"La angustia mayor": la desaparición forzada en México

por Maggie Ervin con Nadín Reyes Maldonado

En su tercer informe de gobierno hace algunas semanas, el presidente mexicano Peña Nieto reconoció que el último año había sido "difícil". De hecho, lo que va de su sexenio ha sido difícil, pero no para todos: como las empresas que se han beneficiado de las reformas constitucionales, como el capo prófugo Chapo Guzmán, o como el contratista que vendió una casa lujosa a la primera dama por debajo del valor del mercado. Pero sin duda ha sido un año difícil para los 55.3 millones de mexicanos pobres, y especialmente para los defensores de derechos humanos, de los cuales 81 han sido desaparecidos forzadamente durante los dos años y medio de la administración peñista, en comparación con 53 durante todo el sexenio de su predecesor Calderón.

El próximo sábado se cumple un año de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. A pesar de las negativas del gobierno, una investigación independiente ha mostrado que los policías municipales, estatales y federales participaron en los ataques, y que oficiales militares estuvieron presentes en al menos dos de las escenas de violencia. Como si fuera poco, también se encontró que el gobierno destruyó evidencia clave.

Pero cuando hablamos de las desapariciones en México, 43 no es el único número relevante. 26,000 también es. Por lo menos esa cantidad de mexicanos han sido víctimas de este crimen desde que la Guerra Contra las Drogas apoyado por EE.UU. comenzó en el 2006.

Nadin Reyes Maldonado es experta en el tema. Desde que su padre Edmundo Reyes y su amigo Gabriel Cruz fueron desaparecidos forzadamente en el 2007, ha estado trabajando incansablemente en la problemática: buscando a su padre y justicia, acompañando a otros familiares de desaparecidos, conscientizando sobre el tema, y haciendo esfuerzos de prevención como promover leyes y medidas preventivas. Ella y otras tres mujeres conforman la organización Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”. A principios de este año, realizaron una gira nacional en todo México para dar a conocer su lucha por la justicia en el caso de Edmundo Reyes-Gabriel Cruz, así como el fenómeno de la desaparición forzada en general.

Me senté con ella recientemente y le hice algunas preguntas:

Nadín dando un discurso en Oaxaca

WFP: Hace un año el caso Ayotzinapa causó horror e indignación al nivel internacional. Sin embargo desde la Guerra Sucia y todavía más a partir de la Guerra Contra el Narco, la desaparición forzada ha estado ocurriendo en México. ¿Por qué el estado mexico recurre a este crimen de lesa humanidad? ¿Qué gana con eso?

Nadín: Nosotros pensamos que cometer este crimen de la desaparición forzada de personas es como el crímen pefecto para el estado porque es un crímen que permite causar mucho terror en la población, paralisis de varios sectores de la sociedad, y que lleva también sobre todo un mensaje de desarticular ciertos procesos organizativos de organizaciones de derechos humanos u organizaciones populares a las cuales también está siendo dirigida esta política de la desaparición forzada… Se está cometiendo ahora en contra de una población en general, no solamente personas activistas, sino que también se sigue cometiendo de manera selectiva como en los años sesentas, setentas en contra de muchas organizaciones sociales y de defensores de derechos humanos. Con esa intención de desarticular organizaciones, causar miedo y terror. Y que la población se quede en la parálisis para poder seguir implementando estas políticas neoliberales, que es lo que vemos actualmente, y que sin duda una desaparicion efectivamente tiene une situación de mayor tortura y mayor represión en contra de la población.  Es decir, no se ejecuta, sino se desaparece porque al desaparecer uno está en esta situación de angustia, de zozobra de no saber que pasó con la persona que está desaparecida. Y eso a diferencia de una ejecución extrajudicial, cuando se cierra el proceso. Con una ejecución o un asesinato hay…uno sabe que la persona está muerta, tiene uno un proceso de duelo, puede cerrarse este proceso, de saber que la persona ha sido asesinada. Sabemos, tenemos el cuerpo, hay evidencias. En caso de una desaparición forzada, no. No sabemos si la persona está viva o no, y eso mantiene mayor zozobra y incertidumbre. La angustia mayor, el dolor en los familiares y la poblacion en su conjunto, y por eso es una práctica más eficaz que se recurre por parte de los estados para mantener en situación de incertidumbre a la población.

WFP : En el caso de la desaparición forzada de tu papá las authoridades no quisieron levantar una denuncia en Oaxaca, donde ocurrió, y además negaron los hechos. En los casos de las desapariciones forzadas, ¿qué común es encontrar este tipo de obstáculos?

Nadín: El la mayoría de los casos ocurre la misma situación, tal como ocurrió en el caso de nuestros familiares. Nosotros hemos escuchado testimonios de otras mamás, de otros casos que han ocurrido en lo mismo. Las autoridades no quieren levantar las denuncias por este delito. Te ponen muchos obstáculos, muchas negativas. Una de ellas es que el delito no está tipificado en sus estados, que regresen a sus casas, que probablemente la persona desaparecida se fue sin avisar, que a lo mejor en días posteriores regresen. Ponen miles de pretextos para no poder levantar la denuncia. Y eso es como…Creo que en más del 80 por ciento de los casos ocurre la misma respuesta por parte de las instituciones en no querer levantar las denuncias. Y otra de las cosas que pasa es que hay mucha intimidación por parte de las mismas autoridades. No solamente no levantan las denuncias sino que también amenazan a los famliares. Dicen que no denuncien porque ya tienen un familiar desaparecido puede haber otro caso entre sus famliares y que lo mas recomendable es que no le mueven o no denuncien. Eso es como la generalidad de las respuestas de las autoridades, que no quieren levantar las denuncias, pero también hay intimidación y amenazas para que no lo hagan. 

WFP: Como parte de tu trabajo, asesoras y apoyas a famliares de desaparecidos. ¿Hay patrones que has visto en cuanto a las desapariciones forzadas a través de este acompañamiento?

Nadín: Uno de los patrones que se ha dado más actualmente es la falta de poder identficar a estos grupos que nosotros decimos son grupos paramilitares, pero que por las características que están tomando actualmente que son grupos que son por lo regular vestidos de negro con armas de alto poder y pasamontañas que a veces no se puede identificar propiamente vinculados o no a una autoridad o a un agente del estado, es muy dificil poder determinarlo. Sin embargo, por la situación del contexto del país y por que muchas de las organizaciones que ahora les llaman organizaciones criminales fueron de alguna manera originadas por grupos de desertores del ejército o las mismas policias que nosotros podemos identificar son claramante grupos paraestatales que se crean para cometer las desapariciones y de alguna manera no tener la responsablilar el estado y que esos son la mayoría de los casos como se están dando en la actualidad. Muchos de los casos que se están cometiendo ahorita son cometidos por este tipo de grupos. Que muchos llaman de la delincuencia organizada pero que nosotros vemos son grupos paramlitares que actuan con el apoyo y el consentimiento claramente del estado. Y otra es que también dentro de este crimen que es la desaparición forzada también se puede estar cometiendo muchos otros delitos más porque también ahorita se están dando la desaparición de mujeres que también se puede relacionar con una cuestión de trata de personas o también de explotación sexual. En el caso de los hombres también se han dado desapariciones colectivas. Estas puede ser originadas por el trabajo de explotación de la mano de obra de los trabajadores y la explotación laboral. Entonces están relacionados también muchos otros delitos que es muy dificil poder identificar o separar el uno del otro. Entonces son como ciertos patrones que se han identificado y también sobre todo los grupos de la edad, de los jovenes que han llevado. Que son jovenes en edad productiva, en edad donde son jovenes fuertes con mucha capacidad y algunos con ciertas capacidades técnicas o profesionales. Que han ido desapareciendo, que eso también puede indicar que están siendo sometidos al trabajo forzado. Entonces son algunas de las cosas que se han ido identificando. Y en otros casos que son más por el lado de defensores y defensoras de derechos humanos que tienen mas una participación social y politica, y hay más una participacion de gentes del estado. Y se puede identificar policias estatales, policias municipales, el mismo ejército quien ha incurrido en cometer estas desapariciones. Se puede quedar mas clara la participación por amenazas anteriores a la desaparición. Por que hay testimonios de personas que ven cuando son detenidas y posteriormente desaparecidas se puede identificar patrones más claros de participación de agentes del estado. 

Miembras de Hasta Encontrarlos

WFP: Desde el 2006, Mexico se ha venido mlitarizando más y más en nombre de la Guerra Contra el Narco y la seguridad. EE.UU. está muy de acuerdo con este cambio y de hecho ha canalizado mas de 2.4 mil millones de dólares con este fin a través de la Iniciativa Mérida. Qué efecto ha tenido esta militarización en México en cuanto a las violaciones de derechos humanos en general y las desapariciones forzadas especificamente?

Nadín: Lo que ha traido como consecuencia esta militarización ha sido precisamente mayor incremento de las violaciones a derechos humanos. Ee evidente, ha sido muy ampliamente documentado por varias organizaciones de derechos humanos que en las zonas en donde ha habido mayor presencia de estos cuerpos militares es donde mayores violaciones de derechos humanos han cometido. Tenemos hasta Chihuaha que fue uno de los primeros estados que se empezó a militarizar. Michoacán que fue uno de los donde se inició principalmente Plan Mérida. Y que fueron estados en donde se cometieron miles de violaciones a los derechos humanos. Michoacán, a partir del 2010, fue uno de las primeras entitades a documentar muchos casos de desapariciones forzadas colectivas cometidas a raiz de la militarización y de esta creación de cuerpos especiales para supuestamente combatir a los grupos de la delincuencia organizada. Y el del norte, muchísimas violaciones como ejecuciones extrajudiciales, desplazamiento forzado, desapariciones forzadas tanto de hombres como de mujeres. Encontes mas allá nosotros decimos de ser una guerra que fue dirigida supuestamente en contra del narcotráfico, nosotros lo que identificamos era que fue una guerra dirigida en contra del pueblo. Una guerra que estaba enfocada más en fundir el miedo y el terror en la población bajo el argumento de combatir el narcotráfico pero que en los hechos, la misma población, las denuncias que hacían, los comunitarios de los lugares donde se encontraban los mlitares habían traido mayor inseguridad, mayor temor a la misma población. Por que no se sentian protegidos. Al contrario, hay muchos testimonios que indican la misma colusión y contubernio de los militares con los grupos supuestamente de la delincuencia. Entonces esta situación es muy evidente y lo que hay que dejar en claro es que efectivamente no están para proteger sino mas que nada para infundir este miedo y terror en la población. Es como lo que ha traido como consecuencia esta militarización en el país. Y muestra de ello también ha sido un rechazo de la población que exige cada vez más que regeresen a los cuarteles. Y no quieren que el ejército esté haciendo estas labores de seguridad en el país. Porque no está teniendo ningún efecto, al contrario, no? Hay testimonios muy claros y evidentes. Recientemente hubo el asesinato de un niño en Ostula en Michoacán que fue impactado por una bala disparada por miembros del ejército. Y como este, hay un sinfín de testimonios más. Entonces queremos que no es conveniente, y el ejército no fue creado para eso, para hacer labores de seguridad pública, sino para resguardar la integridad y la seguridad del país. Pero no puede estar haciendo labores de seguridad pública porque vemos que no está capacitado para esto.

WFP: La mayoría de nuestros lectores (de nuestros blogs) son ciuadanos estadounidenses. ¿Cómo podría un estadounidense ser solidário con México y apoyar un cambio en cuanto a las desapariciones forzadas?

Nadín: Yo creo que uno de los puntos donde podrían ser solidarios con nuestro país y un poco en el tema de las desapariciones forzadas primero sería uno: cuestionando la situatión de su mismo país, como estadounidenses. Estar en contra o rechazar estas políticas que en alguna manera se realizan en contra de nuestro país, que nosotros lo vemos como un intervencionismo en esta materia de seguridad, sobre todo. Porque esta situación es una de las causas que está provocando que haya mayores casos de desaparión forzada. Estos recursos que se invierten para la cuestión de la seguridad nacional con el pretexto de combatir a la delincuencia también están o más allá de combatir realmente la delincuencia están siendo orientados hacia cometer este tipo de violaciones graves a los derechos humanos, que ya se han comentado. Y que yo creo que una de las formas en que se puede ser solidarios es cuestionando la misma situación, como ciudadanos estadounidenses. En que se está inviertiendo este dinero? Ser críticos en cuanto a cuestionar esta situación. Y la otra es también un poco difundiendo y sacando a la luz la problemática de como México como ciuadanos mexicanos tememos en nuestro pais en materia de las desapariciones forzadas y también de las violaciones graves a derechos humanos. Y yo creo que se podría hacerse de muchas maneras. A veces hay jóvenes que tienen muchas profesiones que tal vez pudieran apoyar en este sentido. Seguir escribiendo, mandando de alguna manera apoyo o por mediante no, sé… Cuestiones de intercambio, tal vez de jóvenes que quieren conocer la situación del país, vínculos con organizaciones aquí para hacer tal vez una cuestión de estudios, un analisis de lo que está pasando en México. Y podrían compartir lo que están viviendo en el país, y se podría llevarlo también a sus comunidades, a sus espacios y de alguna manera pueden ver más de cerca lo que está pasando. Eso y también concretamente con la solidaridad con recursos económicos o con cuestiones muy concretas de apoyos en materiales, que a veces tambien se necesita. La mayoría de las organizaciones de familiares que están luchando en contra de la desaparición forzada son organizaciones que se mantienen mucho de la solidaridad, que muchas no cuentan con recursos materiales. Y a veces apoyos muy mínimos son muy valiosos para poder coninuar con el trabajo de las organizaciones. Entonces creo que también podría ser muy importante que se pueda creer este tipo de apoyos, organizarse como personas desde sus países y poder recaudar fondos o que sé yo. Y poder apoyar a estas organizaciones que están pasando por esta situación en México.  

Nadín estará en la Gira de Ponencia con Witness for Peace-Southeast  (Acción Permanente por la Paz-Región Sureste) en Carolina del Norte, Carolina del Sur, Florida, Alabama y Georgia desde 1 al 22 de noviembre . Sigue la programación de la gira aquí: http://www.wfpse.org

Solidarízate con los estudiantes de Ayotzinapa el sábado 26 de septiembre: http://www.soaw.org/news/organizing-updates/4323-ayotzinapa-events-1-year-after-mexican-state-crime-and-us-complicity


Firma esta acción urgente para exigir que EE.UU. retire fondos para la guerra en México: http://org.salsalabs.com/o/727/p/dia/action3/common/public/?action_KEY=18454

"The greatest anguish": forced disappearance in Mexico

by Maggie Ervin with Nadín Reyes Maldonado

In his state of the union address a few weeks ago, Mexican president Peña Nieto acknowledged that this past year had been “difficult.” In fact, his entire term has been difficult. Not so much for the companies benefiting from his constitutional reforms, the escaped kingpin Chapo Guzman, or the contractor who sold the first lady a luxury house suspiciously below market value. But it’s certainly been difficult for the 55.3 million Mexicans who are poor, and especially for human rights defenders. During his less than three years in office, there have been 81 cases of forced disappearances of human rights defenders (versus the already high 53 during the entire 6-year administration of his predecessor). 

This Saturday marks the one-year anniversary since the forced disappearances of the 43 students of Ayotzinapa. Despite the government’s denials, an independent investigation by the IAHCR demonstrated that municipal, state and federal police all actively paritipated in the attacks on the students, and that military officers were present at at least two of the attack scenes. If that weren’t enough, it also found that the government destroyed key evidence. 

But when we talk about disappearances in Mexico, 43 is not the only relevant number. 26,000 is also. At least that many Mexicans have been disappeared since the US-supported Drug War went into effect in 2006. 

Nadín Reyes Maldonado is an expert on the topic. Ever since her father Edmundo Reyes and his friend Gabriel Cruz were forcibly disappeared in 2007, she has been working tirelessly on the topic: searching for justice in her father’s case, supporting other family members of disappeared, raising consciousness about the issue, and advocating for preventive laws and measures. She and three other women make up the organization Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos Hasta Encontrarlos (in English, Committee of Family Members of the Disappeared and Detained ‘Until We Find Them’).

I sat down with her recently and asked a few questions. 

Nadín speaking in Oaxaca

WFP: A year ago the Ayotzinapa case caused horror and indignation on an international scale. However, ever since the Dirty War and especially since the War on Drugs began in Mexico, forced disappearances have been happening here. Why does the Mexican government turn to this crime against humanity? What does it gain? 

Nadín: We think that the crime of forced disappearance is the pefect crime for the government because it causes terror in the population and paralyzes various sectors of society. It also sends a message to certain human rights organizations and movements to dismantle themselves and end their work. Forced disappearances are now being committed against the population in general, not just activists. But it continues to be used selectively - as it was in the sixties and seventies - against social organizations and human rights defenders, with this objective of dismantling them through fear and terror. The government wants its people to be stuck in paralysis so that it can continue implementing neoliberal policies. This is what we see. And it’s important to keep in mind that forced disappearance is a form of torture and repression against the people. Unlike simply killing, disappearing someone creates a lot of distress and anxiety. Their loved ones don’t know what happened to the person who’s missing. And that’s different than an extrajudicial killing or murder, when there’s closure in the process. There’s a grieving process and closure, knowing that the person has been killed. There’s the body, the evidence. In the case of forced disappearance, you don’t know if the person is dead. You don’t know if the person is alive or not, and that creates more anxiety and uncertainty, great anguish and pain in the family and the population as a whole. And therefore it’s a more effective practice that is used by the government to maintain uncertainty in the population.

WFP: In the case of the forced disappearance of your father, the authories didn’t want to take a report in Oaxaca, where it occurred. Furthermore, they denied that it had happened. In cases of forced disappearances, how common are these types of obstacles?

Nadín: In the majority of cases, similiar things happen, as in the case of our family. We’ve heard testimonies of mothers where the same thing’s happened, where the authorities don’t want to take reports of this crime. They put up a lot of roadblocks, and refuse to take action. One issue is that the crime is not classified as such in all states. Additionally, they often tell the family members to go back home, or claim the disappeared person probably just left without saying anything, that they’ll probably be back in a few days. They give excuse after excuse as to not take the report. And that’s why... I think that it’s in over 80 percent of the cases that institutions give the same response, in order to not take a report.  And the authorities intimidate a lot. Not only do they not take reports, but they also threaten family members. They tell them not to report the crime because since they already have a family member disappeared, one of them might also be disappeared. And they recommend not moving forward with a report. That’s the most common response from the authorities, who not only don’t take reports, but also intimidate and threaten folks not to make reports.

WFP: As part of your work, you support and share information with family members of disappeared. Are there patterns that you’ve noticed in their cases? 

Nadín: One of the patterns we’ve seen is the difficulty of identifying who the actors are. We’ve identified them as paramilitary groups, but because they’re usually dressed in black with high-caliber weapons and ski masks, it can be hard to identify them, and to link them directly to the authoriries or state agents. It’s difficult to determine. However, in this context - in this country -  a lot of criminal groups were started by members of the armed forces who deserted, or by police that we can clearly identify as operating as parastatal groups. This is so the government will not be held responsible for the disappearances. These are the majority of the cases that we currently see. Many of the disappearances that are happening now are being committed by these groups. Many call them organized crime but we have identified them as paramlitary groups acting with the clear support and consent of the state. Additionally, along with the crime of forced disappearances, there may be other crimes committed. For example, the disappearance of women which can be linked to human trafficking and sexual exploitation. There have also been collective disappearances of men, to create a workforce, where they’re forced into exploitative work, used for their labor. Then there are also many other related crimes; it’s very difficult to identify or separate one from another. There’s also a pattern we’ve seen in terms of ages. For the most part it’s young folks who are disappeared, of working age, when they’re strong and capable. And some with certain professional or technical skills have been disappeared. This may also indicate that they’re being subjected to forced labor. These are some of the things we’ve identified. And then there are the disappearances of human rights defenders who participate in social and political movements. And we can identify state police, municipal police, and the army that have commited them. And it’s sometimes made clearer by threats made prior to the disappearance. And sometimes there are testimonials of people who see the moment of arrest of people who are subsequently disappeared, and this also points to the participation state agents.

members of Hasta Encontrarlos ("Until We Find Them")

WFP: Since 2006, Mexico has become more and more militarized in the name of the War on Drugs and national security. The US strongly supports this trend, and in fact has channeled more than 2.4 billion dollars for this purpose through the Merida Initiative. What effect has this militarization in Mexico had in terms of human rights violations in general and on forced disappearances specifically?

Nadín: This militarization has brought about an increase in human rights violations. It’s irrefutable, and it’s been well documented by various human rights organizations that in areas where there’s a greater presence of military personnel, there have been more human rights abuses. Chihuahua was one of the first states to militarize. Michoacán was one where the Merida Initiative was first employed. And these are states where thousands of human rights violations have been committed. Michoacán, in 2010, was one of the first states with cases of collective forced disappearances committed in the wake of militarization, and because of the creation of special forces to supposedly fight organized crime groups. And in the North, there have been many violations including extrajudicial killings, forced displacement, and forced disappearances of both men and women. So what we say is that in addition to being a war supposedly against drug trafficking, it’s a war against the people. A war focused more on putting fear and terror in the people under the pretext of fighting drug trafficking. But in fact, the allegations made by the local people show that in areas where the armed forces are, it’s brought more insecurity and fear. They don’t feel protected. On the contrary, there are many testimonies indicating collusion between the military and alleged criminal groups. This is well-documented, and it’s clear that they’re not there to protect, but instead mostly to instill fear and terror in the population. This is what militarization has brought to this country. One example of this is the rejection of the people, who increasingly demand that the armed forces return to their barracks. They don’t want the army doing this type of security work, because…it has a negative effect. There is clear evidence of this. Recently, a child was killed in Ostula, Michoacan who was hit by a bullet fired by soldiers. And there are countless testimonies like this one. So it’s not appropriate. The army wasn’t created to do public security work, but to protect the integrity and security of the nation. It can’t do law enforcement work because it’s not trained for that.

WFP: The majority of the readers of our blogs are US citizens. How can a US citizen be in solidarity with Mexico to support a change in terms of human rights and forced disappearances?

Nadín: I think one way they could be in solidarity with our country on the issue of forced disappearances would be first: questioning the situation in their own country, as Americans. Taking a stand against policies that hurt out country. The US intervenes in our security issues, and that’s one of the causes of increased forced disappearances. US resources are invested in the name of national security, under the pretext of fighting crime. But instead of being used to that end, they’re used to commit serious human rights violations which I’ve already mentioned. So one of the ways that US citizens can support us is questioning their government. How is this money being invested? They can be critical and they question. Another way is to disseminate information and bring light to the issues of human rights in Mexico and how Mexican citizens live in fear of forced disappearances. And I think it could be done in many ways. Sometimes there are young people with professions that may be able to support with their expertise. They can write and share information, and send any kind of support. Perhaps an exchange program where they learn about what’s happening here, and they can link up with organizations here and study and analyze what’s happening in Mexico. And they could share what they experience back in their country and their communities.They can also help with economic resources or with specific materials which we sometimes need. Most of the organizations struggling against forced disappearance are organizations that don’t have material resources, they’re grassroots. And sometimes very minimal support is invaluable to continue their work. So that’s another way you can help support these Mexican organizations.

Nadín will be on the Witness for Peace-Southeast Fall Speaker’s Tour in North Carolina, South Carolina, Florida, Alabama and Georgia from November 1 - 22. Stay tuned here for more info. 

Show your solidarity with the students of Ayotzinapa this Saturday, September 26th: http://www.soaw.org/news/organizing-updates/4323-ayotzinapa-events-1-year-after-mexican-state-crime-and-us-complicity

Sign this (easy, fast) urgent action demanding the US withdraw funding for militarization of Mexico: http://org.salsalabs.com/o/727/p/dia/action3/common/public/?action_KEY=18454

The U.S. and its Dubious Exports

by Maggie Ervin

Hollywood’s biggest blockbusters don’t take long to come out in Mexico. I imagine that the Sonys and the Warner Brothers pay the dubbing companies a pretty peso, ‘cause they get right to the task. So this summer, on screen after screen south of the border, the San Andreas fault has already shattered the earth and downed buildings, the Avengers have put Ultron's army to the test, and Jurassic World’s Indominus has ravaged pretty much everything in its path.

And yet tragically, terror and destruction are not confined to the big screen. Consider the last three weeks. In just this period, here’s some of what’s gone down in Mexico: About 120 migrants passing through Sonora were reportedly attacked by men dressed in military garb, who started shooting at them. Three were killed, at least thirteen escaped, and most are still missing. Amnesty International and migrant rights groups had to demand a formal investigation of the case.

Central American migrants' families in Mexico

Meanwhile, the government’s official version of what happened to the 43 disappeared students of Ayotzinapa came crashing down. Of course, over the past nine months civil society organizations and family members have been calling out the Mexican government for coverup and manipulation, as well as its reliance on testimonies obtained under torture in order to make its case. But just last week a magistrate judge who was working in the police station the night of the massacre (whose family has been threatened and who is in the U.S. seeking asylum) spoke out quite convincingly that the students were never brought to the local police station. This confirms widespread suspicions that the government has attempted to hide the federal and state police’s - and even possibly the army’s - involvement in the students’ disappearance, trying to lay blame entirely on municipal police.

Tribute to the 43 students in Mexico City 

Then last week, a Navy helicopter reportedly shot at civilians in Durango, killing one and injuring several.

As if that weren’t enough, June 7th was election day, which was mired by state violence and repression. The balance sheet: one extrajudicial killing and 127 detained on election day. A majority of the latter took place in Oaxaca, where 25 protestors were taken maximum security prison. They reported torture and multiple human rights abuses, and were charged with terrorism. 56 NGO’s in Oaxaca urgently came together and declared: ”The large presence of police and military in Oaxaca…with the arrival of thousands of federal police officers, members of the gendarmerie, soldiers, and marines to ‘safeguard’ the federal midterm elections…do not contribute to generate a climate of trust and freedom needed for such a democratic exercise. The militarization of a social conflict shows an alarming return to authoritarianism.” Unfortunately, the election-time repression was no less fierce in Guerrero state, and there was also heavy deployment of security forces in Michoacan and Chiapas. Free and fair? Not exactly.

North of the border, of course, the election cycle is just beginning. At his campaign launch last week, Donald Trump wasted no time decrying Mexicans in the U.S. “When Mexico sends its people, they’re not sending the best…,” he said. “They’re sending people that have lots of problems and they’re bringing those problems.” Now perhaps the latest ludicrous comments from a “Birther” who once claimed President Obama was “Israel’s worst enemy” don’t deserve much attention. But the opposite claim, however, probably does: that the U.S. sends problems to Mexico.

First, there’s the money: over 2.4 billion dollars spent on the Merida Initiative, which Congress has allotted funds for every year since 2007, and which Obama supports. What form has this money taken? Mostly it’s been used to militarize Mexico: providing Blackhawk helicopters, surveillance cameras, sophisticated arms and equipment. Additionally it’s been used to train Mexican security forces whose human rights record - far beyond the forced disappearances of Ayotzinapa - has been abysmal over this same eight year period. And who - as described above - are not only called upon to fight drug cartels, but also to quell social movements.

The Drug War has taken an estimated 70,000 Mexican lives

Then there’s the private sales of arms. Lax U.S. laws around arms sales - even in the wake of the Newtowns, the Isla Vistas, the Fort Hoods, the Charlestons - facilitate this movement. In Mexico, although there is a constitutional right to possess of firearms, there are more restrictions and only one legal gun shop in the entire country. Compare that to the more than 54,000 federally licensed firearm dealers in the U.S., about 6,700 of which are along the border. According to a 2013 study by University of San Diego’s Transborder Institute with Brazil’s Igarape Institute, approximately 253,000 U.S. guns end up n Mexico every year, which is about 2.2 percent of the yearly U.S. sales and about 70% of the firearms in Mexico. Unfortunately, there’s no evidence that this number has gone down since the Supreme Court’s June 2014 decision to ban straw purchases (purchases made on another’s behalf). 

This issue of arms sales isn’t just a story of cartels. As highlighted in a recent Washington Post piece, the Mexican government is eager to buy more and more arms. This year’s orders represent a hundred-fold increase from previous years, in fact. So while private weapons companies seem happy to respond to the demand, Congress seems happy keep funding the Merida Initiative, and as evidenced this week with the passage of Fast Track for the extremely corporate-friendly Trans-Pacific Partnership, it’s becoming harder and harder to tell the difference between the government sector and the corporate sector.

Loss in Translation: Ayotzinapa and Mexico’s More than 27,000 Disappeared

by Maggie Ervin

At its best, a translation can be sublime and elevating. I dare say Edith Grossman’s English version of One Hundred Years of Solitude is almost as stunningly delicious as Garcia Marquez’s original. And I wonder if Rilke’s original Sonnets to Orpheus could possibly be more transcendent than Stephen Mitchell’s take on it. At its worst, translation can be awkward and disappointing. When trying to convey the layers of Portuguese’s saudade, or those long, precise German nouns stuck together to make one single word.

Translating certain words from Spanish to English can be complicated too. In English, "disappear" is not normally a transitive verb. Something or someone disappears by its own will, or by negligence, but it’s not something you do to someone else. There are plenty of cruel things you can do to people in English, but disappearing folks is simply not part of our linguistic repertoire of barbarism. Here in Mexico, someone can be “bagged.” No, not "fired" or "arrested." In this case it means a dead body is wrapped in a garbage bag and most likely left somewhere other than the local morgue. Ever heard of a “goat’s horn?” (Hint: not the one you find on the animal.) That translates to AK-47. Similarly, “el derecho a la verdad” sounds odd in English too. “The right to the truth?” When was the last time you heard that victims have “the right to the truth?”

43 students, disappeared. Or would the right word be “missing?" Or "taken?" Or "unaccounted for?" No, they are indeed disappeared; no ambiguities or euphemisms in this case. In fact, the more accurate term for what happened in Iguala six months ago was forced disappearance. To English speakers, this term might also need some explaining. In spite of the many injustices in the U.S. - class inequalities, crazy rates of incarceration, demonizing of immigrants, bankruptcy due to sickness, police killing unarmed black men, a merciless minimum wage - forced disappearance is not part of our daily reality or rhetoric. So a little clarification. There are three basic elements to forced disappearance: 1) the denial of someone’s freedom against their will, 2) the involvement of state authorities either by commission or omission, and 3) the denial of the incident by state authorities. On the night of September 26, 2014, all of these elements were gruesomely at play. 

Over these last six months, the 43 students of Ayotzinapa have gotten widespread, worldwide attention, as well they should have. But forced disappearance has been a major problem in Mexico since 2006. In the year 2014 alone, over 5,098 Mexicans were disappeared. That’s more people than fit in a typical high school gym. (So imagine that varsity basketball game during a winning season, and then stuff in about 500 more people.) The story of the 43 students has gotten more attention than others, probably because of a confluence of factors: the grisliness of the massacre, the clear collusion between organized crime and the state, the government’s slow response and premature attempts to close the book on the case, and the shameless levels of corruption and putrefaction of political parties embodied in the event. But family members of the forcibly disappeared in Mexico have been speaking out for years.

Not only speaking out, but also alerting authorities. Surely the numbers are low compared to actual disappearances, since family members are often too scared - of narcos or state authorities, or both - to report them. (There are currently over 27,000 disappeared Mexicans.) But perhaps they’re also skeptical that justice will be served. Unfortunately, the evidence strongly supports this skepticism. Between 2006 and 2011, 390 complaints of forced disappearances were filed before Mexico’s National Human Rights Commission. Out of those, there have been zero convictions. And despite the number of forced disappearances having increased since Peña Nieto took office in December 2012, by April 2014 (the last date available) there was still not one single conviction for forced disappearance in all of Mexico. 

All of this is happening in the context of the Drug War. It’s been 34 years since Nixon declared it, fifteen years since it was unleashed on a massive scale in Colombia, and eight years since Mexico became its main frontier. No matter how you measure it, in terms of its stated goals the Drug War has been a colossal, undeniable failure both in the U.S. and south of the border. The availability and consumption of drugs hasn’t decreased, it’s corresponded with a surge in human rights abuses, it’s led to more incarceration and broken families in the U.S., and the deaths keep mounting in Latin America. Much has been written - in many languages, and quite eloquently - about this evidence. And more than a handful of Latin American current and past presidents have criticized the policy, even a few from the right. Yet somehow U.S. politicians of both major parties continue to stubbornly ignore the data. What will it take to stop this war?

That word, of course, is easy to translate: Guerra. War. And it has several derivative words, like the name of the state where the 43 were disappeared: Guerrero. Warrior. We need warriors these days, the kind who fight for an end to state brutality and militarization, who condemn the lucrative business of war, and who defend the “right to the truth.” That is what it will take. 

• Take action to stop the U.S.’s funding the Merida Initiative. Through it the U.S. government has spent over 2.4 billion dollars, most of which has been used to militarize Mexico. Tell your Representatives to stop funding the Initiative.
  
  

• Join the U.S. Caravan of the 43 (through April 28,2014). Show your solidarity with family members of the disappeared students.
  
  

Más que cifras y términos: la desaparición de los 43 y de muchos más

por Maggie Ervin

En su mejor momento, una traducción puede ser sublime y enriquecedora. Me atrevo a plantear que la versión en inglés de Cien años de Soledad, realizada por Edith Grossman, es casi tan deliciosa como el original de García Márquez. Y me pregunto si el Sonetos a Orpheus, escrito por Rilke, podría ser más lírico que la interpretación de Stephen Mitchell. En su peor momento, la traducción puede ser incómoda y decepcionante. Cuando se trata de transmitir los matices del saudade portugués, o los largos y precisos sustantivos alemanes, yuxtapuestos para significar una sola palabra.

La traducción de ciertas palabras del español al inglés puede ser complicada también. En inglés, “desaparecer” normalmente no es un verbo transitivo. Algo o alguien desaparece por su propia voluntad, o por negligencia, pero no es algo que se le pueda hacer a otra persona. En inglés, hay un montón de cosas crueles que puedes hacerle a alguien, pero desaparecerlo simplemente no es parte de nuestro repertorio lingüístico de la barbarie. Aquí en México, alguien puede ser "embolsado", y esto no quiere decir “despedido” o “detenido” como “bagged” en ingles. Esta palabra significa que un cadáver ha sido envuelto en una bolsa de basura y es abandonado en algún lugar que probablemente no sea la morgue local. Si le preguntamos a un angloparlante qué significa un "cuerno de chivo", la primera imagen que le vendría a la mente serían los cuernos de un animal, no una AK-47. Del mismo modo, "el derecho a la verdad" suena extraño en inglés. "¿El derecho a la verdad? Nunca he escuchado ese termino”, diría un angloparlante.

43 estudiantes desaparecidos. ¿O “perdidos” sería la palabra correcta? O “levantados”? O “extraviados”? No, en realidad los desaparecieron; no hay ni tergiversaciones ni ambiguedades en este caso. De hecho, el término más preciso de lo que pasó en Iguala hace seis meses fue “desaparición forzada”. Para los angloparlantes, este término también podría necesitar más explicaciones. A pesar de las muchas injusticias en EE.UU. - la desigualdad de clases, la discriminación en contra de los inmigrantes, el porcentaje absurdo de personas tras las rejas, la policía que mata a hombres negros desarmados, un salario mínimo de miseria – con todo esto, la desaparición forzada no es parte de nuestra realidad cotidiana y retórica. Así que una pequeña aclaración. Hay tres elementos básicos sobre la desaparición forzada: 1) la negación de la libertad de una persona en contra de su voluntad, 2) la participación de las autoridades estatales, ya sea por acción u omisión, y 3) la negación de los hechos por parte de las autoridades. En la noche del 26 de septiembre de 2014, estos tres elementos estaban en juego de manera espeluznante.

Durante estos últimos seis meses, el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa ha recibido mucha atención a lo largo y ancho del mundo, tal como debería. Pero la desaparición forzada ha sido un problema mucho más serio en México desde el 2006. Tan sólo en el año 2014, desaparecieron a más de 5.098 mexicanos. Esta cantidad rebasa el número de personas que cabe en un gimnasio de una típica escuela secundaria estadounidense. (Así que imagina un juego de baloncesto en ese gimnasio durante una temporada ganadora, y luego súmale 500 personas más). Lo sucedido con los 43 ha recibido más atención que otros casos, probablemente debido a una confluencia de factores: la truculencia absoluta de la masacre, la clara colusión entre el crimen organizado y el estado, la lenta respuesta del gobierno ante estos sucesos, y los niveles desvergonzados de corrupción y putrefacción de los partidos políticos encarnados en estos sucesos. Pero los familiares de todos los desaparecidos en México han estado denunciando durante años.

No sólo denunciando, sino también alertando a las autoridades. Sin duda, las cifras registradas son bajas comparadas con las desapariciones reales, ya que los familiares a menudo no denuncian por miedo a los narcos o a las autoridades, o a ambos. (Actualmente hay más de 27.000 mexicanos desaparecidos.) Pero también en muchos casos los familiares no creen que alguna vez se haga justicia y desafortunadamente, la evidencia apoya firmemente este escepticismo. Entre el 2006 y el 2011, 390 denuncias de desapariciones forzadas fueron presentadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sin embargo, no ha habido ni una sola sentencia. Y a pesar de que el número de desapariciones forzadas ha aumentado desde que Peña Nieto tomó posesión en diciembre de 2012, en abril de 2014 todavía nadie había sido condenado por desaparición forzada en toda la república mexicana.

Todo eso está pasando en un contexto llamado la “Guerra contra las Drogas”. Han pasado 34 años desde que Nixon la declaró, quince años desde que se desató en escala masiva en Colombia, y ocho años desde que México se convirtió en su principal campo de batalla. No importa cómo se mida, en términos de sus objetivos declarados, esta guerra ha sido un fracaso colosal e innegable, tanto en EE.UU. como al sur de su frontera. La disponibilidad y el consumo de drogas no han disminuido, y han correspondido con un aumento de violaciones de los derechos humanos y simplemente más muerte. Mucho se ha escrito sobre esta evidencia, y más de un puñado de presidentes actuales y pasados de América Latina han criticado esta política, incluso varios de la derecha. Sin embargo, los políticos estadounidenses de ambos partidos se niegan a prestar la más mínima atención a los datos. ¿Qué se necesita para detener esta guerra?

Esa palabra, por supuesto, es fácil de traducir: guerra, war. Y tiene varias palabras derivadas, como el nombre del estado en el que desaparecieron los 43: guerrero, warrior. Necesitamos guerreros en estos días, los que demandan ponerle fin a la brutalidad del estado, a la militarización y a la rentabilidad de la guerra, y los que defienden el "derecho a la verdad." Eso es lo que se necesita.

• Pónte en acción para detener el financiamento estadounidense de la Iniciativa Mérida. A través de ella, se han gastado mas de 2.4 mil millones de dólares, la mayoría canalizado a la militarización de México. Diles a tus representantes que dejen de financiar esa Iniciativa.

• Únete a la Caravan de los 43. Solidarízate con los familiares de los normalistas desaparecidos.