lucrar más fácilmente.

La transformación del campo mexicano

La mayoría de las personas que trabajan el campo en México son parte de grupos indígenas marginalizados. Históricamente han cultivado comida para sus familias en pequeñas parcelas y usando tecnologías sustentables que se transmiten de generación a generación.

 

Desde que se aprobó el TLCAN, los programas de agricultura del gobierno han apoyado a corporaciones y transnacionales en lugar de apoyar a los campesinos, quienes al no poder competir se ven en una situación de más pobreza y migración forzada a los Estados Unidos.

El gobierno mexicano está trabajando con varias compañías estadounidenses (Monsanto, Dow, Pioneer, DuPont, etc.) para transformar la agricultura mexicana en un sistema de exportación y monocultivos que sea dependiente de agroquímicos y semillas transgénicas o híbridas.

El ideal neoliberal es que las personas produzcan comida para vender (no para autoconsumo) y que compren productos del mercado global (producidos por las transnacionales). Esto se logra al crear las condiciones para que sea más caro cultivar comida que comprarla, o al imponer programas gubernamentales con los cuales los campesinos se vuelven dependientes de los insumos producidos por las transnacionales. Estas situaciones terminan con  las prácticas tradicionales que han permitido que las comunidades indígenas sean autosuficientes y sustentables por siglos.

Los campesinos indígenas que quieren defender sus semillas y su sistema tradicional de cultivo tienen que pelear contra esta clase de programas de gobierno y contra campañas mediáticas a nivel nacional. La lucha más emblemática a este sistema en México, ha sido la lucha para defender el maíz nativo.

En defensa del maíz

El maíz fue domesticado en México hace miles de años y un gran porcentaje de la diversidad del maíz del mundo se encuentra en este país (solamente en el estado de Oaxaca hay 35 razas).

En 1998 el gobierno mexicano declaró un moratorio del cultivo de maíz transgénico, pero esta clase de maíz ya se distribuía a familias de bajos recursos por medio de un programa gubernamental de seguridad alimenticia que distribuía maíz estadounidense transgénico y barato.

En el 2001, Ignacio Chapela, un científico de la Universidad de Berkley, encontró maíz transgénico en la Sierra Juárez de Oaxaca. Probablemente la contaminación se dió cuando un campesino cultivó el maíz que obtuvo por medio del programa del gobierno sin saber que era transgénico.

En el 2005, la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados le abrió las puertas de México a los transgénicos. La ley, hecha para regular la cultivación de transgénicos, es tan beneficiosa para las multinacionales, que se le empezó a llamar la Ley Monsanto por todo el país.

En el 2008, por la primera vez en la historia de México, el gobierno autorizó el cultivo de maíz transgénico en varios estados del norte del país. El actual presidente de México Enrique Peña Nieto, autorizó el cultivo 250,000 hectáreas adicionales.

En todo este tiempo, los campesinos y grupos de la sociedad civil han estado peleando contra estas iniciativas. Sin su resistencia, los transgénicos probablemente serían la regla en las zonas rurales de México. Algunas de las preocupaciones relacionadas con los transgénicos son: los efectos de salud que puedan causar en los humanos, la contaminación de cultivos no transgénicos, la contaminación de las áreas de origen del maíz, la pérdida de diversidad genética que podría suceder si el maíz transgénico se vuelve el estándar, la dependencia de las comunidades rurales a las caras semillas transgénicas y agroquímicos, la perdida de sistemas tradicionales de producción, y los efectos de los transgénicos y agroquímicos en el medio ambiente.

La resistencia a los transgénicos ocurre diariamente, cuando campesinos o comunidades enteras se rehúsan a usar semillas que no sean nativas o cuando no usan agroquímicos. A veces esto significa que se tienen que abstener de participar en los programas del gobierno.

PROCAMPO, por ejemplo, es un programa de ayuda del gobierno creado para apoyar a campesinos que cultivan maíz. El programa distribuye vales que se pueden cambiar por semillas y otros productos agrícolas. Muchos campesinos de bajos recursos dependen de esta clase de programas para poder sembrar. Desafortunadamente los vales sólo se pueden usar para comprar semillas de maíz híbrido y paquetes tecnológicos que incluyen agroquímicos (la mayoría de los cuales son hechos en Estados Unidos).

Otro ejemplo es la Cruzada Contra el Hambre, uno de los programas principales de la administración de Peña Nieto. El programa es famoso por asociarse con corporaciones transnacionales y por distribuir comidas procesadas y poco saludables en las comunidades de bajos recursos (en lugar de promover comidas saludables). La iniciativa incluye el Programa de Agricultura de Autoconsumo en Oaxaca. Este programa tiene como objetivo dar ayuda a campesinos de Oaxaca que cultivan productos para autoconsumo. El modelo del programa es el mismo que el de PROCAMPO: los campesinos reciben “ayuda” por medio de semillas híbridas y agroquímicos.

Para aquellos que participan en los programas del gobierno no existe la opción de recibir semillas nativas o de recibir ayuda para cultivar maíz de una manera tradicional. Los programas hacen que sea más caro producir maíz nativo, y se aseguran de que los campesinos se vuelvan consumidores dependientes de semillas y tecnologías extranjeras.

Lea la declaración del Espacio Estatal en Defensa del Maíz Nativo de Oaxaca acerca delPrograma de Agricultura de Autoconsumo en Oaxaca.

A pesar de la falta de apoyo del gobierno y de la presión para que participen en estos programas, los campesinos e indígenas siguen resistiendo.

En Julio, campesinos, organizaciones y activistas presentaron una demanda legal colectiva en contra de las autoridades federales y las compañías que han sido participes en la legalización y el cultivo de transgénicos en México. El 10 de Octubre un juez federal falló a su favor, suspendiendo todos cultivos y planes para cultivar transgénicos en México hasta que se resuelvan una serie de demandas relacionadas con el tema. Esto ha ofrecido esperanzas de que algún día los cultivos transgénicos serán permanentemente prohibidos en el suelo mexicano. ¡La lucha sigue!

En la Feria de la Milpa escuché a muchas personas hablar acerca de las posibles soluciones para los problemas del campo: que el gobierno apoye el uso de las semillas nativas y las técnicas de cultivo ancestrales, que se valore y se apoye el conocimiento indígena, y que se mejoren las técnicas de producción de una manera respetuosa con el medio ambiente y la manera de vida indígena.

Al recordar las caras y las voces de los campesinos que conocí en Santa Gertrudis, pienso en todas las personas en los Estados Unidos que están peleando batallas muy parecidas en contra de los transgénicos, los monocultivos, y los agroquímicos. En Estados Unidos la gente tiene la responsabilidad adicional de hacer que su gobierno y las compañías estadounidenses se hagan responsables por su papel en la implementación de tantas políticas neoliberales que afectan a los países del sur. Mientras trabajamos juntos, de manera transnacional, me siento segura de que podremos ganar esta pelea.


 
¡Involúcrate!

• Marcha en Contra de Monsanto: Página de internet a dónde encontrarás información sobre eventos en contra de los transgénicos en todo el mundo
  
  
• Firma una petición en contra de la Enmienda King - EE.UU (En Inglés)
  
  
•  Firmauna petición para parar las negociaciones secretas de tratados de libre comercio, como el TTP o TAFTA, que benefician a las transnacionales que comercian transgénicos (en inglés)
  
  
• Participa en una delegación de Acción Permanente por la Paz en México, para educarte más acerca de estos temas  

Más información:

• Monsanto y los transgénicos, Resistencia Global: Más información acerca de los transgénicos en Estados Unidos y México
  
  
• Declaración del Espacio Estatal en Defensa del Maíz Nativo de Oaxaca acerca del Programa deAgricultura de Autoconsumo en Oaxaca

•  Dictamen de la Pre-Audiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos sobre el Maíz

• Red Nacional en Defensa del Maíz
  
  
• Espacio Estatal en Defensa del Maíz Nativo de Oaxaca

• México Libre de Transgénicos