Monday, April 27, 2015

Atrapado entre el conflicto y la agresión de las fuerzas publicas, el Cauca es un departamento en crisis

La versión original de este articulo fue publicada en inlgés en Latin Correspondent.
Todas las miradas se concentraron en el Cauca, departamento al suroccidente de Colombia, tras  los combates entre el Ejercito Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) del pasado martes 14 de Abril que dejó como resultado 11 soldados muertos el. El gobierno colombiano, encabezado por el presidente Juan Manuel Santos acusó a las FARC de romper su cese al fuego unilateral y ordenó el reinicio de bombardeos aéreos y ofensivas militares contra la guerrilla, mientras las FARC sostuvieron que  las bajas en inmediaciones del poblado La Esperanza fueron producto del “asedio de la Fuerza Pública”, versión que se corrobora con la expresada por las comunidades que habitan el área de operaciones.
Diversos  organismos de derechos humanos, movimiento socialies y políticos, organizaciones comunitarias y la misma insurgencia, inmediatamente hicieron un llamado para iniciar un cese al fuego bilateral  que reduzca la violencia y proteger a los diálogos de paz en La Habana, Cuba, que concluyeron su trigésimo quinto siglo el lunes pasado.
Sin embargo, la cobertura por los medios  masivos de comunicación ha desconocido la violencia el en Cauca que antenta estos más recientes ataques, la cual es el resultado no sólo del combate entre las fuerzas públicas y  la insurgencia de las FARC-EP sino también se debe a los grupos neoparamilitares, los narcotraficantes, y las empresas multinacionales que pretenden implementar proyectos de minería, represas (hidroeléctricas) y otros megaproyectos de desarrollo en uno de los departamentos más biodiversos culturalmente en Colombia.
‘’El departamento del Cauca ha sido bastante golpeado por la violencia, unas veces por la FARC, otras por paramilitares, y otras veces por el mismo Estado, y a ninguno le importa, o se ha puesto a mirar, que en últimas quienes terminamos, como decimos nosotros, ‘pagando los platos rotos’ somos las comunidades, afros, indígenas y campesinas”, escribió la lideresa afrocolombiana Francia Márquez, quien fue desplazada de su pueblo de La Toma, Cauca luego de recibir amenazas por sus denuncias de los impactos de la minería ilegal en las comunidades negras como parte de su trabajo con la Marcha de Mujeres Afro-descendientes del Norte de Cauca.
La militarización del campo colombiano a través de programas como el Plan Colombia, un programa estadounidense de ayuda antinarcótica y contrainsurgencia que hoy suma a más de $9.000 millones de dólares (en cuanto tiempo?) incluyendo sus programas sucesores, ha exacerbado el conflicto. Aunque estos programas puedan haber debilitado militarmente a las FARC, los habitantes del Cauca dicen que no representan la seguridad para sus comunidades y las redes de narcotráfico de paramlitares en complicidad de paramilitares se fortalece cada vez más
‘’Muchos de los conflictos en el Norte del Cauca se han generado y se mantienen porque el estado colombiano no da las garantías para que se respeten los derechos colectivos de Afrodescendientes e Indígenas a la autonomía y la autodeterminación’’, manifestaron 20 organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos en su respuesta al anuncio del Presidente Santos sobre la reanudación de  bombardeos militares  sobre el territorio colombiano. ‘’Por más de veinte años, el gobierno ha agravado el conflicto porque sistemáticamente ignora acuerdos y leyes que traerían paz y justicia a la región’’(fuente?).
Represión en la cuna de movimientos sociales
Un ejemplo reciente es el retorno de las comunidades indígenas a sus territorios ancestrales en el norte de Cauca—llamada la Liberación de la Madre Tierra—que la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte de Cauca (ACIN) viene coordinando desde octubre del 2014.
‘’ La minería, la agroindustria de la caña y los agrocombustibles, el conflicto armado, los cultivos de uso ilícito están matando a la Madre Tierra’’,  aseveró la ACIN en una declaración publicada después de una audiencia pública que tomó lugar en Caloto, Cauca el 22 de abril. ‘’Ella no aguanta más; tampoco nosotros sus hijos, quienes la defendemos y la protegemos. La ausencia de una política agraria en el país, la alta concentración de la tierra en Colombia, la insuficiencia de tierras para los pueblos indígenas que habitamos la parte alta de la montaña, y para afrodescendientes y campesinos son razones suficientes para exigir la devolución de los territorios ancestrales y liberarlos del secuestro y explotación al que están sometidos’’.
En este contexto miembros de la ACIN  han ocupado varias fincas cerca de Caloto y Corinto, Cauca y han comenzado a sembrar cultivos de pan coger. Según la ACIN, aquel territorio debió haber sido devuelto como reparaciones por la masacre de El Nilo de 1991, en el que 21 indígenas del pueblo nasa fueron asesinados por paramilitares con el apoyo de las fuerzas públicas.
Aunque el gobierno colombiano pidió un perdón público, aún no ha cumplido con las reparaciones plenas a las viudas y los niños huérfanos del masacre y ha restituido apenas una mínima fracción de las casi 16.000 hectáreas de tierra que debe a las víctimas, según Ligna Pulido, una lideresa indígena nasa.
La ACIN ejerce el control sobre sus tierras no con armas, sino con una guardia indígena que lleva bastones de mando como un símbolo. Sin embargo, han pagado un precio alto por su resistencia no-armada mientras las fuerzas públicas vienen atropellando a los manifestantes. La policía antidisturbios ESMAD hirió por lo menos 203 indígenas, incluyendo 16 heridas graves y cuatro heridas ocasionadas por impacto de balas.
El 10 de abril, un joven de 18 años Fiderson Guillermo Pavi Ramos recibió tres impactos de bala y murió después de que ESMAD bloqueó la vía al hospital. Desde su muerte, solo en el mes de abril seis indígenas más fueron asesinados y dos fueron desaparecidos.
Estos ataques ocurren  en el marco de un aumento escalonado de violencia contra los defensores de derechos humanos colombianos a manos de ambas las fuerzas estatales y paraestatales. En los primeros tres meses del 2015 se registraron 295 actos de violencia, tres veces más que el número de ataques registrados durante el mismo periodo del 2014, según la Oficina Internacional de Derechos Humanos – Acción Colombia.
Casi el 80 por ciento de los ataques fueron atribuidos a grupos paramilitares, seguidos por el 17 atribuidos a actores desconocidos, el 5 a las fuerzas públicas y ningunos por la guerrilla. Después de los ataques presentados en el Districto Capital de Bogotá, el departamento del Cauca registró el número segundo más alto de agresiones.
El laboratorio del post-acuerdo?
El incremento de las acciones paramilitares no sólo desafía la  controvertida afirmación del gobierno colombiano que aquellos grupos se desmovilizaron en el 2005, sino también se evidencia la continuada estrategia  de terror, corrupción y manipulación mediática utilizada por poderosos actores políticos y económicos para callar a sus críticos.  En el departamento del Cauca, algunos jefes paramilitares han dicho públicamente que están amenazando a líderes afro-colombianos e indígenas por protestar en contra de la minería ilegal en sus territorios.  
‘’Existen alianzas inversionistas-paracos para despojar a los reclamantes de tierra’’, dijo Cesar Díaz, coordinador del Comité para la Integración del Macizo Colombiano (CIMA), una organización que trabaja en temas del uso de suelo y tierra en Cauca. ‘’Entonces [las FARC y el gobierno] están en unos acuerdos de paz pero los derechos humanos están en condiciones de degradación’’.
El cese al fuego bilateral que están exigiendo las organizaciones de derechos humanos, entre otros sectores, podría reducir las muertes violentas entre  ejército e insurgencia mientras finalicen un acuerdo de paz. Sin embargo no es suficiente para disminuir la violencia que abarca más sectores de la población. Respecto a lo que seguirá, muchos líderes en Cauca llaman la atención a la riqueza natural en los territorios con presencia histórica de las FARC, además  la presencia de  cultivos ilícitos como factores que convertirán a Cauca en una zona de prueba poco optimista para las propuestas del desarrollo post-acuerdo.
‘’Apoyamos a los diálogos pero el famoso post-conflicto no será nada bueno para nosotros. Incluso empeorarán muchas cosas’’, dijo otro líder de CIMA. ‘’Van a invertir mucho en el extractivismo en el sector rural…y entonces quién va a controlar ese territorio? Ahora hay tantos grupos nadie sabe realmente quien controla porque que todos están extorsionando y exigiendo plata a todos. Y eso no terminará con una desmovilización parcial. Nos oponemos a la locomotora minero-energética, las grandes extensiones de tierra y los hidrocarburos. Queremos trabajar el territorio propio como campesinos e indígenas’’.

Ligna Pulido, la lideresa Nasa, también fue crítica. ‘’No nos oponemos a la inversión en nuestras comunidades como tal sino la manera de hacerlo y la política detrás de ella. Las agencias como USAID invierten miles de millones de dólares para pagar a contratistas paracaídas que llegan sin hacer la consulta previa. Valdría la pena hacer un análisis a ver que hay los beneficio reales para las comunidades’’.

Durante el primer aniversario, el Espacio Humanitario de Puente Nayero inspira la resistencia no-violenta en Buenaventura, Colombia

Por Lisa Taylor, miembro del equipo Acción Permanente por la Paz en Colombia

Traducción al español del artículo, "On first anniversary, Puente Nayero Humanitarian Space Inspires Non-Violent Resistance in Buenaventura, Colombia," publicado en Upside Down World el 24 de abril 2015.

Texto en inglés/English text:
http://upsidedownworld.org/main/colombia-archives-61/5301-on-1st-anniversary-puente-nayero-humanitarian-space-inspires-nonviolent-resistance-in-buenaventura-colombia

El 13 de abril 2014, una comunidad afrocolombiana compuesta por aproximadamente 300 familias y conocida como Puente Nayero realizó algo sin precedentes en la ciudad de Buenaventura, Colombia, el puerto más grande sobre el Pacifico colombiano: se conformaron un Espacio Humanitario en un contexto urbano. Criticando la connivencia entre la fuerza pública y los grupos paramilitares, los miembros de la comunidad rechazaron la militarización por parte de los grupos paramilitares en su barrio en la zona de bajamar y empezaron a resistir las empresas multinacionales que intentan desalojarlos de sus hogares para la ampliación de su negocio.


Este abril, el Espacio Humanitario de Puente Nayero celebró un año de la resistencia no-violenta y la organización de su comunidad, contemplando los logros del año pasado. A pesar de recibir amenazas constantes de muerte durante todo el año, Puente Nayero creó una coordinación de líderes y lideresas, solicitó el acompañamiento de la Comisión Intereclesial para Justicia y Paz (una ONG defensora de derechos humanos que documenta las violaciones) y se vinculó con la red de 120 comunidades conocida como Comunidades Construyendo Paz en los Territorios (CONPAZ) para organizar y defender sus derechos territoriales, culturales y humanos. Al comprometer con una práctica de no-violencia, han logrado sacar a los paramilitares de su calle, desmontar una casa de pique que fue instalada para descuartizar y aterrorizar a la gente y fortalecer el apoyo comunitario del proceso.

No obstante, según los líderes y las lideresas de la comunidad, la conmemoración del Espacio Humanitario significa mucho más que celebrar los logros del año pasado. Respondiendo al asesinato reciente del comerciante Wilder Giraldo Salazar – quien fue asesinado por negarse a pagar las extorsiones a los paramilitares – la comunidad de Puente Nayero quiere aprovechar intencionalmente de la conmemoración para fortalecer la relación con su comunidad vecina Punta Icaco. Sin embargo, reclamar a Punta Icaco del control paramilitar no ha sido un trabajo fácil, y varios miembros de la comunidad incluyendo Joaquín Giraldo y su esposa Rubiela Berrio ya han sido amenazados por apoyar la iniciativa no-violenta e invitar a los acompañantes nacionales e internacionales a su barrio.

El desplazamiento por el desarrollo

La conmemoración es además un momento estratégico para fortalecer el proceso organizativo de la comunidad y, en particular, solidificar la resistencia frente a los megaproyectos que se planean y se implementan actualmente en Buenaventura. Para Puente Nayero, la presencia paramilitar indica un fenómeno amplio e insidioso: el uso de los actores violentos no estatales para llevar a cabo los desplazamientos en Buenaventura, los que efectivamente dejan libres los territorios para la explotación de las multinacionales en nombre del “desarrollo,” lo que es una propuesta apoyada tácitamente por el Estado colombiano. Varios casos de las conexiones entre los paramilitares y los actores multinacionales han sido documentados extensivamente en Colombia; entre los ejemplos más conocidos se destacan las empresas Chiquita Brands International, Coca-Cola y Nestlé.

“¿Quién nos desplaza?” pregunta el líder nayero Orlando Castillo. “El capital. El capital está desplazándonos de nuestros territorios, el capital que viene de las grandes ciudades de Europa, Asia y Estados Unidos. Es la inversión extranjera la que está matando a nuestro pueblo.”

El gobierno colombiano sigue implementando las políticas económicas neoliberales, firmando los acuerdos como los Tratados del Libre Comercio con los Estados Unidos, Canadá y la Alianza Pacífica con otros países latinoamericanos. Mientras se desarrollan estas políticas, las comunidades han notado una mayor presencia de los actores armados en los territorios que son estratégicos para la inversión extranjera.

En particular, Buenaventura ha sido una región clave para la inversión internacional y los proyectos del desarrollo porque el puerto mueve más que 600.000 contenedores cada año, una cifra que representa aproximadamente el 60 por ciento de las importaciones y exportaciones de Colombia.  Este negocio beneficia casi exclusivamente a los aproximados 12 dueños del puerto de Buenaventura, empeorando la desigualdad en una ciudad dónde viven más que 300.000 habitantes y que tiene una taza de pobreza más del 90 por ciento.

En el caso de Puente Nayero, ubicado en el barrio La Playita, la implementación del proyecto para construir un malecón turístico ha sido más que nada directamente responsable del desplazamiento.

“Es el [megaproyecto] Malecón Bahía de la Cruz que quiere sacar o exterminar a las comunidades que están aquí, más que todo en la zona de bajamar” afirma la vocera Nhora Isabel Castillo. Añade también que la reubicación propuesta al barrio continental de San Antonio para las familias de Puente Nayero resultará en un “exterminio total de nuestra comunidad” cultural y económicamente porque la comunidad reubicada no tendrá el acceso al mar y el 60 por ciento de las familias afrocolombianas en Puente Nayero se sostienen de la pesca artesanal.

La experiencia de Puente Nayero con respecto al proyecto malecón Bahía de la Cruz solamente es un ejemplo de la inversión extranjera en Buenaventura, demostrando cómo los proyectos del desarrollo pretenden desplazar a las comunidades vulnerables. Otros megaproyectos de la región incluyendo la expansión del puerto procuran hacer que Buenaventura sea un lugar para la inversión comercial más no un hogar para la gente, según una presentación en el Senado colombiano en septiembre de 2014.

Un miembro de una comunidad indígena que visitaba el Espacio Humanitario durante el primer aniversario sostiene que el Estado colombiano es directamente responsable por la violencia: “Los representantes del gobierno son los primeros que violan los derechos humanos de las personas, son los primeros encargados de atropellar a las personas.”  En su perspectiva, en el fondo la inversión extranjera en Colombia ha pretendido desplazar a las comunidades – más que nada las afrocolombianas, las indígenas y las campesinas – con el fin de promover los proyectos de desarrollo que sólo empoderan a los ricos y empeoran la desigualdad y la situación de los pobres.

En una situación tan compleja, el Espacio Humanitario es un pequeño símbolo de la esperanza para las personas que habitan en Buenaventura. Al ampliar su espacio no-violento  y al organizar con las otras comunidades por todo Colombia con el propósito de resistir la violencia física y económica, la comunidad de Puente Nayero procura construir procesos de paz más inclusivos y sostenibles. Celebrando un año de resistencia, los niños, niñas y jóvenes se reúnen para cantar, su himno sonando por todo el barrio:

“El Espacio Humanitario de Puente Nayero hoy es un ejemplo para el mundo entero
Para que el gobierno hoy tome conciencia, estamos luchando por la no-violencia
Somos un pueblo que queremos libertad para que haya paz con justicia y dignidad
Somos un pueblo que queremos libertad para que haya paz con justicia y dignidad”

Wednesday, April 15, 2015

Coca Cola Workers on Hunger Strike




Coca Cola workers affiliated with the Sinaltrainal union are currently gathering in the center of Bogotá to protest unjust working conditions and serious human rights violations. The protest occurs shortly after the four year anniversary of the Labor Action Plan, a document intended to better labor rights in the country but that has not been upheld. Unionists across different sectors of the Colombian workforce continue to risk their lives as they demand justice. The original article in Spanish can be found
here.

URGENT SOLIDARITY WITH THE COCA COLA WORKERS. As of 2PM on April 13, 2015, workers who are members of Sinaltrainal and are at the service of this multinational company, have declared a Hunger Strike in the Bolivar Plaza of Bogotá, demanding that the Colombian authorities call a national roundtable with participation from Sinaltrainal and Coca Cola to solve the following cases:

In Barrancabermeja, Coca Cola contracted Carelis Cadavid, the wife of the renowned paramilitary boss Wilfred Martínez, alias “Gavilán”, orchestrator of the attack against Coca Cola's infrastructure who threatened, displaced, and falsely accused Sinaltrainal leaders. Due to those accusations, the Attorney General opened an investigation into conspiracies to commit crimes and, presumably, terrorism.

Miguel Ángel García Barbosa, worked for Coca Cola in Barrancabermeja and had a warrant out for his arrest for belonging to the criminal gang “Los Canoeros” and being tasked with following Sinaltrainal leaders. Coca Cola refuses to resettle threatened workers who were displaced with their families to other cities, but instead forces them to work in the same sites where they received the threats, putting their lives at risk.

In Bucaramanga, Coca Cola assembled Privada Visa security as anti-riot forces who wore shields and practiced military maneuvers to face the union protest and intimidate workers. The company's militaristic policy was also seen in an incident at the Medellín plant, where armored cars and tanks from the National Police entered to suppress subcontracted workers who were protesting against workplace pressures and dangers and the firing of one of their coworkers who was affiliated with Sinaltrainal. The situation resulted in the firing of every unionized worker.

More than thirty workers have been falsely accused and prosecuted for criminal accusations by Coca Cola. The company, who improperly uses the law and manipulates circumstances, executes their anti-union strategy against workers who denounce, protest, and reclaim their rights. They have asked judges to revoke the status and make certain branches of Sinaltrainal illegal.

Amcor, Eficacia, Proservis, FL Colombia S.A.S., Sodexo, Atemcon, and Imbera are all companies Coca Cola uses as a facade to subcontract over 70% of their workers. Whoever unionizes is fired or their memberships are declared illegal through judicial processes. Other workers were brought together under Coca Cola's direction and pressured to renounce the union. Such was the case in Cali's plant on August 6, 2014. Coca Cola notoriously violates union freedoms.

Risking our lives, Coca Cola published banners and photographs of workers and their families, stigmatizing our protest as barbaric and accusing us of supposed damage to private property.

In Bogotá, Coca Cola was penalized for contaminating the Capellanía wetlands. They refused to pay the Capital District $46 billion pesos (almost $20 million USD) for sewage and water utilities. Furthermore they have appropriated water sources in Capellanía limestone quarry.

At the start of this year, Coca Cola began operating in the bottling plant they installed in Tocancipá where they consume 1,680,000 cubic meters of water, a figure which represents 68.5% of the municipality's needs. This means that the multinational company is literally sucking water away from the citizens of Tocanipá. Because Coca Cola needs to guarantee water for their production, they have announced the excavation of wells 800 meters deep, without caring about the harm it will cause.

This bottling plant will function with approximately 150 workers and will leave hundreds of other workers, who worked in the Fontibón plant in Bogotá until its closing, without employment and support.

Coca Cola does not guarantee health nor safety in the workplace. Hundreds of laborers are sick from poor working conditions and others have been killed, flattened by machinery or distribution trucks. Many have suffered workplace accidents, like Simón Vega Henao, who is now disabled and has had to declare a hunger strike for Coca Cola to respond to his health needs. Coca Cola removes Sinaltrainal leaders from their labor force and refuses to comply with reinstating them, as has been ordered by judges.

Coca Cola violates the Collective Bargaining Agreement, denying union permits and obstructing union freedoms.

We are the victims of 12 assassinations, unjust imprisonment, 68 death threats, attacks against the lives of workers and their families, 54 displacements, and various exiles after surviving attacks and escaping kidnapping. Paramilitaries entered the Carepa Plant and forced workers to renounce Sinaltrainal, later burning the union's headquarters and stealing belongings and files. On February 8, 1999, the magazine “Cambio” reported on meetings held between officials of Coca Cola's bottling plants and paramilitary commanders. However, to date, the [paramilitary] beneficiaries of the Justice and Peace Law have not indicated how deep this multinational company's involvement in the Colombian conflict is.

For the Life and Liberty of the Union, Coca Cola Workers are on a Hunger Strike

SINALTRAINAL Representing

Colombia, April 13-17, 2015.