Tuesday, August 4, 2015

Outsourcing the Border

by Maggie Ervin

It probably doesn't come as a surprise that the top ten contractors of the US government are all military-oriented corporations: Lockheed Martin, Boeing, General Dynamics, Raytheon, Northrop Grumman and the like. Although the Defense Department has long been the most expensive, ever since Bush's declaration of the War on Terror, this has been truer than ever. Private contractors in Iraq and Afghanistan, ever-modern surveillance technology, unmanned drones and their complex infrastructures, none of this is cheap. Blackhawk helicopters alone cost over 16 million dollars each. It's not like this is anything new, of course. Eisenhower famously and portentiously warned of it 54 years ago.

But these days, when we talk about the military industrial complex, it's not only war we're talking about. It's our border as well. And much like generously funding the Defense Department has both bipartisan support and barely enjoys debate, such is the "securing" of our borders. Few legislators bother calling it into question. Even Obama's executive order around immigration - still stymied by an injunction - uses the rhetoric of security to justify sending more forces to the border. US Customs and Border Protection is already by far the US's largest enforcement agency with over 60,000 employees.

Just like in the business sector, the government sector has also turned to outsourcing. Perhaps it was predictable, that 21 years into NAFTA and with almost certain passage of the TPP (policies which also enjoy bipartisan support), that the globalized economy would not only touch markets, but also the US's security apparatus. (Framing the militarization of the border as a security issue is questionable, of course. The fact that the great majority of undocumented immigrants cite lack of economic opportunities and/or violence in their home countries as the reason for migrating discredits that claim.)

The "Central American unaccompanied minor crisis" of last year was the perfect time to amp up this strategy. At the height of it, in fact, a policy called The Southern Border Plan went into effect in Mexico. Thanks to a well-founded historical resentment and distrust of the US giving orders, President Peña Nieto never touted it as a US plan. However, it's clearly Mexico's response to pressure from its northern neighbor to close the borders. And it's working. A study by WOLA which came out in June 2015 showed that Mexico doubled deportations over the last year, and now detains more Central American migrants than the US.

I stopped in on the local migrant shelter here in Oaxaca, COMI (Center for Orientation of Migrants), where migrants headed for the states can take a few days' break, get medical care, look for temporary work, etc. I asked staff members when impact the Southern Border Plan has had, and if they'd noticed any changes since its implementation. What follows are excerpts from that conversation.

"There are now more checkpoints near the southern border and we've heard they're planning on building five more."

"We hear reports of human rights violations by immigration officials...one where they made a migrant give them everything, including his shoes. There were lots of brambles there, so then he had to walk barefoot. This was a violation of his physical integrity...We hear lots of stories of this type of inhumane treatment."

"This last year we've had more migrants who come through our shelter more than once...For example, maybe they run into municipal police in the north who try to extort them. If the migrant refuses to give them money, the police take them to immigration, they're deported, and as soon as they get off the plane they try again."

"We hear about the same people committing crimes near the border with Guatemala. Even when the migrants file a report, the criminals are allowed to continue...there's collusion and impunity for these criminals."

"Often the immigrant officials are accompanied by the police, like when they make the migrants get off the train. It's as if they're on a manhunt."

mural on a wall at COMI

Monday, August 3, 2015

Los niños de la Doctrina Monroe: las raíces militarizadas de la calamidad fronteriza de EE.UU.

por Arturo J. Viscarra y Michael Prentice
- No se puede resolver la crisis de la frontera EE.UU.-México a menos que EE.UU. acepte su papel en la creación de las condiciones terribles de las que l@s refugiad@s están huyendo.
"[E]n el hemisferio occidental la adhesión de EEUU a la Doctrina Monroe puede obligarlos ... al ejercicio de un poder de la policía internacional". -Theodore Roosevelt, 1904.


photo credit: Matthew Cole/Shutterstock.com



Es imposible entender las causas fundamentales de la ola actual de centroamerican@s que llegan a EE.UU., y encontrar la respuesta adecuada de dicho país, sin reconocer la relación histórica entre EE.UU. y América Central. Por desgracia, el debate en el Congreso y en los medios de comunicación convencionales no han considerado un cambio en su política exterior, sino se han centrado en la cuestión de que si EE.UU. tenga o no tenga nuevas obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario o el deber moral de tratar a l@s niñ@s indocumentados con respeto. El Vicepresidente Biden se refirió a ell@s recientemente como "nuestr@s niñ@s," enfatizando la importancia del debido proceso en cuanto a sus solicitudes de asilo, pero al mismo tiempo, él propuso una repetición del fallido "Plan Colombia" en Centroamérica. Antes de apresurarse a más militarización dentro del marco de la Guerra Contra las Drogas, EE.UU. tiene que asumir su parte de la responsabilidad en haber creado las condiciones políticas, sociales y económicas actuales de las que l@s refugiad@s están huyendo.

La Doctrina Monroe de 1823, que declaró a EE.UU. como el único poder en el Hemisferio Occidental, allanó el camino para el control estadounidense en Centroamérica, tanto histórico como actual, a través de las intervenciones militares y por financiar, armar y entrenar las élites locales pro-EE.UU. y sus fuerzas armadas. En las décadas siguientes, muchas repúblicas de América Central y el Caribe se redujeron a "protectorados o estados clientes de facto" de EE.UU. según el historiador John Coatsworth. Durante las Guerras Bananeras, el ejército estadounidense intervino en Honduras siete veces en doce años. El golpe de estado guatemalteco, orquestado por la CIA en el 1954, provocó una guerra civil que duró hasta el 1996. En la década de los 80, El Salvador, Honduras y Guatemala fueron inundados con ayuda y asesores militares, lo que resultó en una matanza masiva, igual que una migración masiva a EE.UU. La "república bananera” de Honduras se convirtió en una plataforma para las fuerzas armadas entrenadas por EE.UU. en su lucha contra los izquierdistas en los tres países que lo bordean, ganándose el apodo "USS Honduras.”

La Escuela de las Américas (SOA), establecida en 1946, encarna la política tradicional de EE.UU. hacia Centroamérica: la aplicación de soluciones militares a los problemas sociales y económicos. Los egresados de la SOA incluyen a los más notorios violadores de derechos humanos de América Central: los miembros del Batallón 316 en Honduras; los asesinos del arzobispo Oscar Romero, de cuatro religiosas estadounidenses y de más de 900 civiles en El Salvador; y los presidentes de Guatemala conectados a las campañas militares genocidas. A pesar de las afirmaciones del Pentágono sobre un cambio y más transparencia, se han negado a publicar los nombres de los egresados de la SOA durante los últimos 10 años. Tratese de la Guerra Fría o la Guerra Contra las Drogas, la SOA continúa permitiendo que los aliados de EE.UU. puedan cometer violaciones de los derechos humanos en nombre de la democracia.

El 28 de junio del 2015 se cumplio el sexto aniversario del golpe de estado militar (dirigido por graduados de la SOA) que derrocó al presidente hondureño Manuel Zelaya, un líder democráticamente elegido. Miles de opositores al golpe han sido amenazad@s, golpead@s, torturad@s, desaparecid@s o asesinad@s. Mientras tanto, EE.UU. trabajaba diligentemente para garantizar que el régimen golpista se mantuviera en el poder, y rápidamente reconoció los resultados de las dos elecciones contaminadas que pusieron en el poder a Porfirio Lobo y a Juan Orlando Hernández. Las fuerzas de seguridad hondureñas pos-golpe han recibido más ayuda y entrenamiento militar de EE.UU., a pesar de su historial bien conocido de violaciones a los derechos humanos y a la infiltración por los cárteles que supuestamente combaten. Además, el Pentágono ha construido al menos tres nuevas instalaciones militares de EE.UU. en Honduras desde el golpe, revelando el motivo estadounidense en sus acciones: su apego al "USS Honduras."

No debe ser ninguna sorpresa que Honduras, el país del origen del 29% de l@s menores no acompañad@s que se entregaron a la Patrulla Fronteriza en 2014, ha llegado a ser por primera vez la fuente principal de la migración centroamericana, cuando los regímenes hondureños apoyados por EE.UU. han exacerbado el desorden, la violencia y los problemas económicos en los últimos cinco años. En sus relaciones con América Central, los EE.UU. colabora militarmente con las oligarquías locales para reforzar las desigualdades políticas y económicas, o sea, el staus quo. La ola actual de niñ@s y adultos que huyen de América Central es debida, al menos en parte, a la continuación de la supremacía de los caprichos del Pentágono en cuanto a las necesidades básicas de la mayoría pobre de América Central.

Es importante tener en cuenta por qué l@s nicaragüenses no están emigrando en masa a pesar de enfrentar obstáculos históricos, económicos e imperialistas parecidos a los de los otros países de América Central. Después de décadas de gobiernos brutales apoyados por EE.UU., el gobierno de Nicaragua actual ha sido capaz de escapar, en gran medida, al control de EE.UU. y formar sus propias políticas de seguridad. Los resultados son niveles mucho más bajos de violencia y de migración forzada que sus vecinos, a pesar de niveles similares de pobreza. EE.UU. puede aprender del éxito de Nicaragua en áreas tales como la vigilancia para resolver la crisis migratoria de l@s niñ@s, pero sólo con un cambio fundamental de la cultura de seguridad promovida por las fuerzas estadounidenses en los países vecinos.

Desde el 2008, EE.UU. ha gastado más de 800 millones de dólares en “ayuda para la seguridad” de Honduras, Guatemala y El Salvador a través de la "Iniciativa Regional Centroamericana de Seguridad" (CARSI), así como millones más en la ayuda bilateral al ejército y a la policía en cada país en nombre de la Guerra Contra las Drogas. Pero cuando ese dinero se destina a los políticos infiltrados por los cárteles y las fuerzas de seguridad, como en Honduras, ¿es sorprendente que la ley se deteriore aún más? Los adultos centroamericanos arriesgan sus vidas y las de sus hij@s para escapar del sistema histórico y de la violencia actual en cuya creación EE.UU. ha tenido un papel importante, aunque lo niegue. ¿Quién es más irresponsable, los padres o el Pentágono? ¿Quién es más racional, los padres o el Congreso de Estados Unidos?

En el 2013, después de casi 200 años, el Secretario del Estado, John Kerry, declaró que la época de la Doctrina Monroe había terminado. Sin embargo, parece que el Pentagono sigue con lo de siempre con sus aliados corruptos en Honduras y Guatemala. Mientras una cantidad récord de refugiad@s centroamerican@s son detenid@s en la frontera, los medios de comunicación y los políticos deben reconocer que est@s niñ@s son el resultado de los conflictos armados financiados por l@s contribuyentes estadounidenses. Las reevaluaciones honestas, audaces, y fundamentadas sobre la política exterior en la región deben llevarse a cabo e implementarse para que las condiciones en Centroamérica mejoren dentro de poco.






Arturo J. Viscarra emigró a los EE.UU., de El Salvador, durante la guerra civil. Él es un abogado de la inmigración y el Coordinador de la Abogacía para SOA Watch.
Michael Prentice es un estudiante en Vassar College y era pasante en SOA Watch. 

Únete a Arturo, Michael y miles de personas más para la vigilia en la SOA este noviembre: http://soaw.org/november.

Children of the Monroe Doctrine: The Militarized Roots of America's Border Calamity

by Arturo J. Viscarra and Michael Prentice
- The border crisis can't be solved without the U.S. coming to terms with its role in creating the awful conditions refugees are fleeing.
"[I]n the Western Hemisphere the adherence of the United States to the Monroe Doctrine may force the United States . . . to the exercise of an international police power.” --Theodore Roosevelt, 1904.


photo credit: Matthew Cole/Shutterstock.com

It’s impossible to understand the root causes of the current wave of Central Americans arriving in the United States, and therefore the appropriate U.S. response, without acknowledging the historical relationship between the U.S. and Central America. Unfortunately, the debate in Congress and in the mainstream media has not considered altering our foreign policy as it focuses on whether or not the U.S. has new obligations under international law or a moral duty to treat non-citizen children with compassion. Vice President Biden recently referred to them as “our kids”, stressing the importance of due process for the children's asylum claims, but he simultaneously called for a reiteration of the failed, militarized "Plan Colombia" in Central America. Before rushing into more Drug War militarization, the U.S. needs to accept its share of the responsibility in creating the current political, social, and economic conditions refugees are fleeing.
The 1823 Monroe Doctrine, which declared the U.S. the sole power in the Western Hemisphere, set the stage for continuing U.S. control in Central America through military interventions or the financing, arming, and training of pro-U.S. local elites and their armed forces.  By the 1880s, many Central American and Caribbean republics were reduced to “protectorates or in effect client states” of the U.S., according to historian John Coatsworth. During the Banana Wars, the U.S. military intervened in Honduras seven times in twelve years. The 1954 CIA-orchestrated Guatemalan coup sparked a civil war that lasted until 1996. In the 1980s, El Salvador, Honduras, and Guatemala were inundated with U.S. military aid and advisers, resulting in mass carnage and mass migration to the U.S. The “Banana Republic” of Honduras became a staging ground for U.S.-trained armed forces fighting leftists in the three countries it borders, earning the nickname “U.S.S. Honduras.”



The School of the Americas (SOA), established in 1946, embodies the U.S.’ traditional policy towards Central America: applying military solutions to social and economic problems. Graduates of the SOA include the most notorious Central American human rights violators: members of the Battalion 316 in Honduras; the murderers of Archbishop Oscar Romero, four U.S. churchwomen, and over 900 civilians in El Salvador; and former and current Presidents of Guatemala connected to genocidal military campaigns. Despite the Pentagon’s claims of change and transparency, it has refused to release the names of SOA graduates for the last 10 years. Be it Cold War or Drug War, the SOA continues to enable U.S. allies to commit human rights violations in the name of democracy.

June 28, 2015 marked the sixth anniversary of the SOA graduate-led military coup that ousted democratically-elected Honduran president Manuel Zelaya. Thousands of coup opponents have been threatened, beaten, tortured, disappeared, or killed.  Meanwhile, the U.S. worked diligently to guarantee that the coup regime remained in power, and quickly recognized the results of the two tainted elections that put Porfirio Lobo and Juan Orlando Hernandez in power. Post-coup Honduran security forces have received increased U.S. military aid and training despite their well-known record of human rights violations and infiltration by the drug cartels they ostensibly combat. The Pentagon has built at least three new U.S. military installations in Honduras since the coup, revealing a U.S. motive in its illogical actions: its attachment to the “U.S.S. Honduras.”
It should be no surprise that Honduras, accounting for 29% of unaccompanied minors who surrendered to Border Patrol in 2014, has for the first time become the number one source of Central American migration when the U.S.-backed Honduran regimes have exacerbated lawlessness, violence, and economic alienation over the last five years. In all of its dealings in Central America, the U.S. collaborates militarily with local oligarchies to enforce unequal political and economic status quos. The current wave of children and adults fleeing Central America is at least partly due to the continuation of the supremacy of Pentagon whim over the basic needs of the poor majority of Central America.


photo credit: Getty Images

It is imperative to consider why Nicaraguans are not migrating en masse despite facing similar historical, economic, and imperialist obstacles as other Central American countries. After decades of brutal U.S.-backed governments, the current Nicaraguan government has been able to escape a large degree of U.S. control and form its own security policies.  The results are Nicaragua’s far lower levels of violence and forced migration than its neighbors, despite similar levels of poverty. The U.S. can learn from Nicaragua’s success in areas such as policing, to help solve the child migrant crisis, but only with a fundamental change from the U.S.-promoted culture of the security forces in neighboring countries.
Since 2008, the U.S. has spent over $800 million in security aid to Honduras, Guatemala, and El Salvador through the “Central American Regional Security Initiative” (CARSI) as well as millions more in bilateral military and police aid to each country where it fights the Drug War. But when that money goes to the likes of Honduras’s cartel-infiltrated politicians and brutal state security forces, is it surprising that the rule of law further deteriorates? Central American adults are risking their lives and those of their children to escape the historical and current system of violence that the U.S. refuses to recognize its role in creating. Who is more irresponsible, the parents or the Pentagon? Who is more rational, the parents or the U.S. Congress?
In 2013, after nearly 200 years, Secretary of State John Kerry declared the era of the Monroe Doctrine over. Still, it appears that business as usual continues for the Pentagon and its corrupt allies in Honduras and Guatemala. As record numbers of Central American refugees are detained at the border, the media and policy-makers need to admit that these children are the progeny of armed conflicts funded by U.S. taxpayers. Honest, bold, and research-based reevaluations of foreign policy towards the region must be conducted and implemented for conditions in Central America to improve any time soon.
Arturo J. Viscarra migrated to the U.S. from El Salvador during the civil war. He is an immigration attorney and the Advocacy Coordinator for School of the Americas Watch.
Michael Prentice is a student at Vassar College interning for SOA Watch. 

Join Michael, Arturo, and thousands of others for the 25th anniversary of the SOA Vigil this November: http://soaw.org/november.