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Wednesday, August 5, 2015

El Riesgo de Ser Defensora de Derchos Humanos en Honduras

por Keith Roberts

Durante una visita reciente de una delegación a Honduras, nos encontramos con una joven activista de 27 años. Es una feminista y socióloga. Cada mañana, después de vestirse, toma un selfie con su celular y lo envía a su padre, para que él sepa lo que ella viste. Por qué hacer eso? Porque ella teme por su vida, y supone que al acabarse el día, es probable que no esté viva y quizás su cuerpo sea mutilado y por lo tanto irreconocible. Por ello, su papá tiene que saber lo que llevaba puesto ese día, tanto su ropa como su joyería. En su trabajo, a menudo se encuentra denunciando a la policía por esconder información sobre crímenes y actos de violencia cometidos por militares hondureños y estadounidenses contra las mujeres. La violencia en Honduras afecta a todos, pero son las mujeres especialmente las que sufren y son mas vulnerables a la violencia sexual y a la violencia doméstica.

La militarización ha propiciado que los hombres anden con armas pequeñas, y las utilicen con frecuencia para cometer violencia contra la mujer, incluyendo violaciones. Las mujeres que denuncian violaciones por militares no obtienen justicia; hay una tasa de impunidad del 97%. Sólo el tres por ciento de estos delitos cometidos contra las mujeres llega a un proceso. Si uno reporta un crimen, con frecuencia termina con un homicidio - o a la mujer que lo reportó, o algún miembro de la familia.

La militarización de Honduras - financiada en gran parte por EE.UU. - contribuye a la violencia contra las mujeres. Cuando se militariza un país, la joven socióloga nos dijo, la tasa de violaciones aumenta dramáticamente. ¿Realmente queremos que nuestros impuestos apoyen este fenómeno, para que las corporaciones estadounidenses obtengan mas ganancias?

aprendiendo sobre la actualidad hondureña durante la delegación

Monday, August 3, 2015

Los niños de la Doctrina Monroe: las raíces militarizadas de la calamidad fronteriza de EE.UU.

por Arturo J. Viscarra y Michael Prentice
- No se puede resolver la crisis de la frontera EE.UU.-México a menos que EE.UU. acepte su papel en la creación de las condiciones terribles de las que l@s refugiad@s están huyendo.
"[E]n el hemisferio occidental la adhesión de EEUU a la Doctrina Monroe puede obligarlos ... al ejercicio de un poder de la policía internacional". -Theodore Roosevelt, 1904.


photo credit: Matthew Cole/Shutterstock.com



Es imposible entender las causas fundamentales de la ola actual de centroamerican@s que llegan a EE.UU., y encontrar la respuesta adecuada de dicho país, sin reconocer la relación histórica entre EE.UU. y América Central. Por desgracia, el debate en el Congreso y en los medios de comunicación convencionales no han considerado un cambio en su política exterior, sino se han centrado en la cuestión de que si EE.UU. tenga o no tenga nuevas obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario o el deber moral de tratar a l@s niñ@s indocumentados con respeto. El Vicepresidente Biden se refirió a ell@s recientemente como "nuestr@s niñ@s," enfatizando la importancia del debido proceso en cuanto a sus solicitudes de asilo, pero al mismo tiempo, él propuso una repetición del fallido "Plan Colombia" en Centroamérica. Antes de apresurarse a más militarización dentro del marco de la Guerra Contra las Drogas, EE.UU. tiene que asumir su parte de la responsabilidad en haber creado las condiciones políticas, sociales y económicas actuales de las que l@s refugiad@s están huyendo.

La Doctrina Monroe de 1823, que declaró a EE.UU. como el único poder en el Hemisferio Occidental, allanó el camino para el control estadounidense en Centroamérica, tanto histórico como actual, a través de las intervenciones militares y por financiar, armar y entrenar las élites locales pro-EE.UU. y sus fuerzas armadas. En las décadas siguientes, muchas repúblicas de América Central y el Caribe se redujeron a "protectorados o estados clientes de facto" de EE.UU. según el historiador John Coatsworth. Durante las Guerras Bananeras, el ejército estadounidense intervino en Honduras siete veces en doce años. El golpe de estado guatemalteco, orquestado por la CIA en el 1954, provocó una guerra civil que duró hasta el 1996. En la década de los 80, El Salvador, Honduras y Guatemala fueron inundados con ayuda y asesores militares, lo que resultó en una matanza masiva, igual que una migración masiva a EE.UU. La "república bananera” de Honduras se convirtió en una plataforma para las fuerzas armadas entrenadas por EE.UU. en su lucha contra los izquierdistas en los tres países que lo bordean, ganándose el apodo "USS Honduras.”

La Escuela de las Américas (SOA), establecida en 1946, encarna la política tradicional de EE.UU. hacia Centroamérica: la aplicación de soluciones militares a los problemas sociales y económicos. Los egresados de la SOA incluyen a los más notorios violadores de derechos humanos de América Central: los miembros del Batallón 316 en Honduras; los asesinos del arzobispo Oscar Romero, de cuatro religiosas estadounidenses y de más de 900 civiles en El Salvador; y los presidentes de Guatemala conectados a las campañas militares genocidas. A pesar de las afirmaciones del Pentágono sobre un cambio y más transparencia, se han negado a publicar los nombres de los egresados de la SOA durante los últimos 10 años. Tratese de la Guerra Fría o la Guerra Contra las Drogas, la SOA continúa permitiendo que los aliados de EE.UU. puedan cometer violaciones de los derechos humanos en nombre de la democracia.

El 28 de junio del 2015 se cumplio el sexto aniversario del golpe de estado militar (dirigido por graduados de la SOA) que derrocó al presidente hondureño Manuel Zelaya, un líder democráticamente elegido. Miles de opositores al golpe han sido amenazad@s, golpead@s, torturad@s, desaparecid@s o asesinad@s. Mientras tanto, EE.UU. trabajaba diligentemente para garantizar que el régimen golpista se mantuviera en el poder, y rápidamente reconoció los resultados de las dos elecciones contaminadas que pusieron en el poder a Porfirio Lobo y a Juan Orlando Hernández. Las fuerzas de seguridad hondureñas pos-golpe han recibido más ayuda y entrenamiento militar de EE.UU., a pesar de su historial bien conocido de violaciones a los derechos humanos y a la infiltración por los cárteles que supuestamente combaten. Además, el Pentágono ha construido al menos tres nuevas instalaciones militares de EE.UU. en Honduras desde el golpe, revelando el motivo estadounidense en sus acciones: su apego al "USS Honduras."

No debe ser ninguna sorpresa que Honduras, el país del origen del 29% de l@s menores no acompañad@s que se entregaron a la Patrulla Fronteriza en 2014, ha llegado a ser por primera vez la fuente principal de la migración centroamericana, cuando los regímenes hondureños apoyados por EE.UU. han exacerbado el desorden, la violencia y los problemas económicos en los últimos cinco años. En sus relaciones con América Central, los EE.UU. colabora militarmente con las oligarquías locales para reforzar las desigualdades políticas y económicas, o sea, el staus quo. La ola actual de niñ@s y adultos que huyen de América Central es debida, al menos en parte, a la continuación de la supremacía de los caprichos del Pentágono en cuanto a las necesidades básicas de la mayoría pobre de América Central.

Es importante tener en cuenta por qué l@s nicaragüenses no están emigrando en masa a pesar de enfrentar obstáculos históricos, económicos e imperialistas parecidos a los de los otros países de América Central. Después de décadas de gobiernos brutales apoyados por EE.UU., el gobierno de Nicaragua actual ha sido capaz de escapar, en gran medida, al control de EE.UU. y formar sus propias políticas de seguridad. Los resultados son niveles mucho más bajos de violencia y de migración forzada que sus vecinos, a pesar de niveles similares de pobreza. EE.UU. puede aprender del éxito de Nicaragua en áreas tales como la vigilancia para resolver la crisis migratoria de l@s niñ@s, pero sólo con un cambio fundamental de la cultura de seguridad promovida por las fuerzas estadounidenses en los países vecinos.

Desde el 2008, EE.UU. ha gastado más de 800 millones de dólares en “ayuda para la seguridad” de Honduras, Guatemala y El Salvador a través de la "Iniciativa Regional Centroamericana de Seguridad" (CARSI), así como millones más en la ayuda bilateral al ejército y a la policía en cada país en nombre de la Guerra Contra las Drogas. Pero cuando ese dinero se destina a los políticos infiltrados por los cárteles y las fuerzas de seguridad, como en Honduras, ¿es sorprendente que la ley se deteriore aún más? Los adultos centroamericanos arriesgan sus vidas y las de sus hij@s para escapar del sistema histórico y de la violencia actual en cuya creación EE.UU. ha tenido un papel importante, aunque lo niegue. ¿Quién es más irresponsable, los padres o el Pentágono? ¿Quién es más racional, los padres o el Congreso de Estados Unidos?

En el 2013, después de casi 200 años, el Secretario del Estado, John Kerry, declaró que la época de la Doctrina Monroe había terminado. Sin embargo, parece que el Pentagono sigue con lo de siempre con sus aliados corruptos en Honduras y Guatemala. Mientras una cantidad récord de refugiad@s centroamerican@s son detenid@s en la frontera, los medios de comunicación y los políticos deben reconocer que est@s niñ@s son el resultado de los conflictos armados financiados por l@s contribuyentes estadounidenses. Las reevaluaciones honestas, audaces, y fundamentadas sobre la política exterior en la región deben llevarse a cabo e implementarse para que las condiciones en Centroamérica mejoren dentro de poco.






Arturo J. Viscarra emigró a los EE.UU., de El Salvador, durante la guerra civil. Él es un abogado de la inmigración y el Coordinador de la Abogacía para SOA Watch.
Michael Prentice es un estudiante en Vassar College y era pasante en SOA Watch. 

Únete a Arturo, Michael y miles de personas más para la vigilia en la SOA este noviembre: http://soaw.org/november.

Friday, August 29, 2014

Another Plan Colombia is no solution for Central America migration crisis

Julia Duranti, Witness for Peace Colombia
While the least-productive Congress in history went on vacation in August without addressing the Central American child refugee crisis, others opined about possible solutions. In an August 5 op-ed in the Los Angeles Times, Luis Alberto Moreno, president of the Inter-American Development Bank, suggested policymakers look further south to Colombia and use the $8 billion Plan Colombia aid package as a model for U.S. assistance to the Northern Triangle countries of El Salvador, Guatemala and Honduras. On August 18, Daniel Runde of the Center for Strategic and International Studies echoed the call in a blog for Foreign Policy.
This is a deeply flawed recommendation for a number of reasons. Plan Colombia was never intended to be a development aid package, but rather a counternarcotics and counterinsurgency strategy at a time when the largest guerrilla insurgency, the Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC), posed a serious risk to the Colombian state. At that time, Colombia was also the world’s top producer of cocaine destined for the U.S. In keeping with the War on Drugs supply-side reduction doctrine, policymakers claimed that by eliminating coca crops—which contain the basic compound needed to process cocaine— rather than reducing the demand for cocaine, they could eradicate the drug problem in the U.S.
They were wrong. While coca production in Colombia initially decreased after Plan Colombia took effect in 2000, it has since stabilized at close to 120,000 acres, and coca cultivation in the neighboring Andean nations of Peru and Bolivia has increased. Nearly fifteen years later, overall cocaine production between the three countries has dropped, but this is a complex phenomenon that also has to do with shifting demand, like reduced cocaine consumption in the U.S.—where heroin use is on the rise. Colombia is still the top supplier of cocaine the U.S., with about 95 percent of the market. Violent groups continue to struggle over access to trafficking routes and processing labs.
The military equipment and training supplied to Colombian state security forces as part of Plan Colombia simply added fuel to the fire in a half-century long conflict for land and natural resources. This conflict involves other armed actors in addition to the guerrillas:  paramilitary death squads, or what the Colombian government now calls “criminal bands.” The Colombian military has a long and storied history of collaborating with these groups to commit some of the worst human rights violations in the 50+ year war, including murders, massacres, forced disappearances, torture and sexual assault.
In a particularly chilling practice known as “false positives,” Colombian military systematically murdered innocent civilians and then dressed them up in guerrilla fatigues, presenting them as enemy kills in order to gain rewards like bonuses and extra vacation time. This practice, it bears mentioning, was developed as part of the “body count” mentality promoted through U.S. training. The Colombian government has opened investigations into 5,000 such cases since the scandal broke in 2005.
It is true that homicides and violent crime have decreased since Plan Colombia began, but only because the conflict has been pushed to the most remote, rural areas of the country. Assassinations have become more targeted as illegal armed actors increasingly rely on threats and forced disappearances, which are harder to classify as politically-motivated crimes. Periods of relative calm in historically violent cities like Medellín and Cali are often the product of the victory of one particular criminal group that then controls the area or truces between rival gangs, rather than better work from law enforcement structures, which continue to at least tacitly support criminal gangs in many areas. Politicians at all levels, from local to national, have been implicated in these narcoparamilitary structures.
Taken together, the aggressive counternarcotics and counterinsurgency agenda pushed by Plan Colombia and funded by U.S. taxpayers has worsened, not improved, Colombia’s human rights crisis. Colombia’s internally displaced population is 5.7 million strong—second in the world only to Syria. The U.S. has never seen a flood of Colombian refugees, but that is because of geographic barriers, not because these refugees don’t exist.
The Free Trade Agreement (FTA) with Colombia, another much-touted growth strategy, has also done little to improve the situation. Colombia´s trade balance with the U.S. has plummeted 200 percent, down from a surplus of $950 million just last year. Meanwhile, the economic growth that Colombia has seen recently is limited to extractive industries, which have serious, destructive environmental impacts, and were not even a target industry under the FTA. Despite stating a commitment to improve Colombia´s abysmal labor rights record under the Labor Action Plan, Colombia is still the most dangerous country in the world for trade unionists, who continue to be threatened and assassinated with impunity. Labor conditions remain precarious, with 60 percent of the workforce employed informally and 30 percent of the country’s population living in poverty.
Faced with these figures, it is hard to argue that Plan Colombia is any kind of solution for the Central American refugee crisis. But powerful defense lobbyists will certainly try; indeed, they already have. U.S. military aid to Colombia has decreased in recent years, first to increase military aid to Mexico to wage a similarly fruitless War on Drugs as part of the Mérida Initiative, and then to decrease aid to both countries in order to prioritize the Central America Regional Security Initiative (CARSI). This shifting production and trafficking of drugs and accompanying violence from Colombia to Mexico to now Central America is the perfect example of U.S. whack-a-mole drug and crime policy at work and illustrates much more failures than successes. Until we hold our policymakers accountable to recognizing that, we will continue to see thousands of migrant children arriving at our borders.

Thursday, November 7, 2013

Migración Centroamericana

Los invitamos a que escuchen este programa radial de CyTUnidos (Comunidad y Trabajadores Unidos), con Christiaan Pérez, delegado de una de las delegaciones del verano de Acción Permanente por la Paz.

En este programa Christiaan entrevista a Gaby Martinez del Servicio Jesuita a Migrantes en Mexico, quien acaba de terminar una gira de ponencia con Acción Permanente por la Paz en Estados Unidos.

HAGA CLICK PARA ESCUCHAR EL PROGRAMA

La ruta para cruzar México es extremadamente peligrosa; sin embargo, los migrantes siguen cruzando la frontera a EE.UU. 

Gaby Martínez trabaja con Servicio Jesuita a Migrantes, una organización que ofrece a los migrantes albergues para recuperar y apoyo acerca de sus derechos durante el largo camino. 

Gaby habla sobre los peligros que se enfrentan los migrantes y los factores que los llevan a hacer frente a estos peligros.