Friday, March 25, 2016

“El gobierno de Honduras nos quiere incriminar”

La criminalización del COPINH y la distracción caracterizan a la investigación sobre el asesinato de lideresa Lenca

Por: Acción Permanente por la Paz

Manifestantes exigiendo justicia para el asesinato de Berta Cáceres se juntan fuera del Ministerio Pblico la semana pasada. Foto: Acción Permanente por la Paz

Familiares de Berta Cáceres, coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), y el equipo coordinador de la organización, acompañados por defensores nacionales e internacionales de derechos humanos, hicieron una rueda de prensa el miércoles pasado en Tegucigalpa donde expresaron sus inquietudes sobre la investigación del asesinato de la compañera Cáceres, actualmente dirigida por el Estado de Honduras.


Cáceres, dirigente y defensora de derechos humanos reconocida a nivel internacional, fue asesinada el 3 de marzo de 2016 en su hogar en La Esperanza, Intibucá. Desde el jueves pasado, la familia de Cáceres y el COPINH han denunciado la falta de una investigación internacional e independiente acerca de su asesinato. También han denunciado la incoherencia del gobierno de Honduras en aplicar leyes nacionales e internacionales. COPINH ha demandado específicamente que el gobierno firme un acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  “El mismo estado que criminalizó a Berta Cáceres, [...] el mismo estado que la persiguió, que la amenazó, y que tiene responsabilidad por su asesinato no puede investigarse a sí mismo,” aseveró la organización.  


“[Las autoridades hondureñas] se están perdiendo horas y días preciosas de esta investigación,” declaró Marcia Aguiluz, representante del Centro de Justicia, refiriéndose a la negligencia del Estado en no buscar las raíces principales del asesinato de Cáceres: primeramente, la criminalización de su trabajo político en defensa de los derechos humanos. La red de abogados de derechos humanos de Honduras, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) comparten estas inquietudes graves y han notado que los procedimientos iniciales de la investigación revelan señales notables que el lugar del crimen ha sido modificado y manipulado.


Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, reiteraba sentimientos semejantes el martes 8 de marzo en Tegucigalpa: “Las autoridades hondureñas dicen una cosa y hacen otra. Nos han dicho que están decididas a encontrar a los responsables de la muerte de Berta Cáceres, pero no han seguido las líneas de investigación más básicas, incluido el hecho de que Berta llevaba mucho tiempo recibiendo graves amenazas de muerte en relación con su labor de defensa de los derechos humanos.”


La criminalización del COPINH


La defensa de recursos naturales liderada por el COPINH es una lucha organizada en contra del despojo, la explotación y la privatización de sus territorios. Desde la fundación del COPINH en 1993, sus líderes y comunidades han estado directamente opuestos a los intereses económicos y políticos del gobierno hondureño y las empresas transnacionales, lo cual ha implicado una increíble represión, especialmente en el contexto de Honduras tras el golpe de estado y durante el gobierno de Juan Orlando Hernández.  


El sub-coordinador del COPINH Tomás Gómez Membreño, declaró que el liderazgo y la membresía de la organización siguen siendo el blanco de persecución, represión y criminalización por dicho gobierno Hondureño, sus autoridades, y las empresas transnacionales. Gómez también ha señalado las constantes e interminables interrogaciones de miembros del COPINH por parte del ministerio público, la fiscalía estatal, y otras autoridades como otra forma de acoso. Gómez anunció que la organización está programando acciones y demandas durante estos días para denunciar los esfuerzos del gobierno Hondureño de culpar a miembros de la organización por el asesinato.


Deplorablemente, Berta Cáceres es otra víctima de una larga lista de asesinatos orientados a las y los defensores de derechos humanos en Honduras. Durante años recibió amenazas de muerte y acoso de parte del estado y de las fuerzas de seguridad privadas, y también había recibido noticias que tenía prioridad en la lista de asesinatos del ejercito Hondureño, mismo motivo por el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos autorizó el más alto nivel de medidas cautelares para Cáceres, con el cual el gobierno Hondureño nunca cumplió. Pocas horas después del asesinato, el ministro de Seguridad, Julián Pacheco, culpó públicamente a Cáceres por su propio asesinato, diciendo que ella no había registrado su domicilio y que había rechazado tener policía como escolta. De manera pública, la familia de Berta Cáceres ha refutado firmemente las declaraciones del Ministro.  


Hubo una intensificación de persecución y de amenazas de muerte en contra de Berta Cáceres durante las dos semanas antes de su asesinato. Según una declaración de COPINH y de una comisión de derechos humanos que los acompañaban el día 16 de febrero al salir de la comunidad de Río Blanco, Cáceres y miembros del COPINH fueron perseguidos por hombres armados en una camioneta. Según informes, pocos días después, durante una movilización el día 20 de febrero en contra del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca de DESA, el Ingeniero Director de Obra emitió de manera verbal una amenaza de muerte en contra de Cáceres. Después del desalojo forzoso de miembros de la comunidad Lenca en Jarcia, Guise el día 25 de febrero, un funcionario de la Dirección General de Investigación Criminal presuntamente le advirtió a Cáceres que no se harían responsables  si algo le fuese a pasar. El día siguiente, Cáceres recibió una llamada informándole que un carro manejaba alrededor de su casa. Ella informó a la policía, declarando que dos hombres portando armas no registradas le amenazaban de muerte. El día antes de su asesinato, en la mañana, testigos identificaron a sicarios hablando en contra de Cáceres y del COPINH y manejando un Ford 150 que identificaban con DESA, rumbo a La Esperanza.


Además, los familiares de Cáceres, el COPINH, y varios defensores de derechos humanos han expresado su preocupación sobre el tratamiento del único testigo y también víctima, el mexicano Gustavo Castro Soto, un defensor de derechos humanos y periodista de Otros Mundos-Chiapas. Han expresado que “Gustavo no está bien, está cansado. No ha podido dormir o descansar… ya está menos lúcido y sabemos que para poder dar buen testimonio así tiene que estar.” Como respuesta a la decisión ampliamente denunciada del gobierno Hondureño de imponer una orden de retención migratoria de 30 días sobre Castro, “cada hora en que sigue Gustavo aquí provoca más angustia para él y su familia.” También enfatizaron que Castro tiene la voluntad de colaborar en la investigación, y que existen medidas para garantizar su participación desde su casa en México.


Vínculos a los EE.UU y presión sobre el gobierno hondureño


El asesinato de Cáceres ha lastimado el esfuerzo por parte del gobierno hondureño de limpiar su imagen. Hace unas semanas, la administración dio a conocer “2 Años de Logros,” destacando la programación social, operaciones antinarcóticos, y obras de infraestructura durante los primeros dos años del gobierno de Juan Orlando Hernández. El asesinato y la respuesta del Gobierno o la falta de ello ha puesto en duda considerablemente cualquier reclamo presentado sobre “sus logros” así como su compromiso de mantener los derechos humanos y proteger las defensoras y los defensores de derechos humanos.

La embajada estadounidense sigue llamando para una investigación rigurosa y puntual. Si bien el embajador James D. Nealon ha expresado su profunda preocupación sobre el asesinato de Cáceres, la cooperación continua y tácita de la embajada con la investigación dirigida por el Estado de Honduras socava las exigencias unificadas para una que sea realizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Miles de activistas han enviado cartas a la embajada estadounidense en Honduras en apoyo de las demandas de la familia y del COPINH, al mismo tiempo instando al Departamento del Estado de los EE.UU a retirar al embajador Nealon para consultas hasta que el Estado Hondureño firme un convenio con la CIDH para que investigue el caso.

"The Honduran Government Wants to Incriminate Us"

Criminalization of COPINH and Misdirection Plague Investigation into Lenca Leader’s Assassination

By: Witness for Peace

Protestors demanding justice for the killing of Berta Cáceres gather outside the Public Prosecutors office in Tegucigalpa last week. Photo: Witness for Peace

Family members of Berta Cáceres, General Coordinator of the Civic Council of Popular and Indigenous Organizations of Honduras (COPINH), and the leadership of the organization, accompanied by national and international human rights defenders, held a press conference last Wednesday morning in Tegucigalpa expressing their growing concerns over the Honduran government-led investigation of Cáceres’ assassination.


Internationally recognized Honduran human rights leader Cáceres was assassinated on March 3, 2016 in her home in La Esperanza. Since last Thursday, Cáceres’ family members and COPINH have denounced the government’s failure to guarantee an international and independent investigation into her assassination. COPINH has demanded that the Honduran government sign an agreement with the Inter-American Commission on Human Rights for an independent and impartial investigation led by an international team of experts. “The same government that criminalized Berta Cáceres, [...] the same government that persecuted her, threatened her, and is responsible for her murder cannot possibly investigate itself,” the organization stated.


"[Honduran authorities] are losing precious hours and days in this investigation," exclaimed Marcia Aguiluz, representative of the Justice Center, referring to the investigation’s failure to look into the root causes of Cáceres’ assassination: primarily, the criminalization of her political work in defense of human rights. The Honduran human rights network of lawyers, the Broad Movement for Dignity and Justice (MADJ by its Spanish acronyms), shares these serious concerns and has noted that the initial proceedings of the investigation reveal significant signs that the murder scene has been tampered with and manipulated. 


Erika Guevara-Rosas, Americas Director for Amnesty International echoed similar sentiments in Tegucigalpa on Tuesday March 8 expressing, "Authorities in Honduras are saying one thing and doing another. They have told us they are committed to finding those responsible for Berta Caceres’ death, yet they have failed to follow the most basic lines of investigation, including the fact that Berta had been receiving serious death threats related to her human rights work for a very long time."

Criminalization of COPINH

COPINH’s defense of natural resources and organized struggle against the plunder, exploitation and privatization of their territories has put their leadership and communities in direct opposition to the economic and political interests of the Honduran government, authorities and transnational corporations since Cáceres founded the organization in 1993. This has come with incredible repression especially in the context of post-coup Honduras presently under the Juan Orlando Hernandez administration.


Tomás Gómez Membreño, sub-coordinator of COPINH, expressed that the organization’s leadership and its members continue to be the targets of persecution, repression and criminalization by the Honduran state and private interests. Gómez referred to the constant and endless hours of interrogations of COPINH members on behalf of the Public Ministry, state prosecutors’ office and other authorities as harassment. Gómez announced that the organization is planning actions and demands in the coming days to denounce the Honduran government’s attempts to implicate members of the organization in the assassination. 


Disgracefully, Cáceres is one more victim in a long list of targeted assassinations of human rights defenders in Honduras. For years, she received constant death threats and harassment by state as well as private security forces and had been informed that she was at the top of the Honduran army’s hitlist. For this very reason the Inter American Court of Human Rights authorized the highest level of protective measures for Cáceres; which the Honduran government failed to uphold. Within hours of the assassination, Minister of Security, Julián Pacheco, publicly blamed Cáceres for her murder by claiming that she had not registered her home address and allegedly refused police escorts. Her family has publicly refuted the Minister’s statements.


In the two weeks leading up to Cáceres’ assassination, harassment and death threats against her intensified. According to a COPINH statement and an international human rights delegation that was present on February 16th, while leaving the Rio Blanco community, Cáceres and members of COPINH were pursued by armed men in a pickup truck. A few days later on February 20th, during a mobilization against the Agua Zarca hydroelectric dam, the managing engineer of Desarrollo Energético, S.A. (DESA) - the private company behind the project - was reported to have verbally issued a death threat against Cáceres. After the forced eviction of Lenca community members in Jarcia, Guise on February 25th, an official from the Criminal Investigative Police allegedly warned Cáceres they would not be responsible should anything happen to her. The following day Cáceres received a phone call informing her that a car was circling her house. She reported this to the police stating that two men carrying unregistered weapons were threatening to kill her. Finally, on the morning before her murder, witnesses reported hitmen in a blue Ford 150 that they connected to DESA heading towards La Esperanza issuing epithets against Cáceres and COPINH.

Moreover, Cáceres’ family members, COPINH and human rights defenders voiced their concern over the treatment of sole witness and victim Gustavo Castro Soto, Mexican human rights defender and journalist of Otros Mundos-Chiapas. They expressed that "Gustavo is doing bad, he’s tired. He has not been able to sleep or rest...he has become less lucid and we know that in order to give good testimony he must be [lucid]." In response to the Honduran government’s widely denounced decision to place a 30 day immigration hold on Castro, "every hour that passes that Gustavo is here, he and his family in Mexico are caused more anguish." They also emphasized Castro’s willingness to collaborate in the investigation and that there are measures to guarantee his participation from his home in Mexico.


US Connection and Pressure on Honduran Government


The assassination of Cáceres has hurt the Honduran government’s attempt to clean up its image. A few weeks ago, the government published "2 Years of Accomplishments," outlining the Hernández administration’s last two years of social programming, counter narcotics operations and infrastructure projects among other issues. The assassination and the government’s response or lack thereof has significantly put into question any claim put forth about "their achievements" as well as their commitment to upholding human rights and protecting human rights defenders.

The US Embassy continues to call for a thorough and timely investigation. While Ambassador James D. Nealon has expressed deep concern over Caceres’ assassination, the US Embassy’s ongoing, tacit cooperation with the Honduran-led investigation undermines unified demands for the Inter-American Commission on Human Rights to take over the investigation. Thousands of activists have written to the US Embassy in Honduras in support of the family and COPINH’s demands while also urging the US State Department to recall Ambassador Nealon for consultations until the Honduran government signs an agreement with the Inter-American Court of Human Rights to conduct the investigation.

Thursday, March 3, 2016

Nuestras sinceras condolencias tras el asesinato de la dirigenta indígena Berta Cáceres Flore

Nuestra organización, Acción Permanente por la Paz, lamentamos profundamente el asesinato de Berta Cáceres Flores, la coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), y una de las principales activistas indígenas del país. Ella se dedicó su vida a defender la tierra, los bienes naturales, y los derechos humanos del pueblo indígena a sus territorios ancestrales. En 2015 Cáceres recibió el Premio Medioambiental Goldman, el máximo reconocimiento mundial, para su destacado liderazgo y activismo a través de los últimos tres décadas.


Compartimos nuestras más profundas condolencias a la familia de Berta, sus amigxs, todos y todxs sus compañerxs del COPINH y los aliados del pueblo Lenca tras esta tragedia.
Acción Permanente por La Paz se ha solidarizado con Berta, y el COPINH desde el golpe de estado en Honduras en el 2009, un golpe apoyado por los estados unidos, siempre con admiración a su compromiso y su incansable labor para demandar la justicia.


Pueden cortar las Flores, pero no pueden detener la primavera

¡Viva Berta! ¡Viva COPINH!

Our Deepest Condolences following the Assassination of Indigenous Leader Berta Cáceres Flores


Witness for Peace is devastated by the assassination of Berta Cáceres Flores, the General Coordinator of the National Council of Popular and Indigenous Organizations of Honduras (COPINH), and one of the country’s leading indigenous activists. She dedicated her life to the defense of land, natural resources and indigenous people’s human rights to their ancestral territories. She received the 2015 Goldman Prize in recognition of her incredible leadership and activism throughout the past three decades.


We express our deepest condolences to Berta’s family and friends, to our compañeros and compañeras at COPINH, and allies  of  the Lenca community in the wake of this tragedy.  


Witness for Peace began working with Berta and COPINH in the aftermath of the US backed 2009 coup and has walked with them in solidarity since, in awe of their courageous commitment and tireless work to demand justice.


They can cut all the flowers, but they can never stop the spring from coming.

¡Viva Berta! ¡Viva COPINH!