Thursday, August 20, 2015

Una mirada a la guerra contra las drogas a través de The New Jim Crow

Por Jane Hornsby

En un parque infantil en Minneapolis con mis primos pequeños, nos perseguimos, riéndonos. Ellos me cogen, fingen esposarme, y me empujan detrás de un banco, diciéndome que soy un tipo malo y ahora estoy en la cárcel. Acabo de leer varios capítulos de The New Jim Crow, y por eso me detengo en mi risa para pensar si debería decir algo. ¿Debería detener el juego para sentar a estos niños de tres y cuatro años de edad en un banco y explicarles la jerarquía racial, impulsado por el capitalismo, que encuentra un terreno fértil para la opresión en el sistema nacional de justicia penal? ¿Cómo puedo empezar a desafiar a sus convicciones fuertes, que la cárcel es un lugar para aquellos que son moralmente corruptos de alguna manera? ¿Cómo puedo expresar, en un lenguaje que ellos entiendan, la tragedia impresionante de todo esto? ¿O debería quedarme detrás del banco y simplemente aceptar que nosotros socializamos a nuestros hijos para que piensen en el policía como el héroe, y el hombre negro con capucha como el villano? Vuelvo a casa pensando en cuánto tiempo pasará hasta que mis primos se den cuenta de que es maravilloso que tengan control sobre sus propios vidas y destinos, que tengan opciones y recursos, y que esto es una bendición que supera la palabra “privilegio.”

Basta decir, mientras leo The New Jim Crow - que, si no has oído de él, es una preciosa bestseller de Michelle Alexander que describe el complejo prisión-industrial - he pensado mucho en la guerra contra las drogas recientemente. Pero no creo que totalmente entendí la conexión entre el sistema de castas estadounidense y las dinámicas internacionales del poder hasta que empecé a sumergirme en la política del Plan Colombia, la Iniciativa Mérida, y la realidad desalentadora del imperialismo estadounidense a través de una retórica de la seguridad y la buena voluntad hacia las comunidades latinoamericaas plagadas por la violencia de la guerra contra las drogas.

En The New Jim Crow, Michelle Alexander discute el sistema de prisiones estadounidense y la guerra interna contra las drogas a través de la lente del discurso de la raza y la clase en los EE.UU. Ella explica cómo, al enfocarse desproporcionadamente a la comunidad negra, este aparato funciona, bastante como Jim Crow, como una estructura opresiva que se diseñó para debilitar y privar de derechos a ciertos grupos demográficos. Con el movimiento de derechos civiles y el fin de la era formal de Jim Crow, las élites blancas estaban aterrorizadas por la amenaza de que una población negra liberada pudiera cambiar el orden económico y social en los EE.UU. Por lo tanto, ella dice, el sistema penitenciario ganó fuerza en su manera encubierta de justificar la discriminación en nombre de la seguridad. Alexander se refiere a esto como un "sistema bien disimulado de control social racista" y ofrece una definición alternativa de las estructuras de justicia penal, diciendo que históricamente han funcionado - y siguen funcionando - más como formas de control de la economía y mantenimiento de un cierto orden social o sistema de clases que como agentes de seguridad. Todo esto - las discusiones de seguridad, los sistemas de clases y la discriminación - parece sorprendentemente a la guerra contra las drogas en América Latina.

Es esencial darse cuenta de que este sistema de política que discute Alexander se manifiesta no sólo en todos los rincones de la vida en los EE.UU., sino en todo el hemisferio. Su marco teórico también nos ayuda a entender el papel de EE.UU. en una guerra contra las drogas que paraliza a América Latina. Al igual que el gobierno estadounidense invierte dinero en un sistema interno que militariza a la policía y encarcela proporciones enormes de las comunidades minoritarias, también ha exportado este modelo exacto en un esfuerzo a realizar la guerra contra las drogas en México y Colombia. Este sistema de control social resulta útil no sólo para reforzar las jerarquías internas basadas en la raza y la clase, sino también para apuntalar un orden global definido por la hegemonía estadounidense. Como un sistema de control social, la guerra contra las drogas funciona en América Latina, como lo hace en los EE.UU., para sistemáticamente quitarles poder, deshumanizar y silenciar a las poblaciones que amenazan el orden capitalista dominante al luchar por sus propios derechos y humanidad como una clase inferior, o simplemente al vivir sus vidas. La guerra que luchamos con nuestros miles de millones de dólares contra las fuerzas policiales de América Latina es una forma de exportar un sistema de control social que favorece los blancos, los ricos, los capitalistas.

Y esto, en su esencia, es una estrategia económica; es una guerra que está diseñada para ser interminable, no sólo en la forma en que crea un mercado autosostenible para las armas y otras industrias estadounidenses, sino también en la forma en que se divide sistemáticamente las clases sociales para asegurar un modelo proletariado-burguesía que sigue beneficiando a la élite. Al igual que la explotación de los trabajadores de América Latina por las corporaciones internacionales, esta estrategia por Washington lleva a cabo su objetivo fundamental, que es, como dice Alexander con respeto a los EE.UU., "restablecer un sistema de control que garantice una mano de obra sumisa y mal pagada," y "proteger los intereses económicos, políticos y sociales [de las personas adineradas]." En lo económico, las estructuras presentes en ambos el sistema penitenciario y la guerra contra las drogas tienen implicaciones profundas de clase - pero la participación de Estados Unidos en la guerra contra las drogas también se ha manifestado en maneras profundamente racistas. La investigación ha demostrado que así como la guerra contra las drogas en EE.UU. es principalmente una batalla contra las comunidades negras, los afectados por la guerra contra las drogas en el extranjero son desproporcionadamente las comunidades indígenas y afro-latinas.

Este modelo no existe porque es la única solución, o incluso porque es una solución en absoluto. La investigación ha demostrado que esta ayuda es en gran parte un fracaso al luchar verdaderamente contra la violencia de la guerra contra las drogas. Esto se debe parcialmente al origen de una gran parte de la guerra contra las drogas en la demanda interna, que no es una prioridad aquí en los EE.UU., y que se deja en suspenso en comparación con esta militarización inútil de las fuerzas policiales latinoamericanas. La militarización y el encarcelamiento masivo aumentan la probabilidad de los delitos violentos en vez de disminuirla, y, aunque hemos visto que el acceso al tratamiento para las drogas es la manera más efectiva de reducir la demanda, ignoramos este enfoque completamente. ¿Por qué? Porque simplemente no estamos interesados ​​en resolver verdaderamente el problema de las drogas. Sabemos cómo luchar en esta guerra, pero está en el interés de las élites y las empresas estadounidenses desfavorecer continuamente la clase baja. Por lo tanto, el sistema de castas de Alexander llega a ser no sólo uno de carácter nacional, sino internacional.

El momento de darse cuenta de la magnitud de estas conexiones es aterrador. Pero también es motivador. Todo esto significa que la lucha contra la militarización, la encarcelación en masa y el imperialismo en un solo lugar marcará una diferencia en otro. Tal vez tome un tiempo hasta que mis primos pequeños se den cuenta de la intensidad de la clase y la opresión racial en su nación y el mundo, pero sé que, van a tener la energía y la empatía, y el corazón para agitar las cosas y hacer un cambio.




Looking at the War on Drugs through The New Jim Crow

By Jane Hornsby

On a playground in Minneapolis with my young cousins, we chase each other around laughing. The two of them catch me, pretend to put me in handcuffs, and shove me behind a bench, telling me I’m a bad guy and I’m now in prison. Having just read several chapters of The New Jim Crow, I pause in my laughter to think whether or not to say anything. Do I halt the game to sit a 3 and a 4-year-old down on a bench and explain to them the capitalist-driven race-based hierarchy that finds fertile ground for oppression in the national criminal justice system? How do I begin to challenge their strong convictions that prison is a place for those who are somehow morally corrupt? How do I communicate, in language that they understand, the stunning tragedy of it all? Or do I stay behind the bench and just accept that we socialize our children to think of police as good guy, hooded black man as bad? I walk home thinking about how long it will be until my cousins realize how beautiful it is that they have control over their own life and fate, that they have options and resources, and that that is a blessing that far exceeds the word privilege.

Safe to say, reading The New Jim Crow—which, if you haven’t heard of it, is Michelle Alexander’s gorgeous, best-selling take-down of the prison industrial complex—I’ve been thinking about the War on Drugs a lot lately. But I don’t think I fully understood how connected the US caste system is to international dynamics of power until I began immersing myself in the politics of Plan Colombia, the Merida Initiative, and the daunting reality of US imperialism through a rhetoric of safety, security, and goodwill towards Latin American communities plagued by the violence of the Drug War.

In “The New Jim Crow,” Michelle Alexander discusses the US prison system and the domestic war on drugs through the lens of race and class discourse in the US. She explains how, by disproportionately targeting the black community, this apparatus functions, quite like Jim Crow, as an oppressive structure which at its core is designed to disenfranchise and disempower certain demographics. With the Civil Rights Movement and the end of the formal Jim Crow era, the white elite were terrified by the threat of a liberated black population shaking up the economic and social order in the US. Thus, she says, the prison system gained strength in its covert way of justifying discrimination in the name of safety. Alexander refers to this as a “well-disguised system of racialized social control” and offers an alternative definition of criminal justice structures, saying that historically speaking they have functioned—and continue to function—more as ways of controlling the economy and maintaining a certain social order or class system than as agents of safety. All of this—the discussions of safety, the class systems and discrimination, bares a striking resemblance to the Drug War in Latin America.

It’s essential to realize that this policy system she discusses causes ripples not just in every corner of life in the US, but throughout the hemisphere. Alexander’s framework also helps us to understand the role of the United States in a drug war that is crippling Latin America. Just as the U.S. government pumps money into a domestic system that militarizes police and incarcerates huge proportions of minority communities, they have also exported this exact model in an effort to tackle the Drug War in Mexico and Colombia. This system of social control proves useful not only for reinforcing domestic hierarchies based in race and class, but also in buttressing a global order defined by US hegemony. As a system of social control, the war on drugs functions in Latin America, as it does in the US, to systematically disempower, dehumanize, and silence populations that threaten the mainstream capitalist order by fighting for their own rights and humanity as a lower class, or merely by living their lives. The war we’re fighting with our billions of dollars to Latin American police forces is a way of exporting a system of social control that favors the white, the rich, the capitalist.

And this is at its core an economic strategy; it is a war that’s designed to be endless, not only in how it creates a self-sustaining market for US weapons and other industries, but in how it systematically divides social classes to secure a proletariat-bourgeoise model that continues to benefit the elite. Just as we see with the exploitation of Latin American workers by international corporations, this strategy by Washington completes its fundamental goal to, as Alexander says of the US, “reestablish a system of control that would ensure a low-paid, submissive labor force,” and “protect [the wealthy’s] economic, political, and social interests.” Economically, the structures present in both the prison system and the War on Drugs have profound class implications—but US involvement in the Drug War has manifested itself in profoundly racialized ways as well. Research has shown that just as the War on Drugs in America is primarily a battle against black communities, those affected by the Drug War abroad are disproportionately Afro-Latin American and indigenous communities.

This model does not exist because it is the only solution, or even because it’s a solution at all. Research has shown this aid to be largely a failure in truly fighting the violence of the Drug War. This is partly because so much of the drug war comes from issues of domestic demand that are not being made a priority here in the US, being placed on a back burner relative to this futile militarization of Latin American police forces. Militarization and mass imprisonment increase the likelihood for violent crime rather than decrease it, and, while we’ve seen that access to drug treatment is the most effective way to reduce demand, we’re ignoring that approach entirely. Why? Because we’re simply not interested in truly solving the drug problem. We know how to fight this war but it’s in the interests of US elites and businesses to continually disadvantage the lower class. Thus, Alexander’s caste system becomes not merely a national one, but an international one.

Realizing how inter-connected it all is is a scary moment. But it’s a motivating one. It means that fighting against militarization, mass incarceration, and imperialism in one place will make a difference in another. Maybe it will be a while until my baby cousins realize the intensity of class and racial oppressions throughout their nation and  the globe, but I know that, when they do, they will have the energy and the empathy, the heart to shake things up and make a change.

Tuesday, August 18, 2015

Ayuda Militar Estadounidense Destruye las Vidas de las Mujeres en Latinoamérica

Por Sara Velimirovic

En Latinoamérica, entre 2006 y 2011, la población de mujeres encarceladas aumentó de 40.000 a más de 74.000, según un nuevo informe. Esta cifra asombrosa es un resultado directode la políticas exteriores de EEUU, las cuales se han convertido en herramientas de injusticia en Latinoamérica.

El 17 de julio, el Washington Office on Latin America organizó una sesión informativa en el congreso sobre el impacto del encarcelamiento masivo en las mujeres de las Américas para discutir oportunidades de reformar sentencia. Una de los oradores, Luciana Boiteux, profesora de ley criminal y criminología en la Facultad de Ley en La Universidad Federal de Rio de Janeiro, discutió las cifras asombrosas del encarcelamiento de mujeres en Brasil.

Según Boiteux, Brasil tiene la cuarta población encarcelada más grande del mundo, la cual ha aumentado siete veces desde el final de los años 1970, cerca de la época cuando EEUU empezó a exportar su ideología de ser estricto con los crímenes de las drogas a Latinoamérica. la Profesora Boiteux indicó que el narcotráfico es el segundo delito más común que resulta en encarcelamiento en Brasil.

Aunque no es una noticia que el problema brasileño del encarcelamiento masivo es un resultado directo de la Guerra Contra las Drogas dirigida por EEUU, seguimos descubriendo sus efectos devastadores en poblaciones de Latinoamérica. Un nuevo informe por el Open Society Foundation examina el impacto de las políticas de las drogas en las mujeres particularmente, detallando temas que afectan específicamente esta porción de la población.

“Se encarcela una proporción grande de mujeres por cometer un crimen relacionadoal narcotráfico, particularmente por trasladar las drogas (mulas) a petición de sus parejas,” según el informe.

Además, Andrea James, la fundadora de Families for Justice as Healing discutió durante la mesa redonda el fenómeno nombrado “el problema de la novia” - una situación en donde una mujer relacionada con un narcotraficante, termina cumpliendo sentencias más largas que la de él. En este caso, se condena a la mujer por haber manejado el carro de su pareja o por estar presente durante el planeamiento de tratos grandes, y el hombre es capaz de reducir su sentencia por negociar con la policía por tener información valiosa sobre el trato. Como dijo Rashida Manjoo, la Reportera Especial de NNUU de Violencia Contra la Mujer, en 2013, “Mujeres que cometen narcocrímenes de bajo nivel se encuentran cumpliendo sentencias mientras ofensores más graves escapan frecuentemente por entrar en acuerdos en los cuales admiten ser culpables para reducir sus sentencias.”

Combinado con el hecho de que muchas mujeres encarceladas son las encargadas principales de niños, desempleadas, y de bajo nivel socio-económico, la sentenciapenal llega a ser “no por razones criminales, sino por exclusión social,” indicó Boiteux. La Guerra Contra las Drogas, concluye ella, “es una guerra contra las mujeres negras y pobres,” mostrando como la ley se ha convertido en una herramienta de injusticia.

¿Cómo está involucrada EEUU en esta injusticia?

Aunque es bien conocido que EEUU ayudó países latinoamericanos con la instalación las políticas de la Guerra Contra las Drogas en los años 1970 y 1980, mucha gente son ignorantes del hecho de que EEUU continua este “apoyo” hoy en día. Por ejemplo, ayuda estadounidense antidrogas a Brasil “se acumuló en $2 millones en el año fiscal 2011, $3.5 millones en el año fiscal 2012, y $1.9 millones en el año fiscal 2013.” Esto incluyó capacitaciones de la policía brasileña como parte de actividades extranjeras de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

Aunque el presupuesto principal de la DEA viene del Departamento de Justicia, sus programas de intervención extranjera se financia por otra filial – el Departamento Estatal Estadounidense. El vínculo entre estas dos oficinas es la Agencia de Estupefacientes Internacionales y Orden Público. Esta oficina ayuda en la capacitación y educación de agencias del orden en países como Brasil, cuyas políticas dañinas de justicia penal están arruinando las vidas de muchas de sus mujeres.

Aunque los datos muestran que las políticas exteriores de EEUU se han convertido en herramientas de injusticia, hay esperanza en el horizonte. La reforma de la justicia penal está en el ojo público mucho en estos días y el tema se vincula cada vez más con los resultados dañinos de la Guerra Contra las Drogas. La conmutación de pena del Presidente Obama de sentencias para 46 narcoofensores en EEUU muestra la importancia que tiene este momento para cambiar las leyes injustas no solo en EEUU, sino en Latinoamérica también.

Finalmente, ante los afectos devastadores que la políticas de drogas han tenido en las mujeres en Latinoamérica, es el momento correcto para exigir un cambio y parar el uso de la ayuda militar estadounidense para causa injustas.