Probablemente no es una sorpresa que los diez principales contratistas del gobierno estadounidense son o están relacionadas con fines militares: Lockheed Martin, Boeing, General Dynamics, Raytheon, Northrop Grumman y demás. Aunque el Departamento de Defensa ha sido durante mucho tiempo el más caro, desde que el Presidente Bush declaró la "Guerra Contra el Terror", esto ha elevado todavia más el gasto. Un ejemplo de ello son los contratistas privados en Irak y Afganistán, la tecnología de vigilancia cada vez más moderna, los aviones no tripulados y su infraestructura compleja, nada de lo cual es barato. Tan sólo un helicóptero Blackhawk cuesta más de 16 millones de dólares. No es de admiracion ni nada nuevo, ya que el entonces Presidente Eisenhower famosa y ominosamente advirtió sobre ello hace 54 años.
Pero hoy en dia, cuando hablamos de el complejo industrial-militar, no es sólo la guerra a la que nos referimos sino tambien a la frontera EEUU-Mexico. Y al igual que el financiamiento generoso al Departamento de Defensa tiene tanto apoyo de ambos partidos y apenas genera un debate, tal es la "seguridad" fronteriza que pocos legisladores se molestan a cuestionarlo. Incluso la orden ejecutiva de Obama en torno a la inmigración - todavia obstaculizada por una orden judicial - utiliza esta retórica de la seguridad para justificar el envío de más fuerzas a la frontera, cuando ya la Patrulla Fronteriza es una de las agencias más grandes de EE.UU., contando con más de 60.000 empleados.
Al igual que en el sector empresarial, el sector gobernamental también ha recurrido a la contratación externa. Quizás era predecible, que 21 años después de la entrada en vigor de TLCAN y en visperas de una aprobación probable del Acuerdo Estrategico Transpacifico de Asociacon Económica (políticas que también disfrutan de apoyo bipartidista), que la economía globalizada no sólo tocaria a los mercados, sino también al aparato de seguridad estadounidense. (Enmarcando la militarización de la frontera como un "problema de seguridad" es dudoso, por supuesto. El hecho de que la gran mayoría de los inmigrantes indocumentados apelan a la falta de oportunidades económicas y/o la violencia en sus países de origen como su razón por migrar desacredita esa afirmación de una vez.)
La crisis de "los menores centroamericanos no acompanados" del verano pasado fue el momento perfecto para amplificar esta estrategia. En pleno apogeo de esta crisis, entró en vigor una política llamada Plan Frontera Sur en México que se refiere a la frontera México-Guatemala. Gracias a un resentimiento histórico y una desconfianza generalizada de recibir órdenes de EE.UU., el presidente Peña Nieto nunca la promocionó como un plan estadounidense. Sin embargo, es obvio que es la respuesta mexicana por presión de su vecino para cerrar las fronteras. Y está funcionando. Un estudio de WOLA que salió en junio del 2015 mostró que México duplicó las deportaciones en el último año, y ahora detiene más migrantes centroamericanos que EE.UU.
Hice una visita al albergue aquí en la ciudad de Oaxaca llamado COMI (Centro de Orientación del Migrante de Oaxaca), donde los migrantes en camino a EE.UU. pueden descansar unos días, recibir atención médica, buscar trabajo temporal, etc. Les pregunté a miembros del personal sobre el impacto que el Plan Frontera Sur ha tenido, y si habían notado algunas diferencias desde su implementación. Lo que sigue son extractos de esa conversación.
"Actualmente hay cinco estaciones, como aduanas o algo así [cerca de la frontera con Guatemala, al lado mexicano]. Y hemos escuchado que van a construir cinco más".
"Hemos escuchado que los mismas delincuentes cometen los crímenes cerca de la frontera [al lado mexicano]. Los migrantes ponen denuncias, pero sigue pasando, no hay operativos de los crímenes".
mural en una pared de COMI |
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