Más allá de Ayotzinapa: Como la Intervención de Estados Unidos en Colombia Allanó el Camino a la Crisis de Derechos Humanos en México

Por Julia Duranti, Witness for Peace Colombia, y Maggie Ervin, Witness for Peace México

Este articulo originalmente apareció en inglés en Upside Down World el 18 de diciembre 2014.

Hace dos semanas, hubo 43 estudiantes desaparecidos en Guerrero, México. Ahora hay 42. A pesar de que decenas de miles de manifestantes mexicanos han estado gritando "Vivos se los llevaron! Vivos los queremos!", uno de los estudiantes fue declarado oficialmente muerto el pasado sábado 6 de diciembre. Alexander Mora Venancio tenía tan sólo 19 años de edad. Para la identificación de sus restos se realizó un esfuerzo transnacional: autoridades mexicanas los encontraron, científicos austríacos los analizaron, y forenses argentinos los verificaron. Pero hay otros países que jugaron un papel clave en esta historia: los Estados Unidos y su aliado sudamericano más cercano, Colombia. Mientras el gobierno mexicano trataba de presentar la masacre estudiantil de Ayotzinapa como un caso de corrupción de bajo nivel que podría ser resuelto sólo con cambiar las unidades policiacas y criminalizar las protestas que lo llevaron al escrutinio internacional, salió un nuevo informe que alega que la policía federal también participó en la tortura y la desaparición de los estudiantes. La intervención de Estados Unidos en Colombia muestra porque la violencia estatal evidente en Ayotzinapa no es ningún incidente aislado.

Colombia no aparece en las noticias estadounidenses en estos días, a pesar del conflicto armado que vive desde hace medio siglo. Aunque los insurgentes en Colombia figuran en la lista de terroristas del Departamento del Estado, a diferencia de los del Medio Oriente, no afectan al imaginario estadounidense como una amenaza inminente. Contrario al caso de los centroamericanos, los desplazados internos colombianos - 6 millones en el último recuento - casi nunca llegan a las fronteras de Estados Unidos. Esta falta de cobertura enmascara los más de 50 años de intervención estadounidense. En base a la doctrina de Contención del Comunismo que surgió con la Guerra Fría, oficiales militares estadounidenses bajo la administración de Kennedy crearon grupos paramilitares de "autodefensa" bajo el denominado Plan Laso, para trabajar en conjunto con el estado colombiano y aplastar la resistencia izquierdista. Eso ocurrió en 1962, dos años antes de que las insurgencias guerrilleras llamadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se constituyeran formalmente. Poco después, los cárteles colombianos surgieron para satisfacer la demanda estadounidense de cocaína en los años 70 y 80. El desenlace de esto fue el asesinato del capo del cártel de Medellín, Pablo Escobar, en 1993, ejecutado con apoyo de Estados Unidos. El cártel de Cali fue derrotado sólo unos años más tarde, dejando un vacío en la distribución internacional de la cocaína que fue ocupado por algunos sindicatos del crimen organizado en Colombia y sus contrapartes en México. La fragmentación del tráfico ilícito de drogas en Colombia más o menos correlacionó con la liberalización del mercado de la economía legal durante la presidencia de César Gaviria con el lema, "Bienvenidos al Futuro", junto con la crisis financiera mexicana y la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN ) en 1994. A lo largo de la década de los 90, los guerrilleros colombianos ganaron territorio y soldados, con las filas de las FARC incrementándose hasta casi 20.000 en 2001. Esto provocó varios acontecimientos claves. El primero fue la consolidación de las Fuerzas de Autodefensa Unidas de Colombia (AUC) en 1997, un estructura paramilitar de 30,000 elementos que colaboró con militares colombianos para cometer algunas de las peores violaciones de derechos humanos en la historia del país antes de someterse a un proceso de desmovilización incompleto que dejó a miles de ex paramilitares activos en todo el país. El segundo fue una iniciativa antinarcótica y contrainsurgente estadounidense conocida como Plan Colombia.

Plan Colombia, Plan México

Al principio, el Plan Colombia consistió en invertir US $1.300 millones para erradicar el tráfico de drogas, incluyendo un controvertido programa de fumigaciones aéreas con herbicida para reducir los cultivos de coca, así como armas, maquinaria, asistencia técnica y capacitación para el ejército y la policía colombiana. Fue firmado por el presidente de Estados Unidos Bill Clinton y el presidente de Colombia Andrés Pastrana en 2000, los cuales fueron reemplazados por presidentes conservadores con ideologías antiterroristas duras (George W. Bush y Álvaro Uribe, respectivamente) que siguieron apoyando el Plan Colombia hasta 2007, cuando el nombre y la estrategia cambió al "Plan de Consolidación”. Los presidentes Bush y Uribe encontraron un aliado dispuesto a participar en la Guerra Contra la Droga y Contra el Terrorismo en el presidente mexicano derechista Felipe Calderón, elegido en 2006 después de que los cárteles mexicanos habían ganado relevancia. Poco después, la Iniciativa Mérida también conocida como Plan México - fue aprobada para "luchar contra el crimen organizado y la violencia asociada." Desde entonces, cerca de US $3.000 millones del gobierno estadounidense han contribuido a la militarización masiva del país: helicópteros Blackhawk ($20 millones cada uno), miles de armas, una amplia formación de policías y militares, aumento en la vigilancia de la frontera y los puertos, e incluso algunos policías estadounidenses vestidos como infantes de marina mexicanos llevando a cabo operaciones especiales en suelo mexicano. El costo en México ha sido devastador: más de 100.000 muertos y más de 26.000 desaparecidos desde 2006.

Mientras tanto, EE.UU. ha proporcionado más de US $8.000 millones en ayuda a Colombia, por lo que es uno de los principales receptores de ayuda militar estadounidense en el mundo. Sin embargo, Colombia sigue siendo uno de los principales proveedores de heroína y cocaína a EE.UU.  El número de víctimas del conflicto colombiano ahora rebasa los 7 millones, incluyendo 6 millones de desplazados internos, más de 150.000 desapariciones forzadas y más de 930.000 homicidios. La asombrosa cifra de violaciones a los derechos humanos se ha incrementado a partir del  año 2000 (5,9 millones desde este año), cuando el financiamiento de Estados Unidos comenzó a reforzar las fuerzas de seguridad pública conocidas por sus atrocidades. Después, en 2006 estalló el escándalo de los "falsos positivos" en el que se reveló que las fuerzas de seguridad colombianas, algunas entrenadas en suelo estadounidense en el polémico Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad / Escuela de las Américas (WHINSEC / SOA) - habían asesinado sistemáticamente al menos 5.000 civiles inocentes y luego los vistieron con uniformes de la guerrilla, presentándolos como enemigos asesinados en batalla, todo eso a fin de ganar premios como bonificaciones y tiempo extra de vacaciones. Esta práctica se desarrolló como parte de la mentalidad de "recuento de bajas", promovido en el entrenamiento en Estados Unidos y se produjo bajo el cargo del entonces Ministro de Defensa y actual Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Más tarde ese mismo año, el escándalo de la “parapolítica” también estalló, implicando a los políticos de todos los niveles en las estructuras narco-paramilitares. Estos grupos, que ahora se conocen por el gobierno colombiano como bandas criminales (Bacrim), siguen disfrutando de una estrecha relación con intereses comerciales lícitos e ilícitos, asimismo con políticos en Colombia, y representan la mayor amenaza para la expresión ciudadana y los movimientos sociales. El legado del Plan de Laso continúa pagando dividendos.

Colombia: Exportador de la Seguridad

Oficiales estadounidenses defienden obstinadamente su inversión en el poderío militar de Colombia y su aplicabilidad a México. Un funcionario de la embajada de Estados Unidos en Bogotá dijo: "En 2000 Colombia estaba al borde de convertirse en un narcoestado fracasado. El Plan Colombia ayudó a evitarlo... Ahora, Colombia es un exportador de seguridad. Los colombianos están entrenando a los mexicanos en materia de seguridad ". En una visita a Colombia la semana pasada el Secretario del Estado John Kerry hizo eco de ello.. De hecho, la ayuda directa a Colombia ha disminuido desde el 2008, y a su vez ha aumentado el apoyo a la Iniciativa Mérida, y aún más recientemente a la Iniciativa Regional de Seguridad para América Central (CARSI). Junto con el aumento de la ayuda militar y antinarcótica a estos países, EE.UU. ha utilizado a Colombia como representante de seguridad, proporcionando EE.UU. una “negación plausible” en el caso de violaciones de derechos humanos cometidas por sus alumnos. El general estadounidense John Kelly cometió el error de admitirlo el mes de mayo pasado. El uso de representantes de seguridad por parte del gobierno de Estados Unidos, junto con su proceso de certificación del cumplimiento con los requisitos en materia de derechos humanos, elude el espíritu de la Ley Leahy, que tiene por objetivo evitar la financiación estadounidense de militares que han cometido graves abusos contra los derechos humanos.

Debido a esta estrecha relación, las causas detrás de la violencia en México se vuelven más claras. Cuando el presidente Enrique Peña Nieto asumió el cargo en 2012, trató de desviar la atención del país al tema de la economía a través de su lema "Moviendo a México.” Pero la tortura, las detenciones arbitrarias, los secuestros y las desapariciones se han incrementado a lo largo de los dos años de su mandato. Aunque los 43 estudiantes han sido noticia internacional, 5.098 mexicanos han desaparecido tan sólo en el 2014.

Guerra Contra la Droga o Guerra Contra los Pobres?

En el décimo aniversario del Plan Colombia, Adam Isaacson de la Washington Office on Latin America (WOLA) escribió, "Los avances en seguridad de Colombia son parciales, posiblemente reversibles, y manchados por los ‘daños colaterales’. Con tanta evidencia en este sentido, por qué el legado de Plan Colombia que simbolizaba La guerra Contra las Drogas todavía tiene defensores acérrimos”? Algunas organizaciones colombianas como la Asociación para la Investigación y la Acción Social (NOMADESC) plantean la siguiente teoría:

"La Guerra Contra las Drogas en Colombia es una cortina de humo para los intereses económicos. Sí, el tráfico de drogas desempeña un papel en la violencia aquí, pero mucho más importantes son los intereses económicos neoliberales que buscan impulsar el desplazamiento para que puedan acceder a la tierra colombiana", dijo un portavoz de NOMADESC a una delegación de Acción Permanente por la Paz (Witness for Peace).

"Plan Colombia allanó el camino para el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia una década después. Las fumigaciones desplazaron a las personas de sus tierras y las dejaron libres para el desarrollo ilegal, así como la creación de una fuerza de trabajo explotable en las ciudades ", dijo un organizador sindicalista de Buenaventura, en referencia a los casi 8 millones hectáreas de tierra que fueron abandonados o ilegalmente adquiridos en el curso del conflicto colombiano. "La represión en el campo creó un clima más favorable para la inversión extranjera. Al final, los ricos son los que se benefician”. En este sentido, hay un claro paralelismo con el TLCAN, que ha contribuido al desplazamiento masivo de mano de obra vulnerable de zonas rurales de México a EE.UU.

Este análisis se extiende hasta el actual gobierno de Juan Manuel Santos. Con menos mano dura que su antecesor, Santos ha apostado su presidencia en un acuerdo de paz negociado con las FARC y ha hecho de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras una de las primeras prioridades de su presidencia. Al igual que su homólogo Barack Obama en EE.UU., es un tecnócrata cercano a las grandes empresas; como Enrique Peña Nieto en México, está a favor de las industrias extractivas como motor de la economía. De hecho, el proceso de paz sirve a estos intereses mostrando a Colombia más atractiva para la inversión extranjera directa, sobre lo cual el gobierno de Santos ha sido transparente. Pero la colusión continua entre las empresas privadas y las nuevas y cambiantes formas del paramilitarismo sugieren que incluso si el gobierno colombiano negocia el final del conflicto con las FARC, poco va a cambiar la vida para los colombianos cuya realidad cotidiana incluye las amenazas, la inseguridad y la violencia.

De hecho, los colombianos sólo necesitan mirar a México, donde no hay una insurgencia armada, para ver lo que el futuro puede deparar. Durante el año pasado la administración de Peña Nieto promovió y aprobó una serie de reformas (laboral, telecomunicaciones, educación, fiscal y energía) que tienen en común una tendencia a la privatización. "México está abierto a los negocios" fue el mensaje, y el gobierno de Estados Unidos y las multinacionales lo aprovecharon al máximo. La aprobación de estas reformas no hubiera sido posible de no ser por la distracción agotadora de seis años de violencia anteriores, cuando los mexicanos fueron desplazados, aterrorizados o asesinados por los cárteles del narcotráfico, por las fuerzas de seguridad mexicanas, o con demasiada frecuencia por la colusión de ambos.

Al igual que en el caso de Alexander Mora Venancio. Al describir lo que sintió al enterarse de la confirmación de la muerte de su hijo, el padre de Alejandro pronunció, “sentí que me arrancaron parte de mi corazón.” A medida que su familia y amigos reparan sus corazones lastimados y lloran al joven que conocían, el mundo llora con ellos y espera contra toda esperanza que los otros 42 se encuentren con vida. Las semillas del imperialismo estadounidense en Colombia, México y otros países en las Américas siguen dando frutos para los intereses poderosos. Pero como la frase popular que ha estado circulando desde la masacre de Ayotzinapa declaró: "Quisieron enterrarnos. Pero no sabían que también éramos semillas ".

Privilegio y Paz

Por Chelsey Dyer, miembro de la junta directiva de APP en el Sureste

Traducido al español por Julia Duranti, APP-Colombia

La famosa antropóloga Margaret Mead teorizó que la guerra es una invención creada por los seres humanos. Rechazó firmemente el concepto de la guerra como una inevitabilidad social o biológica, y planteó que en el caso de que “un método más coherente con las instituciones y los sentimientos de la época fuera inventada” la guerra se volvería obsoleta y una nueva invención tomaría su lugar. Muchas veces me he preguntado sobre la validez de su teoría. Con el tiempo, los ciudadanos se han dirigido a sus gobiernos y los gobiernos a los organismos internacionales para prevenir los abusos civiles durante los conflictos, terminar guerras y detener otras antes de que empiecen. Pero la violencia ha seguido existiendo como otra opción.

Hasta ahora.

Hasta que una pequeña comunidad en Colombia creó otra posibilidad, una nueva esperanza por la paz. A pesar de un ciclo de violencia y una crisis económica que han minado los lazos comunitarios y el lujo de la creatividad, un grupo de colombianos y colombianas dedicados están dando una lucha fuerte para reconocer los defectos de la guerra. Por ende, han creado una nueva invención, un espacio en que los actores violentos son prohibidos y la paz se alimenta con la no-violencia y los lazos comunitarios. 

Se llama el espacio humanitario de Puente Nayero.

Ubicado en el escenario de Buenaventura, los habitantes del barrio playero de Puente Nayero establecieron un espacio humanitario con el acompañamiento de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Hoy su éxito se refleja en los rayos de sol que se filtran por las palmas e irradian a los niños y niñas que juegan bajo estas, niños y niñas que ya tienen la posibilidad de un futuro más brillante. La paz está creciendo, a pesar de los obstáculos en la ciudad de Buenaventura. Con la tasa de pobreza alrededor del 80 por ciento, a Buenaventura se le ha apodado como el Punto Cero del Tratado de Libre Comercio entre EE.UU y Colombia. Implementado en el 2012, el TLC eliminó inmediatamente el 80 por ciento de los aranceles en las exportaciones estadounidenses a Colombia, permitiendo la inundación de bienes menos costosos al mercado colombiano. Buenaventura es el principal puerto del país por el cual pasa casi el 70 por ciento de las importaciones y exportaciones colombianos y, por lo tanto, la ciudad ha sido blanco para un proceso intensificado de desarrollo y expansión, con el fin de mejorar la estética de la ciudad para una nueva clase ejecutiva y profesional. Sin embargo, tal desarrollo ha venido acompañado por desplazamiento, guerras entre grupos neoparamilitares por el control del territorio y las rutas del narcotráfico, y niveles aumentados de violencia y desamparo económico.

Mientras el estado colombiano pretende combatir las desapariciones forzosas, las casas de pique y los asesinatos en Buenaventura con más militarización, las comunidades reportan la colaboración entre las fuerzas públicas, las empresas multinacionales y los neoparamilitares. Los testimonios de abuso alimentan la desconfianza en las fuerzas públicas y debilitan los frágiles lazos comunitarios. Los habitantes de Buenaventura se quedan con la opción de encerrarse en sus casas después del atardecer para protegerse; desplazarse para el complejo aislado de San Antonio donde casi no existen oportunidades económicas ni atención educativa o de salud; o afiliarse con uno de los grupos armados que dominan en la ciudad.

Y es por esto que la comunidad de Puente Nayero es tan extraordinaria. Frente a las opciones anteriormente mencionadas, la comunidad generó otra: la paz. En abril del 2014, la comunidad comenzó a expulsar a los actores violentos de su tierra, tumbó las casas de pique utilizadas para la tortura y comenzó el largo viaje de reconstruir su comunidad.

La ropa colgada para secar en el sol y los vecinos que caminan tranquilamente por la calle esconden con un velo de cotidianidad el carácter tan especial de Puente Nayero. Entre las calles hechas de tierra y las casas palofitas el movimiento por la paz continúa. En noviembre, grupos neoparamilitares realizaron incursiones en la calle vecina de Piedras Cantan, amenazaron a los líderes comunitarios y anunciaron sus intenciones de infiltrarse en el espacio. Los hechos ocurrieron a pesar de las exigencias reiteradas por parte de la comunidad de una mayor presencia policial en el área y protecciones para sus líderes. A la comunidad se le otorgaron medidas cautelares por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en septiembre, la cual reconoce el espacio humanitario como un área amenazada con un nivel de riesgo aumentado por la falta de acción por parte del estado. Con este reconocimiento el CIDH manifiesta que el estado colombiano debe cumplir con los pedidos para protección de la comunidad. Sin embargo, la historia ha demostrado que en Colombia incluso las políticas mejor intencionadas pueden fallar por falta de voluntad política. El estado colombiano y la Unidad Nacional de Protecciones (la división del Ministro del Interior responsable por la protección de los defensores de derechos humanos y otros ciudadanos amenazados) tendrán que cumplir con las recomendaciones para la seguridad de la comunidad. Por lo tanto, la lucha de Puente Nayero por la seguridad y la paz aún está lejos de la victoria.

¿CUÁLES SON SU NECESIDADES? 

• Transporte seguro para los niños y las niñas del área al colegio
• Cámaras de seguridad y mejor alumbrado público en la zona (para mejorar la seguridad)
• Celulares y chalecos antibalas para los líderes
• Transporte seguro y escoltas para los líderes
• Presencia policial en cinco puntos claves de la comunidad, lo cual requiere la colaboración del gobierno municipal y nacional
• Consulta previa con las empresas que pretenderían utilizar su tierra ancestral 

No es fácil luchar por la paz. Es aún más difícil vivir por la paz: renunciar a las armas y confiar en el estado y en la fe en la humanidad para protegerse de las personas que quieren luchar. Yo soy privilegiada porque nunca he tenido que escoger entre la violencia y la no-violencia. Nací en un contexto de paz. Y ahora quiero usar ese privilegio para ayudar a la construcción de la paz en Puente Nayero y Buenaventura. Quiero que los niños y las niñas de Puente Nayero sueñen sin preocuparse por su seguridad, sea física o económica. Quiero creer en la idea de Margaret Mead de que se puede reemplazar la guerra con otra invención. Y por eso trabajo con Acción Permanente por la Paz, porque convierte mis sueños en creencias y mis creencias en realidades. Creo en la paz por comunidades como Puente Nayero. Creo en la paz porque aun cuando se enfrente con décadas de guerra, pobreza y falta de reconocimiento por parte del gobierno, el pueblo todavía tiene esperanza y soluciones alternativas para el futuro. Creo, porque conozco nuestras victorias pasadas, y estoy lista para ganar otra vez. Comencemos con Puente Nayero.

¿QUE PODEMOS HACER?

• Escriba una carta de apoyo a Puente Nayero. Envíela a WfP SE y la traduciremos (si se necesita) y la reenviaremos a la comunidad. 
• Tome una foto con un letrero de apoyo. ¡Asegúrese de colocar de dónde es usted! Súbala a Facebook o Twitter y nos la comparte. 
• Escriba a los funcionarios en la Embajada Colombiana en Washington, D.C. y la Embajada EE.UU en Colombia. Exprese su apoyo para la comunidad y su deseo que sus necesidades de seguridad sean cumplidas.

Privilege and Peace

By Chelsey Dyer, WfP SE Regional Board Member

Margaret Mead, a once famous anthropologist, theorized that warfare is an invention created by humankind. She staunchly rejected the notion that war is a biological or sociological inevitably and argued that should a “method more congruent with the institutions and feelings of the period be invented” war would become obsolete and a new invention would supersede its role. I have often wondered over the veracity of this theory. Over time, citizens have turned to their governments and governments to transnational bodies to prevent citizen abuse during conflicts, end wars, and prevent them from starting. But violence has always remained an option.

Until now.

Until a small community in Colombia created another possibility, a new hope for peace. Despite a perpetuated cycle of violence and economic deterioration that erodes community bonds and the luxury of creativity, a group of dedicated Colombians has continued to persist in their recognition of the defects of war. And so some have created a new invention, a space in which violent actors are evicted and peace is groomed with non-violence and community bonds.

It is the humanitarian space of Puente Nayero.

Situated against the backdrop of Buenaventura, the people of the beachfront neighborhood of Puente Nayero established a humanitarian space with the aid and accompaniment of the Comisión Intereclesial de Justicia y Paz or the Inter-Church Commission of Justice and Peace. Today, their success is echoed in the warmth that filters through the coconut trees and casts its glow on the children at play below, children who are already guaranteed a healthier future. Peace is growing, despite the obstacles the city of Buenaventura provides. With an 80% poverty rate, Buenaventura has been called “ground-zero” for the US-Colombia Free Trade Agreement (FTA). Enacted in 2012, the FTA immediately eliminated 80% of tariffs on U.S. exports to Colombia, allowing a surge of cheap US goods to enter Colombia. Buenaventura is the primary hub through which 70% of Colombia’s imports and exports pass. As such, this city has been targeted for intensified multinational development and aesthetic improvements to accommodate the heightened presence of business professionals. However, this development has been accompanied by displacement, more turf wars between neoparamilitaries over drug routes and territory, and increasing levels of violence and economic distress.


While the Colombian government attempts to combat rising levels of disappearances, dismemberments, and murders in Buenaventura by increasing its military presence, local community members report the collusion of armed forces with multinational corporations and neo-paramilitaries. Accounts of abuse feed a pervasive mistrust of armed officials and erodes already fragile community bonds. Many citizens in Buenaventura are left with no other options but to shut themselves in their homes after dark for protection; be displaced to the cement compound of San Antonio with few economic, educational, or health opportunities; or join a neo-paramilitary group.

This is what makes the community of Puente Nayero so remarkable. Faced with the aforementioned options, the community created another choice. Peace. In April 2014 the community began to evict all violent actors from their land, reclaimed “chop-up” houses previously used for torture, and began the long journey of rebuilding a supportive a social community.


The clothes drying on the wash line and the neighbors meandering calmly throughout the streets mask the extraordinary nature of Puente Nayero in a veil of banality. Yet, amidst the dirt paved streets and wooden homes the movement for peace continues. In November 2014, paramilitary groups made incursions onto the adjacent street of Piedras Cantan, threatened community leaders and announced their intentions to infiltrate the space. This occured in spite of the community's repeated demands for police presence in the space and protections for leaders. The community was granted collective protective measures (medidas cautelares) by the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) in September. This ruling grants official recognition to the humanitarian space as an area under threat and acknowledges the community's heightened risk level due to the lack of government action. With this recognition the IACHR has said the Colombian government must comply with the community's requests for protection. However, history has shown that lack of political will in Colombia can cause well-intended policies to fail. In order for the community’s needs to be fulfilled the Colombian government and National Protections Unit (a division of the Ministry of the Interior tasked with protecting human rights defenders and other citizens under threat) have to comply. As such, this community’s battle for security and peace is far from over:

WHAT ARE THEIR NEEDS?

• · A school bus for children
• · Security cameras and better lighting in the space (for safety)
• · Cell phones and bulletproof vests for leaders
• · Secure transportation and body guards for leaders
• · Police presence five key points in the community which would require local and national government support 
• · Prior consultation with multi-nationals who wish to use their land

It is not easy to fight for peace-to take up arms and blatantly put your body on the front lines. But it is more challenging to live for peace; to forgo weapons, to rely only on your government and your faith in humanity to protect you from those who strive to fight. I am privileged because I have never had to make that choice, violence or non-violence. I was born into peace. And now I want to use my privilege to help the peace in Puente Nayero grow and expand throughout Buenaventura. I want the children in Puente Nayero to dream uninhibited by worries about safety and economic security. I want to believe in Margaret Mead’s idea that warfare can be replaced with a better invention. And this is why I work with Witness for Peace, because they turn my dreams into beliefs and my beliefs into realities. I believe in peace because of communities like Puente Nayero. I believe in peace because even when confronted with decades of war, poverty, and government disdain, people still have hope, people still have alternative solutions for the future. I believe because I know of our victories in the past, and I am ready to win again. Let’s start with Puente Nayero.

WHAT CAN WE DO?

• Write a letter of support to the Puente Nayero community. Send it to WfP SE  and we will translate it (if needed) and forward it on to the community.
• Take a photo of yourself holding a sign of support. Make sure you put where you’re from! Post it to Facebook or Twitter and email it to us.
• Write officials at the Colombian Embassy in Washington, D.C. and the U.S. Embassy in Colombia. Express your support for the community and your wish that their needs be fulfilled.