por Zara Snapp*
Durante los últimos 100
años, la prohibición de drogas ha sido defendida en cada rincón del mundo (con
algunas excepciones), lo que demuestra el llamado "consenso" que se
basa en los tres tratados primarios sobre la regulación de drogas1, escritos en 1961, 1971
y 1988. Sólo en los últimos años los estados miembros de estos tratados han
desafiado abiertamente estos instrumentos internacionales, abogando por motivos
de importancia cultural, en el caso de Bolivia y la hoja de coca2, y el respeto por los
derechos humanos, en el caso de Uruguay y de la regulación legal de cannabis3.
Tal vez el cambio mayor
haya venido de los guardianes del sistema de control narcótico actual - los
Estados Unidos - que ha defendido históricamente la prohibición, un enfoque en
la reducción de la oferta y la preservación de su autoridad para apoyar a las
guerras en todo el mundo bajo la justificación del control de las drogas. Sin
embargo, esta autoridad parece estar disminuyendo rápidamente, con cuatro
estados estadounidenses (hasta la fecha) que regulan el uso recreativo de
cannabis para adultos y 23 otros que permiten el uso medicinal de cannabis. Una
mayoría de l@s votantes estadounidenses apoya la regulación de cannabis para el
uso de adultos, y el gobierno federal no ha podido contener ese impulso.
Mientras el discurso internacional refleja un respeto por los tratados y sólo
las reformas moderadas, los cambios internos han demostrado que un nuevo
paradigma es posible.
En 2012, unos países de
América Latina, específicamente México, Colombia y Guatemala, solicitaron que
las Naciones Unidas organizara una Sesión Especial de la Asamblea General
(UNGASS) sobre las drogas el 19-21 de abril, 2016. Estos estados miembros
abogaron que la reunión tuviera lugar antes de lo que era de esperar, citando
una urgencia debida a los niveles de la violencia y la falta de evaluación
clara de la estrategia actual. América Latina ha estado a la vanguardia de la
aplicación de las políticas dirigidas por los Estados Unidos, y la evaluación
ha demostrado que estas políticas son ineficaces con respeto a la reducción de
la producción, el tráfico o el uso de las drogas.
Foto: idpc.net
La luz está empezando a
mostrarse a través de las grietas del régimen prohibicionista.
La guerra contra las
drogas (o contra el tráfico de drogas) fue lanzado en México en 2006, bajo el
liderazgo del presidente de esa época, Felipe Calderón, con el apoyo económico
y técnico de los Estados Unidos. Los resultados han sido devastadores: más de
150.000 personas muertas, más de 30.000 personas desaparecidas y muchas más
desplazadas debido a la violencia4. Detrás de cada uno de estos números, se
encuentra una persona, con una historia, una familia y una comunidad que siente
el dolor de esa pérdida. Sin embargo, una estrategia militarizada que gobierna
con violencia, y que ha sido acusada de numerosas violaciones de los derechos
humanos, sigue siendo la ley, aunque la dirigencia se encuentra ahora en las
manos del presidente actual Enrique Peña Nieto. La importancia de mantener una
imagen controlada se ha convertido en el discurso público oficial dentro de su
administración, mientras la realidad es que el número de muertes y
desapariciones atribuidas a la lucha contra el crimen organizado sigue
aumentando.
Por lo tanto, fue una
sorpresa para la sociedad civil mexicana cuando el país se unió a Colombia y
Guatemala a pedir para la UNGASS, y a eso complementar con un discurso que se
ha basado en la promoción de los derechos humanos, la salud y las nuevas
estrategias para las Naciones Unidas. En los últimos dos años, en la escena
internacional, México ha tenido un papel importante en exigir un debate
abierto, honesto y transparente en la ONU. Se ha enfrentado a países como Rusia
y China para abogar por la presencia de la sociedad civil y, al nivel regional,
ha defendido esta postura en contra de Cuba, Perú y Chile. Aunque este discurso
nuevo de México es un cambio positivo para l@s defensores de la reforma, México
no ha implementado ninguna reforma interna, lo que sólo alienta el escepticismo
en la población del país.
Con la defensa
estadounidense de los tratados de la fiscalización de drogas--mientras los
estados los desafían abiertamente--y con México empujando a favor de los derechos
humanos, la salud y la reducción de los daños sociales, mientras hace una
guerra, es seguro que la Sesión Especial de las Naciones Unidas estará llena de
sorpresas. La pregunta es: ¿Habrá cambiado algo el 22 de abril 2016?
* Zara Snapp nació en
Coatepec, Veracruz, México, creció en los Estados Unidos y se basa actualmente
en la Ciudad de México. Ella ha trabajado en varios temas sociales durante los
últimos 15 años, incluyendo la reforma política de drogas, los derechos
humanos, los derechos reproductivos, la participación cívica y la reforma
judicial. Zara colabora actualmente con la Comisión Global de las Políticas de
Drogas como la directiva de la política y de las comunicaciones, y es
miembro del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.
1 La Convención Única
sobre Estupefacientes de 1961, el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de
1971 y la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de
Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988.
http://www.unodc.org/unodc/treaties/
2 Bolivia gana una
victoria que le corresponde de la hoja de coca. Transnational Institute.
https://www.tni.org/en/pressrelease/bolivia-wins-rightful-victory-coca-leaf
3 Uruguay se defiende
ante la ONU sobre la legalización de marihuana. PanAmPost. http://panampost.com/panam-staff/2015/06/29/uruguay-stands-up-to-un-on-marijuana-legalization/
4
Las estimaciones oficiales varían entre 120.000-150.000 personas asesinadas
durante el gobierno de Calderón. En un momento, dejaron de proporcionar al
público los números para fines de "seguridad pública." Más de 22.000
personas se murieron en México 2013; sin embargo, no está claro cuántos estaban
relacionados a la violencia de la guerra a las drogas.
Posts
No comments:
Post a Comment