It´s not U.S. police or military in this case; the security forces are Honduran. But they receive U.S. tax dollars just the same. This money goes to arm and train the same forces that are leaving families without their homes. Members of San Isidro had a victory last year when the local court ruled that the land they live on is rightfully theirs. Months later the lawyer who was carrying the case, Antonio Trejo, was murdered. The landowner’s attorney had the court overturn its decision. Now the land the people of San Isidro live on, and thus, the houses they live in, legally belong to “the richest man in Honduras,” Miguel Facussé. To protect his land he has contracted private security guards. “They`re basically paramilitaries,” I was told by one community member. “They all work together, the police, the military and Facussé´s private guards.” Rather than protect the people of Honduras, the Honduran police and military are collaborating to protect the richest man of Honduras so that he can become even richer.
Today marks the 4th anniversary of the 2009 Honduran coup d’etat. In the four years since the coup, stories similar to this one have played out far too many times across the Aguán Valley. Groups of small farmers have worked to prevent their evictions, to maintain their right to work the land and harvest food for their families. Large landowners have evicted them with force and targeted attacks and assassinations. In 2011 President of the Movimiento Auténtico Renovador Campesino, Secundino Ruiz Vallecillo, was murdered. In 2012 José Braulio Díaz Lopez, secretary of El Tranvio / the Associative Peasant Enterprise, was also murdered. They are among the more than 100 campesinos who have been killed in the Aguán Valley since 2009. And, since the coup d’etat has created a situation of mass impunity, few if any cases have been successfully brought to court.
Across Honduras, we can see similar patterns. The Honduran government has made numerous concessions of land and rivers for mining projects and hydroelectric dams, often against the wishes of the communities living in those areas. When the communities have stood up for their rights, they've faced intimidation, militarization, and armed repression. The case of Berta Cáceres, the general coordinator of the Council of Popular and Indigenous Organizations of Honduras (COPINH), who was detained by the government and brought to trial, is only one recent example of retaliatory actions against human rights defenders who are standing up to corporations. In a further concession to corporate interests, the Congress has also passed a law authorizing the creation of "Model Cities" - zones open for economic development by a variety of Honduran and international interests, free to establish their own budgets and create incentives for investment, "in which the constitution itself doesn't apply."
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| Rio Blanco community members and COPINH protest the hydroelectric dam project, May 2013 Photo credit: CICA |
U.S. military aid is contributing to the abuse of Honduran human rights defenders. We must tell our representatives to end military aid to Honduras. U.S. tax dollars should not pay to demolish small farmers' homes. U.S. activists in solidarity with Honduras have made some progress in the last four
years: the State Department has redirected a small part of the millions that
it gives the Honduran police while the police chief is investigated for his
links to human rights abuses.
But much more work remains. Dana Frank reports: "U.S. military expenditures for Honduras in particular have gone up every year since 2009....at $67.4 million, 2012 Defense Department contracts for Honduras are triple those of 10 years ago. The U.S. spent $25 million last year to make the U.S. barracks at the Soto Cano air base permanent, and $89 million to keep 600 U.S. troops based there. U.S. direct aid to the Honduran military and police continues to climb as well."
As we reflect on the four years since the coup occurred, we remember our Honduran brothers and sisters whose commitment to basic human rights and dignity in Honduras has cost them their lives. We must continue to demand that the U.S. withdraw financial and diplomatic support for the Honduran government until attacks like these cease.
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But much more work remains. Dana Frank reports: "U.S. military expenditures for Honduras in particular have gone up every year since 2009....at $67.4 million, 2012 Defense Department contracts for Honduras are triple those of 10 years ago. The U.S. spent $25 million last year to make the U.S. barracks at the Soto Cano air base permanent, and $89 million to keep 600 U.S. troops based there. U.S. direct aid to the Honduran military and police continues to climb as well."
As we reflect on the four years since the coup occurred, we remember our Honduran brothers and sisters whose commitment to basic human rights and dignity in Honduras has cost them their lives. We must continue to demand that the U.S. withdraw financial and diplomatic support for the Honduran government until attacks like these cease.
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Golpe
de Estado de 2009: Sigue la violencia, y también la resistencia
Es imposible imaginar lo que están pasando. "Cada día pensamos en lo que podría suceder. Hay niños que viven allí,” me dijeron. Veo la imagen de la casa en que crecí, la cual se ubica en una pequeña finca en una zona rural de Minnesota. Pensé en los recuerdos que mi familia y yo compartimos allí. La persona que soy se hizo en esa casa. ¿Y si alguien hubiera venido cuando yo era niño y se lo hubiera llevado todo? ¿Y si la casa se hubiera quemado completamente con todas nuestras pertenencias adentro? ¿Y si no hubiera nada que se pudiera hacer para detenerlo porque era un desalojo legal, y la gente demoliendo nuestra casa eran miembros de la policía y militares de los EE.UU.? Esto es precisamente lo que está sucediendo con muchas familias hondureñas y sus hogares en San Isidro, una comunidad rural en el Bajo Aguán de Honduras.
En este caso no son policías y militares de los EE.UU., sino que las fuerzas de seguridad son hondureñas. Pero aún así, reciben dinero de los contribuyentes de los Estados Unidos. Este dinero se ocupa para armar y entrenar a las mismas fuerzas que están dejando a las familias sin sus hogares. Los miembros de la comunidad de San Isidro tuvieron una victoria el año pasado, cuando el tribunal local dictaminó que la tierra en la que viven es suya por derecho. Unos meses después , el abogado que llevaba el caso, Antonio Trejo, fue asesinado. El abogado del propietario de la tierra pidió al tribunal que se revocara la decisión. Ahora, la tierra en que vive la comunidad de San Isidro, y por lo tanto, las casas en las que viven, legalmente pertenecen al "hombre más rico de Honduras," Miguel Facussé. Para proteger su tierra, ha contratado a guardias de seguridad privados. "Ellos básicamente son paramilitares,” me dijo uno de los miembros de la comunidad. "Todos trabajan juntos, la policía, los militares y los guardias privados de Facussé." En lugar de proteger al pueblo de Honduras, la policía y los militares hondureños están colaborando para proteger al hombre más rico de Honduras para que pueda volverse aún más rico.
Hoy se cumple el cuarto aniversario del golpe de estado de Honduras que se llevó a cabo en el 2009. En los cuatro años desde el golpe, historias similares a ésta se han visto demasiadas veces en el Bajo Aguán. Grupos de campesinos han trabajado para evitar su desalojo, para mantener su derecho a trabajar la tierra y cosechar los alimentos para sus familias. Los grandes terratenientes los han desalojado con fuerza, ataques, y asesinatos. En el 2011 el presidente del Movimiento Auténtico Renovador Campesino, Secundino Ruiz Vallecillo, fue asesinado. En 2012 José Braulio Díaz López, el secretario de El Tranvio / la Empresa Asociativa Campesina de Producción, también fue asesinado. Se encuentran entre los más de 100 campesinos que han sido asesinados en el Bajo Aguán desde 2009. Y, como el golpe de estado ha creado una situación de impunidad masiva, muy pocos o ninguno de los casos se han presentado con éxito ante los tribunales.
A través de Honduras, se pueden ver historias similares. El gobierno de Honduras ha hecho numerosas concesiones de tierras y ríos para proyectos de minería y represas hidroeléctricas, muchas veces en contra de los deseos de las comunidades que viven en esas zonas. Cuando las comunidades han defendido sus derechos, han sufrido intimidación, una militarización, y represiones armadas. El caso de Berta Cáceres, la coordinadora general del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), quien fue detenida por el gobierno y llevada a juicio, es sólo un ejemplo reciente de las medidas de represalia contra los defensores de los derechos humanos de los que están protestando contra las corporaciones. En otra concesión a los intereses corporativos, el Congreso también ha aprobado una ley que autoriza la creación de "ciudades modelo" - zonas abiertas para el desarrollo económico de una variedad de intereses hondureños e internacionales, con la libertad de establecer sus propios presupuestos y crear incentivos para la inversión, "en los cuales la propia Constitución no se aplica."
Es imposible imaginar lo que están pasando. "Cada día pensamos en lo que podría suceder. Hay niños que viven allí,” me dijeron. Veo la imagen de la casa en que crecí, la cual se ubica en una pequeña finca en una zona rural de Minnesota. Pensé en los recuerdos que mi familia y yo compartimos allí. La persona que soy se hizo en esa casa. ¿Y si alguien hubiera venido cuando yo era niño y se lo hubiera llevado todo? ¿Y si la casa se hubiera quemado completamente con todas nuestras pertenencias adentro? ¿Y si no hubiera nada que se pudiera hacer para detenerlo porque era un desalojo legal, y la gente demoliendo nuestra casa eran miembros de la policía y militares de los EE.UU.? Esto es precisamente lo que está sucediendo con muchas familias hondureñas y sus hogares en San Isidro, una comunidad rural en el Bajo Aguán de Honduras.
En este caso no son policías y militares de los EE.UU., sino que las fuerzas de seguridad son hondureñas. Pero aún así, reciben dinero de los contribuyentes de los Estados Unidos. Este dinero se ocupa para armar y entrenar a las mismas fuerzas que están dejando a las familias sin sus hogares. Los miembros de la comunidad de San Isidro tuvieron una victoria el año pasado, cuando el tribunal local dictaminó que la tierra en la que viven es suya por derecho. Unos meses después , el abogado que llevaba el caso, Antonio Trejo, fue asesinado. El abogado del propietario de la tierra pidió al tribunal que se revocara la decisión. Ahora, la tierra en que vive la comunidad de San Isidro, y por lo tanto, las casas en las que viven, legalmente pertenecen al "hombre más rico de Honduras," Miguel Facussé. Para proteger su tierra, ha contratado a guardias de seguridad privados. "Ellos básicamente son paramilitares,” me dijo uno de los miembros de la comunidad. "Todos trabajan juntos, la policía, los militares y los guardias privados de Facussé." En lugar de proteger al pueblo de Honduras, la policía y los militares hondureños están colaborando para proteger al hombre más rico de Honduras para que pueda volverse aún más rico.
Hoy se cumple el cuarto aniversario del golpe de estado de Honduras que se llevó a cabo en el 2009. En los cuatro años desde el golpe, historias similares a ésta se han visto demasiadas veces en el Bajo Aguán. Grupos de campesinos han trabajado para evitar su desalojo, para mantener su derecho a trabajar la tierra y cosechar los alimentos para sus familias. Los grandes terratenientes los han desalojado con fuerza, ataques, y asesinatos. En el 2011 el presidente del Movimiento Auténtico Renovador Campesino, Secundino Ruiz Vallecillo, fue asesinado. En 2012 José Braulio Díaz López, el secretario de El Tranvio / la Empresa Asociativa Campesina de Producción, también fue asesinado. Se encuentran entre los más de 100 campesinos que han sido asesinados en el Bajo Aguán desde 2009. Y, como el golpe de estado ha creado una situación de impunidad masiva, muy pocos o ninguno de los casos se han presentado con éxito ante los tribunales.
A través de Honduras, se pueden ver historias similares. El gobierno de Honduras ha hecho numerosas concesiones de tierras y ríos para proyectos de minería y represas hidroeléctricas, muchas veces en contra de los deseos de las comunidades que viven en esas zonas. Cuando las comunidades han defendido sus derechos, han sufrido intimidación, una militarización, y represiones armadas. El caso de Berta Cáceres, la coordinadora general del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), quien fue detenida por el gobierno y llevada a juicio, es sólo un ejemplo reciente de las medidas de represalia contra los defensores de los derechos humanos de los que están protestando contra las corporaciones. En otra concesión a los intereses corporativos, el Congreso también ha aprobado una ley que autoriza la creación de "ciudades modelo" - zonas abiertas para el desarrollo económico de una variedad de intereses hondureños e internacionales, con la libertad de establecer sus propios presupuestos y crear incentivos para la inversión, "en los cuales la propia Constitución no se aplica."
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| Rio Blanco community members and COPINH protest the hydroelectric dam project, May 2013 Fotografia: CICA |
La
ayuda militar de los EE.UU. está contribuyendo a los abusos de los hondureños
defensores de los derechos humanos. Hay que decirles a nuestros representantes que
se acabe la ayuda militar a Honduras. Los impuestos de los estadounidenses no
deberían de pagar para demoler los hogares de los campesinos. Los activistas de
Estados Unidos en solidaridad con Honduras han logrado algunos avances en los
últimos cuatro años: el Departamento de Estado ha reorientado una pequeña parte de los millones que le da a la policía de Honduras,
mientras que el jefe de la policía es investigado por sus vínculos con los
abusos de los derechos humanos.
Pero queda mucho más trabajo. Dana Frank informa: "Los gastos militares de EE.UU. para Honduras en particular han aumentado cada año desde 2009 ....sumando $67.4 millones en el 2012, los contratos del Departamento de Defensa para Honduras son tres veces más altos que los de hace 10 años. Los EE.UU. gastaron $25,000,000 el año pasado para hacer permanente los cuarteles de EE.UU. en la Base Aérea Soto Cano, y $89 millones para mantener a 600 tropas estadounidenses allí. Las ayudas directas de los EE.UU. a la policía y los militares hondureños siguen subiendo también."
Al reflexionar sobre los cuatro años desde que se produjo el golpe de estado, recordamos a nuestros hermanos y hermanas hondureños y hondureñas cuyo compromiso con los derechos humanos básicos y la dignidad en Honduras les ha costado la vida. Tenemos que seguir exigiendo que los EE.UU. retire el apoyo financiero y diplomático para el gobierno de Honduras hasta que ataques como estos cesen.
Pero queda mucho más trabajo. Dana Frank informa: "Los gastos militares de EE.UU. para Honduras en particular han aumentado cada año desde 2009 ....sumando $67.4 millones en el 2012, los contratos del Departamento de Defensa para Honduras son tres veces más altos que los de hace 10 años. Los EE.UU. gastaron $25,000,000 el año pasado para hacer permanente los cuarteles de EE.UU. en la Base Aérea Soto Cano, y $89 millones para mantener a 600 tropas estadounidenses allí. Las ayudas directas de los EE.UU. a la policía y los militares hondureños siguen subiendo también."
Al reflexionar sobre los cuatro años desde que se produjo el golpe de estado, recordamos a nuestros hermanos y hermanas hondureños y hondureñas cuyo compromiso con los derechos humanos básicos y la dignidad en Honduras les ha costado la vida. Tenemos que seguir exigiendo que los EE.UU. retire el apoyo financiero y diplomático para el gobierno de Honduras hasta que ataques como estos cesen.
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