Friday, January 2, 2015

La Unión Portuaria en Urabá denuncia presiones antisindicales, otras violaciones del Plan de Acción Laboral


Por la Unión Portuaria de Colombia
Apartadó, Colombia

29 de diciembre de 2014

Los trabajadores de Cargoban clamamos justicia, justicia laboral

Lo que ha ocurrido entre el 25 noviembre y el 20 de diciembre de 2014 por parte de la empresa Cargoban S.A contra sus trabajadores, es una muestra de las peores prácticas antisindicales, que como casi siempre, ocultan también violaciones sistemáticas de los más elementales derechos laborales.

Cargoban S.A es el principal operador logístico y portuario de la región de Urabá, cuenta aproximadamente con 500 trabajadores y es de propiedad de Marino Rendón Prado y Miriam Hernandez Osorio, presta servicios a las comercializadoras internacionales de banano: Banacol y Uniban, además a Conservas del Monte, Banafrut, Corrugados del Darien, Olinsa, Aduanimex y Sara Palma.

El día 25 de noviembre un grupo de trabajadores de Cargoban S.A afiliados a Unión Portuaria presentaron un pliego de peticiones, cuyas motivaciones más importantes fueron:
  1. Jornadas de trabajo de hasta 96 horas seguidas sin descanso, sin dormir, sin regresar a sus hogares, del personal que labora a fondeo en el Golfo de Urabá en el cargue y descargue de buques.
  2. Desconocimiento de recargos nocturnos, por laborar en feriados o dominicales, del descanso obligatorio remunerado, del disfrute de vacaciones.
  3. Contratos de trabajo a término fijo de 13 semanas prorrogables indefinidamente durante 15 y más años, desconociendo que después de la tercera prórroga el contrato no puede suscribirse por un término inferior a un año.
  4. Retención de la copia del contrato de trabajo que debe entregarse al trabajador.
  5. Ocultamiento del reglamento interno de trabajo además de no haberse motivado la participación de los trabajadores. La publicación de la que habla la ley debe entenderse como su entrega en folletos que permitan su lectura, como lo hacen muchas empresas y no pegado en una cartelera en letras minúsculas; desconociendo además la sentencia C-934-04 de la Corte Constitucional. Bajos salarios, con tendencia absurdamente a la baja.
Aplicación por segunda vez de un pacto colectivo sin el cumplimiento de los requisitos legales: no se denuncia, no se hace asamblea, no se eligen negociadores, no se aprueba pliego, no hay actas de inicio y finalización de la negociación, a los trabajadores simplemente se le exige firmarlo, sin leerlo siquiera.

Es fácil imaginar la indefensión en que se encuentra un trabajador a quien nunca le entregan su copia del contrato de trabajo, nunca ha leído el reglamento interno y el contrato de trabajo es firmado por el término de 13 semanas.

El día 25 de noviembre se hizo entrega de un modesto pliego de peticiones el cual ha sido respondido por Cargoban S.A despidiendo a los sindicalizados Harold Peña, Ariel Ballesteros, Euclides Moreno, José Núñez, Jesús Córdoba y Hermes Cuadrado, sin considerar el fuero circunstancial por negociación, la condición de directivos sindicales y de la Comisión de Reclamos de la cual hacen parte.

La intimidación laboral y sindical está en marcha, los trabajadores están decididos a resistir el embate, la ilegalidad de las decisiones de Cargoban S.A pueden ocasionar graves sanciones y perjuicios a las empresas que presta servicios, los trabajadores directos de Uniban y Banacol estimulan a los de Cargoban para que mantengan la moral en alto.

Unión Portuaria acudirá en solicitud de acompañamiento y solidaridad a toda la institucionalidad regional, nacional e internacional para persuadir a Cargoban S.A de no seguir atentando contra la libertad sindical y por el respeto a los más elementales derechos laborales.

Urabá necesita empresarios guardianes de la dignidad humana y el trabajo decente.

Las negociaciones del pliego de peticiones en su etapa de arreglo directo inicia el 14 de enero y concluyen el 2 de febrero aspiramos en esta etapa llegar a una acuerdo civilizado que dignifique la condición de los portuarios.

Port Workers Union in Urabá denounce intimidation of unionists and other Labor Action Plan violations


By the Port Workers Union of Colombia

Apartadó, Colombia
December 29, 2014

Cargoban workers demand labor justice

The actions that Cargoban S.A. took against its workers between November 25-December 20, 2014 is an example of the worst of anti-union tactics, which, as usual, hide systematic violations of the most basic labor rights.

Cargoban S.A. is the major logistical port operator in the Urabá region, employing approximately 500 workers. It is owned by Marino Rendón Prado and Miriam Hernandez Osorio and contracts its services to international banana companies: Banacol, Uniban, Conservas del Monte, Banafrut, Corrugados del Darien, Olinsa, Aduanimex and Sara Palma.

On November 25 a group of workers employed by Cargoban S.A. that are also members of the Port Workers Union presented a list of grievances. Highlights include:
  1. Shifts of up to 96 consecutive hours with no breaks, no rest and no opportunity to return to their homes, for the workers that labor loading and unloading ships anchored in the Gulf of Urabá.
  2. A refusal to pay overtime, nights, holiday and Sunday pay and the negation of mandatory compensated rest and vacations.
  3. Temporary contracts for a period of 13 weeks continually renewed for 15 years or more, in violation of laws that mandate after the third renewal such contracts cannot be given for a period of less than one year.
  4. Retaining the copy of the work contracts that should be shared with the workers.
  5. Hiding internal workplace regulations and excluding workers from knowing their rights, in violation of Constitutional Court Sentence No. C-934-04. The law considers that relevant workplace regulations and policies must be distributed via pamphlets that allow them to be read in full, as many companies do, and not posted in miniscule print on a single poster.
  6. Low to absurdly low salaries.
  7. The second application of a collective pact made in violation of legal requirements and carried out with an absence of formal reporting, no workers assembly, no election of negotiators, no approval of the conditions set forth in the pact and no formal documentation initiating and finalizing the negotiation. The company simply demanded workers sign the agreement without even having read it.

It is easy to imagine the vulnerability of workers that never received a copy of their work contracts, have never read the workplace regulations and who have temporary contracts of 13 weeks.

Cargoban S.A. responded to the modest list of grievances filed by workers on November 25 by firing union members Harold Peña, Ariel Ballesteros, Euclides Moreno, José Núñez, Jesús Córdoba and Hermes Cuadrado, ignoring the relevant forums for negotiation, union leadership and the Claims Commission of which they are a part.

Workplace and anti-union pressure continues, but workers are determined to resist these attacks. The illegality of Cargoban S.A.'s decisions could be subject to serious sanctions and damage the companies to whom Cargoban S.A. contracts its services. Workers directly employed by Uniban and Banacol urge Cargoban workers to keep their morale high.

The Port Workers Union requests accompaniment and solidarity from regional, national and international organizations to urge Cargoban S.A. to cease their attacks on union rights and to respect basic labor rights. Urabá needs employers that respect human dignity and dignified work.

Direct negotiations around the list of grievances will begin on January 14 and conclude on February 2. We hope to arrive at a civil agreement that dignifies working conditions in the ports.

Thursday, December 18, 2014

Más allá de Ayotzinapa: Como la Intervención de Estados Unidos en Colombia Allanó el Camino a la Crisis de Derechos Humanos en México


Por Julia Duranti, APP en Colombia, y Maggie Ervin, APP en México
Este articulo originalmente apareció en inglés en Upside Down World el 18 de diciembre 2014.
 
Hace dos semanas, hubo 43 estudiantes desaparecidos en Guerrero, México. Ahora hay 42. A pesar de que decenas de miles de manifestantes mexicanos han estado gritando "Vivos se los llevaron! Vivos los queremos!", uno de los estudiantes fue declarado oficialmente muerto el pasado sábado 6 de diciembre. Alexander Mora Venancio tenía tan sólo 19 años de edad. Para la identificación de sus restos se realizó un esfuerzo transnacional: autoridades mexicanas los encontraron, científicos austríacos los analizaron, y forenses argentinos los verificaron. Pero hay otros países que jugaron un papel clave en esta historia: los Estados Unidos y su aliado sudamericano más cercano, Colombia. Mientras el gobierno mexicano trataba de presentar la masacre estudiantil de Ayotzinapa como un caso de corrupción de bajo nivel que podría ser resuelto sólo con cambiar las unidades policiacas y criminalizar las protestas que lo llevaron al escrutinio internacional, salió un nuevo informe que alega que la policía federal también participó en la tortura y la desaparición de los estudiantes. La intervención de Estados Unidos en Colombia muestra porque la violencia estatal evidente en Ayotzinapa no es ningún incidente aislado.
Colombia no aparece en las noticias estadounidenses en estos días, a pesar del conflicto armado que vive desde hace medio siglo. Aunque los insurgentes en Colombia figuran en la lista de terroristas del Departamento del Estado, a diferencia de los del Medio Oriente, no afectan al imaginario estadounidense como una amenaza inminente. Contrario al caso de los centroamericanos, los desplazados internos colombianos - 6 millones en el último recuento - casi nunca llegan a las fronteras de Estados Unidos. Esta falta de cobertura enmascara los más de 50 años de intervención estadounidense. En base a la doctrina de Contención del Comunismo que surgió con la Guerra Fría, oficiales militares estadounidenses bajo la administración de Kennedy crearon grupos paramilitares de "autodefensa" bajo el denominado Plan Laso, para trabajar en conjunto con el estado colombiano y aplastar la resistencia izquierdista. Eso ocurrió en 1962, dos años antes de que las insurgencias guerrilleras llamadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se constituyeran formalmente. Poco después, los cárteles colombianos surgieron para satisfacer la demanda estadounidense de cocaína en los años 70 y 80. El desenlace de esto fue el asesinato del capo del cártel de Medellín, Pablo Escobar, en 1993, ejecutado con apoyo de Estados Unidos. El cártel de Cali fue derrotado sólo unos años más tarde, dejando un vacío en la distribución internacional de la cocaína que fue ocupado por algunos sindicatos del crimen organizado en Colombia y sus contrapartes en México. La fragmentación del tráfico ilícito de drogas en Colombia más o menos correlacionó con la liberalización del mercado de la economía legal durante la presidencia de César Gaviria con el lema, "Bienvenidos al Futuro", junto con la crisis financiera mexicana y la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN ) en 1994. A lo largo de la década de los 90, los guerrilleros colombianos ganaron territorio y soldados, con las filas de las FARC incrementándose hasta casi 20.000 en 2001. Esto provocó varios acontecimientos claves. El primero fue la consolidación de las Fuerzas de Autodefensa Unidas de Colombia (AUC) en 1997, un estructura paramilitar de 30,000 elementos que colaboró con militares colombianos para cometer algunas de las peores violaciones de derechos humanos en la historia del país antes de someterse a un proceso de desmovilización incompleto que dejó a miles de ex paramilitares activos en todo el país. El segundo fue una iniciativa antinarcótica y contrainsurgente estadounidense conocida como Plan Colombia.
Plan Colombia, Plan México
Al principio, el Plan Colombia consistió en invertir US $1.300 millones para erradicar el tráfico de drogas, incluyendo un controvertido programa de fumigaciones aéreas con herbicida para reducir los cultivos de coca, así como armas, maquinaria, asistencia técnica y capacitación para el ejército y la policía colombiana. Fue firmado por el presidente de Estados Unidos Bill Clinton y el presidente de Colombia Andrés Pastrana en 2000, los cuales fueron reemplazados por presidentes conservadores con ideologías antiterroristas duras (George W. Bush y Álvaro Uribe, respectivamente) que siguieron apoyando el Plan Colombia hasta 2007, cuando el nombre y la estrategia cambió al "Plan de Consolidación”. Los presidentes Bush y Uribe encontraron un aliado dispuesto a participar en la Guerra Contra la Droga y Contra el Terrorismo en el presidente mexicano derechista Felipe Calderón, elegido en 2006 después de que los cárteles mexicanos habían ganado relevancia. Poco después, la Iniciativa Mérida también conocida como Plan México - fue aprobada para "luchar contra el crimen organizado y la violencia asociada." Desde entonces, cerca de US $3.000 millones del gobierno estadounidense han contribuido a la militarización masiva del país: helicópteros Blackhawk ($20 millones cada uno), miles de armas, una amplia formación de policías y militares, aumento en la vigilancia de la frontera y los puertos, e incluso algunos policías estadounidenses vestidos como infantes de marina mexicanos llevando a cabo operaciones especiales en suelo mexicano. El costo en México ha sido devastador: más de 100.000 muertos y más de 26.000 desaparecidos desde 2006.
Mientras tanto, EE.UU. ha proporcionado más de US $8.000 millones en ayuda a Colombia, por lo que es uno de los principales receptores de ayuda militar estadounidense en el mundo. Sin embargo, Colombia sigue siendo uno de los principales proveedores de heroína y cocaína a EE.UU.  El número de víctimas del conflicto colombiano ahora rebasa los 7 millones, incluyendo 6 millones de desplazados internos, más de 150.000 desapariciones forzadas y más de 930.000 homicidios. La asombrosa cifra de violaciones a los derechos humanos se ha incrementado a partir del  año 2000 (5,9 millones desde este año), cuando el financiamiento de Estados Unidos comenzó a reforzar las fuerzas de seguridad pública conocidas por sus atrocidades. Después, en 2006 estalló el escándalo de los "falsos positivos" en el que se reveló que las fuerzas de seguridad colombianas, algunas entrenadas en suelo estadounidense en el polémico Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad / Escuela de las Américas (WHINSEC / SOA) - habían asesinado sistemáticamente al menos 5.000 civiles inocentes y luego los vistieron con uniformes de la guerrilla, presentándolos como enemigos asesinados en batalla, todo eso a fin de ganar premios como bonificaciones y tiempo extra de vacaciones. Esta práctica se desarrolló como parte de la mentalidad de "recuento de bajas", promovido en el entrenamiento en Estados Unidos y se produjo bajo el cargo del entonces Ministro de Defensa y actual Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Más tarde ese mismo año, el escándalo de la “parapolítica” también estalló, implicando a los políticos de todos los niveles en las estructuras narco-paramilitares. Estos grupos, que ahora se conocen por el gobierno colombiano como bandas criminales (Bacrim), siguen disfrutando de una estrecha relación con intereses comerciales lícitos e ilícitos, asimismo con políticos en Colombia, y representan la mayor amenaza para la expresión ciudadana y los movimientos sociales. El legado del Plan de Laso continúa pagando dividendos.

Colombia: Exportador de la Seguridad
Oficiales estadounidenses defienden obstinadamente su inversión en el poderío militar de Colombia y su aplicabilidad a México. Un funcionario de la embajada de Estados Unidos en Bogotá dijo: "En 2000 Colombia estaba al borde de convertirse en un narcoestado fracasado. El Plan Colombia ayudó a evitarlo... Ahora, Colombia es un exportador de seguridad. Los colombianos están entrenando a los mexicanos en materia de seguridad ". En una visita a Colombia la semana pasada el Secretario del Estado John Kerry hizo eco de ello.. De hecho, la ayuda directa a Colombia ha disminuido desde el 2008, y a su vez ha aumentado el apoyo a la Iniciativa Mérida, y aún más recientemente a la Iniciativa Regional de Seguridad para América Central (CARSI). Junto con el aumento de la ayuda militar y antinarcótica a estos países, EE.UU. ha utilizado a Colombia como representante de seguridad, proporcionando EE.UU. una “negación plausible” en el caso de violaciones de derechos humanos cometidas por sus alumnos. El general estadounidense John Kelly cometió el error de admitirlo el mes de mayo pasado. El uso de representantes de seguridad por parte del gobierno de Estados Unidos, junto con su proceso de certificación del cumplimiento con los requisitos en materia de derechos humanos, elude el espíritu de la Ley Leahy, que tiene por objetivo evitar la financiación estadounidense de militares que han cometido graves abusos contra los derechos humanos.
Debido a esta estrecha relación, las causas detrás de la violencia en México se vuelven más claras. Cuando el presidente Enrique Peña Nieto asumió el cargo en 2012, trató de desviar la atención del país al tema de la economía a través de su lema "Moviendo a México.” Pero la tortura, las detenciones arbitrarias, los secuestros y las desapariciones se han incrementado a lo largo de los dos años de su mandato. Aunque los 43 estudiantes han sido noticia internacional, 5.098 mexicanos han desaparecido tan sólo en el 2014.
Guerra Contra la Droga o Guerra Contra los Pobres?
En el décimo aniversario del Plan Colombia, Adam Isaacson de la Washington Office on Latin America (WOLA) escribió, "Los avances en seguridad de Colombia son parciales, posiblemente reversibles, y manchados por los ‘daños colaterales’. Con tanta evidencia en este sentido, por qué el legado de Plan Colombia que simbolizaba La guerra Contra las Drogas todavía tiene defensores acérrimos”? Algunas organizaciones colombianas como la Asociación para la Investigación y la Acción Social (NOMADESC) plantean la siguiente teoría:
"La Guerra Contra las Drogas en Colombia es una cortina de humo para los intereses económicos. Sí, el tráfico de drogas desempeña un papel en la violencia aquí, pero mucho más importantes son los intereses económicos neoliberales que buscan impulsar el desplazamiento para que puedan acceder a la tierra colombiana", dijo un portavoz de NOMADESC a una delegación de Acción Permanente por la Paz (Witness for Peace).
"Plan Colombia allanó el camino para el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia una década después. Las fumigaciones desplazaron a las personas de sus tierras y las dejaron libres para el desarrollo ilegal, así como la creación de una fuerza de trabajo explotable en las ciudades ", dijo un organizador sindicalista de Buenaventura, en referencia a los casi 8 millones hectáreas de tierra que fueron abandonados o ilegalmente adquiridos en el curso del conflicto colombiano. "La represión en el campo creó un clima más favorable para la inversión extranjera. Al final, los ricos son los que se benefician”. En este sentido, hay un claro paralelismo con el TLCAN, que ha contribuido al desplazamiento masivo de mano de obra vulnerable de zonas rurales de México a EE.UU.
Este análisis se extiende hasta el actual gobierno de Juan Manuel Santos. Con menos mano dura que su antecesor, Santos ha apostado su presidencia en un acuerdo de paz negociado con las FARC y ha hecho de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras una de las primeras prioridades de su presidencia. Al igual que su homólogo Barack Obama en EE.UU., es un tecnócrata cercano a las grandes empresas; como Enrique Peña Nieto en México, está a favor de las industrias extractivas como motor de la economía. De hecho, el proceso de paz sirve a estos intereses mostrando a Colombia más atractiva para la inversión extranjera directa, sobre lo cual el gobierno de Santos ha sido transparente. Pero la colusión continua entre las empresas privadas y las nuevas y cambiantes formas del paramilitarismo sugieren que incluso si el gobierno colombiano negocia el final del conflicto con las FARC, poco va a cambiar la vida para los colombianos cuya realidad cotidiana incluye las amenazas, la inseguridad y la violencia.

De hecho, los colombianos sólo necesitan mirar a México, donde no hay una insurgencia armada, para ver lo que el futuro puede deparar. Durante el año pasado la administración de Peña Nieto promovió y aprobó una serie de reformas (laboral, telecomunicaciones, educación, fiscal y energía) que tienen en común una tendencia a la privatización. "México está abierto a los negocios" fue el mensaje, y el gobierno de Estados Unidos y las multinacionales lo aprovecharon al máximo. La aprobación de estas reformas no hubiera sido posible de no ser por la distracción agotadora de seis años de violencia anteriores, cuando los mexicanos fueron desplazados, aterrorizados o asesinados por los cárteles del narcotráfico, por las fuerzas de seguridad mexicanas, o con demasiada frecuencia por la colusión de ambos.
Al igual que en el caso de Alexander Mora Venancio. Al describir lo que sintió al enterarse de la confirmación de la muerte de su hijo, el padre de Alejandro pronunció, “sentí que me arrancaron parte de mi corazón.” A medida que su familia y amigos reparan sus corazones lastimados y lloran al joven que conocían, el mundo llora con ellos y espera contra toda esperanza que los otros 42 se encuentren con vida. Las semillas del imperialismo estadounidense en Colombia, México y otros países en las Américas siguen dando frutos para los intereses poderosos. Pero como la frase popular que ha estado circulando desde la masacre de Ayotzinapa declaró: "Quisieron enterrarnos. Pero no sabían que también éramos semillas ".