"La angustia mayor": la desaparición forzada en México

por Maggie Ervin con Nadín Reyes Maldonado

En su tercer informe de gobierno hace algunas semanas, el presidente mexicano Peña Nieto reconoció que el último año había sido "difícil". De hecho, lo que va de su sexenio ha sido difícil, pero no para todos: como las empresas que se han beneficiado de las reformas constitucionales, como el capo prófugo Chapo Guzmán, o como el contratista que vendió una casa lujosa a la primera dama por debajo del valor del mercado. Pero sin duda ha sido un año difícil para los 55.3 millones de mexicanos pobres, y especialmente para los defensores de derechos humanos, de los cuales 81 han sido desaparecidos forzadamente durante los dos años y medio de la administración peñista, en comparación con 53 durante todo el sexenio de su predecesor Calderón.

El próximo sábado se cumple un año de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. A pesar de las negativas del gobierno, una investigación independiente ha mostrado que los policías municipales, estatales y federales participaron en los ataques, y que oficiales militares estuvieron presentes en al menos dos de las escenas de violencia. Como si fuera poco, también se encontró que el gobierno destruyó evidencia clave.

Pero cuando hablamos de las desapariciones en México, 43 no es el único número relevante. 26,000 también es. Por lo menos esa cantidad de mexicanos han sido víctimas de este crimen desde que la Guerra Contra las Drogas apoyado por EE.UU. comenzó en el 2006.

Nadin Reyes Maldonado es experta en el tema. Desde que su padre Edmundo Reyes y su amigo Gabriel Cruz fueron desaparecidos forzadamente en el 2007, ha estado trabajando incansablemente en la problemática: buscando a su padre y justicia, acompañando a otros familiares de desaparecidos, conscientizando sobre el tema, y haciendo esfuerzos de prevención como promover leyes y medidas preventivas. Ella y otras tres mujeres conforman la organización Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”. A principios de este año, realizaron una gira nacional en todo México para dar a conocer su lucha por la justicia en el caso de Edmundo Reyes-Gabriel Cruz, así como el fenómeno de la desaparición forzada en general.

Me senté con ella recientemente y le hice algunas preguntas:

Nadín dando un discurso en Oaxaca

WFP: Hace un año el caso Ayotzinapa causó horror e indignación al nivel internacional. Sin embargo desde la Guerra Sucia y todavía más a partir de la Guerra Contra el Narco, la desaparición forzada ha estado ocurriendo en México. ¿Por qué el estado mexico recurre a este crimen de lesa humanidad? ¿Qué gana con eso?

Nadín: Nosotros pensamos que cometer este crimen de la desaparición forzada de personas es como el crímen pefecto para el estado porque es un crímen que permite causar mucho terror en la población, paralisis de varios sectores de la sociedad, y que lleva también sobre todo un mensaje de desarticular ciertos procesos organizativos de organizaciones de derechos humanos u organizaciones populares a las cuales también está siendo dirigida esta política de la desaparición forzada… Se está cometiendo ahora en contra de una población en general, no solamente personas activistas, sino que también se sigue cometiendo de manera selectiva como en los años sesentas, setentas en contra de muchas organizaciones sociales y de defensores de derechos humanos. Con esa intención de desarticular organizaciones, causar miedo y terror. Y que la población se quede en la parálisis para poder seguir implementando estas políticas neoliberales, que es lo que vemos actualmente, y que sin duda una desaparicion efectivamente tiene une situación de mayor tortura y mayor represión en contra de la población.  Es decir, no se ejecuta, sino se desaparece porque al desaparecer uno está en esta situación de angustia, de zozobra de no saber que pasó con la persona que está desaparecida. Y eso a diferencia de una ejecución extrajudicial, cuando se cierra el proceso. Con una ejecución o un asesinato hay…uno sabe que la persona está muerta, tiene uno un proceso de duelo, puede cerrarse este proceso, de saber que la persona ha sido asesinada. Sabemos, tenemos el cuerpo, hay evidencias. En caso de una desaparición forzada, no. No sabemos si la persona está viva o no, y eso mantiene mayor zozobra y incertidumbre. La angustia mayor, el dolor en los familiares y la poblacion en su conjunto, y por eso es una práctica más eficaz que se recurre por parte de los estados para mantener en situación de incertidumbre a la población.

WFP : En el caso de la desaparición forzada de tu papá las authoridades no quisieron levantar una denuncia en Oaxaca, donde ocurrió, y además negaron los hechos. En los casos de las desapariciones forzadas, ¿qué común es encontrar este tipo de obstáculos?

Nadín: El la mayoría de los casos ocurre la misma situación, tal como ocurrió en el caso de nuestros familiares. Nosotros hemos escuchado testimonios de otras mamás, de otros casos que han ocurrido en lo mismo. Las autoridades no quieren levantar las denuncias por este delito. Te ponen muchos obstáculos, muchas negativas. Una de ellas es que el delito no está tipificado en sus estados, que regresen a sus casas, que probablemente la persona desaparecida se fue sin avisar, que a lo mejor en días posteriores regresen. Ponen miles de pretextos para no poder levantar la denuncia. Y eso es como…Creo que en más del 80 por ciento de los casos ocurre la misma respuesta por parte de las instituciones en no querer levantar las denuncias. Y otra de las cosas que pasa es que hay mucha intimidación por parte de las mismas autoridades. No solamente no levantan las denuncias sino que también amenazan a los famliares. Dicen que no denuncien porque ya tienen un familiar desaparecido puede haber otro caso entre sus famliares y que lo mas recomendable es que no le mueven o no denuncien. Eso es como la generalidad de las respuestas de las autoridades, que no quieren levantar las denuncias, pero también hay intimidación y amenazas para que no lo hagan. 

WFP: Como parte de tu trabajo, asesoras y apoyas a famliares de desaparecidos. ¿Hay patrones que has visto en cuanto a las desapariciones forzadas a través de este acompañamiento?

Nadín: Uno de los patrones que se ha dado más actualmente es la falta de poder identficar a estos grupos que nosotros decimos son grupos paramilitares, pero que por las características que están tomando actualmente que son grupos que son por lo regular vestidos de negro con armas de alto poder y pasamontañas que a veces no se puede identificar propiamente vinculados o no a una autoridad o a un agente del estado, es muy dificil poder determinarlo. Sin embargo, por la situación del contexto del país y por que muchas de las organizaciones que ahora les llaman organizaciones criminales fueron de alguna manera originadas por grupos de desertores del ejército o las mismas policias que nosotros podemos identificar son claramante grupos paraestatales que se crean para cometer las desapariciones y de alguna manera no tener la responsablilar el estado y que esos son la mayoría de los casos como se están dando en la actualidad. Muchos de los casos que se están cometiendo ahorita son cometidos por este tipo de grupos. Que muchos llaman de la delincuencia organizada pero que nosotros vemos son grupos paramlitares que actuan con el apoyo y el consentimiento claramente del estado. Y otra es que también dentro de este crimen que es la desaparición forzada también se puede estar cometiendo muchos otros delitos más porque también ahorita se están dando la desaparición de mujeres que también se puede relacionar con una cuestión de trata de personas o también de explotación sexual. En el caso de los hombres también se han dado desapariciones colectivas. Estas puede ser originadas por el trabajo de explotación de la mano de obra de los trabajadores y la explotación laboral. Entonces están relacionados también muchos otros delitos que es muy dificil poder identificar o separar el uno del otro. Entonces son como ciertos patrones que se han identificado y también sobre todo los grupos de la edad, de los jovenes que han llevado. Que son jovenes en edad productiva, en edad donde son jovenes fuertes con mucha capacidad y algunos con ciertas capacidades técnicas o profesionales. Que han ido desapareciendo, que eso también puede indicar que están siendo sometidos al trabajo forzado. Entonces son algunas de las cosas que se han ido identificando. Y en otros casos que son más por el lado de defensores y defensoras de derechos humanos que tienen mas una participación social y politica, y hay más una participacion de gentes del estado. Y se puede identificar policias estatales, policias municipales, el mismo ejército quien ha incurrido en cometer estas desapariciones. Se puede quedar mas clara la participación por amenazas anteriores a la desaparición. Por que hay testimonios de personas que ven cuando son detenidas y posteriormente desaparecidas se puede identificar patrones más claros de participación de agentes del estado. 

Miembras de Hasta Encontrarlos

WFP: Desde el 2006, Mexico se ha venido mlitarizando más y más en nombre de la Guerra Contra el Narco y la seguridad. EE.UU. está muy de acuerdo con este cambio y de hecho ha canalizado mas de 2.4 mil millones de dólares con este fin a través de la Iniciativa Mérida. Qué efecto ha tenido esta militarización en México en cuanto a las violaciones de derechos humanos en general y las desapariciones forzadas especificamente?

Nadín: Lo que ha traido como consecuencia esta militarización ha sido precisamente mayor incremento de las violaciones a derechos humanos. Ee evidente, ha sido muy ampliamente documentado por varias organizaciones de derechos humanos que en las zonas en donde ha habido mayor presencia de estos cuerpos militares es donde mayores violaciones de derechos humanos han cometido. Tenemos hasta Chihuaha que fue uno de los primeros estados que se empezó a militarizar. Michoacán que fue uno de los donde se inició principalmente Plan Mérida. Y que fueron estados en donde se cometieron miles de violaciones a los derechos humanos. Michoacán, a partir del 2010, fue uno de las primeras entitades a documentar muchos casos de desapariciones forzadas colectivas cometidas a raiz de la militarización y de esta creación de cuerpos especiales para supuestamente combatir a los grupos de la delincuencia organizada. Y el del norte, muchísimas violaciones como ejecuciones extrajudiciales, desplazamiento forzado, desapariciones forzadas tanto de hombres como de mujeres. Encontes mas allá nosotros decimos de ser una guerra que fue dirigida supuestamente en contra del narcotráfico, nosotros lo que identificamos era que fue una guerra dirigida en contra del pueblo. Una guerra que estaba enfocada más en fundir el miedo y el terror en la población bajo el argumento de combatir el narcotráfico pero que en los hechos, la misma población, las denuncias que hacían, los comunitarios de los lugares donde se encontraban los mlitares habían traido mayor inseguridad, mayor temor a la misma población. Por que no se sentian protegidos. Al contrario, hay muchos testimonios que indican la misma colusión y contubernio de los militares con los grupos supuestamente de la delincuencia. Entonces esta situación es muy evidente y lo que hay que dejar en claro es que efectivamente no están para proteger sino mas que nada para infundir este miedo y terror en la población. Es como lo que ha traido como consecuencia esta militarización en el país. Y muestra de ello también ha sido un rechazo de la población que exige cada vez más que regeresen a los cuarteles. Y no quieren que el ejército esté haciendo estas labores de seguridad en el país. Porque no está teniendo ningún efecto, al contrario, no? Hay testimonios muy claros y evidentes. Recientemente hubo el asesinato de un niño en Ostula en Michoacán que fue impactado por una bala disparada por miembros del ejército. Y como este, hay un sinfín de testimonios más. Entonces queremos que no es conveniente, y el ejército no fue creado para eso, para hacer labores de seguridad pública, sino para resguardar la integridad y la seguridad del país. Pero no puede estar haciendo labores de seguridad pública porque vemos que no está capacitado para esto.

WFP: La mayoría de nuestros lectores (de nuestros blogs) son ciuadanos estadounidenses. ¿Cómo podría un estadounidense ser solidário con México y apoyar un cambio en cuanto a las desapariciones forzadas?

Nadín: Yo creo que uno de los puntos donde podrían ser solidarios con nuestro país y un poco en el tema de las desapariciones forzadas primero sería uno: cuestionando la situatión de su mismo país, como estadounidenses. Estar en contra o rechazar estas políticas que en alguna manera se realizan en contra de nuestro país, que nosotros lo vemos como un intervencionismo en esta materia de seguridad, sobre todo. Porque esta situación es una de las causas que está provocando que haya mayores casos de desaparión forzada. Estos recursos que se invierten para la cuestión de la seguridad nacional con el pretexto de combatir a la delincuencia también están o más allá de combatir realmente la delincuencia están siendo orientados hacia cometer este tipo de violaciones graves a los derechos humanos, que ya se han comentado. Y que yo creo que una de las formas en que se puede ser solidarios es cuestionando la misma situación, como ciudadanos estadounidenses. En que se está inviertiendo este dinero? Ser críticos en cuanto a cuestionar esta situación. Y la otra es también un poco difundiendo y sacando a la luz la problemática de como México como ciuadanos mexicanos tememos en nuestro pais en materia de las desapariciones forzadas y también de las violaciones graves a derechos humanos. Y yo creo que se podría hacerse de muchas maneras. A veces hay jóvenes que tienen muchas profesiones que tal vez pudieran apoyar en este sentido. Seguir escribiendo, mandando de alguna manera apoyo o por mediante no, sé… Cuestiones de intercambio, tal vez de jóvenes que quieren conocer la situación del país, vínculos con organizaciones aquí para hacer tal vez una cuestión de estudios, un analisis de lo que está pasando en México. Y podrían compartir lo que están viviendo en el país, y se podría llevarlo también a sus comunidades, a sus espacios y de alguna manera pueden ver más de cerca lo que está pasando. Eso y también concretamente con la solidaridad con recursos económicos o con cuestiones muy concretas de apoyos en materiales, que a veces tambien se necesita. La mayoría de las organizaciones de familiares que están luchando en contra de la desaparición forzada son organizaciones que se mantienen mucho de la solidaridad, que muchas no cuentan con recursos materiales. Y a veces apoyos muy mínimos son muy valiosos para poder coninuar con el trabajo de las organizaciones. Entonces creo que también podría ser muy importante que se pueda creer este tipo de apoyos, organizarse como personas desde sus países y poder recaudar fondos o que sé yo. Y poder apoyar a estas organizaciones que están pasando por esta situación en México.  

Nadín estará en la Gira de Ponencia con Witness for Peace-Southeast  (Acción Permanente por la Paz-Región Sureste) en Carolina del Norte, Carolina del Sur, Florida, Alabama y Georgia desde 1 al 22 de noviembre . Sigue la programación de la gira aquí: http://www.wfpse.org

Solidarízate con los estudiantes de Ayotzinapa el sábado 26 de septiembre: http://www.soaw.org/news/organizing-updates/4323-ayotzinapa-events-1-year-after-mexican-state-crime-and-us-complicity


Firma esta acción urgente para exigir que EE.UU. retire fondos para la guerra en México: http://org.salsalabs.com/o/727/p/dia/action3/common/public/?action_KEY=18454

"The greatest anguish": forced disappearance in Mexico

by Maggie Ervin with Nadín Reyes Maldonado

In his state of the union address a few weeks ago, Mexican president Peña Nieto acknowledged that this past year had been “difficult.” In fact, his entire term has been difficult. Not so much for the companies benefiting from his constitutional reforms, the escaped kingpin Chapo Guzman, or the contractor who sold the first lady a luxury house suspiciously below market value. But it’s certainly been difficult for the 55.3 million Mexicans who are poor, and especially for human rights defenders. During his less than three years in office, there have been 81 cases of forced disappearances of human rights defenders (versus the already high 53 during the entire 6-year administration of his predecessor). 

This Saturday marks the one-year anniversary since the forced disappearances of the 43 students of Ayotzinapa. Despite the government’s denials, an independent investigation by the IAHCR demonstrated that municipal, state and federal police all actively paritipated in the attacks on the students, and that military officers were present at at least two of the attack scenes. If that weren’t enough, it also found that the government destroyed key evidence. 

But when we talk about disappearances in Mexico, 43 is not the only relevant number. 26,000 is also. At least that many Mexicans have been disappeared since the US-supported Drug War went into effect in 2006. 

Nadín Reyes Maldonado is an expert on the topic. Ever since her father Edmundo Reyes and his friend Gabriel Cruz were forcibly disappeared in 2007, she has been working tirelessly on the topic: searching for justice in her father’s case, supporting other family members of disappeared, raising consciousness about the issue, and advocating for preventive laws and measures. She and three other women make up the organization Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos Hasta Encontrarlos (in English, Committee of Family Members of the Disappeared and Detained ‘Until We Find Them’).

I sat down with her recently and asked a few questions. 

Nadín speaking in Oaxaca

WFP: A year ago the Ayotzinapa case caused horror and indignation on an international scale. However, ever since the Dirty War and especially since the War on Drugs began in Mexico, forced disappearances have been happening here. Why does the Mexican government turn to this crime against humanity? What does it gain? 

Nadín: We think that the crime of forced disappearance is the pefect crime for the government because it causes terror in the population and paralyzes various sectors of society. It also sends a message to certain human rights organizations and movements to dismantle themselves and end their work. Forced disappearances are now being committed against the population in general, not just activists. But it continues to be used selectively - as it was in the sixties and seventies - against social organizations and human rights defenders, with this objective of dismantling them through fear and terror. The government wants its people to be stuck in paralysis so that it can continue implementing neoliberal policies. This is what we see. And it’s important to keep in mind that forced disappearance is a form of torture and repression against the people. Unlike simply killing, disappearing someone creates a lot of distress and anxiety. Their loved ones don’t know what happened to the person who’s missing. And that’s different than an extrajudicial killing or murder, when there’s closure in the process. There’s a grieving process and closure, knowing that the person has been killed. There’s the body, the evidence. In the case of forced disappearance, you don’t know if the person is dead. You don’t know if the person is alive or not, and that creates more anxiety and uncertainty, great anguish and pain in the family and the population as a whole. And therefore it’s a more effective practice that is used by the government to maintain uncertainty in the population.

WFP: In the case of the forced disappearance of your father, the authories didn’t want to take a report in Oaxaca, where it occurred. Furthermore, they denied that it had happened. In cases of forced disappearances, how common are these types of obstacles?

Nadín: In the majority of cases, similiar things happen, as in the case of our family. We’ve heard testimonies of mothers where the same thing’s happened, where the authorities don’t want to take reports of this crime. They put up a lot of roadblocks, and refuse to take action. One issue is that the crime is not classified as such in all states. Additionally, they often tell the family members to go back home, or claim the disappeared person probably just left without saying anything, that they’ll probably be back in a few days. They give excuse after excuse as to not take the report. And that’s why... I think that it’s in over 80 percent of the cases that institutions give the same response, in order to not take a report.  And the authorities intimidate a lot. Not only do they not take reports, but they also threaten family members. They tell them not to report the crime because since they already have a family member disappeared, one of them might also be disappeared. And they recommend not moving forward with a report. That’s the most common response from the authorities, who not only don’t take reports, but also intimidate and threaten folks not to make reports.

WFP: As part of your work, you support and share information with family members of disappeared. Are there patterns that you’ve noticed in their cases? 

Nadín: One of the patterns we’ve seen is the difficulty of identifying who the actors are. We’ve identified them as paramilitary groups, but because they’re usually dressed in black with high-caliber weapons and ski masks, it can be hard to identify them, and to link them directly to the authoriries or state agents. It’s difficult to determine. However, in this context - in this country -  a lot of criminal groups were started by members of the armed forces who deserted, or by police that we can clearly identify as operating as parastatal groups. This is so the government will not be held responsible for the disappearances. These are the majority of the cases that we currently see. Many of the disappearances that are happening now are being committed by these groups. Many call them organized crime but we have identified them as paramlitary groups acting with the clear support and consent of the state. Additionally, along with the crime of forced disappearances, there may be other crimes committed. For example, the disappearance of women which can be linked to human trafficking and sexual exploitation. There have also been collective disappearances of men, to create a workforce, where they’re forced into exploitative work, used for their labor. Then there are also many other related crimes; it’s very difficult to identify or separate one from another. There’s also a pattern we’ve seen in terms of ages. For the most part it’s young folks who are disappeared, of working age, when they’re strong and capable. And some with certain professional or technical skills have been disappeared. This may also indicate that they’re being subjected to forced labor. These are some of the things we’ve identified. And then there are the disappearances of human rights defenders who participate in social and political movements. And we can identify state police, municipal police, and the army that have commited them. And it’s sometimes made clearer by threats made prior to the disappearance. And sometimes there are testimonials of people who see the moment of arrest of people who are subsequently disappeared, and this also points to the participation state agents.

members of Hasta Encontrarlos ("Until We Find Them")

WFP: Since 2006, Mexico has become more and more militarized in the name of the War on Drugs and national security. The US strongly supports this trend, and in fact has channeled more than 2.4 billion dollars for this purpose through the Merida Initiative. What effect has this militarization in Mexico had in terms of human rights violations in general and on forced disappearances specifically?

Nadín: This militarization has brought about an increase in human rights violations. It’s irrefutable, and it’s been well documented by various human rights organizations that in areas where there’s a greater presence of military personnel, there have been more human rights abuses. Chihuahua was one of the first states to militarize. Michoacán was one where the Merida Initiative was first employed. And these are states where thousands of human rights violations have been committed. Michoacán, in 2010, was one of the first states with cases of collective forced disappearances committed in the wake of militarization, and because of the creation of special forces to supposedly fight organized crime groups. And in the North, there have been many violations including extrajudicial killings, forced displacement, and forced disappearances of both men and women. So what we say is that in addition to being a war supposedly against drug trafficking, it’s a war against the people. A war focused more on putting fear and terror in the people under the pretext of fighting drug trafficking. But in fact, the allegations made by the local people show that in areas where the armed forces are, it’s brought more insecurity and fear. They don’t feel protected. On the contrary, there are many testimonies indicating collusion between the military and alleged criminal groups. This is well-documented, and it’s clear that they’re not there to protect, but instead mostly to instill fear and terror in the population. This is what militarization has brought to this country. One example of this is the rejection of the people, who increasingly demand that the armed forces return to their barracks. They don’t want the army doing this type of security work, because…it has a negative effect. There is clear evidence of this. Recently, a child was killed in Ostula, Michoacan who was hit by a bullet fired by soldiers. And there are countless testimonies like this one. So it’s not appropriate. The army wasn’t created to do public security work, but to protect the integrity and security of the nation. It can’t do law enforcement work because it’s not trained for that.

WFP: The majority of the readers of our blogs are US citizens. How can a US citizen be in solidarity with Mexico to support a change in terms of human rights and forced disappearances?

Nadín: I think one way they could be in solidarity with our country on the issue of forced disappearances would be first: questioning the situation in their own country, as Americans. Taking a stand against policies that hurt out country. The US intervenes in our security issues, and that’s one of the causes of increased forced disappearances. US resources are invested in the name of national security, under the pretext of fighting crime. But instead of being used to that end, they’re used to commit serious human rights violations which I’ve already mentioned. So one of the ways that US citizens can support us is questioning their government. How is this money being invested? They can be critical and they question. Another way is to disseminate information and bring light to the issues of human rights in Mexico and how Mexican citizens live in fear of forced disappearances. And I think it could be done in many ways. Sometimes there are young people with professions that may be able to support with their expertise. They can write and share information, and send any kind of support. Perhaps an exchange program where they learn about what’s happening here, and they can link up with organizations here and study and analyze what’s happening in Mexico. And they could share what they experience back in their country and their communities.They can also help with economic resources or with specific materials which we sometimes need. Most of the organizations struggling against forced disappearance are organizations that don’t have material resources, they’re grassroots. And sometimes very minimal support is invaluable to continue their work. So that’s another way you can help support these Mexican organizations.

Nadín will be on the Witness for Peace-Southeast Fall Speaker’s Tour in North Carolina, South Carolina, Florida, Alabama and Georgia from November 1 - 22. Stay tuned here for more info. 

Show your solidarity with the students of Ayotzinapa this Saturday, September 26th: http://www.soaw.org/news/organizing-updates/4323-ayotzinapa-events-1-year-after-mexican-state-crime-and-us-complicity

Sign this (easy, fast) urgent action demanding the US withdraw funding for militarization of Mexico: http://org.salsalabs.com/o/727/p/dia/action3/common/public/?action_KEY=18454

Quemando la caña y sembrando el maíz, se reclama el territorio al suroccidente de Colombia

Este artículo fue publicado originalmente en inglés en NACLA.

Por Lisa Taylor, Acción Permanente por la Paz en Colombia.

Los rayos del sol filtran por los árboles y el olorcillo a la sopa de carne y verduras flota por el aire mientras docenas de mujeres, hombres y jóvenes del pueblo Nasa se congregan mensualmente en el departamento suroccidental del Cauca en Colombia para realizar una “minga.” Durante la minga – un tipo de trabajo comunal desarrollado en muchas partes de los Andes – aproximadamente mil personas trabajan juntas, utilizando machetes y quemas controladas para quitar cientos de hectáreas de la caña.

Reemplazar este “desierto verde” de los monocultivos de la caña hace parte de la “Liberación de la Madre Tierra,” un movimiento iniciado en 2005 por el pueblo Nasa. El Cauca es uno de los departamentos más militarizados en todo el país, y las comunidades indígenas allá han sido afectadas gravemente por la violencia de los grupos armados, los cuales incluyen a la fuerza pública, los grupos paramilitares y la guerrilla. Después de padecer el desplazamiento y la explotación de sus tierras por las empresas nacionales y multinacionales, los Nasa están reclamando su territorio ancestral, sembrando el pancoger que incluye el maíz, el frijol, el plátano y la yuca.

“La Liberación de la Madre Tierra es una estrategia de la defensa de la vida. Es la protección de la vida. Es nuestro buen vivir comunitario y por eso, convencidos y convencidas de esta lucha milenaria, hoy estamos aquí,” dijo una comunera y representante del resguardo indígena de Jambaló.*

La nueva fase del movimiento para la Liberación empezó el diciembre pasado cuando más que 3000 indígenas del pueblo Nasa empezaron a trabajar en siete fincas de tres municipios distintos (Corinto, Caloto y Santander de Quilichao) en el norte del Cauca. En estas fincas, descubrieron varias guacas y artefactos indígenas enterrados en el territorio, recuerdos de las generaciones anteriores de los Nasa que fueron desplazados durante el último siglo por los grupos armados y los intereses empresariales. Las cifras de las Naciones Unidas indican que 3.1 millones de personas desplazadas internas en Colombia han abandonado 4 millones de hectáreas aproximadamente desde 1985.

Según una decisión entregada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el año 2000, ciertas tierras que se encuentran actualmente habitadas para las haciendas azucareras son reclamadas por el pueblo Nasa, después de la masacre de El Nilo en 1991 cuando fueron asesinados 20 indígenas por miembros de la Policía Nacional y otros civiles armados con identidades desconocidas.

El Estado colombiano se comprometió con titular 15.663 hectáreas para el pueblo Nasa como parte de un acuerdo de reparaciones colectivas negociado por el CIDH. Después de tardar más de diez años, el gobierno entregó la mayoría de las tierras, pero más de la mitad es tierra improductiva o se encuentra en zona protegida de reserva forestal. El gobierno afirma que el precio de la tierra fértil se ha triplicado en los últimos años, y por ende el presupuesto nacional no puede cubrir la compra de esta tierra, la cual está actualmente dedicada a la caña y no a las reparaciones de los Nasa.

Cuando el gobierno se negó a cumplir con el acuerdo de las reparaciones y garantizar su seguridad – después de la masacre de El Nilo, tres masacres parecidas ocurrieron en 2001 en comunidades aledañas en el Rio Naya, Gualanday y San Pedro – los Nasa decidieron retomar su territorio independientemente. Exigen un mínimo de 20.000 hectáreas de tierra para su supervivencia, la reforma de la política agraria y programas sociales y económicos especialmente diseñados para los pueblos indígenas, como establece el Decreto 982 que el Estado colombiano sacó en 1999.

“Aquí estamos por un derecho, pero también por una necesidad,” manifiesta una representante del Consejo Regional Indígena del Cauca. “No tenemos en dónde sembrar. . .Nunca vamos a esperar que el gobierno nos diga ‘tenga,’ entonces poco a poco iremos obteniendo los resultados e iremos liberando la Madre Tierra, liberándola de todos los monocultivos.”

Según la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), 56 por ciento de los niños y niñas en la región sufren por el hambre o la desnutrición, y 6000 de 25.000 familias locales tienen tierras inadecuadas para mantenerse a sí mismas. Mientras tanto, menos que uno por ciento de la población posee 62 por ciento del territorio colombiano, y apenas ocho ingenios azucareros son los dueños de 330.000 hectáreas de tierra local, la cual está sembrada horizonte a horizonte con la caña que se utiliza para producir el azúcar, además del etanol y la melaza, para el consumo doméstico y la exportación.

Los indígenas han concentrado sus actividades en las fincas de INCAUCA, el ingenio azucarero manejado por el multimillonario Carlos Ardila Lülle. Sostienen que su empresa representa un “modelo de despojo transnacional y del agronegocio.” Los Nasa critican éste por ser un modelo no sostenible del desarrollo que depende del cultivo de los monocultivos (azúcar, banano, aceite de palma y las flores) para exportar.

“La historia del capital y de quienes a su nombre lo acumulan, es un proyecto de muerte que terminara por destruir la naturaleza toda, incluida la vida de los seres humanos. Para nosotros, la tierra es la madre, y contra ella se comete un crimen,” escribió la ACIN en un comunicado de 2005.

La producción artesanal del azúcar llegó al Cauca en 1538 después de la invasión española, y a comienzos del siglo XIX, el primer molino de azúcar fue instalado por la empresa Manuelita. La expansión de los ferrocarriles y la mecanización del sector azucarero produjeron el auge de la producción en las décadas de los años 1930 y 1940, un auge que corresponde con las primeras oleadas del desplazamiento indígena.

Aunque la ocupación de la tierra por los Nasa es pacífica, por lo menos 143 indígenas han sido lastimados, 37 con lesiones graves por los armas, gases lacrimógenos, balas de salva y enfrentamientos con la fuerza pública desde el diciembre pasado. El 10 de abril, el guardia indígena de 19 años Guillermo Pavi fue asesinado, después de recibir un disparo por parte del ESMAD y el ejército. Con la vía bloqueada, sus heridas resultaron fatales porque sus compañeros no pudieron llevarlo al hospital.

El 28 de mayo, el ESMAD intentó sacar a los indígenas con tanques, tractores y gases lacrimógenos, anunciando por un megáfono que, “ésta va a ser peor que El Nilo.” La fuerza pública en repetidas ocasiones ha quemado y destruido los cultivos nuevamente sembrados, y en junio acabó con 580 hectáreas de maíz, frijol, yuca y plátano. Luego volvieron para una segunda ronda de destrucción en julio.

Los Nasa han recibido cartas de amenazas, llamadas y mensajes de texto de los grupos paramilitares como las Águilas Negras, que señalan a los indígenas como miembros de la guerrilla, la cual todavía tiene una presencia fuerte en la región.

“La inteligencia de las Águilas Negras tiene un centenar de nombres de personas que están haciendo daños en fincas ganaderas. . . apoyan a los narcoterroristas [las FARC . . .] no será sorpresa que aparezcan descuartizados estos indios hijueputas,” dice una amenaza escrita.

A pesar de los ataques, los Nasa siguen comprometidos. Por mantener una presencia constante y por sembrar su pancoger, reclaman su territorio día a día, hectárea por hectárea, luchando en contra de la imposición de los monocultivos y de los modelos económicos extractivistas, afirmando que éstos no conducen al desarrollo real, sino a la explotación de la tierra y la gente. Sólo se puede acabar con estos modelos a partir de la Liberación de la Madre Tierra.

“La verdad es que hoy la naturaleza debe estar muy contenta porque nos vuelve a sentir,” dice la representante del CRIC. “Ojalá lo más pronto posible no veamos toda esta caña, sino que veamos frutas, sombra, agua. . . Este es el reto que tenemos cada uno de nosotros. No es fácil pero no es imposible.”

*Los entrevistados aparecen sin nombre por su pedido de enfatizar el sentido colectivo del movimiento y también por el tema de seguridad.

Human Trafficking: not an isolated phenomenon

by Sue Davis (WFP Mexico Program delegate)

“If you promise a girl heaven, you can take her to hell.” (Quote from a human trafficker overheard by human rights attorney Malika Saada Saar.) 

This quote took on many layers of meaning as our group encountered various human rights violations in Mexico. And who was our group? A delegation of seven members from Plymouth United Church of Christ and one Quaker from Des Moines, Iowa, embarked on a Witness for Peace experience in Mexico. The focus of our trip was the issue of human trafficking, which we found to be deeply connected to other issues of economic and social justice, both in Mexico and the United States. Our Witness for Peace facilitator, Maggie, engaged speakers and created experiences that allowed us to understand the context in which the phenomenon of human trafficking occurs and to connect personally with Mexicans and Americans fighting for justice on the frontlines.

“Tan lejos de Dios, tan cerca de Estados Unidos.” (“So far from God, so close to the U.S.”) 

Francisco Cerezo, our first speaker, quoted this phrase when he explained the cause of many human rights violations in Mexico. He was speaking from his personal experience of working for the freedom of three of his brothers, who had been illegally arrested and imprisoned in 2001.The government had trumped up charges against them of terrorism. Through the diligent efforts of their lawyer, Digna Ochoa, the youngest brother was freed after three years, and the older two after seven years of incarceration and torture. Comité Cerezo - which consists of the five Cerezo siblings as well as many collaborators - has established a center (named after the lawyer) for aiding other victims of human rights violations.  Francisco’s fourteen years of experience have led him to see how U.S. policies, especially the Mérida Initiative - meant to combat drug trafficking and organized crime - have increased human rights violations in Mexico. According to the fact sheet issued by Witness for Peace about the Mérida Initiative, aka Plan México, the 2.4 billion dollars appropriated by Congress to train Mexican state security forces and to deliver military aircraft and drug interdiction equipment have coincided with a five-fold increase in complaints of human rights violations by Mexican soldiers and federal police, including torture, rape, extrajudicial execution, arbitrary detention, and enforced disappearance. Almost none of these cases have been prosecuted. The impunity rate in Mexico is between 95 and 98%. According to Francisco Cerezo, the culture of impunity continues because an extensive network exists among businessmen, the government, and organized crime. In spite of the odds and multiple death threats, Comité Cerezo continues to document human rights violations in Mexico and to find ways to prevent them.

“I felt anger and denial.” Maru’s emotions during the four-five years that it took her to feel that she had made the right decision to return to Mexico after having lived in the United States from the age of eight through the completion of her college education in New York.

We had the opportunity to hear the personal stories of six young people who had lived in the United States with their parents but were undocumented. Either they returned to Mexico voluntarily when they recognized the limitations that their undocumented status placed on their future, or they were deported. Having spent their formative years in the U.S., all of these young people faced discrimination and red tape when they returned to Mexico. The authorities did not recognize their high school or college educations. The young people often felt anger and denial for a long time before they were able to adjust to life in Mexico. Most had to live with relatives other than their immediate family and sometimes did not feel welcomed by them. In 2013 an organization called Dream in Mexico was formed to help returnees find educational, cultural and career opportunities in their native country. In turn, our group felt anger and dismay that our country has not found a humane way to treat undocumented immigrants who have lived in the U.S. for many years and who have a lot to contribute to our society.

Did you know that Pinocchio and Little Red Riding Hood are tools to educate young children about human trafficking and the vulnerability of victims?

Our speaker, Mayra Rojas, founder and director of an organization called Infancia Común, opened our eyes to the problem of human trafficking of children in Mexico. She claimed that prevention through education is the best measure to take, since rehabilitation of the victims of human trafficking is practically impossible. The statistics of the number of people affected by the problem are not accurate because there is no collaboration among agencies. The last study in 1999 claimed 16,000-20,000 children under the age of 18 were victims, and the numbers have been trending upwards ever since. The poverty of many Mexicans has made it easy to entice them to allow trafficking because they need the money. The consumer mentality of having or needing more has invaded the culture. International laws exist to prevent human trafficking, but they need to be stronger.

120 changes were made to the Mexican constitution to accommodate NAFTA.

This astounding fact was pointed out to us during Maggie’s summary of the history of U.S.-Mexico economic relations. One of the major changes was the allowing the sale and privatization of ejidos, which are communally owned lands that had been created by breaking up the ancient haciendas and which were never intended to be confiscated or sold. In addition, on June 1^st, 1994, the day NAFTA went into effect, there was a Zapatista uprising. Among other issues they were protesting the elimination of tariffs and protections for Mexican grown corn. Now, in Mexico, the birthplace of corn and a country whose dietary staple is corn, over 35% of corn consumed is imported from the U.S. NAFTA has been devastating for small farmers. Farmers from the southern state of Oaxaca have moved north to Baja California or the U.S. to work the fields. All this migration destroys the social fabric of the country. In addition, after a perfect storm of economic conditions in Mexico in the early ‘80’s, the IMF swept in with a 7.2 billion dollar loan in 1982 and insisted that the social safety net be dismantled. This has not done much too improve the lives of the 60 million Mexicans, almost half of the population, who are living in poverty. This poverty has pushed 1 in 10 Mexicans to migrate to the U.S. 

“The drug cartels know that drugs can only be sold once, but women can be sold again and again and again,” says Teresa Ulloa, director of the Coalition Against Trafficking in Women and Girls in Latin America and the Caribbean.

This was a point brought up by Gaby, the director of Casa Tochan, a shelter for refugees and migrants from Central America who either intended Mexico or the U.S. as their final destination. After 9/11 in the U.S., the closing of the U.S.-Mexican border caused a bottleneck in the flow of migrants, principally from Central America, in Mexico. Consequently, thousands of people were put at high risk due to a lack of safety nets of families and gainful employment to support them. It’s a very complex issue, but generating magnets for growth in their countries of origin and improving their educational opportunities would eliminate the need to emigrate.

In the meantime, Mexico has built steel barriers along the south-north rail tracks to obstruct the hopping of the train by migrants. The consequence of this policy is the increased number of migrants taking the entire journey through Mexico by foot along dangerous routes well known to human traffickers and drug cartels. Women who stop at a shelter near the southern border of Mexico are given contraceptive vaccinations because they most certainly will suffer rape and abuse along the way. Gaby, who runs the shelter, wants to prevent human traffickers from posing as migrants and then exploiting the residents by enticing them with false promises that lead them into lives serving the drug cartels and human traffickers, who often work in tandem. Migrants and refugees have been coerced into growing, making or transporting illegal drugs for the cartels or have been enslaved as domestic workers and sex slaves for them. The cartels have found it more lucrative to sell women for sex than to sell drugs.

Here is a common migrant worker’s story: I paid a recruiting fee of $500 to work at a meatpacking plant, I paid a visa fee of $950, (it’s actually $190), I paid my transportation costs to the U.S., I paid for my hotel room while waiting for approval from the embassy, and I paid for travel costs to the final work site.

Sarah Farr of the Center for Migrant Rights, which has two offices, one in Baltimore and one in Mexico City, related this story to us as she explained the H2 visa system of the United States to us. We discovered that H2A visa workers in the agricultural sector have a lot more protections than those that come to work on a H2B visa. The H2B visas encompass such businesses as landscaping, forestry (cutting Christmas trees), and carnivals. Unlike businesses recruiting under H2A visas, H2B companies do not have to reveal who their migrant labor recruiters are. This right to hide their recruiters was supported by JKJ Workforce, which is an American agency that recruits for carnivals and is owned by Jim Judkins in Texas. He has formed the Outdoor Amusement Business Association, which has joined forces with landscaping businesses to form a powerful lobbying group. They have prevented the strict enforcement of labor laws, such as not providing a list of their labor recruiters. Their labor recruiters are subcontractors in Mexico that often resort to fraud to line their own pockets by charging workers recruitment fees. These are prohibited both by the U.S. Dept. of Labor and the Mexican government. Over 50% of workers actually pay these illegal fees. Carnival workers often work 100 hours per week in 36-hour shifts with no time to sleep. Their pay is not commensurate with their hours because weekly flat-rate wages are permitted in H2B visas. The fair and carnival industry is the only one exempt from a minimum wage requirement. Ten carnival workers might be crowded into living in one trailer with no kitchen or bathroom. They have to cook on hotplates outdoors. As a further insult, there is no safety protection when they erect and tear down the equipment. Many have suffered great bodily injury in accidents. How can a democracy allow a powerful lobbying group to effect policy that denies basic human dignity to workers who have come here with legal documents?

“Mexico is a clandestine cemetery. There are mass graves everywhere.” (Quote from Araceli Rodriguez)

Araceli Rodriguez came to talk to our group about her son Luis Angel, a federal policeman, who was disappeared at the age of 23 on November 16, 2009. He and six other federal policemen and one civilian were disappeared on their way to Hidalgo, Michoacán, where the policemen were commissioned to occupy the building of the municipal director because his life was being threatened. At 3:00 on November 16 they were kidnapped by the cartel Michoacán, which is now known as the Caballeros Templarios (Knights Templar). The government didn’t know that the seven men were missing until 6 days after the kidnapping. Araceli went directly to the government office to inform the officials that the policemen were missing and to ask about the welfare of her son. Armed men in the office took her and threw her out on the street. The government didn’t have any information about the missing 7 people. 

Thus began Araceli’s quest to find justice for her son. Besides the perpetrators of the kidnappings and killings who have been convicted, three levels of government, (state, federal, county), were complicit in this case, but no one has been charged criminally or civilly. Araceli is still pushing to try them in court and says that she’ll never give up. A major problem is the distrust of the police and government officials because you don’t know if you’re actually talking to someone involved in organized crime or to someone who is trustworthy. Corruption is prevalent at all levels of government and police.

Drug trafficking and human trafficking have contributed to the ubiquitous corruption and high rate of impunity. The drug cartels have stocked up on weapons and have the means to pursue human trafficking and organ trafficking. By way of human trafficking, the cartels have kidnapped victims to manufacture the drugs and to transport them. Thousands of Mexicans who are disappeared probably are not dead. The authorities know this because they are part of the cartels themselves. Of course, it is not to their advantage to have this exposed.

How does a community function when 30-40% of its families have migrating members?

The answer to this question is an organization called CAFAMI in San Francisco Tetlanohcan in the state of Tlaxcala. CAFAMI is a local organization that, primarily through theater and community projects, seeks to mitigate the phenomenon of migration and its impact on women and families. The consequences of migration are separated families and women searching for employment and having total responsibility for raising their families. Often the grandparents are in charge of raising their grandchildren. CAFAMI has striven to reduce the negative effects of migration by encouraging leadership among the women of the community and giving them the opportunity to develop their rights as citizens. CAFAMI is a place where women can reflect on the social impact of migration on their personal lives and on community life. The women reconstruct their identities through dancing, singing, acting, and cooking. An advantage of the group’s theatrical and cultural activities is their ability to travel to the U.S. to present their heritage. Once there, they can visit their relatives who have immigrated to the U.S. The Mexican government has mostly ignored the effects and causes of migration. To counter the government’s inaction, CAFAMI has joined 3 other organizations as a collective voice known as Colectiva sin Fronteras to work together to push for stronger laws protecting migrants and their families.

“There are boys who want to grow up to be traffickers, but there are no girls who want to grow up to be prostitutes.” (Quote from Emilio Muñoz)

How can it be that there are boys who want to grow up to be traffickers? According to Emilio Muñoz, the director of the Center for Human Rights and Local Development "Fray Julian Garcés" in Tlaxcala, there are entire family trafficking networks operating today that began with the grandfather and that have been maintained by subsequent generations. The adolescent boys in these families actually aspire to be traffickers. The role of the young men in trafficking families is to put psychological pressure on vulnerable young women by first showing up in a poor village in an expensive car. He claims to be in love with a young woman and shows her photos of the expensive houses he owns. He showers her with gifts and constantly sends her text messages. He claims that the girl is the woman of his dreams and that he wants to marry her. He even meets the girl’s family and impresses them by organizing birthday parties for family members and by bringing them food. Consequently, the family is convinced to allow the union of the trafficker and the young girl to go forward. After the wedding, he moves her to his community. Upon their return, his next step is to get her pregnant. The girl’s child or children stay in the trafficker’s home and are cared for by his female relatives.  The children’s lot in life is to continue the trafficking network of the family.

Since 1990, a common theme has been for the trafficker to move with his “wife” to a city, often in the U.S. and most commonly to New York. Once in the city, the trafficker invents an economic crisis and convinces the girl that the only way to get out of the situation is for her to become a prostitute. To protect her “husband’s” life, she will sacrifice whatever is necessary. This is a cultural expectation. If she refuses to become a prostitute, the trafficker threatens her child, her family or even her younger sister by capturing her and forcing her into prostitution. The women stay in prostitution for 10-15 years. They have up to 30 clients per day. They are able to work every day of the week because the traffickers give them medication to stop their menses.

Of course, there have to be clients or consumers to complete the human trafficking cycle. The current trend of neo-liberal thought promotes accumulation of capital. Trafficking has commercialized women’s bodies, which can be sold repeatedly to bring in money. People look at the victims’ bodies as a market. The consumers of the market are willing to spend money on prostitution of these trafficked women. According to Emilio Muñoz, everything has become a marketable item: Mexicans’ bodies, Mexican land, their water and air. For Mexicans, these things are not commodities but are considered sacred and a source of life.