La guerra mundial contra las drogas, defendida y
financiada principalmente por los EE.UU., ha tenido consecuencias extremas en
América Latina. La prohibición creaba un mercado negro de las drogas - un
mercado negro que los cárteles estaban ansiosos para dominar. A medida que los
cárteles crecieron en poder e influencia, llegaron a controlar regiones enteras
en México, Colombia, Venezuela y otros países de América Central y del Sur. Los
cárteles pueden dominar al utilizar el miedo y la violencia, así como mediante
el aprovechamiento de l@s funcionarios corrupt@s. Desde 2007, ha habido más de
164.000 víctimas de homicidios sólo en México, al cual ha corrido la mayor
parte de la violencia a lo largo de la última década, y l@s expert@s estiman
que el crimen organizado narco podría representar un 60% de los homicidios
totales.
La participación estadounidense en la lucha contra el
tráfico de drogas en la región comenzó con un enfoque en Colombia, pero pronto
se produjo un "efecto globo" cuando los cárteles encontraron nuevas
ubicaciones para producir las drogas después del descubrimiento de un lugar, a
veces moviéndose a los países vecinos. Por eso, ha sido imposible detener el
tráfico de drogas, ya que el número de los blancos crece más rápido que los
cuerpos de seguridad pueden manejar. A pesar de gastar más y más recursos en la
lucha contra los cárteles, no se ven resultados positivos - la violencia
continúa, las drogas siguen introducirse de contrabando a los EE.UU.
diariamente y un desastre humanitario se crea en el proceso.
El 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes desaparecieron
en ruta a una protesta estudiantil en Iguala, México. Los estudiantes
presuntamente fueron secuestrados por policías corruptos y fueron entregados a
un cártel local. Se cree que la policía, varios de los cuales trabajaban en
secreto con el cártel Guerreros Unidos, una banda de narcotraficantes,
secuestró a los estudiantes porque alguien le informó que pertenecían a un
cártel rival. También, se reveló que el ex-alcalde de Iguala, detenido después del
incidente, tenía vínculos con el cártel. Una protesta internacional estalló después
del secuestro, alegando que el gobierno mexicano tardó en responder, no llevó a
cabo una investigación adecuada y estaba lleno de corrupción.
Meses después, el gobierno mexicano dijo que los
estudiantes probablemente fueron asesinados, incinerados y enterrados en una
fosa común que se descubrió en el estado de Guerrero, donde está ubicada
Iguala. Sin embargo, l@s funcionari@s sólo lograron identificar que uno de los
129 cuerpos en la tumba pertenecía a uno de los manifestantes rumbo a Iguala;
la mayoría de los restos humanos y cenizas no contenía ADN identificable.
Muchas personas, incluyendo las familias de los estudiantes y la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos de México, no creen que esto sea toda la
historia; han cuestionado las pruebas y los informes del gobierno y han llamado
la atención a la colusión entre las autoridades y los delincuentes que llevó al
secuestro.
Esa no era la primera desaparición a manos de un
cártel: según el gobierno mexicano, más de 26.000 personas desaparecieron entre
el 2006 y el 2012. A pesar de los llamamientos para una solución a la
violencia, se han realizado pocos cambios en las políticas que podrían lograr
esa meta en realidad. Los EE.UU. sigue apoyando a los esfuerzos contra el
comercio de las drogas en América Latina a través de la financiación y el poder
militar, proporcionando más de $20 mil millones en la última década, lo que
incluye armas, satélites, equipos de radar, gases lacrimógenos y otras armas
militarizadas diseñadas para erradicar a los cárteles y detener el flujo las
drogas ilegales a los EE.UU. Desafortunadamente, las armas llegan
frecuentemente en las manos de las personas a quienes estas armas fueron
diseñadas para matar, y las drogas siguen haciendo su camino a través de la
frontera. Además, a medida que los EE.UU. y otros países combaten a los
cárteles con más fuerza, los carteles también reaccionen con más fuerza.
Un@s funcionari@s estadounidenses, entre ell@s el
Secretario del Estado Adjunto para la Oficina Internacional de Narcóticos y
Asuntos de los Cuerpos de Seguridad, William Brownfield, creen que la aumentación
de la violencia demuestra el éxito: "Cuando la guerra contra las drogas se
vuelve sangrienta, la estrategia está funcionando." Sin embargo, esta
forma de pensar insensible no es más que una consecuencia de la diplomacia
fallida, la propaganda y l@s polític@s hambrientos de poder, y nunca podría
llevar a la estabilidad en la región o a la disminución del conflicto.
La única solución verdadera para eliminar el poder de
los cárteles latinoamericanos y detener la violencia es quitar el valor de las
mercancías en que comercian - las drogas - y proporcionar esas materias primas
en los países a que los cárteles están actualmente pasándolas de contrabando.
Por ejemplo, si se pudiera producir y vender la cocaína legalmente en los
EE.UU., la demanda para la cocaína en el mercado negro de América Latina
disminuiría y los cárteles serían obligados a invertir menos esfuerzo en un
modelo de negocio fallido. También tendrían menos dinero para gastar en armas y
sobornar a la policía local. Tal efecto ya se ve con la marihuana: tras la
reciente legalización del cannabis en Colorado y Washington, seguidos por
Oregón, DC y Alaska, la patrulla fronteriza estadounidense reportó que agarró
menos marihuana en la frontera, y el número de homicidios en México cayó desde
un máximo de 23.000 en 2011 a 15.649 en 2014.
Los EE.UU. no debe ignorar los efectos que nuestras
políticas de drogas tienen en el resto del mundo, ni debemos imponer nuestros
valores a otras naciones. Los Convenios de la Fiscalización Internacional de
Drogas deberían revisarse para reflejar el efecto devastador de la guerra
global contra las drogas en la sociedad, y la evidencia científica que ha
surgido con respecto a la psicología de la adicción y los daños relativos de
sustancias ilícitas. Más importante, el énfasis debe estar en los derechos
humanos y no en la consecución de un objetivo “resultado final.”
Lauren Mendelsohn es la Vicepresidente de la Junta Directiva de la organización Estudiantes por Políticas de Drogas Sensatas (SSDP).
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