Mientras las conversaciones de paz en La Habana continúan, las víctimas en Colombia exigen la verdad con garantías

La versión original de este articulo fue publicada en inglés en Latin Correspondent.

Hasta el momento, el 2015 pareciera ser un año alentador para los diálogos de paz entre el estado colombiano y la insurgencia más grande, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Después de una breve suspensión en noviembre del 2014, retomaron las negociaciones y desde entonces las FARC han honrado un cese al fuego unilateral. En enero, el presidente colombiano Juan Manuel Santos pidió a los representantes del estado que comenzaran evaluar las condiciones para un histórico cese al fuego bilateral.  Y el 20 de febrero, EE.UU demostró su respaldo más fuerte a los diálogos hasta la fecha con el nombramiento del enviado especial Bernard Aronson.

Cuatro días después, las Comunidades Construyendo Paz en los Territorios (CONPAZ), una red de 117 comunidades colombianas en 11 departamentos, dio su primer encuentro nacional, ‘’De la Operación Génesis al otro génesis’’, una referencia a la masacre de 1997 llevada a cabo por el ejército colombiano contra las comunidades afro-colombianas en Cacarica, Chocó, cerca de la frontera con Panamá.

Casi 5.000 personas huyeron de la violencia y pudieron regresar a sus tierras hasta el 2000 a través del establecimiento de zonas humanitarias—zonas libres de actores armados—con el acompañamiento de organizaciones colombianas e internacionales.

Desde entonces los 1.500 habitantes de los espacios humanitarios que acoge las Comunidades de Autodeterminación, Vida y Dignidad (CAVIDA) en Cacarica han formado vínculos con otras comunidades afros, indígenas y campesinas alrededor del país que están utilizando estrategias parecidas para reclamar no-violentamente su territorio y resistir contra el desplazamiento y la violencia, con el fin de construir una paz duradera radicada en sus derechos culturales y territoriales. Esta red, CONPAZ, actualmente representa a 30.000 personas alrededor de Colombia.

‘’Somos conscientes de que actualmente avanzan diálogos en La Habana que pretenderán terminar el conflicto armado. Pero el conflicto armado es sola una expresión de otras problemas sociales como la injusticia, la desigualdad, la avaricia y otros intereses poderosos que quisieran apoderarse de nuestras tierras, nuestros cuerpos y nuestras almas’’, aseveraron representantes de Conpaz en una declaración que dio inicio al espacio.

La organización entregó una propuesta para una comisión de la verdad al gobierno colombiano en el 2014, y ha enviado a tres representantes para participar en la mesa de víctimas en La Habana (amenazados por hablar).

A pesar de la aparente fuerza el proceso de paz, en los recientes meses se ha visto un aumento alarmante en las amenazas y ataques contra los defensores de derechos humanos en Colombia. Sólo en el 2014, más de 600 defensores de derechos humanos fueron amenazados o atacados, y 55 fueron asesinados. El número total de amenazas representa un aumento del 71 por ciento comparado con el 2013. En enero del 2015 hubo otra ola de amenazas, de las cuales la gran mayoría nunca fueron investigadas.

En más de la mitad de los casos, las amenazas fueron atribuidas a Las Águilas Negras y Los Rastrojos, los descendientes de grupos paramilitares que han gozado de alianzas estrechas con narcotraficantes y la élite política y económica colombiana y las empresas multinacionales. Estos sectores poderosos tienen un interés particular en asegurar que la verdad nunca salga a la luz—inclusive si esto significa silenciar a sus antiguos aliados.

‘’Si alguien como González Del Rió quiere contar la verdad, ¿existen garantías de que podría hablar?’’ dijo Danilo Rueda, uno de los coordinadores de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz en una discusión de panel.

Coronel González del Rió salió en las noticias el año pasado por su papel en un gran escándalo de corrupción, y finalmente colaboró con la Fiscalía bajo cargos de tráfico de armas a grupos neo paramilitares. Desde entonces ha nombrado a algunos de sus comandantes superiores en ejecuciones extrajudiciales.

‘’Hemos escuchado de ustedes que aún más importante que la cárcel es la verdad. Hay propuestas para modelos de justicia restaurativa con condiciones dignas, pero ¿serán escuchadas en La Habana?’’

No hay soluciones de talla única

Los participantes distinguieron entre los responsables de violaciones de derechos humanos e hicieron un llamado para una comisión de la verdad que aborde a los más altos responsables.

‘‘Matar desde un escritorio a través de dar órdenes, firmar cheques y limpiar territorio para la ganadería extensa, la palma y aumentar las grandes extensiones de tierra versus matar por disparar un arma’’, dijo abogado y asesor al proceso de paz Carlos A. Ruiz. ‘’La justicia transicional tiene que diferenciar entre los diferentes tipos de responsabilidad en el conflicto. Los más responsables están en el Palacio de Nariño. Operan bajo la lógica de corbatas, no la lógica de uniformes’’.

‘’Tenemos que nombrar nombres como Álvaro Uribe Vélez’’, dijo, refiriéndose al expresidente y actual senador colombiano, que es uno de los críticos más vocales del proceso de paz y que ha sido nombrado en varios escándalos de derechos humanos. Uribe y otros miembros de su partido derechista el Centro Democrático comenzó una gira internacional en contra del proceso de paz en Washington D.C. el 11-12 de febrero, aunque el anuncio del enviado especial al proceso de paz por el Departamento de Estado apenas una semana después sugiere que la insistencia uribista de que el conflicto pueda ser ganado con la fuerza militar está perdiendo popularidad allá.

¿Una historia oficial?

El 10 de febrero, la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas publicó su informe oficial sobre las causas del conflicto, pero los 12 académicos que participaron no pudieron llegar a un acuerdo sobre las causas raíces y en su lugar publicaron una compilación de ensayos distintos, que son más de 800 páginas en su totalidad.

Conpaz también desafió la idea de que pueda existir una versión oficial del conflicto colombiano. Cualquier informe, según ellos, tendrá que ser informado y enriquecido por las experiencias de las víctimas quienes han vivido en carne propia la guerra en Colombia.

En todo caso, organizaciones como Conpaz insisten en que no serán calladas.

‘’Quiero felicitarlos a todos y decirles que no hay que temer ante el adversario, porque por el hecho de no tener temor hoy estamos aquí. Y la verdad nos hace libres’’, dijo una líder de Cacarica al grupo. 

Corruption, Impunity, and a Stunning View of Central Park

by Maggie Ervin

Oaxacan resident Claudia Trujillo was eating lunch behind the cash register as she does every day, her elderly mother sitting next to her. “It makes me angry…Here I am breaking my back, facing higher electricity and phone bills and sales tax, and they’re off buying properties in New York, Miami, and who knows where else, and opening bank accounts in Switzerland.” She was reacting to one of the latest political scandals in Mexico, which sometimes feel as much a part of daily life as warm tortillas and hour-long lines at the bank. 

The latest one hits close to home for Claudia. An exhaustive investigative report in the New York Times last week revealed that ex-governor of Oaxaca José Murat has bought at least six high-end properties in the U.S.: in Utah, in Texas, and in the extravagantly expensive Time Warner Tower in New York City. Murat is from humble beginnings, and rose up through the ranks of the PRI party starting in the 70’s. He is a man known for his stentorian voice and larger than life presence, but when it came time to buy luxury property in the U.S., he became more discreet. By using names of relatives, altering his own surname, and founding a shell company, he was able to buy millions of dollars worth of property, much more than his government salary could have afforded. This may sound like the back-cover summary of a John LeCarré-meets-Horatio Alger novel, but this is the stuff of non-fiction.

Let’s go back to his home state for a moment. Oaxaca is Mexico’s second poorest state out of thirty-one. Over half of its citizens live in poverty, and about a quarter in extreme poverty. Home to diverse cultures and languages, archeological wonders, culinary riches that make mouths water the world over, more biodiversity than many nations can boast, and a blinding variety of crafts - not to mention alluring beaches - it’s no wonder Oaxaca is one of Mexico’s main tourist destinations. And yet this hasn’t translated into wealth for many Oaxacans. Perhaps it’s not surprising, then, that the state has a long tradition of emigration that started during the Bracero Program in the 1940’s and increased over the last twenty years, after NAFTA rendered small-scale farming a profitless endeavor. Remittances are essential to many families throughout the state. But not only in Oaxaca. Currently 10% of Mexicans live in the U.S., and in 2013 they sent a total of 21.6 billion dollars in remittances, the most significant sector of the Mexican economy after petroleum.

“José Murat...was a bad governor whose administration was marked by repression of social movements, co-optation of community leaders, and corruption,” ruminated Miguel Angel Vásquez de la Rosa of a local NGO, EDUCA. “In Mexico and in Oaxaca there are many politicians like José Murat, but unfortunately the Mexican justice system doesn’t take any actions to bring them to justice.” Indeed. The last few months alone have offered a wealth of examples: President Peña Nieto’s wife purchased a palatial $7 million home from a contractor cozy with her husband, Guerrero’s governor Aguirre had to step down due to suspected links with drug cartels, former governor of Veracruz Fidel Herrera was discovered to have multi-million dollar properties in New York, and ex-president Salinas’ brother Raúl, who amassed 84 million dollars and 41 properties during his brother’s administration, was exonerated of all charges. 

Of course, impunity in Mexico is a problem Mexico ultimately has to solve. But it's not the only issue at play here. Lax property laws in the U.S. which allow millionaires to buy property virtually anonymously are also to blame in this dynamic. By permitting sales in cash, or in the name of limited liability companies, shell companies, or trusts, these laws facilitate the movement and concealment of millions upon millions of dollars of dubious origin from all around the world. As Louise Story explains in her NYT piece, “In many ways, the (U.S.) government has allowed the real estate industry to turn a blind eye to the source of money used to buy luxury properties…Foreigners who buy real estate in the U.S. often have an easier time keeping it out of reach of investigators, victims and plaintiffs back home.” Which is to say, these laws contribute to the impunity that criminals like José Murat enjoy in Mexico and in other countries. The fact that it’s so difficult to trace the money makes prosecutions and convictions extremely unlikely. There is another troubling issue in this interplay of geopolitics and geocapitalism: a certain double standard. At the same time that the flow of people to the U.S. has become more restricted, cumbersome, and risky (i.e., a more militarized border, stricter immigration laws, higher deportation rates), the flow of money to the U.S. has become less restricted, easier to conceal, and more difficult to trace. 

Meanwhile, like Claudia and Miguel Angel, other Oaxacans I spoke to about the Murat revelation also expressed anger and fatigue. “Politicians are allowed to make a living, that’s fair. But steal from the people? That’s not right.” said Carlos Figueroa, who works six days a week at a local hardware store for $11.66 a day. “We know this goes on all the time, but every time there’s new proof I get pissed off all over again.”

Corrupción e Impunidad: Prácticas que Rompen Fronteras

por Maggie Ervin

En la ciudad de Oaxaca, Claudia Trujillo almorzaba detrás del mostrador, tal como lo hace todos los días, con su anciana madre sentada a su lado. "Se siente feo. Aquí estoy trabajando duro, cada vez con pagos de luz, teléfono y el IVA más altos. Y ellos están comprando propiedades en Nueva York, Miami, y no sé dónde...y con sus cuentas en Suiza”, señaló. Esta fue su reacción ante el último escándalo político en México, presentes en la vida cotidiana tanto como las tortillas calientes y las filas de una hora en el banco. 

El más reciente escándalo impacta a Claudia más que otros. Un reportage de investigación publicado la semana pasada en el New York Times reveló que el ex gobernador de Oaxaca José Murat ha comprado al menos seis propiedades lujosas en EE.UU.: en Utah, en Texas, y en la extravagante Torre Time Warner en Nueva York. Murat es de origen humilde, y se involucró en la política ingresando al PRI, escalando posiciones a partir de los 70. Es un hombre conocido por su estentórea voz y personalidad desbordante, pero al momento de comprar propiedades costosas en EE.UU., se volvió más discreto. Usando nombres de familiares, alterando su propio apellido, y fundando una empresa fantasma, comenzó a adquirir inmuebles que valen millones de dólares, y que su salario gubernamental no hubiera sido suficiente para cubrir. Esto puede sonar como el resumen de una novela colaborativa de John LeCarré y Horatio Alger, pero en realidad no es ficción.

Regresemos a su estado natal por un momento. Oaxaca es el segundo estado más pobre de México, de sus treinta y uno estados. Más de la mitad de los ciudadanos viven en situación de pobreza y cerca de un cuarto en pobreza extrema. Cuenta con una gran diversidad cultural y lingüística, maravillas arqueológicas, riquezas culinarias que hacen agua la boca de todo el mundo, tiene más biodiversidad de la que muchas naciones enteras pueden presumir, y una variedad de artesanías - por no mencionar sus playas seductoras. Así que no es de extrañar que Oaxaca sea uno de los principales destinos turísticos de México. Sin embargo, esto no se ha traducido en riqueza para muchos oaxaqueños. Tal vez no es sorprendente, entonces, que este estado tenga una larga tradición de migración iniciada durante el Programa Bracero en la década de 1940 e incrementada en los últimos veinte años, después de que el TLCAN hizo que la agricultura de pequeña escala se volviera no rentable. Las remesas son esenciales para muchas familias en todo el estado. Pero no sólo en Oaxaca. Actualmente el 10% de la población mexicana vive en EE.UU., la cual sólo en el 2013 envió unos 21,6 millones de dólares en remesas, constituyéndose como el sector más importante de la economía mexicana después del petróleo.

"José Murat…fue un mal gobernador. Su periodo estuvo marcado por la represión a movimientos sociales, la cooptación a líderes y la corrupción", reflexionó Miguel Ángel Vásquez de la Rosa de una ONG oaxaqueña llamada EDUCA. "En México y en Oaxaca hay muchos políticos como José Murat, pero desafortunadamente la justicia mexicana no actúa contra ellos..." En efecto. Tan sólo en los últimos tres meses han surgido una gran cantidad de ejemplos. La esposa del presidente Peña Nieto compró una lujosa casa por 7 millones de dólares a un contratista que resulto ser amigo cercano de su marido, el gobernador de Guerrero Angel Aguirre tuvo que renunciar debido a presuntos vínculos con cárteles, el ex gobernador de Veracruz, Fidel Herrera fue descubierto con propiedades con un valor de millones de dólares en Nueva York, y el hermano del ex presidente Salinas, Raúl, quien amasó 84 millones de dólares y 41 propiedades durante el gobierno de su hermano, fue exonerado de todos los cargos.

Por supuesto, la impunidad en México es un problema que el mismo México, en última instancia, tiene que resolver. Pero no es la única cuestión en juego. Las leyes de propiedad tan laxas en EE.UU. que permiten a millonarios comprar propiedades prácticamente de manera anónima también son culpables en esta dinámica. Al permitir las compras en efectivo, en nombre de terceros, y a través de empresas fantasma o fideicomisos, estas leyes facilitan el movimiento y el ocultamiento de millones y millones de dólares de origen dudoso de todo el mundo. Como Louise Story explica en su reporte, "En muchos sentidos, el gobierno (estadounidense) ha permitido la industria de bienes raíces hacerse de la vista gorda respecto a la fuente del dinero utilizada para comprar propiedades de lujo... Los extranjeros que compran bienes raíces en EE.UU. con frecuencia logran esquivar a quienes quieren investigarlos, así como a sus víctimas y demandantes en su lugar de origen. “ Lo anterior quiere decir que estas leyes contribuyen a la impunidad de la que los criminales como José Murat disfrutan en México y en otros países. El hecho de que sea tan difícil rastrear el dinero hace que los procesos y condenas sean extremadamente improbables. Además, resulta preocupante otra cuestión en este juego geopolítico y geocapitalista: un cierto doble estándar. Al mismo tiempo que el flujo de personas a los EE.UU. se ha vuelto más restringido, engorroso y arriesgado (es decir, una frontera más militarizada, leyes migratorias más estrictas, más deportaciones), el flujo de dinero a los EE.UU. se ha vuelto menos restringido, más fácil de ocultar, y más difícil de rastrear.

Mientras tanto, al igual que Claudia y Miguel Angel, otros oaxaqueños con quienes hablé acerca de la revelación sobre Murat también expresaron ira y cansancio. "Esta bien que ganan la vida. Pero robar a la gente? Eso no se vale", dijo Carlos Figueroa, quien trabaja seis días a la semana en una ferretería por 11,66 dólares al día. "Sabemos que eso pasa todo el tiempo, pero cada vez que hay nuevas pruebas me enojo de nuevo".

"Our conflict is not internal, but imposed": Lessons from Colombia for U.S. aid to Central America

By Julia Duranti, Witness for Peace Colombia

In a January op-ed for the New York Times, Vice President Joe Biden called for $1 billion in aid to Central America to address the migration and human rights crisis, citing Colombia as a successful example of U.S. intervention in Latin America. More details on the State Department’s proposal for the Northern Triangle have since emerged, and it appears that social, economic and development aid programs comprise 80 percent of the requested funds—a perfect inversion of Plan Colombia’s counternarcotics and counterinsurgency aid approved 15 years ago. While deemphasizing military aid is a positive development, the current proposal from the Department of State would maintain military and security funding for Central America at current levels, in addition to the separate Department of Defense budgets for foreign military aid.

There is also troubling language about “trade promotion” and economic development that is code for Washington Consensus policies of free trade, privatization and foreign investment.  The current fraught reality in Colombia, a partial result of Plan Colombia and its successor programs and a Free Trade Agreement (FTA) with the U.S. implemented in 2012, demonstrates that throwing money at the related issues of organized crime, violence and forced displacement – instead of addressing how the same policies actually drive those phenomena – does not solve human rights crises in Latin America.

U.S. intervention in Colombia has been expensive, costing U.S. taxpayers over $9 billion since 2000, not to mention the enormous human cost of the militarization of Colombia’s countryside. Of the seven million victims of the conflict registered since 1954, 5.9 million victimizations have occurred since 2000, when U.S. funding began to support Colombian security forces already known for collaboration with brutal paramilitaries. While paramilitaries officially demobilized in 2005, many simply reformed into loosely organized criminal structures that the Colombian government calls BACRIM, or criminal gangs. The BACRIM act as guns-for-hire involved in drug trafficking, illegal mining, extortion, human trafficking, and protection services for wealthy land and business owners along with multinational corporations.

Now the biggest threat to citizen security, the BACRIM carry out threats, forced disappearances and assassinations against members of Colombian social movements. In January they were responsible for a wave of threats against Colombian journalists and human rights defenders, as well as the 2014 spike in death threats against more than 150 human rights workers, activists and politicians, dubbed “Black September.” The splintering and reclassification of the paramilitaries as BACRIM allows their activities to be painted as a “climate of lawlessness” that justifies U.S. intervention and support for the Colombian state—as if both states had not tacitly encouraged the creation of these groups in the first place via proxy financial support to corrupt armed forces and neoliberal economic policies that decimated economic opportunities outside the informal or illegal sectors.

At six million people, Colombia’s internally displaced population is the second largest in the world. Some are rural farmers driven from their land by Plan Colombia-funded militarization and aerial herbicide fumigations intended to eradicate coca crops. In other cases, powerful monoculture palm oil and banana operations have collaborated with legal and illegal armed actors to force communities off their land. Additional examples of this type of development include sugar cane production for ethanol that has all but replaced agriculture in southwestern Colombia, while the cut flower industry heavily promoted by USAID has devastated food security in the savannah region surrounding the capital of Bogotá.

Even as the U.S. government has promoted these industries in Colombia, it has protected U.S. corporate interests by privileging U.S. corn, ethanol and other agricultural exports to Colombia under the FTA. In the three years since the FTA was implemented, U.S. exports to Colombia have skyrocketed and Colombia has seen its trade surplus of $8.7 billion evaporate and balloon into a trade deficit of $2 billion. Unable to compete with the flood of subsidized U.S. imports, small-scale producers have been driven out of the market, prompting thousands of Colombians to take to the streets in protest of the FTA and related policies in 2013 and 2014.

Violent displacement, the proliferation of paramilitarism via BACRIM, some of the highest corruption in Latin America, widespread impunity for human rights violations and one of the largest gaps between rich and poor in the world continue to haunt Colombia as problems that Plan Colombia successor programs and the FTA failed to address, or even exacerbated. Implementing the same strategy in Central America — already reeling from high violence and crime along with its own FTA with the U.S., DR-CAFTA — is unlikely to lead to better results. If the Obama Administration wants to get serious about a plan for Central America, it should pressure Congress to fund policies that address the true drivers of organized crime and forced migration, like U.S. demand for drugs and harmful trade agreements that privilege large corporations and the wealthy elite at the expense of local economies and communities. 

"Nuestra guerra no es interna, sino impuesta": Lecciones desde Colombia sobre la ayuda EE.UU a América Central

Por Julia Duranti, APP Colombia

En un editorial que escribió en enero para el New York Times, el Vice Presidente estadounidense Joe Biden solicitó mil millones de dólares de ayuda para América Central con el propósito de abordar las crises de la migración y de los derechos humanos, nombrando a Colombia como un ejemplo exitoso de la intervención estadounidense en América Latina. Desde entonces se han dado a conocer más detalles de la propuesta del Departamento del Estado para el Triángulo del Norte, y pareciera que los programas de desarrollo social y económico representarán el 80 por ciento de los fondos pedidos – una perfecta versión a la inversa de la ayuda antinarcóticos y contrainsurgencia que fue aprobada hace 15 años como parte del Plan Colombia. Aunque la reducción de la proporción del presupuesto que representa la ayuda militar es un paso positivo, la propuesta del Departamento del Estado mantendrá los fondos de carácter militar o de seguridad en sus niveles actuales para América Central, que se suman al otro presupuesto de ayuda militar extranjero que maneja el Departamento de Defensa.

Existe también un discurso preocupante alrededor de la “promoción del comercio” y el desarrollo económico que quiere decir las mismas políticas del consenso de Washington que son el comercio libre, la privatización y la inversión extranjera. La complicada realidad actual de Colombia, un resultado parcial del Plan Colombia y sus programas sucesores y de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con los EE.UU  implementado en el 2012, demuestra que tirar más dinero a la basura en las problemáticas interrelacionados del crimen organizado, la violencia y el desplazamiento forzado – en lugar de abordar cómo esas mismas políticas empujan esos fenómenos – no resuelve las crises  de los derechos humanos en América Latina.

La intervención estadounidense en Colombia ha sido cara, costándole a los contribuyentes estadounidenses más de U$9 mil millones desde el 2000, sin mencionar el enorme costo humano de la militarización del campo colombiano. De los siete millones de víctimas del conflicto armado que se han registrado desde 1954, 5,9 millones de las victimizaciones han ocurrido desde el 2000, momento en el que los fondos estadounidenses comenzaron apoyar a las fuerzas públicas colombianas, algunas de las cuales ya eran conocidas por su colaboración con los brutales paramilitares. Oficialmente los paramilitares se desmovilizaron en el 2005, pero muchos simplemente se integraron a diversas estructuras criminales que el estado colombiano ahora llama BACRIM, o bandas criminales. Las BACRIM funcionan como armas contratadas involucradas en el narcotráfico, la minería ilegal, la extorción, el trato humano, y la prestación de servicios de seguridad privada para ricos latifundistas y empresarios junto con empresas multinacionales.

Ahora las BACRIM son la amenaza más grande a la seguridad ciudadana y llevan a cabo amenazas,  desapariciones forzadas y asesinatos en contra de los miembros de los movimientos sociales colombianos. En enero fueron responsables por la onda de amenazas contra varios periodistas y defensores de derechos humanos colombianos, además del aumento de amenazas contra más de 150 defensores de derechos humanos, activistas y políticos en el 2014 conocido como Septiembre Negro. La fracturación y reclasificación de los paramilitares como BACRIM permite que sus actividades sean ilustradas como parte de un “clima de ilegalidad” que justifica la intervención y el apoyo estadounidense al estado colombiano – como si ambos estados no hubieran ya promocionado tácitamente la creación de estos grupos en primer lugar por medio del apoyo financiero a unidades corruptas de las fuerzas públicas y las políticas económicas neoliberales que diezmaron las oportunidades económicas fuera de los sectores informales o ilegales.

Con seis millones de personas, la población internamente desplazada de Colombia es la segunda mayor en el mundo. Algunas son personas de zonas rurales sacadas de sus tierras por la militarización y las aspersiones de áreas con herbicidas que pretenden erradicar cultivos de coca, financiadas por el Plan Colombia. En otros casos, poderosos proyectos de monocultivos de palma y banano han colaborado con los actores legales e ilegales para despojar a las comunidades de sus tierras. Otros ejemplos de esta clase del desarrollo incluyen la producción de la caña de azúcar para etanol que casi reemplaza a la agricultura en el suroccidente de Colombia, mientras la floricultura promocionada por USAID ha devastado la soberanía alimentaria en la sabana alrededor del capital, Bogotá.

A la vez que el estado estadounidense ha impulsado aquellas industrias en Colombia, ha protegido intereses empresariales estadounidenses a través del privilegio de las exportaciones estadounidenses de maíz, etanol y otros productos agrícolas a Colombia bajo el TLC. En los tres años desde que el TLC fue implementado, las exportaciones estadounidenses a Colombia han subido vertiginosamente y Colombia ha visto su superávit comercial de $8,7 mil millones evaporarse y convertirse en un déficit de $2 mil millones. Sin la capacidad de competir con la inundación de las importaciones subsidiadas de los EE.UU, los productores y productoras de pequeña escala han sido expulsados del mercado, lo cual inspiró miles de colombianos y colombianas salir a las calles en protesta por el TLC y las políticas relacionadas del 2013 y el 2014.

El desplazamiento violento, la proliferación del paramilitarismo a través de las BACRIM, una de las tasas de corrupción más alta en América Latina, la impunidad para las violaciones de los derechos humanos y una de las brechas más amplias en el mundo entre ricos y pobres continúan afligiendo a Colombia como problemas que los programas sucesores del Plan Colombia y el TLC no lograron solucionar, o incluso exacerbaron. Es poco probable que la implementación de la misma estrategia en América Central – que ya está lidiando con altas tasas de violencia y crimen además de su propio TLC con EE.UU, DR-CAFTA – produzca mejores resultados. Si el gobierno de Obama quisiera hacer un plan serio para América Central, debería presionar al Congreso de EE.UU para que financie políticas que abarquen las causas verdaderas del crimen organizado y la migración forzada, como la demanda estadounidense de drogas y los dañiños TLCs que privilegian a las empresas grandes y a las élites a costa de las económicas locales y de las comunidades. 

The White House Proposal on Central America: “Systemic Change”?

Witness for Peace Honduras

Last year, Central Americans came to the U.S. in unprecedented numbers, especially Central American children. Communities all over the U.S. found themselves asking: why? What are these children leaving behind?

Migration from Central America is nothing new, and the phenomenon has deep roots. Many writers have pointed out that many of these children are leaving behind violence and poverty that are directly linked with U.S. foreign policy.

Witness for Peace’s experience with a variety of communities in Honduras and Nicaragua very much supports this conclusion. Our community partners tell us that U.S.-promoted free trade agreements like the Dominican Republic-Central America Free Trade Agreement (DR-CAFTA) contribute to the displacement of small producers and small farmers, who can no longer make a living when having to compete with large producers. Jobs are often created in the textile or manufacturing sectors, but workers often suffer low wages, unsafe working conditions, and high job instability. These policies leave many Central Americans with no options for survival other than migrating to look for work. Elsewhere, the experience has been similar: in Mexico, the North American Free Trade Agreement, NAFTA, contributed to a sharp increase in Mexican migration to the U.S. in the 1990s.

In Honduras (and in Guatemala and El Salvador), in addition to promoting neoliberal economic reforms like these, the U.S. has also sent tens of millions of dollars to the Honduran military and police under the Central America Regional Security Initiative (CARSI). These funds are supposed to contribute to better public security – indeed, rampant levels of violence are another central cause of migration out of Honduras. Yet this approach has failed to address the root causes of insecurity and inequality. Moreover, it means supporting a police and military force who have been "overwhelmingly corrupt" and who have been linked to numerous human rights abuses. For example, members of the indigenous Lenca community of Rio Blanco have reported that hydroelectric dam projects have been undertaken in their community without their consent, and the community has peacefully protested the project. In 2013, a community member was killed by a member of the Honduran military, and his teenaged son was shot and wounded.

Now the White House has a new proposal to reduce levels of migration from Central America to the U.S. Its stated goal is to get at the root causes and create “systemic change.” We applaud the White House’s initiative in addressing this crisis. Yet, rather than systemic change, the proposal includes the promotion of more policies like these, calling for free trade agreements and other incentives to promote foreign investment in Central America. It includes, too, continued levels of military and police funding. These are policies that are directly linked with the kind of poverty and violence that so many child migrants have fled from. We urge the White House to re-think this approach.

Similar U.S. policies in Colombia have also had alarming consequences. Read more from the Witness for Peace Colombia team in an upcoming blog.

La propuesta de la Casa Blanca en Centroamérica: "Cambio Sistémico"?

Programa de Acción Permanente por la Paz de Honduras

El año pasado, los centroamericanos llegaron a los EE.UU. en números sin precedentes, en particular los niños centroamericanos. Las comunidades de todo EE.UU. se encontraron preguntando: ¿por qué? ¿Cuál es la realidad que dejan atrás estos niños?

La migración de Centroamérica no es nada nuevo, y el fenómeno tiene raíces profundas. Muchos escritores han señalado que muchos de estos niños están dejando atrás la violencia y la pobreza que están directamente vinculadas con la política exterior estadounidense.

La experiencia de Acción Permanente por la Paz en una variedad de comunidades en Honduras y Nicaragua da mucho sustento a esta conclusión. Las comunidades con las que colaboramos nos cuentan que los acuerdos de libre comercio como el Tratado de Libre Comercio República Dominicana y América Central (DR-CAFTA), promovido por Estados Unidos, contribuyen al desplazamiento de los pequeños productores y los pequeños agricultores, ya que no pueden ganarse la vida al tener que competir con grandes productores. Muchas veces se crean trabajos en el sector textil o de fabricación, pero muchas veces los trabajadores sufren bajos salarios, condiciones de trabajo inseguras y alta inestabilidad laboral. Estas políticas dejan a muchos centroamericanos sin opciones de supervivencia, aparte de migrar en busca de trabajo. En otros lados, la experiencia ha sido similar: en México, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, ha contribuido a un fuerte aumento de la migración mexicana a los EE.UU. en la década de las 1990.

En Honduras (y en Guatemala y El Salvador), además de promover reformas económicas neoliberales como estas, los EE.UU. han enviado también decenas de millones de dólares para el ejército y la policía de Honduras bajo la Iniciativa de Seguridad de América Central Regional (CARSI). Estos fondos se supone que contribuyan a mejorar la seguridad pública - por supuesto, los niveles desenfrenados de violencia representan otra causa central de la migración de los hondureños y las hondureñas. Sin embargo, este enfoque ha fracasado en abordar las causas profundas de la inseguridad y la desigualdad. Por otra parte, significa el apoyo a una fuerza policial y una fuerza militar que han sido "abrumadoramente corruptas" y que han sido vinculadas a numerosos abusos contra los derechos humanos. Por ejemplo, miembros de la comunidad indígena Lenca de Río Blanco han informado que se han llevado a cabo proyectos de represas hidroeléctricas en su comunidad sin su consentimiento, y la comunidad ha protestado pacíficamente el proyecto. En 2013, un miembro de la comunidad fue asesinado por un miembro de las fuerzas armadas de Honduras, y su hijo adolescente fue herido a balas.

Ahora la Casa Blanca tiene una nueva propuesta para reducir los niveles de migración de Centroamérica a los Estados Unidos. Declararon que su objetivo es llegar a las causas profundas y crear "un cambio sistémico." Aplaudimos la iniciativa de la Casa Blanca para hacer frente a esta crisis. Sin embargo, en lugar de un cambio sistémico, la propuesta incluye la promoción de más políticas como éstas, proponiendo los acuerdos de libre comercio y otros incentivos para promover la inversión extranjera en América Central. Incluye, también, financiación militar y policial a niveles continuos con los años pasados. Estas son las políticas que están directamente relacionadas con la pobreza y la violencia de las cuales tantos niños migrantes han huido. Instamos a la Casa Blanca que vuelvan a considerar esta propuesta.

En Colombia, las políticas estadounidenses similares también han tenido consecuencias alarmantes. Lea más en el próximo blog del equipo de Acción Permanente por la Paz en Colombia.

Día internacional de las trabajadoras y trabajadores de flores Mientras a las empresas se les exime del pago de impuestos, a las trabajadoras y trabajadores de flores se les recarga

La ONG colombiana Cactus, que acompaña a lxs trabajadores de flores y sus familias en la Sabana de Bogotá y que participó como invitados en la gira con APP Capitulo Centro-Norte en octubre del 2014, escribió el siguiente comunicado sobre la importancia de celebrar el Día Internacional de las trabajadoras y trabajadores de flores este 14 de febrero. Aprende más sobre la campaña de flores de APP del 2015 y los vínculos de la industria de flores a los políticos estadounidenses.

En Colombia existen alrededor de 400 empresas productoras de flores cortadas para exportación que ocupan 6.700 Hectáreas, de las cuales 73% se encuentran en la Sabana de Bogotá, 24% en Antioquia y 3% en la zona centro. Colombia es el segundo exportador mundial de flores cuyos destinos principales son Estados Unidos (76%), Japón (4%) y la Unión Europea, con ventas por 700 millones de dólares anuales. En 2013 el sector presentó crecimiento en 1,2% en la producción, 4,4% en exportaciones y 4,3% en las hectáreas sembradas.

Lo anterior evidencia una vez más cómo el sector floricultor colombiano es exitoso a pesar de situaciones relacionadas con las condiciones climáticas adversas, la revaluación del peso y la competencia internacional. Una de las razones para la fortaleza del sector se relaciona con los incondicionales apoyos que históricamente han hecho los gobiernos colombianos a las empresas exportadoras y particularmente con la exención de impuestos de que goza el sector floricultor.

Nos referimos concretamente a la exención de impuesto de industria y comercio que deben pagar las empresas en general por razón de su actividad económica. La floricultura no paga estos impuestos a los municipios, lo cual deja de ser un ingreso que estos podrían percibir para reinvertir en el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes y particularmente las trabajadoras y trabajadores que en ellos habitan. Existen además otras medidas que benefician al gremio como la excepción del pago de contribuciones a la salud en un 8.5% y la devolución del IVA al sector floricultor por compra de insumos.

Por su parte, las y los trabajadores de flores ganan un salario mínimo (644 mil pesos, equivalente a 274 dólares mensuales) insuficiente para cubrir sus necesidades básicas; se sigue afectando su salud por el aumento de las metas de producción (mientras un trabajador o una trabajadora, en la década de los noventa tenía bajo su responsabilidad 40 camas[1], en la actualidad puede tener más de 70); y por las prácticas antisindicales tradicionales en muchas empresas del sector floricultor. Esto sin contar con los ya conocidos impactos socioambientales por el uso intensivo de agroquímicos y el alto consumo de agua (5.746 metros cúbicos por hectárea al año) en conflicto con el uso del agua para el consumo humano.



En contraste con los beneficios que reciben las empresas se evidencia un tratamiento distinto con quienes hacen parte de la base de la pirámide de actores que intervienen en la producción florícola (las trabajadoras y trabajadores de las flores), que pagan impuestos indirectos como el IVA (Impuesto al Valor Agregado) por la vía del consumo. Las mujeres y hombres trabajadores de la floricultura no obtienen beneficios reales directos y suficientes por el pago de los impuestos que hacen. El Estado no tiene una preocupación real y efectiva por el mejoramiento de las condiciones de vida y los derechos de las y los trabajadores del exitoso gremio exportador.

Si el Estado hace esfuerzos importantes para salvar a las empresas o para incentivarlas, ¿por qué no hace lo mismo frente a las crisis económicas y sociales de las trabajadoras y trabajadores, que son los actores fundamentales que aportan a la riqueza de dichas empresas?

Si las empresas de flores tributaran sería posible que las comunidades municipales y las trabajadoras/es se pudieran beneficiar por la vía de servicios sociales, u otras formas, de dichos impuestos. No son suficientes las acciones que las empresas desarrollan desde la responsabilidad social empresarial, cuya realización depende de la voluntariedad de las mismas (no son una obligación) y cuyo objetivo principal es mejorar su imagen.

Esto es cuestión de Justicia tributaria! Es decir, el Estado debería tomar las medidas necesarias para exigir que estas empresas paguen impuestos a los municipios, los cuales deberían ser orientados especialmente a mejorar la calidad de vida de las mujeres y los hombres que hacen posible dicha riqueza.

Contra la exención de impuestos a la floricultura… viva la dignidad de las y los trabajadores!

Viva el Día Internacional de las trabajadoras y trabajadores de flores! ¡Porque somos más importantes que miles de flores juntas!”

International Flower Workers Day: While flower companies get tax breaks, workers have to pick up their slack

Cactus, a Colombian NGO that accompanies flower workers and their families in the Bogotá Savannah and participated in a WfP Upper Midwest's October 2014 speaker tour, penned the following statement about the importance of reclaiming February 14 as International Flower Workers Day. Learn more about WfP's 2015 Flower Campaign and the Colombian cut flower industry and its ties to U.S. policy.

By Cactus

In Colombia there are approximately 400 companies that produce cut flowers for export, occupying about 17,000 acres of land. Seventy-three percent of these farms are in the Bogota Savannah, 24 percent in the province of Antioquia and 3 percent in the central area region of the country. Colombia is the second largest flower exporter in the world whose major recipients are the U.S. (76 percent), Japan (4 percent) and the European Union, with annual total sales valued at more than $700 million. In 2013 the industry experienced 1.2 percent growth in production, 4.4 percent growth in exports and 4.3 percent growth in acreage.

All of the above illustrates once again that the Colombian flower industry is successful in spite of adverse climate conditions related to climate change, the revaluation of the peso and international competition. One of the reasons that the industry remains so strong has to do with the unconditional supports that Colombian governments have historically provided to export companies, particularly as related to tax exemptions that the flower sector enjoys.

We are referring specifically to the exemption from the industry and trade tax that companies normally must pay as commercial businesses. The flower industry does not pay such taxes to the municipalities in which they are located, which means they are denying them crucial income that could be reinvested in the region to improve quality of life for residents, especially the flower workers that live there. Another benefit that the flower growers’ association enjoys is an exemption from the 8.5 percent minimum in healthcare contributions and the refund of Value Added Tax (VAT) on agricultural supplies.

For their part, flower workers earn the Colombian minimum wage of 644,000 pesos (about $275 USD) monthly, which is not enough to cover basic necessities. Their health is affected by increased production: in the 1990’s a flower worker was typically responsible for 40 flower beds; that number has since increased to 70. Antiunion practices across the sector also impact workers. This is all in addition to the well-known social-environmental impacts incurred by the intensive use of agrochemicals and high water consumption (5.746 cubic meters per hectare per year) that takes away from the water supply fit for human consumption.

In stark contrast to the benefits that companies receive are the workers that form the base of the pyramid of activities required for flower production, who must pay a Value Added Tax for all goods they purchase. Furthermore, the women and men that work in the flower industry do not actually receive any real benefits from the taxes they pay because the Colombian government is not sufficiently concerned with improving labor and living conditions for the workers in this successful export sector.

If the government makes such an effort to save and incentivize companies, why doesn’t it do the same to address the social and economic crises that workers face, being as how they are fundamental to the industry’s profits? If flower companies actually paid taxes it would be possible for communities, municipalities and flower workers to all benefit from additional social services and other improvements. Corporate Social Responsibility Campaigns that companies have developed are not enough, since they are voluntary and their main motivation is to improve company image.

This is an issue of tax justice. The government should take the necessary measures to demand companies to pay taxes to municipalities, which should be oriented to improve quality of life for the men and women that make this wealth possible.

No more tax exemptions for flower companies! Long live the dignity of flower workers!

Celebrate International Flower Workers Day: Because we are more important than thousands of flowers!

En la semana de San Valentin, la floricultura en Colombia no es una cama de rosas

La versión original de este articulo fue publicada en inglés en Latin Correspondent. 

Esta semana, rosas y claveles volarán de los estantes de tiendas alrededor del mundo en preparación para el Día de San Valentin el 14 de febrero.

Si estás en los EE.UU, fíjate en las etiquetas en los ramos de flores: es probable que fueran cultivadas en Colombia, que produce aproximadamente el 75 por ciento de las flores consumidas en los EE.UU. La industria, valorada en $1,3 mil millones, genera alrededor de 130.000 empleos en Colombia.

Aunque tal vez parezca un acontecimiento positivo en un país donde casi la mitad de la fuerza laboral trabaja en el sector informal, algunas de las trabajadoras de flores cuentan otra historia: una acerca del robo de sueldos, las largas jornadas, la intermediación laboral, la contaminación por pesticidas y la desintegración de la soberanía alimentaria mientras los monocultivos de flores van ocupando las tierras anteriormente utilizadas para cultivar diversos alimentos. 

“Esta semana las trabajadores están trabajando al punto de desmayarse,” dijo Josefa Gómez, ex trabajadora de flores y miembro de Cactus, una ONG colombiana que acompaña a las trabajadoras y los trabajadores de flores y sus familias en la sabana de Bogotá, donde se encuentra el 73 por ciento de los cultivos de flores colombianas.

“Trabajan todo el día, la noche y hasta el amanecer. Algunas de las trabajadoras se están desmayando y apenas se recuperan las mandan a seguir trabajando. Eso es para cumplir con el pedido de los EE.UU.”

300 flores en una hora

Según un recién informe de Cactus, los trabajadores de flores (la mayoría de los cuales son mujeres) normalmente son responsables por 70 camas de flores, que miden alrededor de 180 metros cuadrados – un aumento significativo en comparación con las 40 camas exigidas de las trabajadoras hace 20 años.

Después de sembrar las flores, cada trabajadora tiene que llevar a cabo los otros pasos involucrados en su producción. Estos incluyen podar, limpiar, cortar y abonchar las flores en ramas que luego son enfriadas y cargadas en vuelos directos a Miami. Desde allá los camiones refrigerados las llevan a sus destinos finales en las tiendas de venta al por menor en los EE.UU.

“Para cumplir con los pedidos las trabajadoras tienen que cortar 300 tallos por hora,” dijo Gómez. “El trabajo genera varias enfermedades como el túnel del carpo, problemas de columna, y cáncer de sangre y de piel por los químicos que usan para fumigar las plantas”.

Por el trabajo que realizan las trabajadoras reciben el sueldo mínimo mensual colombiano de 644.000 pesos o $275 dólares. Sin embargo, Cactus considera que sus sueldos verdaderos son menores, dado que a veces las dotaciones son descontadas de sus salarios. Además, a algunas trabajadas se les niega su cobertura médica pese a los pagos mensuales que les descuentan – y las trabajadoras que se lesionan en el trabajo suelen enfrentarse con dificultades para clasificar sus enfermedades como profesionales y no ordinarias, lo cual les niega asistencia la médica necesaria.

Detrás de la etiqueta

Los trabajos en la floricultura son por épocas, con cada vez más trabajadoras empleadas bajo contratos temporales que les niegan beneficios como la salud y las pensiones, dice Gómez. Durante la temporada alta entre el Día de San Valentín y el Día de la Madre, las trabajadoras trabajan jornadas de 16 a 22 horas, seis días a la semana, y luego cuando la demanda baja son despedidas o recompensadas con un periodo indefinido de “días de descanso” en lugar de las horas extras.

El uso de este tipo de contratos temporales es una violación directa del Plan de Acción Laboral entre EE.UU y Colombia, el cual pretendía mejorar la pésima situación laboral en Colombia como una precondición para la implementación del Tratado de Libre Comercio entre los dos países en el 2012. Además de privar a las trabajadoras de los beneficios que implican los contratos directos y un canal de reclamos con un empleador directo en el caso de que se encuentren en una situación laboral abusiva, la rampante intermediación laboral complica la legitimidad de los certificados del comercio justo.

La Asociación de Floricultores de Colombia (Asocoflores) creó un certificado y programa de capacitación de comercio justo que se llama Florverde Flores Sostenibles, y asevera que implementa buenos estándares laborales y ambientales que incluyen una prohibición en el uso de los pesticidas prohibidos por la Organización Mundial de Salud y otras autoridades ambientales de los EE.UU y la Unión Europea.

Florverde dice que aproximadamente 2.000 mil hectáreas de 6.500 hectáreas de los cultivos de flores en Colombia son actualmente certificados, y las ramas florales Florverde (que solo requieren contener el 70 por ciento de flores Florverde para llevar su sello) son vendidas en Walmart y Costco en los EE.UU. Pero con tantas subsidiarias, empleadores temporales y otras formas de intermediación laboral en Colombia, es imposible saber si todas las condiciones de Florverde realmente son cumplidas por toda la cadena de producción.

“Las visitas a fincas preseleccionadas y el certificado dan una imagen limitada a lo que pasa en ciertas fincas, en lugar de las realidades para las trabajadores en el resto del sector. Es una imagen que las empresas usan para vender más de su producto, pero ninguna de esas ganancias llegan a las trabajadoras” dijo Gomez.

Dilo con las trabajadoras de flores

Como parte de su campaña de educación alrededor de las condiciones laborales y ambientales en la floricultura colombiana, Cactus celebrará el 14 de febrero como el Día Internacional de Las Trabajadoras y Los Trabajadores de las Flores y espera que pueda ser una oportunidad para los consumidores en el extranjero apoyar a las trabajadoras colombianas a través de exigir mejores estándares laborales y ambientales, además de reflexionar en los impactos duraderos en de los modelos monocultivos de desarrollo en las economías locales.

“Los consumidores en EE.UU tienen el poder de ayudar a los trabajadores a conseguir contratos directos y mejores condiciones. Pueden presionar a sus representantes en el Congreso para mejorar las condiciones para los trabajadores,” dijo Gómez.

“Que viva el Día Internacional de las Trabajadoras y los Trabajadores de flores,” escribió Cactus en un comunicado, “Porque todos juntos somos más importantes que miles de flores.”

While peace is negotiated, human rights violations in Cauca, Colombia continue

While peace talks between the Colombian government and the FARC guerillas continue, many of Witness for Peace's partners on the ground emphasize that a lasting peace with social justice requires more than just an end to hostilities between the state and the insurgency. The following statement from human rights defenders in the southwestern province of Cauca regarding the recent increase in attacks on human rights defenders illustrates why the U.S. must urge the Colombian government to protect human rights defenders in their important work and include civil society voices in peace building efforts.

By the Cauca Network for Life and Human Right (CIMA, CRIC, MCC, Acader, Ascap, Ruta Pacifica de Mujeres, Ordeurca and Cococauca)

We highlight the important advances that the peace talks in Havana have made regarding the FARC’s unilateral ceasefire, the discussions of a possible bilateral ceasefire and the reduction of hostile actions in civilian areas. However, the Cauca Network for Life and Human Rights denounce to the international community that the end of 2014 and beginning of 2015 has seen an increase in human rights violations in the province of Cauca. These include assassinations, assassination attempts and threats against human rights defenders and community leaders, along with an increase in femicides and extrajudicial killings.

The statistics gathered by our network’s Observatory on Human Rights and International Humanitarian Law indicate that in December 2014 and January 2015 in Cauca at least 10 indigenous, campesino and Afro-Colombian organizations have been threatened via pamphlets, phone calls and text messages signed by “Los Rastrojos,” “Aguilas Negras” and other unidentified groups. Leaders are being threatened for opposing illegal and multinational mining operations in their territories. Among the organizations and leaders most affected are the members of the Untied Afro-Cauca Organizations (UAFROC) and the Afro-descendant Women’s Movement for Life and Territory from Suarez, who have also been victims of attempts on their life and forced displacement. Similarly, leaders from the National Afro-Colombian Advisory Council were threatened by pamphlets distributed in the Guapi, Cauca City Hall.

The member organizations of the Cauca Network for Life and Human Rights are on high alert in the wake of assassinations of human rights defenders. In two months, two community leaders and one public official were killed: on December 9, 2014 on the highway from Popayan to Purace, Elkin Dario Mompotes, a leader of the Indigenous Mining Company, was killed by hired assassins; on January 15, 2015, Emiro Medina Velasco, the Manager of the Municipal Legal Office in Caloto, was killed; and on February 4, men dressed in civilian clothing and driving a motorcycle assassinated Heriberto Narvaéz, a campesino leader from El Patía. To these we can also add the murder of Congreso de los Pueblos member and leader Carlos Pedraza, which occurred in the rural outskirts of Bogotá. Together they demonstrate the lack of protections for the work of human rights defenders and their participation in the construction of peace in this country.

Women are another group that has been strongly impacted during this period. The Observatory on Human Rights and International Humanitarian Law has registered at least eight femicides, which represents a 50 per cent increase from the previous reporting period. Along with this there have been repeated threats and intimidations against Afro-descendant women from northern Cauca, who have been publicly demonstrating since last year in defense of their territory against illegal mining. This includes the forced displacement of leader Francia Marquez and her family.

This year also began with community reports of excessive force and abuse of authority by members of the 29th Brigade of the Colombian Military in the village of El Plateado, near the city of Argelia, Cauca. On January 18, Faiber Cuellar, 28 years of age, was assassinated by soldiers who indiscriminately opened fire after requesting him to stop at a checkpoint.

The beginning of this year has also seen an increase in common violence. As of the current date, in the cities of Santander de Quilichao, Popayán, Puerto Tejada and El Tambo at least 48 people between 18 and 30 years of age have been murdered.

The Cauca Network for Life and Human Rights urges the Colombian government to comply with its responsibility to protect lives and human rights, investigate and punish those responsible for these crimes and to create the conditions necessary to effectively protect human rights defenders and organizations. Peace will not be possible if there are no protections for the defense of human rights and no mechanisms for the participation of civilians, social organizations and social leaders in peace building.

Popayán, Cauca, Colombia

Mientras se negocia la paz, en el Cauca, Colombia continúan las violaciones a los derechos humanos

Mientras los diálagos de paz entre el gobierno colombiano y las guerillas de las FARC continúen, muchas de las organizaciones colombianas que Acción Permanente por la Paz acompañan aseveran que una paz duradera con justicia social requererá más que el cese de hostilidades entre el estado y la insurgencia. El siguiente comunicado emitido por una red de organizaciones sociales del departamento suroccidental de Cauca acerca del reciente aumento en atentos contra lxs defensores de derechos humanos demuestra por qué los EE.UU debe instar al gobierno colombiano que proteja a lxs defensores de derechos humanos en su trabajo importante y que incluya las voces de la sociedad civil en la construcción de la paz.Por la Red Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca

(CIMA, CRIC, MCC, Adacer, Ascap, Ruta Pacífica de las Mujeres, Odeurca y Cococauca)

Resaltamos el importante avance de los diálogos de Paz en La Habana, el compromiso de cese unilateral al fuego por parte de las Farc y la discusión de un posible cese bilateral, que ha reducido significativamente las acciones bélicas en los territorios y la afectación de la población civil. Sin embargo, la Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca, denunciamos ante la opinión pública nacional internacional que el fin del 2014 y lo trascurrido del año 2015 se ha incrementado la violación a los Derechos Humanos en el departamento, bajo la forma de homicidios de líderes sociales, de defensores de derechos humanos, atentados y amenazas, así como también del aumento de los feminicidios y ejecuciones extrajudiciales.

Las cifras emitidas por el Observatorio de Derechos Humanos y DIH de la Red por la Vida, indican que en el Cauca entre los meses de diciembre de 2014 y enero de 2015, al menos diez colectivos de indígenas, campesinos y afrodescendientes han sido amenazados mediante panfletos, llamadas telefónicas y mensajes de texto firmadas por “Los Rastrojos”, “Águilas Negras” y otros sin identificar, en las que se intimida a sus dirigentes por oponerse al desarrollo de la minería ilegal y trasnacional en sus territorios. Dentro de las organizaciones y líderes que más han sido afectados, se encuentran los y las integrantes de la Unidad de Organizaciones Afrocaucanas -UAFROC y de la “Movilización de Mujeres Afrodescendientes por el Cuidado de la Vida y los Territorios Ancestrales” de Suarez, quienes además han sido víctimas de atentados contra su vida y el desplazamiento forzado. De igual manera, líderes delegados a la Consultiva Nacional para Comunidades Afro, fueron amenazados a través de panfletos distribuidos en la cabecera municipal de Guapi.

Las organizaciones integrantes de la Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca alertamos sobre el asesinato contra líderes y defensores de derechos humanos. En un periodo de dos meses fueron asesinados 2 líderes sociales y 1 funcionario público: el 9 de diciembre de 2014, en la vía que de Popayán conduce al municipio de Puracé fue muerto por sicarios ELKIN DARIO MOMPOTES quien se desempeñaba como presidente de la Empresa Minera Indígena; El 15 de enero de 2015 se presentó el asesinato de EMIRO MEDINA VELASCO Jefe de la Oficina Jurídica Municipal de Caloto y el 4 de febrero, hombres vestidos de civil que se movilizaban en una motocicleta asesinaron a HERIBERTO NARVAÉZ, líder campesino del municipio de El Patía.

Todos estos hechos sumados al asesinato del líder CARLOS PEDRAZA integrante del Congreso de los Pueblos ocurrido en zona rural de Bogotá, evidencian la falta de garantías para la labor de defensa de los derechos humanos y la participación en la construcción de la paz en el país.

Las mujeres han sido también uno de los grupos poblacionales duramente afectados en este periodo, al menos 8 homicidios y/o feminicidios han sido registrados por el Observatorio de Derechos Humanos y DIH de la Red por la Vida, cifra que comparada con el periodo anterior evidencia un incremento de 50%, a ello se suma las reiteradas amenazas e intimidaciones de la que han sido víctimas las mujeres afrodescendientes del norte del Cauca quienes se movilizaron el año pasado en defensa del territorio y contra la minería ilegal, que ha costado entre otros, el desplazamiento forzado de la lideresa FRANCIA MÁRQUEZ y su familia.

Este año inició también con hechos que las comunidades denuncian como exceso de fuerza y autoridad por parte de militares adscritos a la Brigada No. 29 del Ejército Nacional, el 18 de enero en el corregimiento de El Plateado en el municipio de Argellia (Cauca), fue asesinado FAIBER CUELLAR de 28 años de edad, a manos de los militares que luego de darle una orden de pare en un retén le dispararon indiscriminadamente.

Durante los primeros días del año se ha registrado un aumento de la violencia social no política, que al momento deja al menos 48 personas entre los 18 y 30 años de edad asesinadas a manos de sicarios, hechos ocurridos principalmente en los municipios de Santander de Quilichao, Popayán, Puerto Tejada y El Tambo.

La Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca insta al Gobierno Colombiano a cumplir con su responsabilidad de garantizar la vida y los derechos humanos, a investigar y sancionar ejemplarmente los responsables de estos hechos, generar las condiciones necesarias para proteger de manera efectiva a defensoras y defensores de Derechos Humanos y sus organizaciones. La Paz no será posible si no existen garantías para La defensa de los derechos humanos y para la participación de la población, sus organizaciones y líderes sociales en la construcción de la misma.

Popaýan, Cauca, Colombia