Thursday, July 2, 2015

Nueva planta embotelladora de Coca-Cola amenaza los derechos laborales en Colombia

Lisa Taylor, Acción Permanente por la Paz Colombia.
La versión original de este artículo fue publicada en inglés en Latin Correspondent.
El 5 de junio 2015, Coca-Cola FEMSA – la franquicia mexicana de la multinacional The Coca-Cola Company que tiene la sede principal en Atlanta, Estados Unidos – inauguró su séptima y más reciente planta embotelladora en Colombia, ubicada en el municipio de Tocancipá, al Norte de la capital Bogotá.
Después de invertir más de $200 millónes de dólares para construir un complejo industrial, de alrededor de 27 hectáreas de extensión, la empresa espera que la nueva fábrica produzca  290 millones de litros del producto, cada año, y el cual es suministrado a cerca de 47 millónes de consumidores.
A pesar de la promesa que la nueva planta proveerá crecimiento económico y trabajos locales, muchos de los dirigentes laborales de Coca-Cola critican los efectos de las operaciones de la multinacional en Colombia. La planta nueva cuenta con una tecnología avanzada, y sólo requerirá de un promedio de 150 trabajadores. Por ende, muchos sospechan que la operación en Tocancipá signifique el cierre de las otras fábricas embotelladoras por todo el país. Una señal preocupante es que ya cientos de trabajadores de la planta de Fontibón, en Bogotá, han perdido sus trabajos.
El dirigente sindical, Diego Rodriguez, empleado de la planta de Coca-Cola en la ciudad de Cali (al Suroccidente del país), sospecha que las operaciones embotelladoras allí van a ser trasladadas a Tocancipá muy pronto, dejando sólo un centro de distribución pequeño y reduciendo drásticamente el número de empleados necesarios para su proceso de producción. Actualmente la planta de Cali cuenta con aproximadamente 800 trabajadores.
El director de Coca-Cola FEMSA,  John Santa María, ha llamado la nueva planta en Tocancipá: “un ejemplo de arquitectura industrial avanzada y de productividad en Latinoamérica,” y afirma que el uso eficiente del energía ahorrará entre el 20 y 30 por ciento más de agua. 
A pesar de esta proyección optimista, los dirigentes sindicales locales dicen que la planta consume aproximadamente 1,68 millones de metros cúbicos de agua, lo que constituye el 68,5 por ciento del consumo del agua del municipio entero.
Atropellos contra los sindicalistas
Coca-Cola FEMSA empezó su operación en Colombia en 2003 y actualmente maneja siete plantas embotelladoras y 25 centros de distribución en todo el país. Debido a la tercerización extensiva, la multinacional opera en Colombia bajo varios nombres, incluyendo: Industria Nacional de Gaseosa, Nuevas Gaseosas, Colombia S.A., Femsa Logística, Imbera, Atencom y Oxxo.
Los dirigentes sindicales argumentan que Coca-Cola demuestra una actitud anti-sindical y pretende debilitar cualquier movimiento a favor de derechos laborales.
“Somos calificados y tratados como los enemigos de las empresas y el Estado, para justificar reprimirnos nos estigmatizan y toda acción o reclamación de los sindicatos, así esté protegida por la Constitución, la ley, los convenios internacionales es atacada sistemática e integralmente con el fin de aniquilarnos o llevarnos a una condición de debilidad de tal magnitud que no exista la posibilidad de tener fuerza para defender los derechos de los trabajadores y capacidad de negociación colectiva.”  una carta de los representantes de SINALTRAINAL (el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario) al ex-embajador estadounidense y congresistas estadounidenses.
Afiliados de SINALTRAINAL alegan que Coca-Cola ha perseguido y despedido a trabajadores por afiliarse al sindicato, ha implementado pactos colectivos (acuerdos que son negociados en una forma independiente entre la empresa y los trabajadores no-afiliados con el sindicato, que procuran debilitar la capacidad del sindicato de negociar una convención colectiva), ha despedido a empleados heridos o enfermos que sostuvieron accidentes por el trabajo y ha apoyado varias campañas de propaganda que disuaden la afiliación de los trabajadores al sindicato.
Los dirigentes laborales se preocupan especialmente por los vínculos posibles entre Coca-Cola y los grupos armados ilegales.
Se estima que 14 dirigentes laborales fueron asesinados por los grupos paramilitares, 60 desplazados de sus hogares, 100 amenazados de muerte y cinco fueron exiliados según Gerardo Cajamarca, miembro de la Misión Internacional de SINALTRAINAL en el exilio.
Debido a las amenazas de muerte de los grupos paramilitares, Cajamarca tuvo que huir de Colombia hace 11 años. Este abril, retornó a Bogotá temporalmente para acompañar los cinco días de la huelga de hambre de cinco trabajadores de Coca-Cola que exigían el fin de los despedidos injustos, la persecución del sindicato, el fracaso de observar los aspectos de las convenciones colectivas y el uso extensivo de tercerización de los trabajadores.
Los trabajadores de Coca-Cola en huelga de hambre en Bogotá. Foto: Ali Rosenblatt.
Aunque en abril prometió cumplir con la exigencia de los huelguistas, crear una mesa de negociación para conversar las violaciones de los derechos laborales, Coca-Cola FEMSA negó cumplir con esa promesa.
El mismo sueño de país por el que tantas veces nos han desplazado, asesinado, exiliado, encarcelado, el mismo sueno de país que a pesar de todo sigue vivo, por el cual debemos seguir en la tarea cotidiana de organizar, movilizar y unificar,” dijo Cajamarca.
“Un horizonte muy precario”
Coca-Cola ubicó su nueva planta embotelladora en Tocancipá para aprovecharse de la zona franca allí establecida – una región geográficamente delimitada dónde las empresas disfrutan de varios beneficios tributarios y aduaneros. En Tocancipá, las empresas pagan un impuesto de renta de tan  sólo 15 por ciento, comparado con la tasa nacional del 33 por ciento, además de esto no pagan impuestos aduaneros para ciertos bienes de capital, equipos, insumos, y repuestos que vienen del exterior.
Las zonas francas han sido implementadas por toda Colombia en medio de una oleada de los tratados internacionales de libre comercio, incluyendo el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos que tomó efecto en 2012.
“Es muy beneficioso porque la producción es más económica, es muy barata, y por eso van a concentrar la producción allí,” dijo Diego Rodriguez.
También agregó que la nueva planta en Tocancipá funcionará casi exclusivamente por la tercerización de los trabajadores, y los trabajadores que no tienen contratos directos no podrán sindicalizarse y defender sus derechos laborales. Algunos trabajadores tercerizados han intentado organizarse, pero se enfrentan con muchos desafíos en un país en dónde sólo  el 4,5 por ciento se han sindicalizado con éxito.
“Si es una empresa multinacional que viene, se chupa todo el agua, terceriza a todos los trabajadores, y después se lleva el dinero para el exterior. Para nosotros esto no es un desarrollo real. . . están dejando sólo el mercado, sólo el producto y lo que vemos acá, es un horizonte muy precario para el trabajador,” dijo Rodriguez.

Friday, June 26, 2015

The U.S. and its Dubious Exports

by Maggie Ervin


Hollywood’s biggest blockbusters don’t take long to come out in Mexico. I imagine that the Sonys and the Warner Brothers pay the dubbing companies a pretty peso, ‘cause they get right to the task. So this summer, on screen after screen south of the border, the San Andreas fault has already shattered the earth and downed buildings, the Avengers have put Ultron's army to the test, and Jurassic World’s Indominus has ravaged pretty much everything in its path.


And yet tragically, terror and destruction are not confined to the big screen. Consider the last three weeks. In just this period, here’s some of what’s gone down in Mexico: About 120 migrants passing through Sonora were reportedly attacked by men dressed in military garb, who started shooting at them. Three were killed, at least thirteen escaped, and most are still missing. Amnesty International and migrant rights groups had to demand a formal investigation of the case.

Central American migrants' families in Mexico


Meanwhile, the government’s official version of what happened to the 43 disappeared students of Ayotzinapa came crashing down. Of course, over the past nine months civil society organizations and family members have been calling out the Mexican government for coverup and manipulation, as well as its reliance on testimonies obtained under torture in order to make its case. But just last week a magistrate judge who was working in the police station the night of the massacre (whose family has been threatened and who is in the U.S. seeking asylum) spoke out quite convincingly that the students were never brought to the local police station. This confirms widespread suspicions that the government has attempted to hide the federal and state police’s - and even possibly the army’s - involvement in the students’ disappearance, trying to lay blame entirely on municipal police.


Tribute to the 43 students in Mexico City 


Then last week, a Navy helicopter reportedly shot at civilians in Durango, killing one and injuring several.

As if that weren’t enough, June 7th was election day, which was mired by state violence and repression. The balance sheet: one extrajudicial killing and 127 detained on election day. A majority of the latter took place in Oaxaca, where 25 protestors were taken maximum security prison. They reported torture and multiple human rights abuses, and were charged with terrorism. 56 NGO’s in Oaxaca urgently came together and declared: ”The large presence of police and military in Oaxaca…with the arrival of thousands of federal police officers, members of the gendarmerie, soldiers, and marines to ‘safeguard’ the federal midterm elections…do not contribute to generate a climate of trust and freedom needed for such a democratic exercise. The militarization of a social conflict shows an alarming return to authoritarianism.” Unfortunately, the election-time repression was no less fierce in Guerrero state, and there was also heavy deployment of security forces in Michoacan and Chiapas. Free and fair? Not exactly.


North of the border, of course, the election cycle is just beginning. At his campaign launch last week, Donald Trump wasted no time decrying Mexicans in the U.S. “When Mexico sends its people, they’re not sending the best…,” he said. “They’re sending people that have lots of problems and they’re bringing those problems.” Now perhaps the latest ludicrous comments from a “Birther” who once claimed President Obama was “Israel’s worst enemy” don’t deserve much attention. But the opposite claim, however, probably does: that the U.S. sends problems to Mexico.


First, there’s the money: over 2.4 billion dollars spent on the Merida Initiative, which Congress has allotted funds for every year since 2007, and which Obama supports. What form has this money taken? Mostly it’s been used to militarize Mexico: providing Blackhawk helicopters, surveillance cameras, sophisticated arms and equipment. Additionally it’s been used to train Mexican security forces whose human rights record - far beyond the forced disappearances of Ayotzinapa - has been abysmal over this same eight year period. And who - as described above - are not only called upon to fight drug cartels, but also to quell social movements.


The Drug War has taken an estimated 70,000 Mexican lives

Then there’s the private sales of arms. Lax U.S. laws around arms sales - even in the wake of the Newtowns, the Isla Vistas, the Fort Hoods, the Charlestons - facilitate this movement. In Mexico, although there is a constitutional right to possess of firearms, there are more restrictions and only one legal gun shop in the entire country. Compare that to the more than 54,000 federally licensed firearm dealers in the U.S., about 6,700 of which are along the border. According to a 2013 study by University of San Diego’s Transborder Institute with Brazil’s Igarape Institute, approximately 253,000 U.S. guns end up n Mexico every year, which is about 2.2 percent of the yearly U.S. sales and about 70% of the firearms in Mexico. Unfortunately, there’s no evidence that this number has gone down since the Supreme Court’s June 2014 decision to ban straw purchases (purchases made on another’s behalf). 

This issue of arms sales isn’t just a story of cartels. As highlighted in a recent Washington Post piece, the Mexican government is eager to buy more and more arms. This year’s orders represent a hundred-fold increase from previous years, in fact. So while private weapons companies seem happy to respond to the demand, Congress seems happy keep funding the Merida Initiative, and as evidenced this week with the passage of Fast Track for the extremely corporate-friendly Trans-Pacific Partnership, it’s becoming harder and harder to tell the difference between the government sector and the corporate sector.




EE.UU. y sus Peores Exportaciones

por Maggie Ervin


Es probable que Sony, Warner Brothers y demás paguen bastante bien a las empresas de doblaje, porque los mayores éxitos de taquilla hollywoodenses no tardan nada en aparecer en México. Así que este verano, en pantalla tras pantalla al sur de la frontera, la Falla de San Andrés ya ha resquebrajado la tierra y derribado edificios, los Vengadores han puesto el ejército de Ultron a la prueba, y Indominus del Jurásico Mundial ha devastado casi todo en su camino.
Sin embargo, desgraciadamente el terror y la destrucción no se limitan a la gran pantalla. Consideremos lo que ha pasado durante las últimas tres semanas en México. Alrededor de 120 migrantes que pasaban por Sonora fueron atacados por hombres vestidos en uniformes militares que comenzaron a disparar contra ellos. Tres de los migrantes fueron asesinados, al menos trece escaparon, y la mayoría todavía están desaparecidos. Amnistía International y grupos de derechos de los migrantes tuvieron que exigir una investigación formal del caso.
Familiares de migrantes desaparecidos en México

Mientras tanto, la versión oficial del gobierno sobre lo que pasó con los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y su “verdad histórica” se vino abajo. A lo largo de estos nueve meses, los familiares junto con organizaciones sociales habían estado señalando al gobierno mexicano de encubrimiento y manipulación, así como denunciando su obtención de testimonios bajo tortura. Apenas la semana pasada, un juez de barandilla que estaba trabajando en la estación de policía la noche de la masacre (y cuya familia ha sido amenazada y quien se encuentra en EE.UU. en busca de asilo) se pronunció de manera convincente de que los estudiantes nunca fueron llevados a la comisaría local. Esto confirma las sospechas generalizadas de que el gobierno ha tratado de ocultar la participación de la policía federal y estatal - y tal vez inclusive del ejército - en la desaparición de los estudiantes, de esa manera echando toda la culpa a la policía municipal.

Un tributo a los 43 desaparecidos en el Distrito Federal

Luego la semana pasada, hubo reportes de que desde un helicóptero de la Marina, dispararon a civiles, matando una persona y heriendo varias más.

Y por si fuera poco, el 7 de junio se llevaron a cabo unas elecciones violentas. El saldo: una ejecución extrajudicial y 127 detenidos. La mayoría de este último tuvo lugar en Oaxaca, donde 25 manifestantes fueron llevados a prisión de máxima seguridad, donde denunciaron tortura y múltiples abusos de sus derechos humanos, y han sido acusados ​​de terrorismo. 56 ONGs en Oaxaca se juntaron de manera urgente y declararon: "El fuerte dispositivo policíaco-militar montado en Oaxaca desde la tarde del 5 de junio, con la llegada de miles de efectivos de la policía federal, gendarmería, Ejército y Marina, para ‘blindar’ las elecciones federales…no contribuye en nada a generar el clima de confianza y libertad necesarias para dicho ejercicio democrático. El manejo militar de una problemática social evidencia una grave regresión autoritaria.” La represión militar en días electorales no fue menos intensa en el estado de Guerrero, y también hubo fuerte despliegue de fuerzas de seguridad en Michoacán y Chiapas. ¿Libre y justo? No exactamente.

Al norte de la frontera, por supuesto, el ciclo electoral apenas comienza. En el lanzamiento de su campaña la semana pasada, Donald Trump no perdió tiempo despreciando a los mexicanos en EE.UU. "Cuando México envía su gente, no envian a los mejores ...", dijo. “Envian gente que tienen muchos problemas y están trayendo esos problemas." Ahora bien, tal vez los últimos comentarios absurdos de un "Birther" (un término para referirse a quienes insisten que Obama no nació en EE.UU.) quien una vez afirmó que el presidente Obama fue "el peor enemigo de Israel" no merece mucha atención. Pero su inverso - o sea, que EE.UU. exporta problemas a México - sin duda la merece. Así que echemos un vistazo a lo que EE.UU. envía a su vecino sureño.

En primer lugar está el dinero: más de 2,4 mil millones de dólares gastados en la Iniciativa Mérida, a través de la cual el Congreso ha asignado fondos cada año desde 2007, a la que Obama apoya. ¿Qué forma ha tomado este dinero?; Sobre todo se ha utilizado para militarizar México: proporcionando helicópteros Blackhawk, cámaras de vigilancia, armas y equipamientos sofisticados. Y se ha utilizado para entrenar a las fuerzas de seguridad mexicanas cuyo historial de derechos humanos - más allá de las desapariciones forzadas de Ayotzinapa - ha sido abismal durante este mismo período de ocho años de tal manera que no sólo están llamadas a luchar luchar contra los cárteles de la droga, sino también para reprimir los movimientos sociales.

Se estima que La Guerra contra el Narco ha 
cobrado por lo menos 70.000 vidas mexicanas. 

En segundo lugar están las ventas privadas de armas, lo que nos lleva a pensar sobre las leyes estadounidenses al respecto. Incluso después de las masacres de Newtowns, Isla Vista, Fort Hood, y Charleston, todavía es fácil obtener una arma de fuego. En cambio en México, a pesar de que existe el derecho constitucional a poseer armas, hay restricciones, y sólo hay una tienda de armas legales en todo el país. Compare esto con los más de 54.000 distribuidores de armas de fuego con licencia federal en EE.UU., aproximadamente 6.700 de los cuales están en la frontera. Según un estudio del año 2013 realizado por la Universidad de San Diego Transborder Institute junto con el Instituto Igarape de Brasil, aproximadamente 253.000 armas estadounidenses terminan en México cada año, lo cual representa aproximadamente 2,2 por ciento del total de las armas vendidas anualmente en EE.UU y alrededor del 70% de las armas en México. Desafortunadamente, no hay evidencia de que este número haya bajado desde que emitió La Corte Suprema estadounidense en junio de 2014 la prohibición de las compras de “straw” (compras hechas en nombre de otro).

Este tema de la venta de armas no es sólo para los cárteles de las drogas. Como se destacó en un reciente artículo del Washington Post, el gobierno mexicano está dispuesto a comprar cada vez más y más armas. De hecho, sus órdenes de este año representan un aumento del ciento por ciento de los años anteriores. Entonces, las empresas de armas parecen encantadas de responder a esta demanda, mientras el Congreso parece encantado de seguir financiando la Iniciativa Mérida, y tal como se demostró esta semana con la aprobación de Fast Track (Via Rápida) para el Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico - un acuerdo de libre comercio extremadamente favorable a las corporaciones - es cada vez más difícil distinguir entre el sector gobernamental y el sector privado.