The United States leads the world in incarceration with 2.2 million people in federal and state prisons and local jails. The “war on drugs” over the last three decades has fueled this incarceration boom. About half a million people are incarcerated for a drug offense today, compared to an estimated 41,000 in 1980.
In the 1980s fear about drugs – particularly with the newest drug at the time, crack cocaine – created a political environment that relied on a punitive approach to substance abuse by legislating long sentences for drug offenses at the federal and state levels. Lack of services made low-income and communities of color even more vulnerable to crack and the “war on drugs” targeting users and sellers.
The Anti-Drug Abuse Acts of 1986 and 1988, signed by President Ronald Reagan, included mandatory penalties for crack cocaine offenses that were the harshest ever adopted for low-level drug offenses. One of the most infamous provisions was the 5-year mandatory sentence for first-time simple possession of five grams of crack cocaine, the equivalent weight of two sugar packets.
At the time, popular imagery viewed crack cocaine as a social menace, more dangerous than powder cocaine in its effects on the brain. As a result, the new law treated crack cocaine offenses differently, despite the fact that crack cocaine is made by cooking powder cocaine with baking soda and water. Mandatory minimum sentences for powder cocaine offenses required 100 times the amount of crack cocaine to receive the same sentence. This distinction contributed to an overwhelming racial disparity in the federal prison system, where 80 percent of persons serving time for crack offenses are African American.
The uneven approach to federal cocaine sentencing was quickly adopted by many state governments, some of which enacted policies even more extreme than those being set at the federal level. For example, in 1990 Oklahoma set a 6-to-1 quantity based sentencing disparity that required a ten-year mandatory minimum sentence for possessing five grams of crack cocaine or 28 grams of powder cocaine.
After decades of research and debate on the impact of long mandatory sentences for crack cocaine and debunking the myths associated with its use and addiction, President Barack Obama signed the Fair Sentencing Act in August of 2010. The legislation reduced the cocaine sentencing disparity by eliminating the mandatory minimum sentence for any crack offense under 28 grams. It also eliminated the mandatory minimum sentence for simple possession of crack cocaine. This legislation was passed with bipartisan support and was a milestone in the movement towards more fair and proportionate drug sentencing. However, there is a need for continued advocacy at the state level, where 12 states --including California and Alabama -- also maintain sentencing disparities.
Today, policymakers face difficult choices that balance funding prisons with education, health care and other services. Limiting the harsh sentencing policies that were imposed as part of the nation’s “war on drugs” will enable funds to be reallocated to community services that strengthen neighborhoods and offer a more fair approach to addressing crime.
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Grietas en el sistema: La guerra contra las drogas de EE.UU. y la agenda de reforma en proceso
Por Nicole D. Porter, The Sentencing Project
Los Estados Unidos lidera el mundo en encarcelamiento con 2,2 millones de personas en prisiones federales y estatales y cárceles locales. La "Guerra Contra las Drogas" durante las últimas tres décadas ha impulsado este boom de encarcelamiento. Casi medio millón de personas están en la cárcel hoy en día por ofensa de drogas, en comparación a unas 41.000 en 1980.
En la década de los 80 el temor de las drogas - especialmente de la droga más nueva en el momento, el crack - creó un ambiente político que se basaba en un enfoque punitivo para el abuso de sustancias por legislando leyes que estipularon largas condenas por delitos de drogas a nivel federal y estatal. La falta de servicios hacía que las comunidades de bajos ingresos y comunidades afro sean aún más vulnerables al crack y a la "Guerra Contra las Drogas" que dirigía sus medidas punitivas hacía los usuarios y vendedores.
La Ley Contra el Abuso de las Drogas de 1986 y 1988, firmada por el presidente Ronald Reagan, incluía condenas penales obligatorias para las ofensas de cocaína crack que eran las más duras jamás adoptadas por delitos de drogas en menor grado. Una de las disposiciones más infames era la sentencia penal obligatoria de cinco años hasta para personas que no tenían antecedentes delictivos y que solo portaban cinco gramos de cocaína crack, el peso equivalente a dos paquetes de azúcar.
En ese momento, el imaginario popular veía el crack como una amenaza social, más peligrosa que la cocaína en polvo en sus efectos sobre el cerebro. Como resultado, la nueva ley trataba de manera diferencial los delitos de cocaína crack, a pesar de que el crack se obtiene al cocinar cocaína en polvo con bicarbonato de sodio y agua. Condenas mínimas obligatorias para los delitos de cocaína en polvo requerían 100 veces la cantidad de cocaína crack para recibir la misma condena. Esta distinción ha contribuido a una abrumadora disparidad racial en el sistema penitenciario federal, donde el 80 por ciento de las personas que cumplen condena por delitos de crack son afroamericanos.
El enfoque desigual de las condenas federales para la cocaína fue rápidamente adoptado por muchos gobiernos estatales, algunos de los cuales han promulgado políticas más extremas que las que se establecían al nivel federal. Por ejemplo, en 1990 Oklahoma estableció una disparidad de 6-a-1 para la cantidad de droga que requería una condena mínima obligatoria de diez años por la posesión de cinco gramos de cocaína crack o 28 gramos de cocaína en polvo.
Después de décadas de investigación y debate sobre el impacto de las largas sentencias penales obligatorias para la cocaína crack y de desacreditar los mitos asociados con su uso y la adicción, el presidente Barack Obama firmó la Ley de Condenas Justas en agosto de 2010. La legislación reducía la disparidad entre las condenas penales por los delitos de cocaína al eliminar la sentencia penal mínima obligatoria por cualquier delito de crack menos de 28 gramos. También se eliminó la condena mínima obligatoria por solamente la posesión de cocaína crack. Esta legislación fue aprobada con el apoyo de ambos partidos y marcó un hito en el movimiento hacia una sanción penal de drogas más justa y proporcionada. Sin embargo, hay una necesidad de apoyo continuo a nivel estatal, donde 12 estados - incluyendo California y Alabama - también mantienen las disparidades en las condenas.
Hoy en día, los políticos se enfrentan a decisiones difíciles de cómo balancear el reparto de los recursos públicos entre el gasto carcelario y la educación, la salud pública y otros servicios. Limitar las políticas de sanciones penales duras que fueron impuestas como parte de la "Guerra Contra las Drogas" de los EE.UU. va a permitir que los fondos se reasignen a los servicios comunitarios que fortalezcan los barrios y ofrezcan un camino más justo para enfrentar a la delincuencia.
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