Five members of the Honduran National Police guarded the entrance of the court in Santa Barbara, Honduras. A crowd stood in front of them, chanting: “Our land is not for sale! It should be taken care of and defended!” A late afternoon rain started to fall but the crowd didn't disperse, because the moment they’d been waiting for all day had arrived. The gates opened and Berta Caceres emerged to let them know the verdict.
Witness for Peace has previously written about the detention of Berta Caceres, coordinator of the Council of Popular and Indigenous Organizations of Honduras (COPINH). On May 24th, Berta was detained by the Honduran military, after a week of traveling and speaking out against the construction of a hydroelectric dam in the communities of Rio Blanco. She was held overnight and subsequently granted a conditional release, on the basis that she report to the court in Esperanza every week and she not leave the country under any circumstances. Her hearing was scheduled for June 13th at the Santa Barbara court.
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| Military presence in the center square in Santa Barbara on the day of Berta Caceres's trial. Photo by Witness for Peace Nicaragua/Honduras team |
Upon our arrival to the entrance of the court, we witnessed a crowd upwards of 70 people. Members of the crowd led spontaneous chants. One by one, representatives of indigenous organizations, campesino cooperatives and organizations, and women´s organizations spoke up. They called for the charges against Berta to be dropped and her full rights as a citizen be restored. They condemned those companies across Honduras that are taking advantage of land and rivers to develop mining projects, hydroelectric dams, and large-scale agriculture, without the consent of the local communities. They further condemned the militarization, intimidation, and violent repression against those who are organizing and defending their communities against members of the Honduran police, Honduran military, and private security forces.
Witness for Peace met Santos Dominguez, a resident of La Union, who spoke at the rally. She explained that since April 1st, members of her community and the nearby communities in the Rio Blanco region have been occupying a section of the local highway to protest the construction of the hydroelectric dam by the Chinese company Sinohydro – the same project Berta Caceres had been speaking up about in the week before she was detained. Santos told us that the company consulted only with a handful of community members before initiating the project – one person from La Union, and between one to three other people from each of the nearby communities. These opinions were not representative of the communities on the whole, she said. She spoke of a recent day when 30 police officers arrived at the location where the highway was occupied, trying to intimidate community members. She added that on five separate accounts, community members had been forcibly removed from the location. “They look at us as if we were nothing. They don’t respect us,” she said.
Santos, along with many others who are defending their community and their right to protect its natural resources, showed up on the day of the hearing to stand in solidarity with Berta. After a day outside under the hot sun, the crowd heard the verdict. The judge rejected the evidence presented by the accusing party, and as such the restrictive measures on Berta were lifted. She is no longer required to conduct weekly check-ins and is now permitted to leave the country. The case remains open for the time being. The result fell short of what her attorneys believe she deserved: the charges completely dropped and her rights fully restored. However, they qualified it as a victory.
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| Berta Caceres speaks to reporters after announcing the verdict. Photo by Witness for Peace Nicaragua/Honduras team |
In the case of Berta, a victory has been won against the alliance between large-scale business interests and elements of the Honduran security forces who seek to intimidate and violently repress human rights defenders. Yet the fight is long from over; Berta and other human rights defenders remain vulnerable. In conversations we had throughout the day with various members of communities that are being militarized, the Witness for Peace team heard strong support for U.S. campaigns seeking to end U.S. funding for Honduran security forces. We call on all U.S. citizens who want to stand in solidarity with Hondurans facing extreme repression, to join in this fight.
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Victoria Parcial para Una Defensora de los Derechos Humanos en Honduras; Sigue la Lucha
Cinco miembros de la Policía Nacional de Honduras guardaban la entrada del juzgado de Santa Bárbara, Honduras. La multitud de gente se ubicó en frente y gritó: “¡La tierra no se vende! ¡Se cuida y se defiende!” Era una tarde lluviosa pero eso no detuvo a la gente, porque el momento que estaban esperando había llegado. El portón se abrió y Berta Cáceres apareció para anunciar el veredicto.
Acción Permanente por la Paz ha escrito anteriormente sobre la detención de Berta Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). El 24 de mayo, Berta fue detenida por el ejército hondureño una semana después que ella se encontrara viajando y alzando la voz en contra de la construcción de la represa hidroeléctrica en la comunidad de Rio Blanco. Fue detenida toda la noche y fue liberada bajo las condiciones que ella se presentara a la corte cada semana y que no saliera del país bajo ninguna circunstancia. Su audición fue programada para el 13 de junio en el juzgado de Santa Bárbara.
Como miembros del equipo de Nicaragua/Honduras de Acción Permanente por
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| Presencia militar en el centro de Santa Barbara en el dia de la audiencia de Berta Caceres. Foto por el equipo de Nicaragua/Honduras, Accion Permanente por la Paz |
Cuando llegamos a la entrada de la corte, nos dimos cuenta que la multitud de gente era alrededor de 70 personas. Las personas presentes dirigían cantos espontáneos. Uno por uno, representantes de organizaciones indígenas, cooperativas y organizaciones de campesinos, y organizaciones de mujeres hablaron. Exigían que los cargos de Berta fueran retirados y que sus derechos fueran completamente restaurados. También condenaron aquellas empresas por todo Honduras que están aprovechando de las tierras y ríos para desarrollar proyectos mineros, represas hidroeléctricas, y agricultura de gran escala, sin el consentimiento de las comunidades locales. Además de eso, también condenaron la militarización, intimidación, y represión violenta hacia todos aquellos que organizan y defienden sus comunidades en contra de miembros de la policía, ejercito, y fuerzas de seguridad privadas.
Acción Permanente por la Paz conoció a Santos Domínguez, una residente de La Unión, quien dio un discurso en la actividad. Ella nos explicó que desde el 1ro de abril, miembros de su comunidad y de comunidades vecinas en la región de Rio Blanco han estado ocupando una sección de la carretera local para protestar en contra de la construcción de la represa hidroeléctrica, llevada a cabo por la empresa china, Sinohydro - el mismo proyecto que Berta Cáceres estaba protestando en contra, la semana antes que fue detenida. Santos nos dijo que la empresa solamente consultó con unos cuantos miembros de la comunidad antes de iniciar el proyecto, con una persona de La Unión, y de cada una de las comunidades vecinas entre una a tres personas. Sus opiniones no representan a toda la comunidad, nos dijo. Ella habló de un día reciente cuando 30 miembros de la policía llegaron al lugar donde tenían ocupada la carretera. Agregó que en 5 instancias los miembros de la comunidad habían sido forzados a irse. “Nos miran como si no fuéramos nada. No nos respetan,” nos dijo.
Santos, junto con los demás quienes defienden su comunidad y sus derechos en proteger sus recursos naturales, llegaron el día de la audiencia de Berta para estar en solidaridad con ella. Después de pasar todo el día bajo un sol fuerte, la multitud escuchó el veredicto. El juez negó la evidencia presentada por los acusadores, y como tal, las medidas sustitutivas impuestas hacia ella han sido retiradas. Ya no es requisito que ella se reporte a la corte semanalmente, y es permitida salir del país. El caso aun se mantiene pendiente por el momento. Los resultados caen cortos de lo que sus abogados calificarían una victoria total, que seria los cargos completamente retirados y sus derechos restaurados. Sin embargo, lo calificaron como una victoria de todas maneras.
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| Berta Caceres habla con unos periodistas despues de anunciar el veredicto. Foto por el equipo de Nicaragua/Honduras, Accion Permanente por la Paz |
En el caso de Berta, ha sido una victoria en contra de la alianza entre los intereses de los negocios de alta-escala, y los elementos de las fuerzas de la seguridad de Honduras, quienes buscan intimidar y violentamente oprimir a los defensores de los derechos humanos. Aun la lucha está muy lejos por terminar; Berta y los demás defensores permanecen vulnerables. En conversaciones que tuvimos durante este día, escuchamos de varios miembros de la comunidad que han sido militarizados, su fuerte apoyo para las campañas estadounidenses que buscan terminar las fuentes de fondos estadounidenses para las fuerzas de seguridad hondureñas. Llamamos a todos los ciudadanos estadounidenses que quieren estar en solidaridad con los hondureños que enfrentan represiones extremas, que se unan a nuestra lucha.
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