Otro Plan Colombia no es la solución a la crisis migratoria centroamericana

Julia Duranti, APP Colombia

Mientras el Congreso menos productivo en la historia de los EE.UU. se fue de vacaciones en agosto sin abordar la crisis de los niños refugiados en Centroamérica, hay otros que opinan sobre posibles soluciones. En un editorial de los Los Angeles Times del 5 de agosto, Luis Alberto Moreno, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, sugirió que los congresistas miraran hacía el sur, a Colombia, y que usaran el Plan Colombia (paquete de ayuda valorado en 8.000 millones de dólares)  como un modelo de asistencia estadounidense para los países del Triángulo Norteño: El Salvador, Guatemala y Honduras. El 18 de agosto, Daniel Runde del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales repitió este llamado en un blog para Foreign Policy.

Esta recomendación es errónea por una cantidad de razones. El Plan Colombia nunca tuvo la intención de ser un plan de desarrollo, sino una estrategia antinarcóticos y contrainsurgencia en una época en que la más grande insurgencia guerrillera, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), representaba una seria amenaza al estado colombiano. En ese momento, Colombia también era el mayor productor de cocaína destinada a los EE.UU. De acuerdo con la doctrina de erradicación desde el lado de la oferta, fomentada la Guerra anti Drogas, los políticos planteaban que podrían erradicar el problema de las drogas en los EE.UU mediante la eliminación de los cultivos de coca—que contienen el compuesto básico necesario para producir la cocaína—en lugar de reducir la demanda de cocaína.

Estaban equivocados. Aunque el cultivo de coca en Colombia se redujo inicialmente cuando el Plan Colombia entró en vigencia en el año 2000, desde entonces la producción se ha estabilizado alrededor de 48.000 hectáreas, y los cultivos de coca en los países andinos vecinos (Perú y Bolivia) se han incrementado. Casi 15 años después, la producción total de cocaína entre los tres países ha bajado, pero éste es un fenómeno complejo que también tiene que ver con cambios en la demanda, como la reducción del consumo de cocaína en los EE.UU (donde el consumo de la heroína está aumentando). Colombia sigue siendo el mayor proveedor de cocaína en los EE.UU, con el 95 por ciento del mercado. Grupos violentos siguen peleando por acceso a las rutas de tráfico y los laboratorios.

El equipo y entrenamiento militar brindados a las fuerzas públicas de Colombia como parte del Plan Colombia simplemente arrojó más leña al fuego en un conflicto por tierra y recursos naturales que lleva ya más de 50 años. Además de la guerrilla, este conflicto involucra a otros actores armados: los escuadrones de muerte paramilitares, los cuales el gobierno colombiano ahora denomina bandas criminales. El ejército colombiano tiene una larga e ilustre historia de colaboración con estos grupos para cometer algunas de las peores violaciones a los derechos humanos en la guerra, incluyendo asesinatos, desapariciones forzadas, tortura y asalto sexual.

En una práctica especialmente macabra conocida como los falsos positivos, el ejército colombiano asesinó sistemáticamente a civiles inocentes y los vistió de guerrilleros para luego presentarlos como bajas, con el fin de ganar premios como bonos y vacaciones.  Vale mencionar que ésta práctica fue desarrollada como parte de la mentalidad de bajas promovida en el entrenamiento estadounidense. El gobierno colombiano ha abierto investigaciones en más de 5.000 casos de falsos positivos desde que el escándalo salió a la luz en el 2005.

Es cierto que los homicidios y el crimen violento han disminuido desde que comenzó el Plan Colombia, pero sólo porque el conflicto se ha desplazado hacia las regiones más rurales del país. Los asesinatos ahora son más enfocados y los actores armados ilegales utilizan cada vez más las amenazas y las desapariciones forzadas, las cuales son más difíciles de clasificar como hechos políticos. Los periodos de tranquilidad relativa en ciudades históricamente violentas como Medellín y Cali suelen ser más producto de la victoria de un grupo criminal que ejerce control total en la zona o de treguas entre bandas rivales, y no tanto de un mejor desempeño por parte de las fuerzas públicas, quienes continúan apoyando por lo menos tácitamente a las estructuras criminales en muchas regiones. Políticos de todo nivel, desde el local al nacional, se han visto implicados en estas estructuras narcoparamilitares.

Juntas, las agendas agresivas antinarcóticos y contrainsurgencia impulsadas por el Plan Colombia y financiadas por los contribuyentes estadounidenses han empeorado la crisis de los derechos humanos en Colombia en vez de solucionarla. La población de personas desplazadas internamente ya llega  a los 5,7 millones (segunda en el mundo, sólo después de Siria). Los EE.UU nunca se han visto inundados de refugiados colombianos, pero esto se deba a las barreras geográficas, no a que los refugiados no existan.

El Tratado de Libre Comercio (TLC) con Colombia, otra estratégica de crecimiento muy promocionada, tampoco ha hecho mucho para mejorar la situación. La balanza comercial de Colombia con los EE.UU. se desplomó un 200 por ciento desde una superávit de $950 millones de dólares apenas el año pasado. Además, el crecimiento económico que Colombia ha percibido recientemente se limita a las industrias extractivas, las cuales  tienen impactos medioambientales serios y destructivos, y que ni siquiera fueron uno de los sectores priorizados bajo el TLC. A pesar de un compromiso declarado de mejorar el pésimo récord laboral de Colombia en el Plan de Acción Laboral, Colombia es todavía el país más peligroso para los sindicalistas, que siguen siendo amenazados y asesinados con impunidad.  Las condiciones laborales permanecen precarias, con el 60 por ciento de la fuerza laboral empleado informalmente y el 30 por ciento de la población viviendo en la pobreza.

Frente a estas cifras, es difícil argumentar que el Plan Colombia sea una solución para la crisis de los refugiados de Centroamérica, pero seguramente los poderosos lobbyists de defensa lo intentarán; de hecho, ya lo hicieron. La ayuda militar estadounidense a Colombia se ha reducido en años recientes, primero con el fin de incrementar la ayudar militar a México para luchar otra fracasada Guerra contra las Drogas como parte del Plan Mérida, y luego redujeron la ayuda a ambos países para priorizar la Iniciativa de Seguridad Regional de Centroamérica (CARSI por sus siglas en inglés). El desplazamiento de la producción y tráfico de drogas y la violencia que traen consigo (de Colombia a México, y ahora a Centroamérica) es el ejemplo perfecto de la desafortunada política antinarcóticos y anti delito de EE.UU, demostrando muchos más fracasos que éxitos.  Hasta que hagamos responsables a nuestros políticos de reconocerlo, seguiremos viendo miles de niños refugiados llegando a nuestras fronteras.

Declaración de la caravana por la paz y la democrácia en Colombia / Statement from the Caravan for Peace and Democracy in Colombia

Feliz día internacional de l@s trabajadores! Hoy concluye nuestra serie de blog enfocada en el comercio. Queremos agradecer a tod@s su participación y atención a estos temas importantes, y compartir un último post antes de irnos a observar la marcha del Primero de Mayo en Bogotá.

Del 21 a 1 de mayo, el sindicato nacional de trabajadores del sector agroalimentario de Colombia, SINALTRAINAL, coordinó una delegación internacional que visitó cuatro regiones del país. Delegad@s de siete países se reunieron con organizaciones comunitarias, sindicatos, defensores de derechos humanos y entidades del gobierno colombiano con el fin de examinar los impactos de las políticas del estado y de los multinacionales en el pueblo colombiano.

Aquí se puede encontrar sus conclusiones y su declaración política, que tocan temas de la militarización, la violencia contra defensores de derechos humanos y sindicalistas, la impunidad, los derechos de las víctimas y los impactos humanos y medioambientales de la falta de regulación de prácticas empresariales.

En solidaridad,
Equipo de APP Colombia


Happy International Workers Day! Today concludes our Trade Blog Series. We want to thank everyone for your participation and attention to these important issues, and share one last post before we head out to observe the May Day March in Bogotá. 

From April 21-May 1, Colombia's national Food Service Worker's Union, SINALTRAINAL, coordinated an international delegation that visited four different regions of the country. Delegates from seven countries met with community organizations, unions, human rights defenders and Colombian government entities to examine the impacts of both government and multinational policies on Colombian civil society.

Their conclusions and final statement, which touches on militarization, violence against unionists and human rights defenders, impunity, victims´ rights, and environmental and human impacts of largely-unregulated corporate practices, can be read here.

In solidarity,
WfP Colombia Team

Ciudades Modelos: El nuevo experimento neoliberal en Latinoamérica

Por Elizabeth Perkins, Equipo de APP Honduras

La competición. Es un concepto inherente a la meritocracia estadounidense, la mentalidad que uno se puede zafar de cualquier situación difícil con suficiente determinación. La política económica del neoliberalismo promueve la competición como herramienta para promover el desarrollo económico. Se fundamenta en la suposición (hipótesis?) de que la competición incrementa la calidad y eficiencia. Para que un país ‘en desarrollo’ pueda crear trabajos desesperadamente necesitados, es necesario competir con otros países en atraer inversión extranjera. Esta ideología se manifiesta en los Programas de Ajustamiento Estructural (enlace en ingles), los tratados de libre comercio (enlace en ingles) como DR-CAFTA (enlace en ingles), y el establecimiento de zonas francas. Más recién, el proyecto de las Ciudades Modelos en Honduras ha capturado la imaginación de los economistas que promueven el libre comercio y la inversión extranjera como la forma de salir de la crisis económica del país.

Las promesas de desarrollo no son nuevas para Latinoamérica. Hace casi una década, DR-CAFTA consolidó políticas neoliberales que ya estuvieron puestas en práctica. Cuando CAFTA fue firmado en 2006, se le dijo al pueblo de Centroamérica que un incremento al comercio, a la inversión extranjera directa, a la disponibilidad del trabajo, y a la exportación provocaría un aumento de los ingresos y de la calidad de vida. En 2010, cuando Honduras decidió aumentar el salario mínimo 6.5%, 16 maquilas se mudaron a Nicaragua, donde el salario mínimo estaba a la mitad del de Honduras. Este es solo un ejemplo de la manera en que este tratado prioriza las corporaciones estadounidenses ante de los derechos de los trabajadores. Parece que el próximo paso en una progresión de políticas neoliberales impuestas en Centroamérica es la ley de ciudades modelos en Honduras, recientemente aprobada bajo el nombre: Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).

Desde los finales de 2010, Honduras se encuentra debatiendo la cuestión de las ciudades modelos en su territorio. En su encarnación mas recién, las ciudades son definidas como divisiones administrativas del país, sujetas al gobierno central pero con autonomía en cuanto a los sistemas políticos, económicos y judiciales, con reglas claras del mercado que permiten un alto nivel de competición. Dicho en otras palabras, son regiones dentro de un país con poco control o regulación gubernamental. La meta es atraer inversión y generar empleo en regiones deshabitadas del país o en municipalidades solicitando la conversión por consulta popular.

Ha sido un debate intenso promovido principalmente por los representantes del Partido Nacional Porfirio Lobo Sosa (ex presidente ‘elegido’ después del golpe de 2009) y Juan Orlando Hernández (ex líder del Congreso Nacional y Presidente actual). Para que Honduras pudiera acomodar esta idea nueva, primero tuvieron que cambiar la constitución, y luego fue necesario aprobar la ley por un voto mayoritario por parte del Congreso. Aunque esencialmente igual, dicha ley ha pasado por varias encarnaciones. Nació como las ciudades modelos (enlace en inglés) de Paul Romer, luego se redactó como ley, la propuesta conocida como Regiones Especiales de Desarrollo (RED), y actualmente la ley se conoce bajo el nombre de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE). Al inicio, la Corte Suprema de Justicia declaró que la ley de las RED fue inconstitucional en octubre de 2012. Solo dos meses después en lo que ahora se conoce como un ‘mini-golpe,’ 4 del lxs 5 jueces que rechazaron la ley fueron destituidxs de sus puestos. La ley de las ZEDE fue aprobada el siguiente año. El mes pasado nombraron Choluteca como el primer sitio ZEDE.

“Ciudades modelos = Expulsión del pueblo Garífuna de Honduras.” Grupos de resistencia protestan las ciudades modelos frente el Congreso Nacional en Tegucigalpa en enero de 2013. Foto por Elizabeth Perkins
 

Los grupos de la resistencia hondureña citan “una enorme inequidad y brecha social, la cual se incrementó a partir del golpe de estado.” La desigualdad socioeconómica se hace cada vez más drástica, mientras el Congreso Nacional impone más y más leyes neoliberales, como la ley ZEDE. Representantes del FNRP presentaron argumentos en la Corte Suprema de Honduras en febrero pidiendo que lxs jueces declaren la ley ZEDE inconstitucional, como es básicamente la misma ley de RED declarada así en 2012.

Mark Klugmann (enlace en inglés), un norteamericano nombrado por Juan Orlando como el promotor de las ZEDE en el exterior, recientemente dio una entrevista al periódico hondureño El Tiempo. El mismo dijo: “Creo que CAFTA abrió nuevas posibilidades y Honduras, con las ZEDE, se convierte en el lugar más atractivo de la zona CAFTA. Estamos escuchando que personas que tienen empresas en los países vecinos y que están exportando bajo CAFTA, quieren trasladarse a Honduras.” Sostienen, que la ley de las ZEDE ayudará a disminuir la migración (enlace en inglés) porque ofrece varias oportunidades de trabajo.

La Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH) comentó en su blog, “La palabra empleo se ha convertido en el señuelo para capturar la imaginación de un pueblo pauperizado y sumido adrede, en la ignorancia y desinformación.” Uno de los problemas más grandes con este plan es que no hay un pedazo de tierra suficientemente grande para acomodar una ciudad de millones de personas. Comunidades campesinas e indígenas como OFRANEH, cuyas comunidades han sido nombradas como sitios posibles de ZEDE, están preocupadas.

Según OFRANEH, la Comisión para la Erradicación del Racismo y Discriminación (CERD) de las Naciones Unidas en su informe de febrero expresó preocupación sobre el impacto que va a tener esta ley ZEDE en grupos indígenas y afrodescendientes. El informe urge el gobierno hondureño a reevaluar la compatibilidad de la ley con tratados internacionales de derechos humanos cuya ratificación protegen a los grupos indígenas y afrodescendientes.

“El partido nacional desde su fundación se ha distinguido por una actitud paradójicamente antinacionalista, siendo en estos períodos donde han manejado las riendas del poder, que se han caracterizados en la entrega de territorio nacional y la subordinación a las compañías bananeras,” dice OFRANEH. Según los intereses de las grandes corporaciones, no los del pueblo, el gobierno hondureño sigue adelante con las ZEDE. Aunque el gobierno estadounidense no está directamente involucrado en este proyecto, promoverá intereses inversionistas de EE.UU., ampliando la brecha cada vez más grande entre los ricos y los pobres en Honduras y el mundo entero.

San José, Buenaventura: Zona cero del libre comercio en Colombia

Por Chelsey Dyer, Junta Regional de APP Sureste
 

El puerto de Buenaventura. Foto: Chelsey Dyer

Las casas que me rodeaban eran pequeñas, construidas de madera por las manos de los miembros de la comunidad que vivían en ellas y desarrollaban sus vidas dentro de sus paredes. El sabor a sal cosquilleaba mis labios. Las brisas frescas del mar cercano intentaban acogerme entre sus olas refrescantes, pero el calor del día y las emociones no se escaparon de mí. Pisaba con cuidado, observando la belleza única de mis alrededores. De repente mis pies se tropezaban sobre las conchas en el suelo mientras trataba de entender historias de asesinatos, luto y esperanza. Estaba en San José, o Sanyu, una comunidad en la ciudad portuaria de Buenaventura, Colombia, en reuniones con las comunidades como parte de una delegación de Acción Permanente por la Paz. Ese día escuché acerca de cómo el gobierno municipal amenazaba a esta comunidad con reubicación para hacer espacio para un malecón, y por un momento breve, entré en la realidad cotidiana de la tensión y la frustración del libre comercio. Una realidad de casas allanadas por el turismo y un patrimonio cultural abandonado por el beneficio. Una realidad de la cual no pudieron escapar los habitantes de San José.

Había indivíduos cuyas familias vivían en la comunidad desde el alba de su existencia, familias que se habían trasladado allí después de ser desplazadas de sus barrios originales, y criminales que pretendían controlar el barrio con el terror y el miedo. Todos ya han sido impactados de forma irreversible por el Tratado de Libre Comercio EE.UU-Colombia. Aquí, en la vida cotidiana el libre comercio no se trataba de pesos ni dolares. El libre comercio era el miedo. Era la inseguridad. Era la inestabilidad.

San José es uno de varios barrios afectado por el libre comercio en Buenaventura, una ciudad bulliciosa que contiene el puerto principal de Colombia que mueve alrededor del 60 por ciento de las importaciones y exportaciones de la nación. Sumado al comercio internacional portuario, la mayoría de la economía local de Buenaventura depende del mar, y tanto el gobierno nacional como el municipal pretende aprovechar de la ubicación costera de la ciudad para atraer proyectos de turismo más grandes y ambiciosos de turismo, que pareciera priorizar atraer a visitantes extranjeros que atender a las necesidades de sus propios ciudadanos.

En 2012, Colombia y los EE.UU implementaron un Tratado de Libre Comercio (TLC) que eliminó inmediatamente el 80 por ciento de los aranceles en bienes exportados. Los empresarios aseguraron que esta política del libre mercado maximizaría las ganancias, aumentaría el empleo y impulsaría el crecimiento económico. Comunidades como San José fueron excluidas del diálogo oficial, que nunca abordó la realidad de que era muy improbable que comunidades así compartieran este supuesto crecimiento.

Izquierda: Las lanchas tradicionales de los pescadores residentes de San Jose. Derecha: El barrio de San José contrasta con los grandes edificios detrás. Fotos: Chelsey Dyer

 Los miembros de la comunidad de San José todavía salen a pescar en sus lanchas tradicionales. Recolectan almejas, usando la carne para alimentarse y las conchas para construir los pisos de sus casas. El mar es más que una economía: es vida, cultura y mecanismo de autonomía y sostenibilidad para la gente. Sin embargo, con el apoyo del gobierno nacional, el gobierno municipal de Buenaventura está en el proceso de reubicar forzosamente a la comunidad a un barrio nuevo de casas baratas y prefabricadas que queda a kilómetros del mar. Nadie consultó esta decisión con la comunidad de San José. Nadie les informó de otras oportunidades económicas. No hay escuelas, clínicas de salud o otros servicios sociales en el nuevo y aislado barrio. Una comunidad que ha vivido del mar por mas de 70 años está siendo trasladada a un complejo lejos de su economía, comunidad y patrimonio actual.

Con sus voces silenciadas por las grandes empresas o ahogadas por el miedo, la esperanza de Buenaventura sobrevive pero la violencia en la ciudad sigue aumentando. La situación en Buenaventura apoya la idea de que cuando la gente no tiene acceso a alternativos económicas viables, generalmente escogen las opciones que tienen que ver con la violencia. En marzo, el presidente Juan Manuel Santos envió a 380 policías y 400 tropas de la armada a Buenaventura para combatir la violencia. Pero como expuso un informe por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, “Los regulares dicen, 'que no pueden hacer nada, que su función es cuidar la riqueza.' Esto ocurrió hace pocas semanas cuando la gente fue en ayuda de los militares para evitar que una persona fuera asesinada por paramilitares.” Los líderes comunitarios han repetido varias veces que no quieren mas pie de fuerza ni armas en Buenaventura, sino que se garantice la seguridad por medio de la inversión social en su ciudad para crear trabajos, oportunidades económicas y comunidades sanas. Según la prensa, Buenaventura genera alrededor de $2 millones USD en ganancias tributarias para Colombia, pero solo $150.000 USD de ese total está reinvertido en la ciudad, y nada se filtra a barrios como Sanyu o a los trabajadores portuarios y sus familias. Después de vender el Libre Comercio bajo falsas pretensiones, la estrategia del gobierno ha sido enviar mas tropas a la ciudad que ya es la mas militarizada en Colombia y desplazar a aquellas personas que impide los planes para el “desarrollo.” Más armas, más violencia, mas miedo. Y más desplazamiento para que los ojos no vean y los corazones no sientan los problemas, y para que la apariencia del problema se maquille mientras se desconocen las causas originales.

¿Qué hemos aprendido del DR-CAFTA en casi una década más tarde?: Comprendiendo la realidad nicaragüense

Por Ileana Valle, Equipo de APP Nicaragua

Según el Banco Mundial, Nicaragua fue capaz de mitigar la crisis económica global en 2008. De hecho, ha tenido un crecimiento económico impresionantemente estable durante la última década. En 2012, el crecimiento del PIB de Nicaragua fue del 5,2 %, ligeramente superior al crecimiento de 5,1 % observado en 2011. ¿Podría ser esta el Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica, y los Estados Unidos llenando sus expectativas? Este ha sido el debate.

Volvamos a 2003, cuando la retórica en torno a este polémico acuerdo se centró principalmente en cómo el TLC no sólo impulsaría la economía de Estados Unidos, sino también, sin ayuda de nadie, iba a sacar Centro América y la República Dominicana de la pobreza.

Se completó el proceso de negociación inicial con Nicaragua en un tiempo récord - un año. Esto por sí solo creo una nube dudosa sobre las verdaderas intenciones detrás del acuerdo. Dentro de este marco de tiempo, sólo unos pocos estaban realmente presentes en la mesa de negociaciones. Mario Arana, miembra de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), y Azucena Castillo, Gerente General de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN) fueron algunos de los representantes nicaragüenses nombrado por el entonces presidente Enrique Bolaños. ¿Pero qué paso con la inclusión de los pequeños productores? Desde el principio, en el lado nicaragüense, vimos la escala desplazándose hacia las grandes empresas en lugar de todas las partes involucradas. Como hemos aprendido del TLCAN, este tipo de acuerdos unilaterales afectan negativamente a los pequeños productores cuya subsistencia depende de su pequeña producción. Ellos luchan por competir con las corporaciones agrícolas masivas de los EE.UU. que cuentan con las políticas de subsidios. Así que sin duda, este acuerdo no es muy justo dependiendo de qué lado de la dinámica de poder se encuentre.

Aunque la evidencia concreta a favor o en desacuerdo del TLC aún no se ha encontrado, me reuni con un economista nicaragüense para poner todos los factores que contribuyen a esta realidad compleja, en perspectiva.

Industria de Res

En primer lugar, la carne de res de Nicaragua es conocida por ser una carne de calidad global superior y más saludable, que su contraparte norteamericana. Además, Nicaragua es el principal exportador de carne de res a Costa Rica y El Salvador, y el número 2 detrás de los EE.UU., a Guatemala (USMEF.org 2014). Ahora pro medio del TLC, la industria de la carne estadounidense ha comenzado a importar en Nicaragua, y el resto de Centro América, a un costo significativamente más bajo - más bajo que el costo de producción de carne local en Nicaragua. Además, la gigante cadena de tiendas depredador Wal-Mart, se ha beneficiado de forma cómoda y se ha convertido en un competidor directo no sólo con su venta de carne de res estadounidense, sino también con su dominio de supermercados en Nicaragua. Así que Wal-Mart se le facilita importar carne de res a Nicaragua con cargos de impuestos mínimos a través de las mismas cuotas establecidas entre Nicaragua y los EE.UU. En otras palabras, Wal-Mart puede aprovechar el menor costo para importar carne en Nicaragua y el resto de América Central con el fin de competir con carne de producción local y a la vez, compiten directamente con los supermercados locales.

¿Qué significa todo esto? Pues bien, teniendo en cuenta que Nicaragua ha sido exitosamente el principal exportador de carne en Centro América, y ahora está siendo amenazada la economía nicaragüense en general. Más importante aún, los productores locales no pueden competir de manera realista con estas exportaciones - así que ¿en dónde se estipula en el TLC medidas de protección a los pequeños productores? Además, ¿será que la economía nicaragüense se beneficia de los incrementos de ventas de Wal-Mart? Por supuesto que no. Estos ingresos vuelven a los EE.UU.

Entonces, ¿cómo podemos explicar el crecimiento económico del que Nicaragua ha podido gozar?

Diversificación de cultivos

La comunidad agrícola ha logrado mantenerse a flote gracias a sus esfuerzos de diversificación exitosos. Agricultores nicaragüenses cambian lo que cultivan de manera que vaya cambiando la demanda internacional. Como resultado, varían sus cultivos de año en año. Además, entre las mayores exportaciones de Nicaragua está el café – debido a su manera de cambiar sus cultivos, les permitió beneficiarse considerablemente de la sequía que ocurrió en Brasil, que hizo que el precio del café se disparara. Por último, el oro es otra de las mayores exportaciones de Nicaragua; por lo que es importante mencionar que tanto el café como el oro - cuyas ventas constituyen la mayor parte del PIB de Nicaragua - son industrias no reguladas por el TLC.

Nuevos mercados

Buscando nuevos mercados es probablemente uno de los factores más importantes en la dinámica económica de Nicaragua. Nicaragua ha exitosamente podido participar en nuevas oportunidades de mercado con la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA). ALBA es una alternativa a los acuerdos de libre comercio del norte que fue iniciado por Venezuela y Cuba - liderados por Hugo Chávez y Fidel Castro, respectivamente.

A través de este acuerdo, Nicaragua es capaz de exportar el arroz que ya no puede competir con el arroz estadounidense que entra a Nicaragua, a Venezuela. Este es uno de otros granos básicos que han comenzado a exportar a Venezuela. Estas estrategias combinadas han aliviado los efectos del TLC, y han contribuido en gran medida al crecimiento continuo. Según el economista que consultamos, las cosas se pondrían feas si ALBA dejaría de existir.

Entonces, ¿se han cumplido las expectativas de DR -CAFTA? Lejos de eso. Creo que se ha creado un espacio difícil en donde la capacidad de recuperación del pueblo de Nicaragua, ha jugado papel importante. La dependencia en la diversificación, en las industrias que no están reguladas por el TLC, y su participación en nuevas oportunidades de mercado les ha permitido no sólo sobrevivir, sino también mantener un crecimiento continuo. Así que al final, ¿quién gana con el TLC? Es evidente que son los EE.UU. y algunas grandes corporaciones privadas nicaragüenses - definitivamente no los pequeños agricultores nicaragüenses. ¿Qué hemos aprendido? Nicaragua ha tenido que ir en contra de - en lugar de trabajar en conjunto - el poder económico masivo que es los EE.UU.

El Impacto del TPP, Segunda Parte

Josh Wise, Coalición por el Comercio Justo de Minnesota

Ayer leímos una introducción al Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica (TPP) y exploramos algunas de las maneras en que estos tipos de acuerdos de libre comercio dan prioridad a las empresas y perjudica al sector trabajo de todos los países involucrados. Hoy vamos a hablar un poco más sobre lo que hace al TPP una versión especialmente peligrosa de los acuerdos de libre comercio anteriores y lo que podemos hacer para impedirlo.

Cuando se negoció el TLCAN, se trataba en gran parte con mercancías - artículos tangibles. Mientras ha avanzado la tecnología, también se ha incrementado dramáticamente el comercio de servicios como la banca, los seguros, los servicios jurídicos, asistencia médica, etc. El TPP pretende cubrir todos estos servicios y más, lo que significa que quedan muy pocos trabajos que no pueden ser subcontratados. El TPP haría más difícil para los gobiernos locales poner restricciones laborales y ambientales en las actividades empresariales, como salarios dignos o requisitos de huella de carbono. Parte del lenguaje del TPP también podría allanar el camino para la desregulación de los servicios públicos como la recolección de basura, servicio de agua y otros servicios públicos, que fomentaría que las grandes corporaciones extranjeras vengan y privaticen los servicios, pagando salarios bajos y rompiendo los sindicatos del sector público en el proceso. A menudo las empresas aceptan una pérdida para ganar una oferta, y una vez que los bienes públicos son vendidos, suben el precio y dejan a los gobiernos locales con una falta de servicios.

Y si los gobiernos locales tratan de defenderse, podrían abrirse a una controversia entre el inversionista y el Estado. Estos permisos por impugnación legal, los cuales comenzaron con el TLCAN, han dado el derecho a las empresas a demandar a los gobiernos en el tribunal de comercio extrajudicial, y se han utilizado para impugnar desde la prohibición de la fractura hidráulica hasta la asistencia sanitaria universal, además de una serie de regulaciones ambientales.

Pero los bienes y servicios no son todos. Igual a otros tratados de libre comercio, el TPP también incluye un capítulo sobre propiedad intelectual que establece esencialmente el control sobre la circulación de ideas y extiende drásticamente las leyes de los derechos de autor, los cuales potencialmente afectan mucho, desde las patentes sobre medicamentos hasta nuestra libertad de usar el Internet. Esto no sólo va a costar vidas, sino que está en conflicto directo con cualquier idea teórica de "libre comercio". La versión de "libre comercio" que venden en estos acuerdos significa protección para las grandes corporaciones, puro y simple.

Debe estar muy claro ahora que estos acuerdos no sólo producen políticas dañinas a la calidad de vida global, sino que actúan como un asalto directo a nuestras instituciones democráticas y la capacidad de las comunidades locales para promulgar las leyes que más concuerden. La buena noticia es que el público está de acuerdo en gran parte. Las encuestas han mostrado que menos del 25 por ciento de los estadounidenses piensa que la política de libre comercio ha sido buena para el país, y que más de dos tercios de la población cree que dicha política reduce empleos en el país. Cuando hayamos tenido la movilización de las masas contra la globalización corporativa en los Estados Unidos, habremos ganado. Ganamos contra la OMC después de la batalla de 1999 en Seattle, y ganamos contra el Área de Libre Comercio de las Américas después de las protestas de 2001 en Miami. La ÚNICA manera en que estos acuerdos pasan es bajo un velo de secreto. Los principales medios de comunicación apenas han informado sobre el TPP; mientras tanto, el presidente está presionando al Congreso para aprobar la legislación de la "Vía Rápida", o la Autoridad de Promoción del Comercio. La Vía Rápida significaría que una vez que un acuerdo comercial está completado y presentado al Congreso (y así finalmente hecho público al resto de nosotros también), el Congreso tendría que votar dentro de los siguientes 60 días, limitar el debate y no ofrecer enmiendas, además el poder ejecutivo puede escribir la propuesta de ley final que implementaría oficialmente el TPP.

Entonces, ¿qué podemos hacer para vencer el TPP? La primera cosa que tenemos que hacer en Estados Unidos es vencer a la Vía Rápida. Sin la Vía Rápida, es muy poco probable que el TPP pasare en el Congreso o que ni siquiera sea terminado de  negociar. La buena noticia es que estamos en el camino para lograrlo. El año pasado, más de 150 representantes demócratas y casi 30 republicanos firmaron una carta de oposición a la Vía Rápida del Presidente. Al mismo tiempo, la mayoría de los estadounidenses de todo el espectro de los partidos políticos se oponen a la legislación de la Vía Rápida. Mientras organizamos una base de gente en todo el país estamos convenciendo uno por uno a los miembros del Congreso para construir una mayoría en la oposición de la Vía Rápida. Cuando introdujeron la primera propuesta de ley de la Vía Rápida en enero, recibió una crítica generalizada y en este momento está prácticamente muerta, pero una nueva propuesta de ley podría ser introducida en cualquier momento.

¡Por eso necesitamos su ayuda! Llame a su representante y a su senador para decirles que ninguna forma de la Vía Rápida es aceptable. Podemos tener un sistema robusto de comercio internacional enfocado en las personas, que promueva los derechos humanos y mejore la calidad de vida. Pero no podemos hacerlo con el antidemocrático y  opaco modelo actual, y ciertamente no podemos hacerlo con la Vía Rápida. Hasta que las negociaciones comerciales cambien fundamentalmente para ser más transparentes y dar la misma voz a todos, el TPP y otros acuerdos continuarán la carrera mundial hasta el fondo. Todo depende de nosotros para organizarnos y cambiar la política comercial en una carrera hacia la cima!