"La angustia mayor": la desaparición forzada en México

por Maggie Ervin con Nadín Reyes Maldonado

En su tercer informe de gobierno hace algunas semanas, el presidente mexicano Peña Nieto reconoció que el último año había sido "difícil". De hecho, lo que va de su sexenio ha sido difícil, pero no para todos: como las empresas que se han beneficiado de las reformas constitucionales, como el capo prófugo Chapo Guzmán, o como el contratista que vendió una casa lujosa a la primera dama por debajo del valor del mercado. Pero sin duda ha sido un año difícil para los 55.3 millones de mexicanos pobres, y especialmente para los defensores de derechos humanos, de los cuales 81 han sido desaparecidos forzadamente durante los dos años y medio de la administración peñista, en comparación con 53 durante todo el sexenio de su predecesor Calderón.

El próximo sábado se cumple un año de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. A pesar de las negativas del gobierno, una investigación independiente ha mostrado que los policías municipales, estatales y federales participaron en los ataques, y que oficiales militares estuvieron presentes en al menos dos de las escenas de violencia. Como si fuera poco, también se encontró que el gobierno destruyó evidencia clave.

Pero cuando hablamos de las desapariciones en México, 43 no es el único número relevante. 26,000 también es. Por lo menos esa cantidad de mexicanos han sido víctimas de este crimen desde que la Guerra Contra las Drogas apoyado por EE.UU. comenzó en el 2006.

Nadin Reyes Maldonado es experta en el tema. Desde que su padre Edmundo Reyes y su amigo Gabriel Cruz fueron desaparecidos forzadamente en el 2007, ha estado trabajando incansablemente en la problemática: buscando a su padre y justicia, acompañando a otros familiares de desaparecidos, conscientizando sobre el tema, y haciendo esfuerzos de prevención como promover leyes y medidas preventivas. Ella y otras tres mujeres conforman la organización Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”. A principios de este año, realizaron una gira nacional en todo México para dar a conocer su lucha por la justicia en el caso de Edmundo Reyes-Gabriel Cruz, así como el fenómeno de la desaparición forzada en general.

Me senté con ella recientemente y le hice algunas preguntas:

Nadín dando un discurso en Oaxaca

WFP: Hace un año el caso Ayotzinapa causó horror e indignación al nivel internacional. Sin embargo desde la Guerra Sucia y todavía más a partir de la Guerra Contra el Narco, la desaparición forzada ha estado ocurriendo en México. ¿Por qué el estado mexico recurre a este crimen de lesa humanidad? ¿Qué gana con eso?

Nadín: Nosotros pensamos que cometer este crimen de la desaparición forzada de personas es como el crímen pefecto para el estado porque es un crímen que permite causar mucho terror en la población, paralisis de varios sectores de la sociedad, y que lleva también sobre todo un mensaje de desarticular ciertos procesos organizativos de organizaciones de derechos humanos u organizaciones populares a las cuales también está siendo dirigida esta política de la desaparición forzada… Se está cometiendo ahora en contra de una población en general, no solamente personas activistas, sino que también se sigue cometiendo de manera selectiva como en los años sesentas, setentas en contra de muchas organizaciones sociales y de defensores de derechos humanos. Con esa intención de desarticular organizaciones, causar miedo y terror. Y que la población se quede en la parálisis para poder seguir implementando estas políticas neoliberales, que es lo que vemos actualmente, y que sin duda una desaparicion efectivamente tiene une situación de mayor tortura y mayor represión en contra de la población.  Es decir, no se ejecuta, sino se desaparece porque al desaparecer uno está en esta situación de angustia, de zozobra de no saber que pasó con la persona que está desaparecida. Y eso a diferencia de una ejecución extrajudicial, cuando se cierra el proceso. Con una ejecución o un asesinato hay…uno sabe que la persona está muerta, tiene uno un proceso de duelo, puede cerrarse este proceso, de saber que la persona ha sido asesinada. Sabemos, tenemos el cuerpo, hay evidencias. En caso de una desaparición forzada, no. No sabemos si la persona está viva o no, y eso mantiene mayor zozobra y incertidumbre. La angustia mayor, el dolor en los familiares y la poblacion en su conjunto, y por eso es una práctica más eficaz que se recurre por parte de los estados para mantener en situación de incertidumbre a la población.

WFP : En el caso de la desaparición forzada de tu papá las authoridades no quisieron levantar una denuncia en Oaxaca, donde ocurrió, y además negaron los hechos. En los casos de las desapariciones forzadas, ¿qué común es encontrar este tipo de obstáculos?

Nadín: El la mayoría de los casos ocurre la misma situación, tal como ocurrió en el caso de nuestros familiares. Nosotros hemos escuchado testimonios de otras mamás, de otros casos que han ocurrido en lo mismo. Las autoridades no quieren levantar las denuncias por este delito. Te ponen muchos obstáculos, muchas negativas. Una de ellas es que el delito no está tipificado en sus estados, que regresen a sus casas, que probablemente la persona desaparecida se fue sin avisar, que a lo mejor en días posteriores regresen. Ponen miles de pretextos para no poder levantar la denuncia. Y eso es como…Creo que en más del 80 por ciento de los casos ocurre la misma respuesta por parte de las instituciones en no querer levantar las denuncias. Y otra de las cosas que pasa es que hay mucha intimidación por parte de las mismas autoridades. No solamente no levantan las denuncias sino que también amenazan a los famliares. Dicen que no denuncien porque ya tienen un familiar desaparecido puede haber otro caso entre sus famliares y que lo mas recomendable es que no le mueven o no denuncien. Eso es como la generalidad de las respuestas de las autoridades, que no quieren levantar las denuncias, pero también hay intimidación y amenazas para que no lo hagan. 

WFP: Como parte de tu trabajo, asesoras y apoyas a famliares de desaparecidos. ¿Hay patrones que has visto en cuanto a las desapariciones forzadas a través de este acompañamiento?

Nadín: Uno de los patrones que se ha dado más actualmente es la falta de poder identficar a estos grupos que nosotros decimos son grupos paramilitares, pero que por las características que están tomando actualmente que son grupos que son por lo regular vestidos de negro con armas de alto poder y pasamontañas que a veces no se puede identificar propiamente vinculados o no a una autoridad o a un agente del estado, es muy dificil poder determinarlo. Sin embargo, por la situación del contexto del país y por que muchas de las organizaciones que ahora les llaman organizaciones criminales fueron de alguna manera originadas por grupos de desertores del ejército o las mismas policias que nosotros podemos identificar son claramante grupos paraestatales que se crean para cometer las desapariciones y de alguna manera no tener la responsablilar el estado y que esos son la mayoría de los casos como se están dando en la actualidad. Muchos de los casos que se están cometiendo ahorita son cometidos por este tipo de grupos. Que muchos llaman de la delincuencia organizada pero que nosotros vemos son grupos paramlitares que actuan con el apoyo y el consentimiento claramente del estado. Y otra es que también dentro de este crimen que es la desaparición forzada también se puede estar cometiendo muchos otros delitos más porque también ahorita se están dando la desaparición de mujeres que también se puede relacionar con una cuestión de trata de personas o también de explotación sexual. En el caso de los hombres también se han dado desapariciones colectivas. Estas puede ser originadas por el trabajo de explotación de la mano de obra de los trabajadores y la explotación laboral. Entonces están relacionados también muchos otros delitos que es muy dificil poder identificar o separar el uno del otro. Entonces son como ciertos patrones que se han identificado y también sobre todo los grupos de la edad, de los jovenes que han llevado. Que son jovenes en edad productiva, en edad donde son jovenes fuertes con mucha capacidad y algunos con ciertas capacidades técnicas o profesionales. Que han ido desapareciendo, que eso también puede indicar que están siendo sometidos al trabajo forzado. Entonces son algunas de las cosas que se han ido identificando. Y en otros casos que son más por el lado de defensores y defensoras de derechos humanos que tienen mas una participación social y politica, y hay más una participacion de gentes del estado. Y se puede identificar policias estatales, policias municipales, el mismo ejército quien ha incurrido en cometer estas desapariciones. Se puede quedar mas clara la participación por amenazas anteriores a la desaparición. Por que hay testimonios de personas que ven cuando son detenidas y posteriormente desaparecidas se puede identificar patrones más claros de participación de agentes del estado. 

Miembras de Hasta Encontrarlos

WFP: Desde el 2006, Mexico se ha venido mlitarizando más y más en nombre de la Guerra Contra el Narco y la seguridad. EE.UU. está muy de acuerdo con este cambio y de hecho ha canalizado mas de 2.4 mil millones de dólares con este fin a través de la Iniciativa Mérida. Qué efecto ha tenido esta militarización en México en cuanto a las violaciones de derechos humanos en general y las desapariciones forzadas especificamente?

Nadín: Lo que ha traido como consecuencia esta militarización ha sido precisamente mayor incremento de las violaciones a derechos humanos. Ee evidente, ha sido muy ampliamente documentado por varias organizaciones de derechos humanos que en las zonas en donde ha habido mayor presencia de estos cuerpos militares es donde mayores violaciones de derechos humanos han cometido. Tenemos hasta Chihuaha que fue uno de los primeros estados que se empezó a militarizar. Michoacán que fue uno de los donde se inició principalmente Plan Mérida. Y que fueron estados en donde se cometieron miles de violaciones a los derechos humanos. Michoacán, a partir del 2010, fue uno de las primeras entitades a documentar muchos casos de desapariciones forzadas colectivas cometidas a raiz de la militarización y de esta creación de cuerpos especiales para supuestamente combatir a los grupos de la delincuencia organizada. Y el del norte, muchísimas violaciones como ejecuciones extrajudiciales, desplazamiento forzado, desapariciones forzadas tanto de hombres como de mujeres. Encontes mas allá nosotros decimos de ser una guerra que fue dirigida supuestamente en contra del narcotráfico, nosotros lo que identificamos era que fue una guerra dirigida en contra del pueblo. Una guerra que estaba enfocada más en fundir el miedo y el terror en la población bajo el argumento de combatir el narcotráfico pero que en los hechos, la misma población, las denuncias que hacían, los comunitarios de los lugares donde se encontraban los mlitares habían traido mayor inseguridad, mayor temor a la misma población. Por que no se sentian protegidos. Al contrario, hay muchos testimonios que indican la misma colusión y contubernio de los militares con los grupos supuestamente de la delincuencia. Entonces esta situación es muy evidente y lo que hay que dejar en claro es que efectivamente no están para proteger sino mas que nada para infundir este miedo y terror en la población. Es como lo que ha traido como consecuencia esta militarización en el país. Y muestra de ello también ha sido un rechazo de la población que exige cada vez más que regeresen a los cuarteles. Y no quieren que el ejército esté haciendo estas labores de seguridad en el país. Porque no está teniendo ningún efecto, al contrario, no? Hay testimonios muy claros y evidentes. Recientemente hubo el asesinato de un niño en Ostula en Michoacán que fue impactado por una bala disparada por miembros del ejército. Y como este, hay un sinfín de testimonios más. Entonces queremos que no es conveniente, y el ejército no fue creado para eso, para hacer labores de seguridad pública, sino para resguardar la integridad y la seguridad del país. Pero no puede estar haciendo labores de seguridad pública porque vemos que no está capacitado para esto.

WFP: La mayoría de nuestros lectores (de nuestros blogs) son ciuadanos estadounidenses. ¿Cómo podría un estadounidense ser solidário con México y apoyar un cambio en cuanto a las desapariciones forzadas?

Nadín: Yo creo que uno de los puntos donde podrían ser solidarios con nuestro país y un poco en el tema de las desapariciones forzadas primero sería uno: cuestionando la situatión de su mismo país, como estadounidenses. Estar en contra o rechazar estas políticas que en alguna manera se realizan en contra de nuestro país, que nosotros lo vemos como un intervencionismo en esta materia de seguridad, sobre todo. Porque esta situación es una de las causas que está provocando que haya mayores casos de desaparión forzada. Estos recursos que se invierten para la cuestión de la seguridad nacional con el pretexto de combatir a la delincuencia también están o más allá de combatir realmente la delincuencia están siendo orientados hacia cometer este tipo de violaciones graves a los derechos humanos, que ya se han comentado. Y que yo creo que una de las formas en que se puede ser solidarios es cuestionando la misma situación, como ciudadanos estadounidenses. En que se está inviertiendo este dinero? Ser críticos en cuanto a cuestionar esta situación. Y la otra es también un poco difundiendo y sacando a la luz la problemática de como México como ciuadanos mexicanos tememos en nuestro pais en materia de las desapariciones forzadas y también de las violaciones graves a derechos humanos. Y yo creo que se podría hacerse de muchas maneras. A veces hay jóvenes que tienen muchas profesiones que tal vez pudieran apoyar en este sentido. Seguir escribiendo, mandando de alguna manera apoyo o por mediante no, sé… Cuestiones de intercambio, tal vez de jóvenes que quieren conocer la situación del país, vínculos con organizaciones aquí para hacer tal vez una cuestión de estudios, un analisis de lo que está pasando en México. Y podrían compartir lo que están viviendo en el país, y se podría llevarlo también a sus comunidades, a sus espacios y de alguna manera pueden ver más de cerca lo que está pasando. Eso y también concretamente con la solidaridad con recursos económicos o con cuestiones muy concretas de apoyos en materiales, que a veces tambien se necesita. La mayoría de las organizaciones de familiares que están luchando en contra de la desaparición forzada son organizaciones que se mantienen mucho de la solidaridad, que muchas no cuentan con recursos materiales. Y a veces apoyos muy mínimos son muy valiosos para poder coninuar con el trabajo de las organizaciones. Entonces creo que también podría ser muy importante que se pueda creer este tipo de apoyos, organizarse como personas desde sus países y poder recaudar fondos o que sé yo. Y poder apoyar a estas organizaciones que están pasando por esta situación en México.  

Nadín estará en la Gira de Ponencia con Witness for Peace-Southeast  (Acción Permanente por la Paz-Región Sureste) en Carolina del Norte, Carolina del Sur, Florida, Alabama y Georgia desde 1 al 22 de noviembre . Sigue la programación de la gira aquí: http://www.wfpse.org

Solidarízate con los estudiantes de Ayotzinapa el sábado 26 de septiembre: http://www.soaw.org/news/organizing-updates/4323-ayotzinapa-events-1-year-after-mexican-state-crime-and-us-complicity


Firma esta acción urgente para exigir que EE.UU. retire fondos para la guerra en México: http://org.salsalabs.com/o/727/p/dia/action3/common/public/?action_KEY=18454

Más allá de Ayotzinapa: Como la Intervención de Estados Unidos en Colombia Allanó el Camino a la Crisis de Derechos Humanos en México

Por Julia Duranti, Witness for Peace Colombia, y Maggie Ervin, Witness for Peace México

Este articulo originalmente apareció en inglés en Upside Down World el 18 de diciembre 2014.

Hace dos semanas, hubo 43 estudiantes desaparecidos en Guerrero, México. Ahora hay 42. A pesar de que decenas de miles de manifestantes mexicanos han estado gritando "Vivos se los llevaron! Vivos los queremos!", uno de los estudiantes fue declarado oficialmente muerto el pasado sábado 6 de diciembre. Alexander Mora Venancio tenía tan sólo 19 años de edad. Para la identificación de sus restos se realizó un esfuerzo transnacional: autoridades mexicanas los encontraron, científicos austríacos los analizaron, y forenses argentinos los verificaron. Pero hay otros países que jugaron un papel clave en esta historia: los Estados Unidos y su aliado sudamericano más cercano, Colombia. Mientras el gobierno mexicano trataba de presentar la masacre estudiantil de Ayotzinapa como un caso de corrupción de bajo nivel que podría ser resuelto sólo con cambiar las unidades policiacas y criminalizar las protestas que lo llevaron al escrutinio internacional, salió un nuevo informe que alega que la policía federal también participó en la tortura y la desaparición de los estudiantes. La intervención de Estados Unidos en Colombia muestra porque la violencia estatal evidente en Ayotzinapa no es ningún incidente aislado.

Colombia no aparece en las noticias estadounidenses en estos días, a pesar del conflicto armado que vive desde hace medio siglo. Aunque los insurgentes en Colombia figuran en la lista de terroristas del Departamento del Estado, a diferencia de los del Medio Oriente, no afectan al imaginario estadounidense como una amenaza inminente. Contrario al caso de los centroamericanos, los desplazados internos colombianos - 6 millones en el último recuento - casi nunca llegan a las fronteras de Estados Unidos. Esta falta de cobertura enmascara los más de 50 años de intervención estadounidense. En base a la doctrina de Contención del Comunismo que surgió con la Guerra Fría, oficiales militares estadounidenses bajo la administración de Kennedy crearon grupos paramilitares de "autodefensa" bajo el denominado Plan Laso, para trabajar en conjunto con el estado colombiano y aplastar la resistencia izquierdista. Eso ocurrió en 1962, dos años antes de que las insurgencias guerrilleras llamadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se constituyeran formalmente. Poco después, los cárteles colombianos surgieron para satisfacer la demanda estadounidense de cocaína en los años 70 y 80. El desenlace de esto fue el asesinato del capo del cártel de Medellín, Pablo Escobar, en 1993, ejecutado con apoyo de Estados Unidos. El cártel de Cali fue derrotado sólo unos años más tarde, dejando un vacío en la distribución internacional de la cocaína que fue ocupado por algunos sindicatos del crimen organizado en Colombia y sus contrapartes en México. La fragmentación del tráfico ilícito de drogas en Colombia más o menos correlacionó con la liberalización del mercado de la economía legal durante la presidencia de César Gaviria con el lema, "Bienvenidos al Futuro", junto con la crisis financiera mexicana y la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN ) en 1994. A lo largo de la década de los 90, los guerrilleros colombianos ganaron territorio y soldados, con las filas de las FARC incrementándose hasta casi 20.000 en 2001. Esto provocó varios acontecimientos claves. El primero fue la consolidación de las Fuerzas de Autodefensa Unidas de Colombia (AUC) en 1997, un estructura paramilitar de 30,000 elementos que colaboró con militares colombianos para cometer algunas de las peores violaciones de derechos humanos en la historia del país antes de someterse a un proceso de desmovilización incompleto que dejó a miles de ex paramilitares activos en todo el país. El segundo fue una iniciativa antinarcótica y contrainsurgente estadounidense conocida como Plan Colombia.

Plan Colombia, Plan México

Al principio, el Plan Colombia consistió en invertir US $1.300 millones para erradicar el tráfico de drogas, incluyendo un controvertido programa de fumigaciones aéreas con herbicida para reducir los cultivos de coca, así como armas, maquinaria, asistencia técnica y capacitación para el ejército y la policía colombiana. Fue firmado por el presidente de Estados Unidos Bill Clinton y el presidente de Colombia Andrés Pastrana en 2000, los cuales fueron reemplazados por presidentes conservadores con ideologías antiterroristas duras (George W. Bush y Álvaro Uribe, respectivamente) que siguieron apoyando el Plan Colombia hasta 2007, cuando el nombre y la estrategia cambió al "Plan de Consolidación”. Los presidentes Bush y Uribe encontraron un aliado dispuesto a participar en la Guerra Contra la Droga y Contra el Terrorismo en el presidente mexicano derechista Felipe Calderón, elegido en 2006 después de que los cárteles mexicanos habían ganado relevancia. Poco después, la Iniciativa Mérida también conocida como Plan México - fue aprobada para "luchar contra el crimen organizado y la violencia asociada." Desde entonces, cerca de US $3.000 millones del gobierno estadounidense han contribuido a la militarización masiva del país: helicópteros Blackhawk ($20 millones cada uno), miles de armas, una amplia formación de policías y militares, aumento en la vigilancia de la frontera y los puertos, e incluso algunos policías estadounidenses vestidos como infantes de marina mexicanos llevando a cabo operaciones especiales en suelo mexicano. El costo en México ha sido devastador: más de 100.000 muertos y más de 26.000 desaparecidos desde 2006.

Mientras tanto, EE.UU. ha proporcionado más de US $8.000 millones en ayuda a Colombia, por lo que es uno de los principales receptores de ayuda militar estadounidense en el mundo. Sin embargo, Colombia sigue siendo uno de los principales proveedores de heroína y cocaína a EE.UU.  El número de víctimas del conflicto colombiano ahora rebasa los 7 millones, incluyendo 6 millones de desplazados internos, más de 150.000 desapariciones forzadas y más de 930.000 homicidios. La asombrosa cifra de violaciones a los derechos humanos se ha incrementado a partir del  año 2000 (5,9 millones desde este año), cuando el financiamiento de Estados Unidos comenzó a reforzar las fuerzas de seguridad pública conocidas por sus atrocidades. Después, en 2006 estalló el escándalo de los "falsos positivos" en el que se reveló que las fuerzas de seguridad colombianas, algunas entrenadas en suelo estadounidense en el polémico Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad / Escuela de las Américas (WHINSEC / SOA) - habían asesinado sistemáticamente al menos 5.000 civiles inocentes y luego los vistieron con uniformes de la guerrilla, presentándolos como enemigos asesinados en batalla, todo eso a fin de ganar premios como bonificaciones y tiempo extra de vacaciones. Esta práctica se desarrolló como parte de la mentalidad de "recuento de bajas", promovido en el entrenamiento en Estados Unidos y se produjo bajo el cargo del entonces Ministro de Defensa y actual Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Más tarde ese mismo año, el escándalo de la “parapolítica” también estalló, implicando a los políticos de todos los niveles en las estructuras narco-paramilitares. Estos grupos, que ahora se conocen por el gobierno colombiano como bandas criminales (Bacrim), siguen disfrutando de una estrecha relación con intereses comerciales lícitos e ilícitos, asimismo con políticos en Colombia, y representan la mayor amenaza para la expresión ciudadana y los movimientos sociales. El legado del Plan de Laso continúa pagando dividendos.

Colombia: Exportador de la Seguridad

Oficiales estadounidenses defienden obstinadamente su inversión en el poderío militar de Colombia y su aplicabilidad a México. Un funcionario de la embajada de Estados Unidos en Bogotá dijo: "En 2000 Colombia estaba al borde de convertirse en un narcoestado fracasado. El Plan Colombia ayudó a evitarlo... Ahora, Colombia es un exportador de seguridad. Los colombianos están entrenando a los mexicanos en materia de seguridad ". En una visita a Colombia la semana pasada el Secretario del Estado John Kerry hizo eco de ello.. De hecho, la ayuda directa a Colombia ha disminuido desde el 2008, y a su vez ha aumentado el apoyo a la Iniciativa Mérida, y aún más recientemente a la Iniciativa Regional de Seguridad para América Central (CARSI). Junto con el aumento de la ayuda militar y antinarcótica a estos países, EE.UU. ha utilizado a Colombia como representante de seguridad, proporcionando EE.UU. una “negación plausible” en el caso de violaciones de derechos humanos cometidas por sus alumnos. El general estadounidense John Kelly cometió el error de admitirlo el mes de mayo pasado. El uso de representantes de seguridad por parte del gobierno de Estados Unidos, junto con su proceso de certificación del cumplimiento con los requisitos en materia de derechos humanos, elude el espíritu de la Ley Leahy, que tiene por objetivo evitar la financiación estadounidense de militares que han cometido graves abusos contra los derechos humanos.

Debido a esta estrecha relación, las causas detrás de la violencia en México se vuelven más claras. Cuando el presidente Enrique Peña Nieto asumió el cargo en 2012, trató de desviar la atención del país al tema de la economía a través de su lema "Moviendo a México.” Pero la tortura, las detenciones arbitrarias, los secuestros y las desapariciones se han incrementado a lo largo de los dos años de su mandato. Aunque los 43 estudiantes han sido noticia internacional, 5.098 mexicanos han desaparecido tan sólo en el 2014.

Guerra Contra la Droga o Guerra Contra los Pobres?

En el décimo aniversario del Plan Colombia, Adam Isaacson de la Washington Office on Latin America (WOLA) escribió, "Los avances en seguridad de Colombia son parciales, posiblemente reversibles, y manchados por los ‘daños colaterales’. Con tanta evidencia en este sentido, por qué el legado de Plan Colombia que simbolizaba La guerra Contra las Drogas todavía tiene defensores acérrimos”? Algunas organizaciones colombianas como la Asociación para la Investigación y la Acción Social (NOMADESC) plantean la siguiente teoría:

"La Guerra Contra las Drogas en Colombia es una cortina de humo para los intereses económicos. Sí, el tráfico de drogas desempeña un papel en la violencia aquí, pero mucho más importantes son los intereses económicos neoliberales que buscan impulsar el desplazamiento para que puedan acceder a la tierra colombiana", dijo un portavoz de NOMADESC a una delegación de Acción Permanente por la Paz (Witness for Peace).

"Plan Colombia allanó el camino para el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia una década después. Las fumigaciones desplazaron a las personas de sus tierras y las dejaron libres para el desarrollo ilegal, así como la creación de una fuerza de trabajo explotable en las ciudades ", dijo un organizador sindicalista de Buenaventura, en referencia a los casi 8 millones hectáreas de tierra que fueron abandonados o ilegalmente adquiridos en el curso del conflicto colombiano. "La represión en el campo creó un clima más favorable para la inversión extranjera. Al final, los ricos son los que se benefician”. En este sentido, hay un claro paralelismo con el TLCAN, que ha contribuido al desplazamiento masivo de mano de obra vulnerable de zonas rurales de México a EE.UU.

Este análisis se extiende hasta el actual gobierno de Juan Manuel Santos. Con menos mano dura que su antecesor, Santos ha apostado su presidencia en un acuerdo de paz negociado con las FARC y ha hecho de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras una de las primeras prioridades de su presidencia. Al igual que su homólogo Barack Obama en EE.UU., es un tecnócrata cercano a las grandes empresas; como Enrique Peña Nieto en México, está a favor de las industrias extractivas como motor de la economía. De hecho, el proceso de paz sirve a estos intereses mostrando a Colombia más atractiva para la inversión extranjera directa, sobre lo cual el gobierno de Santos ha sido transparente. Pero la colusión continua entre las empresas privadas y las nuevas y cambiantes formas del paramilitarismo sugieren que incluso si el gobierno colombiano negocia el final del conflicto con las FARC, poco va a cambiar la vida para los colombianos cuya realidad cotidiana incluye las amenazas, la inseguridad y la violencia.

De hecho, los colombianos sólo necesitan mirar a México, donde no hay una insurgencia armada, para ver lo que el futuro puede deparar. Durante el año pasado la administración de Peña Nieto promovió y aprobó una serie de reformas (laboral, telecomunicaciones, educación, fiscal y energía) que tienen en común una tendencia a la privatización. "México está abierto a los negocios" fue el mensaje, y el gobierno de Estados Unidos y las multinacionales lo aprovecharon al máximo. La aprobación de estas reformas no hubiera sido posible de no ser por la distracción agotadora de seis años de violencia anteriores, cuando los mexicanos fueron desplazados, aterrorizados o asesinados por los cárteles del narcotráfico, por las fuerzas de seguridad mexicanas, o con demasiada frecuencia por la colusión de ambos.

Al igual que en el caso de Alexander Mora Venancio. Al describir lo que sintió al enterarse de la confirmación de la muerte de su hijo, el padre de Alejandro pronunció, “sentí que me arrancaron parte de mi corazón.” A medida que su familia y amigos reparan sus corazones lastimados y lloran al joven que conocían, el mundo llora con ellos y espera contra toda esperanza que los otros 42 se encuentren con vida. Las semillas del imperialismo estadounidense en Colombia, México y otros países en las Américas siguen dando frutos para los intereses poderosos. Pero como la frase popular que ha estado circulando desde la masacre de Ayotzinapa declaró: "Quisieron enterrarnos. Pero no sabían que también éramos semillas ".

La supuesta "Seguridad" en México no llega a muchos defensores de derechos humanos

por Maggie Ervin

Felipe Calderón, en su período de presidente de México entre 2006 y 2012, tenía un discurso parecido al de George W. Bush, el entonces presidente estadounidense, es decir, belicoso sin concesiones. Tan pronto como tomó posesión, declaró una Guerra Contra el Narcotráfico, y rápidamente militarizó el país. Para finales de su mandato, los resultados fueron trágicos y desastrosos: más de 60.000 mexicanos muertos, más de 20.000 desaparecidos y más de 150.000 desplazados, y ni siquiera logró frenar el flujo de drogas a los EEUU y Europa de manera significativa. El actual presidente Enrique Peña Nieto tiene un discurso diferente al de su antecesor. Este evita las palabras como "guerra" y "combate" por completo, enfocándose en lo que llama su política de “seguridad nacional" y el México “moderno”.  Este enfoque le ha permitido promocionar y aprobar una serie de reformas constitucionales. Lamentablemente, ninguno de estos factores ha favorecido una mejora en el campo de los derechos humanos.

El Comité Cerezo México tiene 13 años trabajando en la defensa y
promoción de los derechos humanos de víctimas de represión por motivos politicos.

Un informe publicado la semana pasada por el Comité Cerezo México, "La Defensa de los Derechos Humanos en México: Una lucha contra la Impunidad", reveló que las desapariciones forzadas han aumentado con Peña Nieto. El informe señala que tan solo a los defensores de derechos humanos, aumentó un 60%. Esto significa que 29 defensores han desaparecido durante los primeros 18 meses de su sexenio, en comparación con los 24 durante el mismo período de la administración de Calderón. El sábado pasado, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos calificó esta situación como "crítica". 

Un acto público recordando los desaparecidos en México.
Segun el informe, Peña Nieto ha tratado de "invisibilizar o disminuir
 la violencia tanto en el discurso oficial como a través de los medios 
masivos de comunicación...y intenta transmitir un mensaje de seguridad y paz." 

De esta manera, durante estos últimos 18 meses las detenciones arbitrarias y el hostigamiento hacia los defensores de derechos humanos se han incrementado. Ambas tácticas, sostiene el informe, van de la mano con la aplicación de la agenda política de Peña. Sus reformas, que forman una parte central de esta agenda, abarcan muchas dimensiones de la vida mexicana – la laboral, la fiscal, la educativa, la de telecomunicaciones y la energética – clara tendencia hacia la privatización, lo que atenta contra la vida pública. Como resultado, es de esperarse que la oposición a estas reformas sea feroz y extendida en el ámbito público, dando lugar a manifestaciones, marchas y bloqueos por parte de los mexicanos. Mientras tanto, el gobierno ha estado recurriendo a medidas represivas para sofocar este tipo de protestas y de esa manera desalentar la participación ciudadana. Como dice el informe: "la inmensa mayoría de los detenidos de manera arbitraria en el país lo fueron por su forma de pensar o disentir con las políticas neoliberales que se están aplicando en México." 

Francisco Cerezo presenta los datos del nuevo informe,
que abarca desde junio de 2013 hasta mayo de 2014.

A pesar de su retórica menos combativa, Peña apenas ha reducido la militarización iniciada por Calderón. Justamente hace dos semanas lanzó una nueva fuerza de seguridad con 5.000 elementos policiacos, llamada “gendarmería” como nueva rama de la Policia Federal (una entidad conocida por sus violaciones de derechos humanos). En apoyo a esa política militar, los EEUU han demostrado la aceptación de estas medidas. De hecho, ha sido un participante activo en ellas. Desde que el Congreso aprobó la Iniciativa Mérida (también llamado Plan Mérida) en 2007, se han entregado 1.2 mil millones de USD a México, principalmente en forma de equipamiento militar y entrenamiento, todo en nombre de la Guerra contra las Drogas.

Tanto el Plan Mérida como su precursor Plan Colombia, no han logrado detener la producción y el flujo de drogas significativamente. Sin embargo, no hay planes para reducirla contundentemente. EEUU, en su año fiscal 2013 (que va de julio a julio), entrenaron más de 3.000 militares mexicanos en NORTHCOM en Colorado (un aumento del 44% desde el año fiscal 2011). Por si fuera poco, el gobierno de Obama solicitó recientemente 115 millones de dólares más para la Iniciativa Merida en su presupuesto para el ano 2015. Frente a todas estas políticas militares, la pregunta es: ¿Y que políticas se han implementado para velar los derechos humanos? A pesar de que la Iniciativa Mérida incluye "El respeto de los Derechos Humanos en México" como parte de su segundo pilar, el tan sólo 15% de sus fondos está condicionado al cumplimiento de las normas de estos. Y teniendo en cuenta que el aumento significativo de las violaciones de derechos humanos en México coincidió con la distribución de los fondos de la Iniciativa Mérida, ¿sería difícil argumentar que los EE.UU. no sea cómplice en estas violaciones?

La semana pasada Peña Nieto dio su segundo Informe de Gobierno en el cual anunció la construcción de un nuevo aeropuerto internacional en el área que colinda entre el Estado de Mexico y el Distrito Federal. Teniendo en cuenta que en el año 2006, cuando era gobernador del Estado de México, ordenó una represión masiva de protestas que surgieron en contra de la construcción de otro aeropuerto que en ese entonces se iba  construir. Tal decisión resultó en dos muertos, 207 personas detenidas arbitrariamente, 26 mujeres violadas sexualmente, y decenas de personas torturadas. Con estos antecedentes, es preocupante  lo que pueda pasar ahora con el nuevo proyecto anunciado en relación a los movimientos en contra del nuevo proyecto.

Una de las manifestaciones en el Estado de México en 2006.