Ciudades Modelos: El nuevo experimento neoliberal en Latinoamérica

Por Elizabeth Perkins, Equipo de APP Honduras

La competición. Es un concepto inherente a la meritocracia estadounidense, la mentalidad que uno se puede zafar de cualquier situación difícil con suficiente determinación. La política económica del neoliberalismo promueve la competición como herramienta para promover el desarrollo económico. Se fundamenta en la suposición (hipótesis?) de que la competición incrementa la calidad y eficiencia. Para que un país ‘en desarrollo’ pueda crear trabajos desesperadamente necesitados, es necesario competir con otros países en atraer inversión extranjera. Esta ideología se manifiesta en los Programas de Ajustamiento Estructural (enlace en ingles), los tratados de libre comercio (enlace en ingles) como DR-CAFTA (enlace en ingles), y el establecimiento de zonas francas. Más recién, el proyecto de las Ciudades Modelos en Honduras ha capturado la imaginación de los economistas que promueven el libre comercio y la inversión extranjera como la forma de salir de la crisis económica del país.

Las promesas de desarrollo no son nuevas para Latinoamérica. Hace casi una década, DR-CAFTA consolidó políticas neoliberales que ya estuvieron puestas en práctica. Cuando CAFTA fue firmado en 2006, se le dijo al pueblo de Centroamérica que un incremento al comercio, a la inversión extranjera directa, a la disponibilidad del trabajo, y a la exportación provocaría un aumento de los ingresos y de la calidad de vida. En 2010, cuando Honduras decidió aumentar el salario mínimo 6.5%, 16 maquilas se mudaron a Nicaragua, donde el salario mínimo estaba a la mitad del de Honduras. Este es solo un ejemplo de la manera en que este tratado prioriza las corporaciones estadounidenses ante de los derechos de los trabajadores. Parece que el próximo paso en una progresión de políticas neoliberales impuestas en Centroamérica es la ley de ciudades modelos en Honduras, recientemente aprobada bajo el nombre: Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).

Desde los finales de 2010, Honduras se encuentra debatiendo la cuestión de las ciudades modelos en su territorio. En su encarnación mas recién, las ciudades son definidas como divisiones administrativas del país, sujetas al gobierno central pero con autonomía en cuanto a los sistemas políticos, económicos y judiciales, con reglas claras del mercado que permiten un alto nivel de competición. Dicho en otras palabras, son regiones dentro de un país con poco control o regulación gubernamental. La meta es atraer inversión y generar empleo en regiones deshabitadas del país o en municipalidades solicitando la conversión por consulta popular.

Ha sido un debate intenso promovido principalmente por los representantes del Partido Nacional Porfirio Lobo Sosa (ex presidente ‘elegido’ después del golpe de 2009) y Juan Orlando Hernández (ex líder del Congreso Nacional y Presidente actual). Para que Honduras pudiera acomodar esta idea nueva, primero tuvieron que cambiar la constitución, y luego fue necesario aprobar la ley por un voto mayoritario por parte del Congreso. Aunque esencialmente igual, dicha ley ha pasado por varias encarnaciones. Nació como las ciudades modelos (enlace en inglés) de Paul Romer, luego se redactó como ley, la propuesta conocida como Regiones Especiales de Desarrollo (RED), y actualmente la ley se conoce bajo el nombre de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE). Al inicio, la Corte Suprema de Justicia declaró que la ley de las RED fue inconstitucional en octubre de 2012. Solo dos meses después en lo que ahora se conoce como un ‘mini-golpe,’ 4 del lxs 5 jueces que rechazaron la ley fueron destituidxs de sus puestos. La ley de las ZEDE fue aprobada el siguiente año. El mes pasado nombraron Choluteca como el primer sitio ZEDE.

“Ciudades modelos = Expulsión del pueblo Garífuna de Honduras.” Grupos de resistencia protestan las ciudades modelos frente el Congreso Nacional en Tegucigalpa en enero de 2013. Foto por Elizabeth Perkins
 

Los grupos de la resistencia hondureña citan “una enorme inequidad y brecha social, la cual se incrementó a partir del golpe de estado.” La desigualdad socioeconómica se hace cada vez más drástica, mientras el Congreso Nacional impone más y más leyes neoliberales, como la ley ZEDE. Representantes del FNRP presentaron argumentos en la Corte Suprema de Honduras en febrero pidiendo que lxs jueces declaren la ley ZEDE inconstitucional, como es básicamente la misma ley de RED declarada así en 2012.

Mark Klugmann (enlace en inglés), un norteamericano nombrado por Juan Orlando como el promotor de las ZEDE en el exterior, recientemente dio una entrevista al periódico hondureño El Tiempo. El mismo dijo: “Creo que CAFTA abrió nuevas posibilidades y Honduras, con las ZEDE, se convierte en el lugar más atractivo de la zona CAFTA. Estamos escuchando que personas que tienen empresas en los países vecinos y que están exportando bajo CAFTA, quieren trasladarse a Honduras.” Sostienen, que la ley de las ZEDE ayudará a disminuir la migración (enlace en inglés) porque ofrece varias oportunidades de trabajo.

La Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH) comentó en su blog, “La palabra empleo se ha convertido en el señuelo para capturar la imaginación de un pueblo pauperizado y sumido adrede, en la ignorancia y desinformación.” Uno de los problemas más grandes con este plan es que no hay un pedazo de tierra suficientemente grande para acomodar una ciudad de millones de personas. Comunidades campesinas e indígenas como OFRANEH, cuyas comunidades han sido nombradas como sitios posibles de ZEDE, están preocupadas.

Según OFRANEH, la Comisión para la Erradicación del Racismo y Discriminación (CERD) de las Naciones Unidas en su informe de febrero expresó preocupación sobre el impacto que va a tener esta ley ZEDE en grupos indígenas y afrodescendientes. El informe urge el gobierno hondureño a reevaluar la compatibilidad de la ley con tratados internacionales de derechos humanos cuya ratificación protegen a los grupos indígenas y afrodescendientes.

“El partido nacional desde su fundación se ha distinguido por una actitud paradójicamente antinacionalista, siendo en estos períodos donde han manejado las riendas del poder, que se han caracterizados en la entrega de territorio nacional y la subordinación a las compañías bananeras,” dice OFRANEH. Según los intereses de las grandes corporaciones, no los del pueblo, el gobierno hondureño sigue adelante con las ZEDE. Aunque el gobierno estadounidense no está directamente involucrado en este proyecto, promoverá intereses inversionistas de EE.UU., ampliando la brecha cada vez más grande entre los ricos y los pobres en Honduras y el mundo entero.

Charter Cities: The new neoliberal experiment in Latin America

By Elizabeth Perkins, WfP Honduras Team

Competition. It’s an inherent concept of U.S. meritocracy, the ‘pull yourself up by the bootstraps’ mentality. (That’s assuming everyone has boots in the first place). Neoliberal economic policy promotes competition as a tool for economic growth. It is based on the assumption that competition improves quality and efficiency. For a ‘developing’ country to create desperately needed jobs, it must compete with other countries to attract foreign investment. This ideology is manifested in Structural Adjustment Programs, free trade agreements like DR-CAFTA and the establishment of free trade zones. Most recently, Charter Cities in Honduras have captured the imagination of economists touting free trade and foreign investment as the country’s way out of financial crisis.

Promises of development aren’t new to Latin America. Nearly a decade ago, DR-CAFTA consolidated neoliberal policies that were already in place. When CAFTA was passed in 2006, Central Americans were told that increases in trade, foreign direct investment, job availability, and exports would raise incomes and standards of living. In 2010, when Honduras decided to raise its minimum wage 6.5%, 16 textile factories picked up and moved to Nicaragua, where minimum wage was half that of Honduras. This is just one example of how this agreement prioritizes U.S. corporations over the rights of workers. The next step in a progression of neoliberal policies being forced on Central America seems to be Charter Cities in Honduras, recently passed into law with the name Zones for Employment and Economic Development (ZEDE).

Since the end of 2010, Honduras has been debating the idea of charter cities in its territory. In the most recent incarnation, the cities are defined as administrative divisions of the country, subject to central government but given autonomy with political, economic, and judicial systems with clear market rules that allow high levels of competition. In other words, they are regions within a country with little governmental control and regulation. The goal is to attract investment and generate employment in uninhabited regions of the country or in municipalities applying for conversion by referendum.


It has been an intense debate pushed primarily by National Party representatives Porfirio Lobo Sosa (former president ‘elected’ after the 2009 coup) and Juan Orlando Hernandez (former leader of the National Congress, and current President). For Honduras to accommodate this new idea, first the constitution had to be changed, after which the law needed a majority vote in Congress. Though essentially the same, it has passed through different incarnations – born as Paul Romer’s charter cities, then drafted into law as Special Development Regions (RED), and most recently passed as the Special Economic Development Zones (ZEDE) law. The first time around, the Honduran Supreme Court of Justice declared RED’s unconstitutional in October 2012. Just two months later in what became known as a ‘mini-coup,’ 4 of the 5 justices who passed the ruling were removed from their posts. ZEDE’s were passed into law the following year. Last month Choluteca was declared as a site for the first ZEDE.

“Model Cities = Expulsion of Garífuna People of Honduras.” Resistance groups protest model cities outside National Congress in Tegucigalpa in January 2013. Photo by Elizabeth Perkins

Resistance groups cite “an enormous inequality and social divide, which has been increasing since the 2009 coup d’état.” Socioeconomic inequality is becoming more drastic, as the National Congress pumps out more and more neoliberal laws, like the ZEDE. National Front of Popular Resistance (FNRP) representatives presented arguments to the Honduran Supreme Court in February (link in Spanish) requesting the justices declare the ZEDE law unconstitutional, as it’s essentially the same RED law that was declared so in 2012.

Mark Klugmann, named by Juan Orlando as the North American representative to promote the ZEDE externally, was recently interviewed by Honduran newspaper El Tiempo (article in Spanish). He says, “CAFTA opened up new possibilities and Honduras becomes the most attractive place for investment with the ZEDE. Investors in neighboring countries are looking to relocate to Honduras.” He argues that the ZEDE will help slow migration because it will offer a variety of jobs.

The Black Fraternal Organization of Honduras (OFRANEH) commented on their blog (link in Spanish), “The word employment has become the lure to capture the imagination of a people made poor and intentionally sunk into ignorance and disinformation.” One of the biggest problems with this plan is that there is no piece of uninhabited land large enough for a city of several million people. Small farming communities and indigenous groups like OFRANEH, whose homes have been named as potential ZEDE sites, are worried.

According to OFRANEH, the United Nations Commission for the Eradication of Racism and Discrimination (CERD) in their report (in Spanish) last month expressed concern for the impact the ZEDE law will have on indigenous and afro-descendant groups. The report urges the Honduran government to reevaluate the compatibility of the law with international human rights treaties it has signed protecting these groups.

“The National Party, since it’s founding, has distinguished itself with a paradoxical anti-nationalist attitude, the periods in which they’ve been in power being characterized by the turning over of national territory and subordination to the banana companies,” states OFRANEH. In the interest of big business, not that of the people, the Honduran government is moving forward with the ZEDE law. Though the U.S. government is not directly involved in this project, it will serve to further U.S. investment interests, widening the ever-growing gap between rich and poor in Honduras and the rest of the world.