por Sonja Dahl, pasante de APP
Foto: AP
Rubén Espinosa, un fotoperiodista en el
estado mexicano de Veracruz que informaba sobre los movimientos sociales,
pensaba que había escapado de peligro cuando se trasladó a la capital del país
por motivo de amenazas contra su vida. Lo mismo pensaba Nadia Vera, una activista
y amiga de Espinosa, después de su huida parecida. Pero a pesar de sus
esperanzas, amb@s se encontraron muertos el 31 de julio, junto con tres otras
mujeres. Sus muertes destrozan la idea de la seguridad relativa para la prensa
en el D.F., que había visto 33 agresiones no mortales contra periodistas
desde el comienzo de este año, pero ningún asesinato hasta ahora.
Uno de los peores aspectos de este crimen, esta tragedia terrible - pero uno que, por desgracia, se ha llegado a esperar - es la respuesta del gobierno. El fiscal del D.F. ha negado a reconocer que Espinosa había llegado a la ciudad en busca de refugio, afirmando en cambio que él buscaba trabajo, y definitivamente no ha confirmado que el asesinato fue motivado por su profesión. La gente ya se ha unido en un clamor masivo contra las muertes, incluyendo una protesta de miles de personas el 2 de agosto. Sin embargo, no es muy probable que este asesinato escape la impunidad.
L@s periodistas mexican@s como Espinosa viven bajo amenazas, con por lo menos 41 muert@s desde 2010, incluyendo al menos siete sólo en este año (las cifras varían, y estas son estimaciones conservadoras). El grupo de la libertad de prensa Artículo 19 reportó 227 agresiones contra periodistas en el primer trimestre de 2015, la mayoría de las cuales fueron perpetradas por funcionari@s o partidos políticos. La impunidad alarmante y la falta de protección para l@s periodistas amenazad@s, resultados de la inacción del gobierno, permiten que la violencia continúe. En este clima peligroso, much@s periodistas recurren a la autocensura, y pueden pasar meses antes de que alguien cuestione la versión oficial de una historia. Este fenómeno no se limita a l@s periodistas - basta ver cuánto tiempo tomó un juez magistrado para presentar su versión de los hechos en las desapariciones de Ayotzinapa, y su decisión de huir a los EE.UU. después de su testimonio. En el caso de Espinosa, much@s creen que él fue elegido como blanco por su portada de revista desfavorable del notorio gobernador de Veracruz y su obra sobre las protestas acerca de las desapariciones de los estudiantes de Ayotzinapa.
Los asesinatos de periodistas son sólo una gota en el mar de los más de 100.000 muertos y 27.000 desaparecidos hasta ahora en la guerra contra las drogas, apoyada por EE.UU. Pero estos son emblemáticos de un tema importante, que explora Dawn Paley (habrá blog por ella esta semana) en su libro El Capitalismo Narco: la violencia provocada por la guerra contra las drogas no es una consecuencia indeseada de la supuesta lucha contra los cárteles. Más bien, el estado mexicano, bajo el ex-presidente Felipe Calderón y aún más bajo el presidente actual, Enrique Peña Nieto--ambos apoyados por EE.UU.--la ha animado en un intento de aterrorizar a la gente hasta el silencio ante su propia corrupción, militarización y reformas privatizadoras. L@s periodistas, l@s defensores de los derechos humanos y l@s testigos siguen alzarse y hacerse oír, pero, como muestra la muerte de Rubén Espinosa, se acabó incluso el refugio de la capital mexicana.
Y a través de todo esto, el gobierno de los EE.UU. ha seguido apoyando al gobierno mexicano. Se las vendemos armas, le entrenamos a su ejército y policía y le proporcionamos financiamiento para la guerra contra las drogas a través de programas como el Plan Mérida, que en total ascendió a $44 millones en el año fiscal 2014. Le alentamos a deportar cruelmente a l@s migrantes, al igual de que hacemos nosotr@s, a través del Plan Frontera Sur. Incluso nos entramos en acuerdos comerciales como el TLCAN, y ahora posiblemente el TPP (las siglas en inglés del enorme Tratado Trans-Pacifico), con México, a pesar de dos cosas importantes. 1) El daño el primero ha hecho, y que este último haría, a la gente común en ambos países; y 2) las violaciones de los derechos humanos en México que supuestamente impulsan a nuestro gobierno de dar la espalda a un socio comercial potencial o actual, hasta que mejore su historial en ese sentido. Aquí en los EE.UU., tenemos que presionar a nuestro gobierno para retirar ese apoyo, y buscar justicia para Espinosa, Vera y un sinnúmero de otr@s como ell@s que se han silenciado en la guerra contra las drogas.
Uno de los peores aspectos de este crimen, esta tragedia terrible - pero uno que, por desgracia, se ha llegado a esperar - es la respuesta del gobierno. El fiscal del D.F. ha negado a reconocer que Espinosa había llegado a la ciudad en busca de refugio, afirmando en cambio que él buscaba trabajo, y definitivamente no ha confirmado que el asesinato fue motivado por su profesión. La gente ya se ha unido en un clamor masivo contra las muertes, incluyendo una protesta de miles de personas el 2 de agosto. Sin embargo, no es muy probable que este asesinato escape la impunidad.
L@s periodistas mexican@s como Espinosa viven bajo amenazas, con por lo menos 41 muert@s desde 2010, incluyendo al menos siete sólo en este año (las cifras varían, y estas son estimaciones conservadoras). El grupo de la libertad de prensa Artículo 19 reportó 227 agresiones contra periodistas en el primer trimestre de 2015, la mayoría de las cuales fueron perpetradas por funcionari@s o partidos políticos. La impunidad alarmante y la falta de protección para l@s periodistas amenazad@s, resultados de la inacción del gobierno, permiten que la violencia continúe. En este clima peligroso, much@s periodistas recurren a la autocensura, y pueden pasar meses antes de que alguien cuestione la versión oficial de una historia. Este fenómeno no se limita a l@s periodistas - basta ver cuánto tiempo tomó un juez magistrado para presentar su versión de los hechos en las desapariciones de Ayotzinapa, y su decisión de huir a los EE.UU. después de su testimonio. En el caso de Espinosa, much@s creen que él fue elegido como blanco por su portada de revista desfavorable del notorio gobernador de Veracruz y su obra sobre las protestas acerca de las desapariciones de los estudiantes de Ayotzinapa.
Los asesinatos de periodistas son sólo una gota en el mar de los más de 100.000 muertos y 27.000 desaparecidos hasta ahora en la guerra contra las drogas, apoyada por EE.UU. Pero estos son emblemáticos de un tema importante, que explora Dawn Paley (habrá blog por ella esta semana) en su libro El Capitalismo Narco: la violencia provocada por la guerra contra las drogas no es una consecuencia indeseada de la supuesta lucha contra los cárteles. Más bien, el estado mexicano, bajo el ex-presidente Felipe Calderón y aún más bajo el presidente actual, Enrique Peña Nieto--ambos apoyados por EE.UU.--la ha animado en un intento de aterrorizar a la gente hasta el silencio ante su propia corrupción, militarización y reformas privatizadoras. L@s periodistas, l@s defensores de los derechos humanos y l@s testigos siguen alzarse y hacerse oír, pero, como muestra la muerte de Rubén Espinosa, se acabó incluso el refugio de la capital mexicana.
Y a través de todo esto, el gobierno de los EE.UU. ha seguido apoyando al gobierno mexicano. Se las vendemos armas, le entrenamos a su ejército y policía y le proporcionamos financiamiento para la guerra contra las drogas a través de programas como el Plan Mérida, que en total ascendió a $44 millones en el año fiscal 2014. Le alentamos a deportar cruelmente a l@s migrantes, al igual de que hacemos nosotr@s, a través del Plan Frontera Sur. Incluso nos entramos en acuerdos comerciales como el TLCAN, y ahora posiblemente el TPP (las siglas en inglés del enorme Tratado Trans-Pacifico), con México, a pesar de dos cosas importantes. 1) El daño el primero ha hecho, y que este último haría, a la gente común en ambos países; y 2) las violaciones de los derechos humanos en México que supuestamente impulsan a nuestro gobierno de dar la espalda a un socio comercial potencial o actual, hasta que mejore su historial en ese sentido. Aquí en los EE.UU., tenemos que presionar a nuestro gobierno para retirar ese apoyo, y buscar justicia para Espinosa, Vera y un sinnúmero de otr@s como ell@s que se han silenciado en la guerra contra las drogas.
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