Por Julia Duranti, Witness for Peace Colombia, y Maggie Ervin, Witness for Peace México
Este articulo originalmente apareció en inglés en Upside Down World el 18 de diciembre 2014.
Hace dos semanas, hubo 43 estudiantes desaparecidos
en Guerrero, México. Ahora hay 42. A pesar de que decenas de miles de
manifestantes mexicanos han estado gritando "Vivos se los llevaron! Vivos
los queremos!", uno de los estudiantes fue declarado oficialmente muerto
el pasado sábado 6 de diciembre. Alexander Mora Venancio tenía tan sólo 19 años
de edad. Para la identificación de sus restos se realizó un esfuerzo
transnacional: autoridades mexicanas los encontraron, científicos austríacos
los analizaron, y forenses argentinos los verificaron. Pero hay otros países
que jugaron un papel clave en esta historia: los Estados Unidos y su aliado
sudamericano más cercano, Colombia. Mientras el gobierno mexicano trataba
de presentar la masacre estudiantil de Ayotzinapa como un caso de corrupción de
bajo nivel que podría ser resuelto sólo con cambiar las unidades policiacas y criminalizar
las protestas que lo llevaron al escrutinio internacional, salió
un nuevo informe que alega que la policía federal también participó en la
tortura y la desaparición de los estudiantes. La intervención de Estados Unidos
en Colombia muestra porque la violencia estatal evidente en Ayotzinapa no es
ningún incidente aislado.
Colombia no aparece en las noticias estadounidenses
en estos días, a pesar del conflicto armado que vive desde hace medio siglo.
Aunque los insurgentes en Colombia figuran en la lista de terroristas
del Departamento del Estado, a diferencia de los del Medio Oriente, no afectan
al imaginario estadounidense como una amenaza inminente. Contrario al caso de
los centroamericanos, los desplazados internos colombianos - 6 millones en el
último recuento - casi nunca llegan a las fronteras de Estados Unidos. Esta
falta de cobertura enmascara los más de 50 años de intervención estadounidense.
En base a la doctrina de Contención del Comunismo que surgió con la Guerra
Fría, oficiales militares estadounidenses bajo la administración de Kennedy
crearon grupos paramilitares de "autodefensa" bajo el denominado Plan Laso, para trabajar
en conjunto con el estado colombiano y aplastar la resistencia izquierdista.
Eso ocurrió en 1962, dos años antes de que las insurgencias guerrilleras
llamadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de
Liberación Nacional (ELN) se constituyeran formalmente. Poco después, los
cárteles colombianos surgieron para satisfacer la demanda estadounidense de
cocaína en los años 70 y 80. El desenlace de esto fue el asesinato del capo del
cártel de Medellín, Pablo Escobar, en 1993, ejecutado con apoyo de Estados
Unidos. El cártel de Cali fue derrotado sólo unos años más tarde, dejando un
vacío en la distribución internacional de la cocaína que fue ocupado por algunos
sindicatos del crimen organizado en Colombia y sus contrapartes en México. La
fragmentación del tráfico ilícito de drogas en Colombia más o menos
correlacionó con la liberalización del mercado de la economía legal durante la
presidencia de César Gaviria con el lema, "Bienvenidos al Futuro",
junto con la crisis financiera mexicana y la entrada en vigor del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN ) en 1994. A lo largo de la década
de los 90, los guerrilleros colombianos ganaron territorio y soldados, con las
filas de las FARC incrementándose hasta casi 20.000
en 2001. Esto provocó varios acontecimientos claves. El primero fue la
consolidación de las Fuerzas de Autodefensa Unidas de Colombia (AUC) en 1997,
un estructura paramilitar de 30,000 elementos que colaboró con militares
colombianos para cometer algunas de las peores violaciones
de derechos humanos en la historia del país antes de someterse a un proceso
de desmovilización incompleto que dejó a miles de ex paramilitares activos
en todo el país. El segundo fue una iniciativa antinarcótica y contrainsurgente
estadounidense conocida como Plan Colombia.
Plan
Colombia, Plan México
Al principio, el Plan Colombia consistió en invertir
US $1.300 millones para erradicar
el tráfico de drogas, incluyendo un controvertido programa de fumigaciones
aéreas con herbicida para reducir los cultivos de coca, así como armas,
maquinaria, asistencia técnica y capacitación para el ejército y la policía
colombiana. Fue firmado por el presidente de Estados Unidos Bill Clinton y el
presidente de Colombia Andrés Pastrana en 2000, los cuales fueron reemplazados
por presidentes conservadores con ideologías antiterroristas duras (George W.
Bush y Álvaro Uribe, respectivamente) que siguieron apoyando el Plan Colombia
hasta 2007, cuando el nombre y la estrategia cambió al "Plan de
Consolidación”. Los presidentes Bush y Uribe encontraron un aliado dispuesto a
participar en la Guerra Contra la Droga y Contra el Terrorismo en el presidente
mexicano derechista Felipe Calderón, elegido en 2006 después de que los
cárteles mexicanos habían ganado relevancia. Poco después, la Iniciativa Mérida
también conocida como Plan México - fue aprobada para "luchar contra el
crimen organizado y la violencia asociada." Desde entonces, cerca de US $3.000
millones del gobierno estadounidense han contribuido a la militarización
masiva del país: helicópteros Blackhawk ($20 millones cada uno), miles de
armas, una amplia formación de policías y militares, aumento en la vigilancia
de la frontera y los puertos, e incluso algunos policías
estadounidenses vestidos como infantes de marina mexicanos llevando a cabo
operaciones especiales en suelo mexicano. El costo en México ha sido
devastador: más de 100.000 muertos y más de 26.000 desaparecidos desde 2006.
Mientras tanto, EE.UU. ha proporcionado más de US
$8.000 millones en ayuda a Colombia, por lo que es uno de los principales
receptores de ayuda militar estadounidense en el mundo. Sin embargo, Colombia sigue
siendo uno de los principales
proveedores de heroína y cocaína a EE.UU. El número de víctimas del conflicto colombiano
ahora rebasa los 7
millones, incluyendo 6 millones de desplazados internos, más de 150.000 desapariciones
forzadas y más de 930.000 homicidios. La asombrosa cifra de violaciones a
los derechos humanos se ha incrementado a partir del año 2000 (5,9 millones desde este año),
cuando el financiamiento de Estados Unidos comenzó a reforzar las fuerzas de
seguridad pública conocidas por sus atrocidades. Después, en 2006 estalló el
escándalo de los "falsos positivos" en el que se reveló que las
fuerzas de seguridad colombianas, algunas entrenadas en suelo estadounidense en
el polémico Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en
Seguridad / Escuela de las Américas (WHINSEC / SOA) - habían asesinado
sistemáticamente al
menos 5.000 civiles inocentes y luego los vistieron con uniformes de la
guerrilla, presentándolos como enemigos asesinados en batalla, todo eso a fin
de ganar premios como bonificaciones y tiempo extra de vacaciones. Esta
práctica se desarrolló como parte de la mentalidad de "recuento de bajas",
promovido en el entrenamiento
en Estados Unidos y se produjo bajo el cargo del entonces Ministro de
Defensa y actual Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Más tarde ese
mismo año, el escándalo de la “parapolítica”
también estalló, implicando a los políticos de todos los niveles en las
estructuras narco-paramilitares. Estos grupos, que ahora se conocen por el
gobierno colombiano como bandas criminales (Bacrim), siguen disfrutando de una
estrecha relación con intereses comerciales lícitos
e ilícitos,
asimismo con políticos en Colombia, y representan la
mayor amenaza para la expresión ciudadana y los movimientos sociales. El
legado del Plan de Laso continúa pagando dividendos.
Colombia:
Exportador de la Seguridad
Oficiales estadounidenses defienden obstinadamente
su inversión en el poderío militar de Colombia y su aplicabilidad a México. Un
funcionario de la embajada de Estados Unidos en Bogotá dijo: "En 2000
Colombia estaba al borde de convertirse en un narcoestado fracasado. El Plan
Colombia ayudó a evitarlo... Ahora, Colombia es un exportador de seguridad. Los
colombianos están entrenando a los mexicanos en materia de seguridad ". En
una visita a Colombia la semana pasada el Secretario del Estado John Kerry hizo
eco de ello.. De hecho, la ayuda
directa a Colombia ha disminuido desde el 2008, y a su vez ha aumentado el
apoyo a la Iniciativa Mérida, y aún más recientemente a la Iniciativa Regional
de Seguridad para América Central (CARSI). Junto con el aumento de la ayuda
militar y antinarcótica a estos países, EE.UU. ha utilizado a Colombia como representante
de seguridad, proporcionando EE.UU. una “negación plausible” en el caso de
violaciones de derechos humanos cometidas por sus alumnos. El general
estadounidense John Kelly cometió el error de admitirlo
el mes de mayo pasado. El uso de representantes de seguridad por parte del
gobierno de Estados Unidos, junto con su proceso de certificación del
cumplimiento con los requisitos en materia de derechos humanos, elude el
espíritu de la Ley
Leahy, que tiene por objetivo evitar la financiación estadounidense de
militares que han cometido graves abusos contra los derechos humanos.
Debido a esta estrecha relación, las causas detrás
de la violencia en México se vuelven más claras. Cuando el presidente Enrique
Peña Nieto asumió el cargo en 2012, trató de desviar la atención del país al
tema de la economía a través de su lema "Moviendo a México.” Pero la
tortura, las detenciones arbitrarias, los secuestros y las desapariciones se
han incrementado a lo largo de los dos años de su mandato. Aunque los 43
estudiantes han sido noticia internacional, 5.098 mexicanos han desaparecido
tan sólo en el 2014.
Guerra
Contra la Droga o Guerra Contra los Pobres?
En el décimo aniversario del Plan Colombia, Adam
Isaacson de la Washington Office on Latin America (WOLA) escribió,
"Los avances en seguridad de Colombia son parciales, posiblemente
reversibles, y manchados por los ‘daños colaterales’. Con tanta evidencia en
este sentido, por qué el legado de Plan Colombia que simbolizaba La guerra
Contra las Drogas todavía tiene defensores acérrimos”? Algunas organizaciones
colombianas como la Asociación para la Investigación y la Acción Social
(NOMADESC) plantean la siguiente teoría:
"La Guerra Contra las Drogas en Colombia es una
cortina de humo para los intereses económicos. Sí, el tráfico de drogas
desempeña un papel en la violencia aquí, pero mucho más importantes son los
intereses económicos neoliberales que buscan impulsar el desplazamiento para
que puedan acceder a la tierra colombiana", dijo un portavoz de NOMADESC a
una delegación de Acción Permanente por la Paz (Witness for Peace).
"Plan Colombia allanó el camino para el Tratado
de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia una década después. Las
fumigaciones desplazaron a las personas de sus tierras y las dejaron libres
para el desarrollo ilegal, así como la creación de una fuerza de trabajo
explotable en las ciudades ", dijo un organizador sindicalista de
Buenaventura, en referencia a los casi 8
millones hectáreas de tierra que fueron abandonados o ilegalmente
adquiridos en el curso del conflicto colombiano. "La represión en el campo
creó un clima más favorable para la inversión extranjera. Al final, los ricos
son los que se benefician”. En este sentido, hay un claro paralelismo con el
TLCAN, que ha contribuido al desplazamiento masivo de mano de obra vulnerable de
zonas rurales de México a EE.UU.
Este análisis se extiende hasta el actual gobierno
de Juan Manuel Santos. Con menos mano dura que su antecesor, Santos ha apostado
su presidencia en un acuerdo de paz negociado con las FARC y ha hecho de la Ley
de Víctimas y Restitución de Tierras una de las primeras prioridades de su
presidencia. Al igual que su homólogo Barack Obama en EE.UU., es un tecnócrata
cercano a las grandes empresas; como Enrique Peña Nieto en México, está a favor
de las
industrias extractivas como motor de la economía. De hecho, el proceso de
paz sirve a estos intereses mostrando a Colombia más atractiva para la
inversión extranjera directa, sobre lo cual el gobierno de Santos ha sido transparente.
Pero la colusión continua entre las empresas privadas y las nuevas y cambiantes
formas del paramilitarismo sugieren que incluso si el gobierno colombiano
negocia el final del conflicto con las FARC, poco va a cambiar la vida para los
colombianos cuya realidad cotidiana incluye las amenazas, la inseguridad y la
violencia.
De hecho, los colombianos sólo necesitan mirar a
México, donde no hay una insurgencia armada, para ver lo que el futuro puede
deparar. Durante el año pasado la administración de Peña Nieto promovió y aprobó
una serie de reformas (laboral, telecomunicaciones, educación, fiscal y
energía) que tienen en común una tendencia a la privatización. "México
está abierto a los negocios" fue el mensaje, y el gobierno de Estados
Unidos y las multinacionales lo aprovecharon al máximo. La aprobación de estas
reformas no hubiera sido posible de no ser por la distracción agotadora de seis
años de violencia anteriores, cuando los mexicanos fueron desplazados,
aterrorizados o asesinados por los cárteles del narcotráfico, por las fuerzas
de seguridad mexicanas, o con demasiada frecuencia por la colusión de ambos.
Al igual que en el caso de Alexander Mora Venancio.
Al describir lo que sintió al enterarse de la confirmación de la muerte de su
hijo, el padre de Alejandro pronunció, “sentí que me arrancaron parte de mi
corazón.” A medida que su familia y amigos reparan sus corazones lastimados y
lloran al joven que conocían, el mundo llora con ellos y espera contra toda
esperanza que los otros 42 se encuentren con vida. Las semillas del
imperialismo estadounidense en Colombia, México y otros países en las Américas
siguen dando frutos para los intereses poderosos. Pero como la frase popular
que ha estado circulando desde la masacre de Ayotzinapa declaró: "Quisieron
enterrarnos. Pero no sabían que también éramos semillas ".
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