Wednesday, April 5, 2017

Conectando los pueblos a través de las fronteras: Aquí y allá, la resistencia seguirá

Por Anita Kline, delegada de APP en Colombia en diciembre del 2016
“¡Cuéntame de tu viaje a Colombia!” Los líderes de nuestra delegación de Acción Permanente por la Paz (APP) me habían preparado para este momento. Había entendido que el descubrimiento de las conexiones a través de las fronteras internacionales es un eje fundamental para el trabajo de APP, pero sólo después de volver a casa, pude empezar a entender que esta tarea se ha vuelto más urgente desde que la cortina subió para destapar la ópera trágica, xenofóbica y militarista que se está dando en Washington. Y sólo después de presenciar el resurgimiento de la acción política progresista en los Estados Unidos, pude ver que, paradójicamente, la cortina cruel de fuego que estamos enfrentando por parte de Donald Trump y sus actores secundarios nos presenta con una oportunidad para desarrollar este trabajo en un contexto nuevo y prometedor.
Fotos tomadas por Mónica Hurtado, Marianna Tzabiras y Anita Kline. El video fue recopilado por Lisa Taylor. La música es por parte de la comunidad de Caño Manso en Urabá, y la canción se llama "El Vendaval."
Nuestros ciudadanos vecinos y ciudadanas vecinas se están despertando. Se están involucrando en la vida cívica, saliendo a marchar en las calles, lanzándose para cargos políticos con plataformas progresistas. Están uniendo los esfuerzos para formar un movimiento de movimientos a través del cual las y los ciudadanos politizados aprenden de su propia experiencia sobre la explotación y la resistencia. Los y las activistas que están luchando por promover la paz y la justicia en el ámbito internacional ahora tienen una oportunidad para poder expandir y profundizar esta educación. A medida que los millones de ciudadanos y ciudadanas ven lo que está pasando en Washington, también pueden ampliar su perspectiva para entender las similitudes entre Washington y el resto del mundo, incluyendo Latinoamérica.
Me apunté temprano en el año 2016 para ir a Colombia con una delegación de Acción Permanente por la Paz, meses antes de que eligieran a Donald Trump, y más o menos al mismo tiempo cuando firmaron los acuerdos de paz con las FARC en Colombia. Un año después, la administración de Trump ya está bien avanzada en el camino para deshacer las instituciones democráticas y protecciones ganadas después de décadas de lucha masiva en los EE.UU. y en todo el mundo.  En Colombia, están tomando los primeros pasos para implementar los términos del acuerdo de paz, mientras la violencia reaccionaria – dirigida especialmente a los y las trabajadores de derechos humanos, las y los afrocolombianos, indígenas y mujeres activistas – sigue sin cesar, presentando la amenaza de que la posibilidad de paz podría volverse un genocidio.
Durante los diez días de nuestra delegación (del 1 al 10 de diciembre, 2016) en Medellín, Urabá y Bogotá, nos dieron el gran privilegio de poder escuchar muchas historias – sobre la gente que defiende los derechos humanos, las mujeres que luchan por la paz, la gente campesina que lucha por el derecho a la tierra. Estas historias de represión y resistencia en Colombia se reflejan en nuestras historias aquí en casa y pueden servir para inspirar y fortalecer nuestro movimiento. Aquí van varios ejemplos de lo que presenciamos en nuestra delegación: “Movimientos Liderados por Mujeres y Enfocados en los y las Víctimas/Sobrevivientes para la Sanación, la Paz y la Justicia.”
Foto: Anita Kline
1. Los Acuerdos de Paz entre el Estado colombiano y las FARC son un paso grande para adelante. Pero como ya se ha demostrado por el aumento de asesinatos de los y las trabajadores de derechos humanos, sólo es el principio de una paz real con justicia. Como reportó recientemente Amnistía Internacional, “En amplias zonas de Colombia, el conflicto armado dista mucho de haber finalizado. A menos que las autoridades brinden protección urgente a estas comunidades, podrían perderse muchas vidas.”
En encuentros formales e informales con las y los acompañados de APP en Colombia, aprendimos que el apoyo internacional es esencial durante este proceso de implementación. Hay que prestar atención especial al monitoreo de las provisiones que garantizan protección e igualdad de tratamiento bajo la ley para los y las más vulnerables – las comunidades afrodescendientes e indígenas, las mujeres y la gente que se identifica como LGBT. Bajo la administración de Obama, el Congreso estadounidense logró un apoyo bipartito para apoyar el acuerdo de paz. Sin embargo, la administración de Trump expresó sus intenciones al estar "evaluando los detalles ... y determinando si es posible que los Estados Unidos pueda seguir apoyando [el acuerdo]."
Trump ya ha demostrado su preferencia clara por las “soluciones” militares mientras deja de priorizar la diplomacia y el respeto por los derechos humanos cuando se trata de la política estadounidense hacia el exterior.  Estas son señales ominosas que el “Hacer que América Sea Grande Nuevamente” podría significar un retraso a los días cuando las dictaduras en Latinoamérica eran apoyadas por los Estados Unidos, cuando APP empezó a organizar delegaciones para visibilizar los ataques violentos por parte de los gobiernos de la derecha contra su propia gente.
Los ojos del mundo están sobre los presidentes Trump y Santos y la oportunidad histórica que Colombia pueda hacer una paz en un mundo enredado en la guerra. Nuestra resistencia aquí tiene que incluir la exigencia que el gobierno estadounidense siga apoyando los acuerdos de paz de palabra y hecho – dando una ayuda monetaria ya prometida para la implementación del acuerdo y también oponiendose a cualquier plan que quiera apoyar la ayuda militar.
2. La restitución de tierras se encuentra en el corazón de la lucha por la justicia en Colombia, dónde el 52 por ciento de las fincas están en las manos de sólo 1,15 por ciento de terratenientes. Esto representa, según Oxfam, la distribución de tierras más desigual en toda Latinoamérica y una de las distribuciones más desiguales en todo el mundo.
Nuestra delegación viajó a la región remota de Urabá, a los departamentos de Antioquia y Chocó, una región caliente, húmeda y lluviosa donde hay cultivos de plátano y ganadería.  Nos reunimos con personas viviendo en cuatro Zonas Humanitarias y Biodiversas, donde las comunidades afrocolombianas, indígenas y mestizas trabajan su tierra en una manera colectiva y viven en comunidades seguras protegidas por sanciones legales, y las armas están prohibidas.
Foto: Anita Kline
De esta gente generosa y acogedora, escuchamos historias conmovedoras, casi todas tratando el tema de desplazamiento, un fenómeno amplio en el país que ha dado a Colombia la fama de tener una de las poblaciones desplazadas más grandes en el mundo. Las comunidades afrocolombianas y los pueblos indígenas representan el 10 por ciento y el 3 por ciento, respectivamente, de los 7,4 millones de personas desplazadas en Colombia. Estas comunidades han luchado por y han ganado reconocimiento legal como víctimas especiales del “conflicto,” el término que utilizan para hablar de más de 50 años de guerra.  Pero a pesar de varias leyes que garantizan su seguridad y su derecho a la tierra, y a pesar del nuevo acuerdo de paz, la gente del campo sigue enfrentándose con violencia, amenazas y el abuso del poder judicial por parte de las elites de terratenientes, incluyendo las que tienen vínculos con corporaciones estadounidenses como Chiquita Banana. Sin duda, su propia supervivencia está en peligro.
A primera vista, la lucha por la tierra en un país agrario que sigue en desarrollo como Colombia puede parecer muy lejos de la lucha en los Estados Unidos, un país altamente industrializado. Pero aquí también, vemos una conciencia creciente sobre asuntos del uso de la tierra, la seguridad alimentaria y de agua y los derechos de los tratados. Nosotros y nosotras también estamos luchando contra la profanación de la tierra por parte de la agroindustria y las industrias extractivas, y estamos luchando por los derechos de los y las trabajadores en estas industrias. Como parte del movimiento global por la justicia climática, nosotros y nosotras estamos luchando por defender los tratados y por las practicas equitativas y sostenibles, como lo han evidenciado los encuentros de miles de personas en Standing Rock para proteger el agua y los tratados sobre derechos indígenas contra la amenaza de la industria de los combustibles fósiles.
Como educadores y activistas, nosotros y nosotras podemos hacer que estas conexiones sean claras. Podemos exigir que la ayuda estadounidense continúe y que sea condicionada por la implementación de los derechos de la población pobre y desplazada en el campo. Podemos usar nuestra resistencia como ejemplo de la lucha mundial contra los y las que no quieren defender a la Madre Tierra, sino que la quieren explotar por ganancia propia. Podemos juntar nuestras propias exigencias por un mundo pacifico con las exigencias por una Colombia en paz.
3. Como en los EE.UU. y en todo el mundo, las mujeres en Colombia están jugando un papel de liderazgo en la lucha por la paz y contra todo tipo de violencia. Nuestra delegación se reunió con mujeres de dos organizaciones nacionales – la Red Feminista Antimilitarista y la Ruta Pacifica de Mujeres – y con Pilar Rueda, quien llevaba su conocimiento avanzado de la cultura de violencia sexual para educar a las y los delegados presentes en la mesa de La Habana. También escuchamos de mujeres líderes en el campo cuyas propias vidas demuestran el papel especial de las mujeres para transformar una sociedad profundamente herida por la guerra y la cultura de desconocer la violencia contra las mujeres, las niñas y los niños.  A causa de su trabajo inspirador, las colombianas recibieron una invitación especial para participar en las negociaciones de paz en Cuba – al lado de otros y otras que representaban víctimas especiales del conflicto – y sus exigencias están reflejadas en el acuerdo final.
Foto: Anita Kline
En los Estados Unidos también, las voces de las mujeres siguen creciendo cada vez más fuertes para enfrentarse con Trump y su agenda misógina, homofóbica y racista. Se puede encontrar ejemplos notables en el movimiento Las Vidas Negras Importan (Black Lives Matter), la Marcha de Mujeres pos-inauguración en Washington y las movilizaciones constantes contra las deportaciones y otros ataques sancionados por la policía contra las personas de color en comunidades costa a costa. Las giras de conferencias de Acción Permanente por la Paz, que han tenido mujeres colombianas líderes como invitadas en el 2016 y ahora en el 2017, son oportunidades importantes para que compartamos aprendizajes, especialmente porque nuestras hermanas colombianas han estado luchando en un contexto de violencia extrema y con el tipo de persistencia a largo plazo y coraje que probablemente vamos a necesitar aquí para seguir adelante.
4. Finalmente, como en todo lado en el mundo, las y los colombianos no sólo dicen “No” a la violencia, la guerra y la injusticia, sino que también dicen “Sí” a las nuevas maneras de convivir en comunidades prosperas y pacíficas. Sorprendentemente, la ley colombiana en sí promueve la participación activa de víctimas en el proceso de la implementación de los acuerdos de paz para construir una sociedad más justa. Además, reconoce que la participación del pueblo inevitablemente construirá un sentido más fuerte de poder y confianza.
Al lado de los y las organizadores de comunidades, educadores y trabajadores de derechos humanos, los y las trabajadores culturales juegan un papel importante para construir estas nuevas relaciones entre el pueblo colombiano. A toda parte donde íbamos, sea en la ciudad o en el campo, los y las artistas y artesanos contaban historias usando murales maravillosos, posters e instalaciones de arte. Tejen las tradiciones en telas. El amor se pinta en grafiti en las paredes de la ciudad. Los y las representantes de Caño Manso, una comunidad en Urabá, nos contaron con orgullo sobre su desplazamiento y su resistencia ante las elites terratenientes y las empresas ganaderas. Ampliaron y compartieron su historia cuando la volvieron una canción, una balada que se llama “El Vendaval,” grabada en un CD, “Voces de Paz.”
Durante una visita a un museo maravilloso en Medellín, la Casa de la Memoria, pregunté a un estudiante universitario sobre la historia del conflicto. Con paciencia me corrigió, explicándome que el museo no se trata de la historia sino de la memoria. “La historia,” me dijo, “es el trabajo de historiadores, académicos. Nuestras exhibiciones tienen como base las propias experiencias de la gente, cómo las víctimas con sus perspectivas diferentes, sentían los años de violencia y guerra.” De hecho, las exhibiciones de la Casa, cuidadosamente construidas, revelan los años de conflicto a través de las propias palabras de los y las víctimas y sus experiencias. Y posiblemente más importante aún para la sanación de Colombia, revelan la visión de cada persona sobre una vida de paz.
Foto: Anita Kline
En los Estados Unidos también, el pueblo está luchando con esperanza renovada, no sólo para hacer cambio sino para “ser el cambio” también. Encarnamos la paz mientras luchamos contra la guerra. Sacamos banderas coloradas exigiendo que “¡Se queda en la tierra!” mientras bailamos para proteger el agua y la tierra. Estamos haciendo una resurrección del movimiento santuario mientras los y las inmigrantes y los y las que buscan asilo son amenazados con deportaciones masivas. Luchamos, frente a las mentiras y el matoneo, por contar la verdad en lenguaje que es tanto compasivo como fuerte. 
Podemos buscar en Colombia la inspiración para este trabajo de construir comunidad, enlazándonos mano a mano con nuestras y nuestros amigos colombianos y la gente en toda parte. Gracias a los y las que luchan a través de las fronteras, gracias a organizaciones como Acción Permanente por la Paz, podemos imaginar más fácilmente que todos y todas seamos parte de una gran red interdependiente donde podamos encontrarnos y trabajar por un mejor mundo.

 


Saturday, March 25, 2017

Connecting the Dots Across Borders: Here and There, Resistance Everywhere

By Anita Kline, WFP delegate to Colombia in December 2016

“Tell me about your trip to Colombia!” The leaders of our Witness for Peace delegation had prepared me for this moment. I understood that uncovering connections across international borders is a critical aspect of the work of WFP. But only after coming home, did I understand that this task has taken on new urgency since the curtain went up on the xenophobic and militaristic tragic opera currently playing in Washington. And only after witnessing the resurgence of progressive political action in the U.S. did I see that, paradoxically, the barrage of cruelty we face from Donald Trump and his cast of supporting characters presents an opportunity to do this work in a new and promising context. 


Photo credit: Mónica Hurtado, Marianna Tzabiras, and Anita Kline. Slideshow video compiled by Lisa Taylor. Music credit to community of Caño Manso in Urabá for their song, "El Vendaval."
Our fellow citizens are waking up. They’re getting involved in civic life, marching in the streets, running for office on progressive platforms. They’re coalescing into a movement of movements through which newly politicized citizens are learning through their own experience about exploitation and resistance. Activists working to promote peace and justice internationally have an opportunity to expand and deepen this education. As millions suddenly see what’s happening in Washington, they can also broaden their perspective to connect the dots between Washington and the rest of the world, including Latin America.   

I signed up to go to Colombia with Witness for Peace early in 2016, months before the election of Donald Trump and the more or less simultaneous signing of Peace Accords with the FARC in Colombia. A year later, the Trump administration is well on the way to undoing democratic institutions and protections won over decades of mass struggle in the U.S. and around the world. In Colombia, first steps are being taken toward implementing the terms of the Peace Accords, while reactionary violence—directed especially at human rights workers, Afro-Colombians and indigenous and women activists—continues unabated, threatening to turn the possibility of peace into a genocide.
During our delegation’s 10 days (Dec. 1-10, 2016) in Medellin, Urabá, and Bogotá, we were privileged to listen to many stories—of people standing up for human rights, of women striving for peace, of campesinos fighting for land rights. These stories of repression and resistance in Colombia are reflected in our own stories here at home and can serve to inspire and strengthen our movement. Here are a few examples, witnessed by our delegation “Women-Led and Survivor-Centered Movements for Healing, Peace and Justice.” 


Photo credit: Anita Kline
1. The Peace Accords between the Colombian government and the FARC are a big step forward. But as has already been shown by the increased killings of human rights workers, it is only the beginning of real peace with justice. As Amnesty International recently reported: “In large swathes of Colombia, the armed conflict is far from over. Unless the authorities offer urgent protection to these communities, many lives could be lost.” 
In formal and informal encounters with WFP’s Colombian partners, we learned that international support is crucial during this implementation process. Special attention must be paid to monitoring the provisions under which the most vulnerable—indigenous and Afro-Colombian communities, women and LGBT people—are guaranteed protection and equal treatment under the law. Under Obama, the U.S. Congress reached bi-partisan agreement to support the peace plan. The Trump administration’s stated intentions, however, are to “review the details. . .and determine the extent to which the United States should continue to support [the Accord].”
Trump has already shown a clear preference for military “solutions” while putting diplomacy and respect for human rights on the back burner of U.S. foreign policy. These are ominous signs that “Making America Great Again” could mean going back to the days of U.S.-backed dictatorships in Latin America, when WFP delegations were first organized to bear witness to violent attacks of right-wing governments against their own people.
The eyes of the world are focused on presidents Trump and Santos and Colombia’s historic opportunity to make peace in a world embroiled in wars. Our resistance here must include demands that the U.S. government continue to back the Peace Accords in word and deed—providing promised monetary aid for implementation of the agreement and opposing any plans to increase support for the military.
2. Land restitution is at the heart of the struggle for justice in Colombia where 52% of farms are in the hands of just 1.15% of landowners. This is, according to Oxfam, the most unequal land distribution in all Latin America and one of the most unequal in the world.
Our delegation traveled to the remote area of Urabá in the provinces of Antioquia and Chocó, a hot, humid, rainy region of plantain growing and cattle ranching. We met with people living in four Humanitarian and Biodiversity Zones, where Afro-Colombians, indigenous people, and mestizos work their land in common and live in legally-sanctioned safe communities, no arms allowed.  


Photo credit: Anita Kline
From these generous and welcoming people, we heard moving stories, all variations on the theme of displacement, a country-wide phenomenon that has resulted in Colombia having one of the largest displaced populations in the world. Afro-Colombian communities and indigenous people account for 10% and 3% respectively of the 7.4 million internally displaced persons in Colombia. These communities have fought for and won legal recognition as special victims of “el conflicto,” as the 50+ years of war is known. Yet, despite various law guaranteeing their safety and land rights, and despite the new peace agreement, people in the countryside continue to face violence, threats, and abuse of judicial power from landowner “elites,” including those tied to U.S. corporations such as Chiquita Banana. Indeed, their very survival is threatened.
At first glance, the struggle for land in a developing largely agrarian country like Colombia may seem remote from struggles in the highly industrialized United States. But here too, we see a growing awareness of land-use issues, food and water safety, and treaty rights. We too are fighting against desecration of the land by agribusiness and extractive industries and for the rights of workers in these industries.  As part of the global movement for climate justice, we too are fighting to uphold treaties, and for equitable and sustainable practices, as shown most notably by the gathering of thousands at Standing Rock to protect water and native treaty rights against threats of the fossil fuel industry.
As educators and activists, we can make these connections explicit. We can demand that U.S. foreign aid to Colombia continue and that it be made contingent on the implementation of the rights of the poor and displaced in rural areas. We can point to our resistance as part of the world-wide struggle against those who care nothing for the earth except as a source of profit.  We can link our own demands for a peaceful world to the demands for a peaceful Colombia.
3. As in the U.S. and around the world, Colombian women are playing a leading role in the struggle for peace and against all forms of violence. Our delegation met with amazing women from two national organizations—La Red Feminista Antimilitarista (The Feminist Antimilitarist Network) and La Ruta Pacífica (Women’s Peace Route)—and with Pilar Rueda, who brought her expertise in the culture of sexual violence to educate delegates at the peace talks in Cuba. We also heard from women leaders in the countryside whose very lives illustrate the special role of women in transforming a society deeply scarred by war and a culture of unacknowledged violence against women and children. Because of their inspiring work, Colombian women were given a seat at peace negotiations in Cuba—alongside others representing special victims of the conflict—and their demands are reflected in the Accords.


Photo credit: Anita Kline
In the U.S. too, women’s voices are growing ever stronger in the face of Trump and his misogynist, homophobic, racist agenda. Notable examples can be seen in the Black Lives Matter movement, the post-inauguration Women’s March on Washington, and the continuing community mobilizations against deportations and other state-sanctioned police attacks on people of color in communities from coast to coast. The Witness for Peace-sponsored speakers’ tours of Colombian women leaders in 2016 and 2017 are important opportunities to learn from each other, especially since our Colombian sisters have been fighting in the context of extreme violence and with the kind of long-term persistence and courage we are likely to need here going forward.
4.  Finally, as elsewhere in the world, Colombians are not only saying “No” to violence, war and injustice. They are also saying “Yes” to new ways of living together in prosperous and peaceful community.  Remarkably, Colombian law itself promotes the active participation of victims in the process of implementing the Peace Accords and building a more just society. Moreover, it recognizes that the people’s participation will inevitably build a stronger sense of power and confidence.
Along with community organizers, educators, and human rights workers, cultural workers play an important role in building these new relationships among the Colombian people. Everywhere we went, whether in the city or countryside, artists and artisans are telling stories in marvelous murals, posters, and art installations. Traditions are woven into cloth. Love is graffitied onto city walls. Representatives of Caño Manso, an Urabá community, proudly told us about their displacement and their ensuing resistance to land-owning elites and cattle ranchers.  They amplified and spread their story when it became the lyrics to a ballad “El Vendaval” and recorded on a CD “Voces de Paz”. 
On a visit to Medellin’s wonderful museum, Casa de la Memoria, I asked a university student about “la historia del conflicto.”  He patiently corrected me, explaining that the museum was not about history but about memory. “History," he said, “is the work of historians, academics. Our exhibits are based on how the people themselves, the victims with their different perspectives, experienced the years of violence and war.” Indeed the Casa’s carefully constructed exhibits ingeniously reveal the years of conflict in the victims’ own words and from their own experience. And perhaps most importantly for Colombia’s healing, revealed each person’s vision of a life of peace.


Photo credit: Anita Kline
In the U.S. as well, people are working with renewed hope not only to make change, but to “be the change” as well. We embody peace as we work against war. We fly colorful banners demanding “Keep it in the Ground!” as we dance to protect the water and the earth. We are resurrecting the sanctuary movement as immigrants and asylum seekers are threatened by massive deportations. We strive, in the face of lies and bullying, to tell the truth in language that’s kind as well as strong.
We can look to Colombia for inspiration in this community-building work as well, envisioning ourselves as connected to our Colombian friends and people everywhere. Thanks to those who witness across borders, thanks to organizations like Witness for Peace, we can more easily imagine all of us as nodes in an interdependent web where we meet and work together for a better world.

Monday, February 13, 2017

Celebrate February 14th as International Flower Workers' Day

By Lisa Taylor, WFP Colombia
In the United States, February 14th has traditionally been celebrated as Valentine’s Day, a day when love is often translated into special plans with loved ones, extra words of affection, and – not to be forgotten – certain material gifts, often including flowers. Before these flowers are given as a gift, they have already accumulated quite a long history: seeds collected and planted, young flowers watered and pruned, grown flowers cut and processed, packaged and exported carefully by workers in the flower industry.
Two out of every three flowers in the United States is imported from Colombia, as Colombia is the second-largest exporter of flowers in the world behind Holland. Behind the beauty of the flowers exported, there is a often hidden array of complex economic, labor, social, and environmental factors with direct consequences for those who work in the industry.
Conditions in the industry
According to a January 2017 report by Corporación Cactus, 65 percent of flower workers are women, and many are single mothers in economically vulnerable situations. Pregnancy tests and birth control are often required for women to gain and maintain employment in the flower sector, especially as their close proximity to toxic and carcinogenic pesticides can cause birth defects and health risks for pregnant women. 
During peak seasons, including leading up to February 14th as well as leading up to Mother’s Day, employees often work 12-22 hours, earning little pay and suffering major health impacts from repetitive activities and dangerous pesticides. Workloads and production goals increase each year, and workers have consistently been denied their right to unionize or collectively bargain. The large majority of employee contracts are temporary, and the renewal of these contracts is subject to the will of the flower businesses.
As former flower worker Glady Mora says, “It’s giving your life to this work totally, and here in Colombia, there is a lot of exploitation [. . .] And the pay doesn’t compensate for the reality of the work.”
In addition to labor rights violations, the cultivation of flowers in Colombia has also involved systematically implementing neoliberal international trade principles and practices, including reducing expenses at any cost to increase profits and relying on third-party subcontracting.
Under the U.S.-Colombia Free Trade Agreement (FTA), made effective in 2012 despite many concerns about labor rights in Colombia, giant swathes of monoculture flowers have been cultivated in certain regions, notably the Bogotá Savannah and eastern Antioquia, eliminating the cultivation of diverse crops and affecting the food sovereignty of the population. The tax benefits of the FTA have largely benefitted corporations, notably the Association of Colombian Flower Exporters (ASOCOLFLORES), while workers in the field suffer a variety of labor rights violations.
As Marco Tulio Franco from SINALTRAINAL comments, “Today the problems are even worse. Problem #1 for the workers is their health, also job instability due to the neoliberal model, the poor treatment of workers by management, and the work pace of each day.”
As a precursor to the U.S.-Colombia FTA and in response to many concerns from labor activists, the United States government came to an agreement in 2011 known as the Labor Action Plan (LAP) with the Colombian government to protect labor rights and prevent violence against unionists. The LAP focuses on five specific sectors: palm oil, ports, mining, sugar, and flowers. Despite the positive goals of the LAP and due to the lack of any effective implementation/monitoring mechanisms, the LAP has been characterized by Colombian unionists as almost entirely ineffective, with an official complaint being registered with the Department of Labor in May 2016.
In the LAP, there are several important aspects that directly impact the flower industry in Colombia. All forms of third-party subcontracting (particularly associative worker cooperatives) were supposed to be eliminated, workers should have greater freedom to organize, and labor inspectors ought to regularly visit the greenhouses where the flower industry operates. According to Corporación Cactus’s 2017 report, none of these goals have been fully achieved and workers continue to operate in an extremely precarious environment.
So, what do we do?
After learning about the flower industry in Colombia and the U.S.’s failure to guarantee labor rights, what can U.S. citizens do to help? The question of boycott is often raised, yet Colombian flower workers are not calling for a direct boycott of flowers – after all, it is the only source of income for many women and families in flower-exporting municipalities.
Current flower worker Marisol Santacruz emphasizes the value of the flower industry, saying, “I believe that flower work is important, especially because it provides many families in the Bogotá Savannah the means to subsist, and it has been valued for years.”
When asked by Witness for Peace what actions can be taken, representatives of the flower sector said they prefer that consumers buy with their conscience. That is, ask your flower supplier where they are sourcing their flowers from and ask them to verify worker conditions in that location, as well as social and environmental impacts of the industry.
One more action you can take is to encourage a resolution introduced by Representative Keith Ellison in the United States House of Representatives that would commemorate February 14th as International Flower Workers’ Day, an initiative supported by Colombians in the flower sector. The introduction of this resolution in the U.S. House of Representatives has a double purpose: to recognize and dignify the labor of flower workers in Colombia and the culture of flowers they celebrate, and to build the groundwork for renewed U.S. engagement with flower workers in Colombia to concretely improve the labor, social, and environmental conditions that result from the industry.
Ricardo Zamudio from Corporación Cactus says that this is “a way to recognize the importance of respecting the rights of those who make possible the success of the flower industry abroad. It’s also a way to call the attention of the Colombian government and in particular, the U.S. Congress so that they fulfill the obligations that are written in the Labor Action Plan under the U.S.-Colombia Free Trade Agreement. It’s also a call to [. . .] respecting labor rights and protecting the environment and the use of water.”
So before buying flowers this February 14th, check with your supplier and click here to contact your congressperson and encourage them to support the resolution making February 14th International Flower Workers’ Day. 

Celebra el 14 de febrero como Día Internacional de los y las Trabajadores de Flores

Por Lisa Taylor, APP Colombia
En los Estados Unidos, tradicionalmente se ha celebrado el 14 de febrero como el Día de San Valentín, un día cuando el amor se traduce en planes especiales con los amados, palabras extras de cariño, y – no se puede olvidar – ciertos regalos materiales, dentro de los cuales muchas veces se encuentran las flores. Antes de que se regalen estas flores, ya han acumulado una historia larga: las semillas recogidas y sembradas, las flores jóvenes regadas y podadas, las flores crecidas cortadas y procesadas, empacadas y exportadas con cuidado por los y las trabajadores en la industria de la floricultura.
Por cada tres flores en Estados Unidos, dos son importadas de Colombia, el segundo país exportador más grande en el mundo después de Holanda. Detrás de la belleza de las flores exportadas, hay una serie de factores económicos, laborales, sociales y ambientales frecuentemente invisibilizados que tienen un impacto directo para las personas que trabajan en la industria.
Las condiciones en la industria
Según un informe publicado en enero de 2017 por la Corporación Cactus, el 65 por ciento de los y las trabajadores de flores son mujeres, y muchas son madres cabezas de hogar que se encuentran en una situación económicamente vulnerable. Las pruebas de embarazo y los anticonceptivos frecuentemente son requisitos para conseguir y mantener un empleo en el sector de la floricultura, especialmente porque su cercanía a los pesticidas tóxicos y carcinogénicos puede presentar defectos de nacimiento y riesgos de salud para las mujeres embarazadas.
Durante la temporada alta, incluyendo la época antes del 14 de febrero y la época antes del Día de la Madre, es común que los y las empleados tienen que trabajar 12 a 22 horas diarias, ganando poco sueldo y sufriendo impactos graves para la salud por las actividades repetitivas y los pesticidas peligrosos. La carga laboral y las metas de rendimiento aumentan cada año más, y se les niega a los y las trabajadores en una forma persistente el derecho de sindicalizarse y presentar pliegos de petición.  La gran mayoría de los contratos laborales son temporales, y la renovación de estos contratos depende de la voluntad de las empresas floricultoras.
Ex-trabajadora de flores Gladys Mora dice, “es toda una entrega de la vida que se hace a esta labor y aquí en Colombia, hay mucha explotación [. . .] y no compensa el salario, no compensa la realidad que se ve.”
Además de las violaciones laborales, el cultivo de flores en Colombia ha dependido de la implementación sistemática de los principios y prácticas del comercio neoliberal internacional, incluyendo la reducción de los gastos en cualquier forma para poder aumentar las ganancias y el uso de la tercerización.
Bajo el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre los Estados Unidos y Colombia, implementado en el 2012 a pesar de las preocupaciones sobre los derechos laborales en Colombia, terrenos vastos de monocultivos de flores han sido cultivados en ciertas regiones, principalmente la Sabana de Bogotá y el oriente de Antioquia, eliminando otros cultivos diversos y afectando a la soberanía alimentaria de la población. Los beneficios tributarios del TLC en gran mayoría han beneficiado a las grandes empresas, destacada entre ellas la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores (ASOCOLFLORES), mientras los y las trabajadores en la industria padecen una variedad de violaciones de derechos laborales.
Comenta Marco Tulio Franco de SINALTRAINAL, “Hoy los problemas siguen siendo peores. El problema #1 de los trabajadores y trabajadoras es la salud, la inestabilidad laboral por la flexibilización del modelo neoliberal, el maltrato de la patronal hacia los compañeros y compañeras, y el ritmo de trabajo que cada día se hace presente.”
Como precursor al TLC entre los Estados Unidos y Colombia y como respuesta a las preocupaciones de los y las activistas laborales, el gobierno estadounidense llegó a un acuerdo con el gobierno colombiano en el 2011 que se conoce como el Plan de Acción Laboral (PAL) para proteger los derechos laborales y prevenir la violencia contra los y las sindicalistas. El PAL tiene enfoque en cinco sectores específicos: la palma, los puertos, las minas, la caña y las flores. A pesar de los objetivos positivos del PAL y debido a la falta de un mecanismo efectivo para implementar y monitorear, el PAL ha sido caracterizado por los y las sindicalistas colombianos como casi un fracaso total, con una queja oficial registrada en el Departamento del Trabajo en EE.UU en mayo del 2016.
En el PAL, hay varios aspectos importantes que impactan directamente la floricultura en Colombia. Todas las formas de tercerización (principalmente las cooperativas del trabajo asociado) deben ser eliminadas, los y las trabajadores deben tener más libertad para organizarse y los y las inspectores de trabajo deben realizar visitas regulares a los invernaderos donde se llevan a cabo las operaciones de la floricultura. Según el informe de la Corporación Cactus en el 2017, no se ha logrado ninguno de estos objetivos y los y las trabajadores siguen desarrollando su labor en un ambiente supremamente precario.
Entonces, ¿qué hacemos?
Después de aprender de la floricultura en Colombia y el fracaso de los Estados Unidos para garantizar los derechos laborales, ¿qué pueden hacer los y las ciudadanos estadounidenses para ayudar? Surge frecuentemente la pregunta sobre la estrategia del boicot, pero los y las trabajadores de flores en Colombia no están llamando por un boicot directo de las flores – a pesar de todo, es la única fuente de ingresos para muchas mujeres y familias en municipios exportadores de flores.
Trabajadora actual de flores Marisol Santacruz enfatiza el valor de la floricultura, diciendo, “considero que el trabajo de flores es muy importante, ya que da para subsistir a muchas familias en la Sabana de Bogotá, y ha sido un trabajo que es más valorado por años. Es el trabajo que más ha existido en la Sabana por muchísimos años, y ha mantenido a muchísimas de familias.”
Cuando Acción Permanente por la Paz preguntó a representantes del sector, dijeron que prefieren que los y las consumidores de flores compren con consciencia. Es decir, pregunta a tu proveedor de flores de dónde vienen las flores que venden y pídele el favor de verificar las condiciones laborales en ese lugar, y que también averigüe sobre los impactos sociales y ambientales de la industria.
Una acción más que puedes tomar es apoyar una resolución introducida por el congresista Keith Ellison en la Cámara de Representantes que conmemorará el 14 de febrero como Día Internacional de los y las Trabajadores de Flores, una iniciativa apoyada por los y las colombianos en el sector. La introducción de esta resolución en la Cámara de Representantes tiene un doble propósito: reconocer y dignificar la labor de los y las trabajadores de flores en Colombia y la cultura de flores que celebran, y abrir el camino para un compromiso renovado de los EE.UU. con los y las trabajadores de flores en Colombia para mejorar en una forma concreta las condiciones laborales, sociales y ambientales presentes en el sector.
Ricardo Zamudio de la Corporación Cactus dice que la resolución es, “una manera de reconocer la importancia de respetar los derechos de quienes hacen posible el éxito del sector floricultor en el exterior. Es una manera también de llamar la atención del Estado colombiano y el Congreso estadounidense en particular para que se cumplan las obligaciones que están planteadas en el Plan de Acción Laboral a propósito del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia. También es un llamado a [. . .] respetar los derechos laborales y proteger lo que tiene que ver con el medio ambiente y con el uso del agua.”
Entonces, antes de comprar flores este 14 de febrero, averigua con tu proveedor y haz clic aquí para contactar a tu congresista para conseguir su apoyo de la resolución que celebraría el 14 de febrero como Día Internacional de los y las Trabajadores de Flores.

Wednesday, January 18, 2017

Comunicado y Denuncia de APP sobre los asesinatos recientes en Buenaventura y Urabá, Colombia

17 de enero 2017

Foto de Emilsen Manyoma, fuente: Facebook
Como Acción Permanente por la Paz, nos entristeció profundamente esta mañana cuando nos enteramos de los recientes asesinatos de la compañera Emilsen Manyoma Mosquera y su pareja Joe Javier Rodallega. Emilsen era una lideresa afrocolombiana de CONPAZ (una red de comunidades y organizaciones de víctimas), y vivía en el municipio de Buenaventura. Trabajaba apoyando iniciativas comunitarias locales por la construcción de la paz en la región del Bajo Calima, el Espacio Humanitario Puente Nayero y su vecino el Espacio Humanitario Punta Icaco. Aunque falta aclarar aún todos los detalles del asesinato, la organización colombiana de derechos humanos la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz reporta que el sábado por la noche, Emilsen y Joe fueron obligados a subirse en un taxi en el Barrio Villa Linda, Comuna 12 de Buenaventura. Sus cuerpos, encontrados con heridas de arma blanca y arma de fuego, fueron hallados esta mañana (17 de enero) en el Barrio El Progreso, Comuna 10 de Buenaventura.

La noticia sobre el asesinato nos golpea duro a nosotros de Acción Permanente por la Paz ya que hemos estado acompañado distintos procesos comunitarios en Buenaventura durante varios años y hemos desarrollado un trabajo especial en la zona de bajamar donde Emilsen trabajaba por construir la paz. Durante varias visitas, Emilsen nos dio una bienvenida cálida en el Espacio Humanitario Punta Icaco.

El asesinato de ella y su pareja ocurre en un contexto de amenazas que van aumentando en la zona de bajamar, con 5 familias recientemente desplazadas de la calle Piedras Cantan después de un enfrentamiento armado entre neo-paramilitares el 2 de enero. Además, fueron desplazadas 14 familias este diciembre pasado por causa de las amenazas de parte de neo-paramilitares. A pesar de la presencia alta de la fuerza pública en la zona, las amenazas y violaciones de derechos humanos siguen ocurriendo a un ritmo preocupante contra la población afrocolombiana de Buenaventura.

Pese a los avances concretados por el gobierno colombiano y los históricos acuerdos de paz con las FARC que actualmente se encuentran en la fase de implementación, las amenazas y asesinatos contra los y las defensores de derechos humanos siguen aumentando, marcando un total de 85 asesinatos en el año 2016. De hecho, según la organización Somos Defensores, 78% de estas agresiones contra los y las defensores de derechos humanos durante el primer semestre de 2016 fueron cometidos por paramilitares y la fuerza pública en Colombia.

Acción Permanente por la Paz ha estado acompañando a los y las defensores de derechos humanos y comunidades en varias regiones de Colombia desde el año 2000, y estamos orgullosos y privilegiados de contar con la presencia de dos afrocolombianos en nuestra junta directiva nacional. Nos rompió el corazón otra vez recientemente cuando escuchamos de los tres asesinatos de familiares de Marino Córdoba, integrante de la junta directiva nacional de APP. Su hijo de 21 años, Wilmar Córdoba Forero fue asesinado brutalmente por machete por cuatro paramilitares en Belén de Bajirá en la región noroeste de Colombia el 19 de octubre. Otros familiares de Marino, Moisés Mosquera de 30 años y Juan de la Cruz Mosquera de 52 años fueron asesinados el 7 y el 9 de enero en el municipio de Rio Sucio (vea el comunicado publicado por AFRODES aquí.) Marino Córdoba, un compañero cercano de Acción Permanente por la Paz por muchos años, y su familia han sufrido episodios de violencia por más de dos décadas desde el momento original cuando fueron desplazados de sus hogares en Urabá durante la masacre paramilitar conocida como la Operación Génesis en el 1996.

En este contexto de violencia continua, Acción Permanente por la Paz apoya las exigencias comunicadas por las organizaciones que acompañamos, las cuales buscan la justicia para las víctimas. Apoyamos la exigencia que el gobierno estadounidense y la embajada estadounidense en Colombia contacten al gobierno colombiano y que:
  • La Fiscalía Nacional investigue, identifique y judicialice a los responsables de estos asesinatos de una manera rápida y eficiente.
  • Los grupos neo-paramilitares sean desarticulados completamente en todo el territorio colombiano.
  • Las fuerzas militares corten cualquier lazo criminal existente con grupos neo-paramilitares o criminales para poder garantizar la seguridad y la paz en todo el país. 
  • Las autoridades responsables garanticen seguridad a los familiares de las víctimas además de los otros miembros de la comunidad y residentes de la zona.
Adicionalmente, estamos de acuerdo que las Naciones Unidas y el cuerpo diplomático en Colombia y las organizaciones de derechos humanos acompañan a las comunidades y condenan estas violaciones sistemáticas.

Estamos en solidaridad con nuestros compañeros y compañeras en Colombia mientras lamentan estas muertes injustas y luchan por la justicia y la paz en memoria de las víctimas.

Tuesday, January 17, 2017

WFP Statement and Condemnation of Recent Assassinations in Buenaventura and Urabá, Colombia

January 17, 2017

Photo of Emilsen Manyoma, source: Facebook
Witness for Peace was greatly saddened this morning to hear of the recent assassination of our Colombian partner Emilsen Manyoma Mosquera and her partner Joe Javier Rodallega. Emilsen was an Afro-Colombian community leader with CONPAZ (a network of community and victim organizations) living in the port city of Buenaventura. She worked to support local peacebuilding initiatives in the Bajo Calima region, the Puente Nayero Humanitarian Space, and neighboring Punta Icaco Humanitarian Space. Although all the details of the assassination are still unclear, Colombian human rights organization la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz reports that last Saturday night, Emilsen and Joe were obligated to get into a taxi in Barrio Villa Linda, Comuna 12 of Buenaventura. Their bodies, inflicted with both knife and gun wounds, were found this morning (January 17) in Barrio El Progreso, Comuna 10 of Buenaventura.
The news of this assassination hits us hard at Witness for Peace as we have been accompanying community processes in Buenaventura for years and have had a special focus on the waterfront region of Buenaventura where Emilsen worked to build peace. At various times, Emilsen warmly invited us to stay in the Punta Icaco Humanitarian Space.
The assassination of her and her partner occurs in a context of increasing threats in this waterfront region, with 5 families being recently displaced from the nearby street of Piedras Cantan after an armed neo-paramilitary confrontation on January 2. There were also 14 families displaced last December due to neo-paramilitary threats. Despite the high presence of state security forces (military and police) in the area, threats and human rights violations continue to occur at an alarming rate against the Afro-Colombian population of Buenaventura.  
Despite the advances made by the Colombian government and the historic peace accords with the FARC that are currently being implemented, threats and assassinations of human rights defenders (HRDs) in Colombia continue to increase, with a total of 85 assassinations in 2016. In fact, according to the organization Somos Defensores, 78% of total aggressions against HRDs in Colombia in the first half of 2016 were committed by paramilitaries and Colombian state security forces.
Witness for Peace has been accompanying human rights defenders and communities in various regions of Colombia since the year 2000, and we are privileged and proud to have two Afro-Colombians on our National Board. Our hearts were broken once again recently when we heard of three assassinations of family members of WFP board member Marino Córdoba. Marino’s 21-year old son, Wilmar Córdoba Forero was brutally murdered by machete by four paramilitaries in Belén de Bajirá in northwestern Colombia on October 19. Other extended family members of Marino, 30-year old Moisés Mosquera and ­­52-year old ­­­­Juan de la Cruz Mosquera were assassinated this last January 7 and January 9 in the municipality of Rio Sucio (see statement from AFRODES here). Marino Córdoba, a close partner of Witness for Peace for years, and his family have suffered violence for over two decades as they were originally displaced from their homes in Urabá during the 1996 paramilitary massacre known as Operation Genesis.
In this context of continued violence, we at Witness for Peace support our partner organizations’ demands for justice for the victims, including that the United States government and United States embassy in Colombia contact the Colombian government and demand that:
  • The Colombia Attorney General’s office (la Fiscalia) quickly and efficiently investigates, identifies, and charges those responsible for these assassinations.
  • Neo-paramilitary groups are completely dismantled throughout Colombia.
  • Military forces throughout Colombia cut any ties with criminal or paramilitary organizations to guarantee peace and security in the country.
  • Responsible authorities guarantee the security of family members of those who have been assassinated as well as other community members and residents of the area.
We also support the United Nations and diplomatic corps in Colombia as well as human rights organizations as they accompany and condemn these systematic violations.
We are in solidarity with our Colombian partners as they grieve these unjust deaths and strive for justice and peace in remembrance of the victims. 

Friday, January 13, 2017

Marcia Mejía, activista indígena que participa en el proceso de la paz y defiende a los derechos de la mujer

Un artículo escrito y traducido por Alice Driver después de una entrevista con Marcia Mejia Chirimia durante una gira de conferencias de Acción Permanente por la Paz en octubre del 2016.
Este artículo es una traducción de la versión original, publicada en inglés el 3 de enero del 2017.
Foto: PBI Colombia
El 20 de abril, Marcia Mejía Chirimia, de 28 años, activista colombiana por la paz y derechos de las mujeres recibió un mensaje de texto el cual, según Marcia sospecha, provenía de alguien que pertenece a un grupo paramilitar.
"Se les recuerda a Marcia Mejía y otros indios ijeputas sapos taponadores de vías, milicianos informantes de guerrilla que se mueren…guardia de ratas, ya los tenemos ubicados y son objetivo militar. Ojo, no hay tiempo. Se mueren”.
Poco después de recibir la amenaza, un hombre no identificado fue visto rondando la casa de Mejía cuando su hijo estaba solo en casa. Estos son sólo algunos de los varios tipos de intimidación que Mejía y otros colombianos han experimentado a lo largo de sus difíciles carreras como activistas indígenas.
Nacida en la remota jungla del Valle del Cauca, en la costa suroccidental del Pacífico de Colombia, Mejía creció con poca educación formal y sólo hablaba Wounaan, un idioma que comparte con su comunidad indígena Sia. Su vida cambió en 2010, cuando grupos paramilitares en la zona amenazaron a los líderes de su pueblo obligándolos a huir con el objeto de apropiarse permanentemente de tierras ricas en minerales y recursos en aquella región. Mejía y 24 familias se trasladaron a la ciudad costera de Buenaventura, donde durante 11 meses vivieron en un almacén abandonado; tenía 22 años.
Mejía, de baja estatura, voz suave, ojos amplios y expresivos, comenzó a estudiar español y comenzó a reunirse con miembros de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP), una organización de derechos humanos que apoya a organizaciones comunitarias de ascendencia indígena y africana. Dado que el español no es su lengua materna, utiliza gestos con las manos para ilustrar sus pensamientos cuando busca una palabra en particular.
La lucha de Mejía empezó desde cero, primero con el idioma, y después comprometiéndose con maneras de proteger las tierras indígenas y su comunidad. A fin de cuentas, su país y su comunidad estaban en medio de una guerra.
La guerra entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno colombiano ha continuado durante más de cinco décadas y ha dejado cientos de miles de muertos. Entre 4,9 y 5,5 millones de personas han sido desplazados en Colombia, el número más alto del mundo, según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. A medida que la violencia progresaba a lo largo de los años, también lo hizo el uso de tácticas como el terrorismo, la violación y los secuestros.
Sin embargo, Mejía quería proteger a su comunidad de este conflicto.  Fue así como, sirviéndose de las lecciones que aprendió de CIJP, ayudó a su comunidad a elaborar un plan para hacer de su territorio un refugio humanitario y evitar que la violencia entre paramilitares, guerrilleros y el ejército representara una amenaza. Esta táctica también fue empleada exitosamente por la activista ambiental colombiana Nidia Becerra, quien fue una gobernadora tres veces elegida por la comunidad Inga de Yunguillo en el suroeste del país. Por su parte, Becerra negoció la extensión y protección del rico y biodiverso territorio de su propia comunidad, la cual era cinco veces más grande que la de Mejía.
Durante los últimos cinco años, Mejía ha servido como líder del grupo de mujeres y género de la Asociación de Consejos Indígenas del Valle del Cauca, organización que representa a casi 100 pueblos indígenas de la región del Cauca en el occidente de Colombia. Como parte de su trabajo, trata de abordar las preocupaciones de las mujeres y niñas en comunidades indígenas.  En palabras de Mejía: "Empecé a trabajar no sólo en defensa de los derechos humanos, sino también en defender los derechos de las mujeres, mis compañeros, de mi comunidad y defender nuestro territorio". Sus dos hijos, un niño y una niña de 9, y 7 años respectivamente, a menudo la acompañan en sus actividades. Mejía considera que es una manera de enseñarles la importancia de ser un miembro activo dentro de la comunidad: "Les digo a mis hijos que el gobierno quiere quitarles la tierra, y los traigo conmigo cuando trabajo para educarlos", comentó . "Quiero que vean que decir la verdad es lo único que nos puede sanar, que puede reunirnos".
¿Por fin la paz?
Durante el proceso de paz de cuatro años, mismo que culminó con la aprobación del Congreso en 2016, Mejía se percató de que ella y otras mujeres de su organización desempeñaban un papel importante como representantes de las comunidades indígenas que habían sufrido la violencia causada por las FARC, el ejército y los grupos paramilitares. Quería asegurarse de que las voces y las historias de los grupos marginados especialmente grupos indígenas, mujeres y niños afectados por la violencia- se escucharan y tomaran en cuenta en el proceso. Como portavoz de las Comunidades Construyendo Paz en los Territorios (CONPAZ), ella trabajó para integrar al proceso de paz las voces y preocupaciones de las víctimas, incluyendo la priorización de la verdad y la reconciliación en lo que respectaba a la duración de las sentencias para los perpetradores.  Cabe señalar que muchas de esas recomendaciones se pueden ver reflejadas en el acuerdo final. El proceso de paz, sin embargo, se ha estancado o ha fracasado muchas veces, incluso cuando el ex presidente colombiano Andrés Pastrana trabajó para negociar un proceso de paz entre 1999 y 2004."La gente ha vivido con esta guerra durante años, y es a nivel familiar y comunitario que la gente forja una paz duradera y sostenible", dijo Kimberly Theidon, profesora de Estudios humanitarios internacionales en Tufts y quien trabajó con comunidades de paz en Urabá, al norte de Colombia   y bordeando el Caribe. "Esto no puede ser impuesto desde arriba" añadió.
Parte del problema ha sido que hay demasiados que se benefician de que se permita que la guerra continúe. "Hay gente en el proceso de paz que no está interesada en la paz", dijo Theidon, al describir cómo la guerra permitió que los grupos militarizados tomaran tierras, especialmente en territorios cuyos minerales y otros recursos naturales podrían generar grandes ganancias.
Luego, en septiembre de 2016 y después de cuatro años de negociaciones, el presidente colombiano Juan Manuel Santos y Timoleón Jiménez líder de las FARC, firmaron un acuerdo de paz que pondría fin al conflicto armado. Pero el acuerdo necesitaba ser ratificado por los colombianos, y en octubre, los votantes dijeron que no. La votación por la paz fracasó, dijo Mejía, porque, en su opinión, los de la ciudad -que votaron abrumadoramente "no "- habían experimentado menos violencia directa y desplazamientos que las poblaciones más pobres y rurales.
"El proceso de paz colombiano intentó involucrar a las mujeres en las negociaciones de paz e incluir temas de género en la agenda", dijo Roxanne Krystalli, directora del programa de pruebas humanitarias del Centro Internacional Feinstein de la Universidad Tufts e investigadora sobre aspectos de género y justicia en Colombia. Krystalli hizo hincapié en el tema de la certeza y la continuidad de los avances alcanzados:  "no está claro si los logros en términos de la inclusión de las mujeres en las negociaciones y el género en la agenda se preservarán a medida que avance el proceso de paz. Debemos construir la paz, y las mujeres tienen que tener voz en el proceso".
El presidente Juan Manuel Santos, impulsado por su deseo de obtener el Premio Nobel de la Paz, trabajó en un acuerdo de paz que el Congreso aprobó el 30 de noviembre -un voto que El New York Times calificó como “probablemente el último obstáculo para ratificar el problemático acuerdo”. Por otro lado, Álvaro Uribe, presidente de Colombia entre 2002 y 2010, prometió buscar un nuevo referéndum contra el acuerdo aprobado por el Congreso.
Además, a finales de diciembre, el Congreso aprobó una Ley de amnistía para miles de miembros de las FARC desmovilizados y algunos miembros del ejército, la cual perdonará delitos menores exceptuando   asesinatos y actos de violencia sexual.
Hasta el momento, el proceso de paz sigue en marcha.
"No podemos permanecer en silencio"
Actualmente el trabajo de Mejía es más importante que nunca. Después de todo, ella está entrenando a niñas y mujeres indígenas y afrodescendientes para que participen en roles de liderazgo en el país. Sin embargo, el período de transición hacia la paz trae oportunidades y riesgos para las mujeres: la investigación de Theidon, por ejemplo, ha demostrado que las mujeres ex guerrilleras no quieren verse obligadas a desempeñar roles domésticos tradicionales. Queda por ver si los ex-guerrilleros pueden negociar un papel de liderazgo en el futuro del país.
Jóvenes activistas indígenas como Mejía esperan que la diversidad de voces garantice que la transición hacia la paz también genere mayor igualdad para las mujeres. "Tengo que ser un ejemplo para las mujeres y mostrar que seguiremos hablando", afirmó Mejía. "Las amenazas son enviadas para hacernos callar".
Pero, a pesar de estas amenazas, Mejía planea continuar su trabajo como líder comunitaria y apoyar el proceso de paz en los próximos años. "Pueden matarme, pero al menos será por la verdad", dijo, y calló por un segundo antes de añadir: "Siempre les digo a las mujeres que tenemos que seguir hablando, que no podemos permanecer en silencio".

Monday, January 2, 2017

Witness for Peace joins Honduran Social Movement Organizations in Condemning Raid on Cafe Paradiso

Photo Courtsey of MADJ

On the night of December 22, 2016, the Honduran Military Police for Public Order and the National Directorate for the Fight Against Drug Trafficking raided Cafe Paradiso, a restaurant, bar, bookstore, and performance venue in Tegucigalpa.

Cafe Paradiso is a well-known gathering place for Honduran artists, actors, musicians, organizers, and students. Since the 2014 dissolution of the Ministry of Arts and Culture, it has unofficially taken on the role of preserver of Honduran art, theater, literature, and other cultural output. It was among the organizing spaces used by the resistance movement after the 2009 coup d’etat.

On the night of the 22nd, a youth poetry reading hosted by the cafe was wrapping up when, according to one eyewitness who Witness for Peace declines to identify for security reasons, military police stormed the premises.

“They entered just after the event ended without a judicial warrant,” the eyewitness told us, “all of them with ski masks and well-armed. They separated the men from the women.”

Members of the military police have been accused in recent months of a litany of human rights abuses, including the killings of unarmed civilians and the use of violence in suppressing political opposition. One elite unit of the military police is alleged to have a hitlist which included the name of Berta Cáceres, and a military police instructor is among those who have been arrested in conjunction with her assassination.

The military police’s justification for the raid was a search for narcotics, an increasingly common tactic used by Honduran security forces to discredit their political opponents.

According to our eyewitness, “They recorded us, and alleged that we had drugs but what we had was alcohol. They didn’t find guns, only books.”

No arrests were made, and no contraband was found. Our eyewitness, however, remains wary:

“After some deliberation, they left. But they took photos of some of us, and they stationed themselves afterwards... to see the order in which we left,” the eyewitness told us.

“We have to tread carefully.”

Photo Courtsey of MADJ

The Broad Movement for Dignity and Justice  (MADJ, for its initials in Spanish,) a Witness for Peace partner organization, condemned the raid:

“(MADJ) condemns this act of barbarism...by the military bodies who repeatedly show their inability to combat the delinquency and insecurity that increases every day in this country, but who attack art and culture.”

Witness for Peace joins MADJ and others in condemning the use of warrantless searches, as in the raid on Cafe Paradiso. The United States provides millions of dollars in aid every year to Honduran police and security forces. The military police have received funding from the State Department, and training from the FBI, Marines, and US Border Patrol. HR 5474, the Berta Cáceres Human Rights in Honduras Act, which Witness for Peace has supported and hopes will be reintroduced in the next Congress, would cut all military support to the Honduran government pending an improvement in Honduras’s human rights record. Witness for Peace strongly encourages its supporters to ask their members of congress to co-sponsor HR 5474. Incidents like the raid of Cafe Paradiso remind us of the urgency.