A pesar de todo lo que han hecho sucesivos gobiernos para
desmantelar la
Constitución Política de México, el pacto social y político y
el proyecto de nación que mexicanas y mexicanos definieron hace casi 100 años
sigue siendo su Carta Magna: un documento que es aún fuente de derecho y de
unión para ellas y ellos.
El artículo 39 de la Constitución
establece que la soberanía nacional pertenece esencial y originariamente al
pueblo de México. Pertenece a todos y cada uno de quienes vinieron a presentar
sus casos y a rendir sus testimonios. No son representantes de mexicanos y
mexicanos. Son pueblo mexicano. Son los titulares de la soberanía nacional.
Desde esa condición han acudido a esta pre-audiencia a
denunciar la violación sistemática de la soberanía de la que son titulares por
parte de quienes la propia Constitución designa como garantes de esa soberanía.
Hemos escuchado atentamente los casos y testimonios,
sólidamente sustentados, que demuestran ante todo este hecho de extrema gravedad.
Buena parte del territorio mexicano al que se refiere la soberanía, un
territorio que ha sido cuidado y protegido por miles de años por los pobladores
originarios, una tradición responsable que continúan los actuales titulares de
la soberanía, ha sido entregado a intereses privados y entidades extranjeras.
Además del derecho a la cultura, los pueblos indígenas
cuentan con el derecho de propiedad sobre los territorios que han ocupado
tradicionalmente. El gobierno se ha comportado como propietario de esos
territorios, asumiendo dominio sobre ellos. Esta postura pudo tener sentido en
el marco del proyecto nacionalista que emanó de la Revolución Mexicana.
Representó una posición digna frente al capital extranjero para defender la
soberanía nacional. Sin embargo, en vista de que el gobierno mexicano se ha
apartado explícitamente del proyecto contenido en la Constitución de 1917,
tal postura carece ya de sustento. El gobierno, por ejemplo, está transfiriendo
el dominio del subsuelo, por medio de concesiones, a empresas transnacionales,
en demérito de la propiedad y posesión indígena sobre sus territorios. Queda
claro que para los pueblos indígenas ya no basta con ser propietarios de la
superficie de sus tierras y territorios. La siembra de maíz transgénico y la
minería afectan la vida misma tanto de indígenas como de no indígenas.
Todo esto implica una desviación de poder, que podemos
demostrar con las pruebas que se nos han allegado. Se ha desviado tanto
mediante nuevas leyes como a través de políticas y programas. Los poderes
constituidos han empleado sus facultades para desmantelar las leyes y
disposiciones que protegen la soberanía y el territorio, lo mismo que los
derechos de los campesinos, a fin de acomodarlas a los intereses de
corporaciones privadas y entidades extranjeras. Las políticas y programas que
han aplicado están claramente en contra de los intereses campesinos y a favor
de las mismas corporaciones.
Esta pre-audiencia se concentra en el maíz. Hemos
escuchado numerosas expresiones de lo que significa para el pueblo mexicano. He
aquí algunas de ellas, que reproducimos textualmente:
• Los oaxaqueños no entenderíamos la vida sin maíz. Es
nuestro principal alimento y fundamento de nuestra cultura.
• El maíz es el que cuida a la comunidad. Es el que nos
ha permitido vivir y resistir durante miles de años.
• Nosotros los campesinos no tenemos otra opción más que
seguir sembrando para continuar nuestra manera de vida.
• No podemos vivir sin maíz, seguiremos luchando por
mantener nuestra forma de vida y al maíz en ella.
• Yo quiero dejar mi maíz a mis hijos, a mis nietos,
quiero que mis hijos tengan salud, que convivan con el maíz nativo y todo lo
que les rodea, el frijol, la calabaza y los quelites porque aquí está la vida.
• Quiero seguir cuidando mi maíz nativo y a mi tierra
porque mi maíz y mi tierra son sagrados y eso quiero dejar a mis hijos y a mis
nietos
• El maíz es nuestra vida.
• En el maíz recreamos nuestra espiritualidad como pueblo
indígena
• El maíz es nuestra carne y nuestros huesos; es salud,
historia y autonomía
• El maíz somos nosotros y es patrimonio nacional.
• Producimos maíz para dar vida a nuestras comunidades y
a la humanidad
• Nuestra relación con el maíz es sagrada: es el tesoro
más preciado que los hombres y mujeres de maíz podemos tener.
Esa es la experiencia del maíz. Esto es lo que se han
negado a ver los gobiernos, en su afán perverso de reducirlo a una cosa, una
mercancía, un objeto más que se compra y se vende en el mercado y que puede
ofrecerse al mejor postor.
Se nos dijo ayer, en uno de los casos presentados:
“Denunciamos el cinismo, la irresponsabilidad y perversidad con la que las
instituciones gubernamentales han tratado el problema. Los hombres y mujeres
oaxaqueños estamos sembrando nuestros maíces aún en contra de un sistema que
quiere acabar con el campo oaxaqueño y mexicano.”
Uno de los crímenes más serios que han cometido los
gobiernos mexicanos es el crimen de empeñarse en eliminar a los campesinos,
destruyendo de esa manera una sabiduría milenaria que es la base histórica y
cultural de la nación.
Desde hace 60 años esta obsesión parece perseguir a todos
los gobernantes. Varios de ellos han llegado a decir que México nunca podrá ser
un país moderno mientras más de la tercera parte de la población viva en el
campo; repetían, una y otra vez, que debía imitarse el modelo de Estados
Unidos, en que sólo 2.5% de la población laboral producía alimentos para el
mundo. Varios secretarios de agricultura declararon públicamente que su
obligación era deshacerse de millones de campesinos. Y se diseñaron políticas y
programas con ese propósito. Se mencionaron varios ejemplos de esa mentalidad
criminal.
• Los campesinos lucharon para tener pequeñas tiendas
CONASUPO en sus comunidades, administradas por ellos mismas, para poder acceder
a bajo precio a productos de primera necesidad que no pueden producir. Desde
hace muchos años, la red de tiendas de DICONSA , 23 000 establecimientos en 93%
de los municipios del país, se usa con un propósito perverso. Con el pretexto
de abatir el precio de los alimentos, se ha dedicado a desalentar la producción
local de maíz y a crear el riesgo de la contaminación transgénica.
• Uno tras otro se fueron eliminando todos los
instrumentos públicos de apoyo al campo creados en función de los compromisos
de la revolución. Es cierto que se habían corrompido y que tenían carácter
clientelar. Pero representaban una derrama económica para los campesinos, que
se acostumbraron a depender de ella. Este fue uno de sus efectos más negativos,
que se padeció inmensamente cuando se cancelaron.
En 1945 era rural el 75% de la población. En medio siglo
la proporción se invirtió. Si bien es cierto que muchos campesinos migraron a
las ciudades deslumbrados por las luces de neón y las promesas de la
modernización, es preciso reconocer que otros muchos fueron literalmente
expulsados de sus comunidades, tanto por formas de destrucción ambiental de las
que en general no fueron responsables como por políticas y programas que
impedían la prosperidad rural y dejaban a los jóvenes sin perspectivas dignas
en sus propias comunidades – lo que se convirtió también en un motivo básico de
emigración.
La reforma del artículo 27 constitucional, realizada con
el abierto propósito de lanzar al mercado la tierra ejidal, estaba claramente
asociada con la obsesión de los gobernantes de deshacerse de los campesinos.
La invasión transgénica forma parte de esa estrategia.
Como se reveló con toda claridad en los testimonios presentados, el maíz
transgénico no ofrece ventaja alguna para los campesinos y el país. Por lo
contrario, los cultivos transgénicos han sido utilizados como herramienta de
control de la agricultura y la destrucción de las bases de la autonomía de los
pueblos. Además, ya ha sido demostrado en repetidos estudios que la transgenie,
por naturaleza, disminuye la producción.
En realidad, la invasión transgénica que se ha estado
preparando desde el gobierno, al servicio de las corporaciones que lo crearon y
lo comercializan, corresponden a una estrategia perversa que fue rigurosamente
descrita en la audiencia. Se trata ante todo de controlar el mercado de
semillas en México, que representa 200 000 mil toneladas y 1,200 millones de
dólares al año. Para este fin, se han estado modificando las leyes para
beneficio de las grandes corporaciones y perjuicio de los pequeños productores,
colocando a éstos al margen de la ley cuando venden o intercambian las semillas
que producen.
La otra parte de esta pinza perversa es la que alude a la
inseguridad alimentaria. Importamos ya la tercera parte del maíz que
consumimos; en unos diez años estaríamos importando la mitad. Se está
propalando la ilusión de que el transgénico podría resolver el problema
aumentando la producción. Carece de todo sustento y muestra la gravedad del
peligro que se enfrenta. En cinco de los ocho millones de hectáreas dedicadas
al maíz no podrían funcionar las semillas transgénicas. En buena parte de la
superficie maicera sólo pueden funcionar las semillas nativas. Es este el
crimen que se quiere cometer: con la contaminación transgénica se perdería toda
capacidad productiva. Si el maíz ya no rinde, si ya no pueden cultivarlo porque
todo se ha contaminado y el transgénico no podrá prosperar, los campesinos
abandonarán sus tierras. Y esto es, a final de cuentas, lo que acaso se busca.
Que las dejen para poder entregarlas a otros intereses.
La contaminación transgénica puede verse como efecto
directo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Fue descubierta
cuando existía una moratoria para el cultivo transgénico. Pero existía una
disposición del TLCAN, que propiciaba su libre circulación, bajo la falsa
premisa de equivalencia sustancial, es decir, que el transgénico es igual al
criollo o al nativo, una premisa también adoptada por los órganos
internacionales.
A partir de 2001 las importaciones de maíz crecieron
exponencialmente. Aunque estaba protegido en el TLCAN, el gobierno alentó esas
importaciones, por encima de las cuotas establecidas y sin cobrar los aranceles
pactados. Se realizó así un agresivo dumping a los productores nacionales,
desalentándolos, obligándolos a abandonar el cultivo o el campo. Desaparecida la CONASUPO, nueve empresas
transnacionales absorbieron 50% de las importaciones.
Distribuido por DICONSA, el maíz importado llegó a todas
partes. La gente no supo que era transgénico. Traerlo al país era un gran
negocio: México no cobraba arancel y Estados Unidos apoyaba con subsidios.
Y es así como un efecto perverso del TLC fue destruir la
soberanía alimentaria en las comunidades.
Se trata de un crimen histórico de inmensas proporciones
y consecuencias.
Escuchamos testimonios que demuestran fehacientemente que
la contaminación transgénica es intencional y representa un desvío del poder,
al emplear el aparato estatal a favor de intereses privados.
Los transgénicos son un instrumento corporativo.
Pertenecen a seis empresas transnacionales, que forman un oligopolio. Monsanto
controla el 85% del mercado.
Todos los transgénicos están protegidos bajo derechos de
propiedad intelectual. Reproducirlos y usarlos sin permiso de los titulares de
estos derechos constituye un delito. Los genes de Monsanto están patentados. La
empresa sabe que la contaminación es inevitable, una vez que se realice la
siembra extensa. Será un crimen con premeditación, alevosía y ventaja, porque
busca intencionalmente apropiarse de todas las redes alimentarias. En Estados
Unidos, Monsanto y Dupont ya han ganado juicios por 23 millones de dólares y
arreglos fuera de tribunales por 200 millones de dólares más, por los granos
contaminados. Pronto empezarán a demandar a productores mexicanos.
El crimen es aún más grave porque México es centro de
origen de maíz, y por tanto, constituye el reservorio genético de uno de los
tres principales cultivos del mundo, una de las bases principales de la
alimentación a nivel global. Es también reservorio del conocimiento necesario
para mantener vivo al maíz.
Denunciamos a los órganos de Naciones Unidas, que saben
bien que proteger los centros de origen es esencial para mantener los cultivos
vivos. Sería la primera vez en que un centro de origen se ha contaminado y esos
órganos no han hecho nada al respecto.
Esto resulta aún más grave ante la perspectiva de cambio
climático. Sabemos bien de la perspectiva: donde hay sequía habrá más sequía;
donde hay mucha lluvia lloverá más. Las semillas nativas tienen la memoria
genética que permitiría encontrar la respuesta a los cambios en las condiciones
climáticas. Esas razas y variedades tienen los caracteres de herencia que
necesitaremos.
Es un crimen abominable, que por ningún motivo debe
permitirse, hacer que esas razas y variedades desaparezcan.
Este crimen insoportable es aún más grave si consideramos
lo que ya mencionamos antes: que las políticas y programas del gobierno, en su
desviación de poder, han socavado la soberanía alimentaria de las comunidades,
en el ejercicio sistemático de violencia burocrática, social y policiaca.
“Perder el maíz nativo alimento de nuestros pueblos es
perder la autonomía,” se dijo en la presentación de uno de los casos. Aquí está
el meollo de la cuestión.
En una lucha de siglos, las comunidades han logrado
fortalecer su autonomía y construir formas propias de vida y de gobierno. En
Oaxaca, como se subrayó en las presentaciones, se sigue “practicando y
fortaleciendo la comunalidad”. De esa manera se lograron niveles sólidos de
autosuficiencia y se ha practicado una efectiva soberanía alimentaria. Toda
esta construcción está basada en el maíz. Cada familia, cada comunidad, cada
región, se empeña en producir maíz suficiente para el consumo cotidiano. Y existen
mecanismos complejos para hacer frente a las dificultades periódicas, cuando
las calamidades naturales o las irregularidades del clima impiden que se
alcancen los niveles normales de autosuficiencia.
En esta organización se basa la cultura de los pueblos
indígenas y en ella está el tejido social que aún nos permite existir como
nación. El lema que circula desde hace una década, “Sin maíz no hay país”, es
una expresión eficaz de lo que todo esto significa. En estas tierras se inventó
el maíz, en un diálogo profundo con la naturaleza; aquí se le multiplicó, se le
diversificó, se le adaptó a las mil diferentes condiciones de nuestra realidad.
En ese proceso el maíz nos inventó como pueblo y se estableció como la base de
nuestra cultura.
Un ejemplo claro que se expresó en la pre-audiencia fue
destacar que la riquísima gastronomía mexicana está claramente fincada en el
maíz, pero buena parte de lo que todavía cocinan y comen mexicanas y mexicanos
sólo es posible con semillas nativas. La contaminación transgénica haría
desaparecer buena parte de lo que comemos.
Este patrón de supervivencia y prosperidad se encuentra
hoy seriamente debilitado por la agresión sistemática que han sufrido todos los
pueblos, por el conjunto de políticas y programas concebidos abiertamente
contra ellos. Por las mismas condiciones que afectan la vida de las
comunidades, el país entero se encuentra afectado de una debilidad sustancial
en su soberanía: la dependencia del exterior en materia alimentaria.
En 1971 exportábamos maíz. Es cierto que en esos años
había familias que no tenían suficiente, pero el hecho es que podían generarse
excedentes y colocarlos en el exterior. Perder la autosuficiencia no fue una
consecuencia del crecimiento demográfico o de condiciones climáticas adversas. No
fue porque los productores decidieron sus tareas y dedicarse a otra cosa. Fue
una acción sumamente costosa, en que el gobierno invirtió inmensos recursos
para provocar la deficiencia de maíz.
A finales de los años 70, cuando la situación de los
campesinos empezó a hacerse insoportable, el gobierno se vio obligado a dar un
viraje en su política campesina y aplicó un programa que apoyaba directamente
la producción de maíz. En los tres años de vigencia del Sistema Alimentario
Mexicano se lograron aumentos sustanciales en la producción y los rendimientos
y se demostró que bastaban modestos apoyos para que la producción campesina
ofreciera buenos resultados.
En esta pre-audiencia se nos hicieron llegar, con los
testimonios, documentos en los que se demuestra, con sólido fundamento
científico que existe un enorme potencial productivo, por el que podría
recuperarse en pocos años la autosuficiencia nacional de maíz.
Enrique Peña Nieto y sus funcionarios no son
jurídicamente responsables de estos crímenes en serie cometidos a lo largo de
60 años. Pero son moral y políticamente responsables, porque fue el partido al
que pertenecen el que los cometió. Denunciamos ahora que no solamente continúa
esa orientación anticampesina sino que la actual administración la está profundizando.
Uno de los testimonios señaló: “Que ya no se establezcan
programas con la careta de apoyar al campo y que sólo benefician a las empresas
agroindustriales amigas de los altos funcionarios. Que no se trate de
engañarnos regalándonos comida dizque nutritiva, porque sabemos que lo único
que persiguen es despojarnos de los alimentos que producimos localmente.”
Se trata, muy concretamente, de uno de los programas de
la nueva administración. Su campaña contra el hambre no se dirige realmente
contra esta vieja enemiga de la humanidad que vuelve a aparecer entre nosotros
Los testimonios presentados en la pre-audiencia mostraron
con toda claridad la grave complicidad que en todos estos crímenes ha tenido el
establecimiento científico. No sólo se trata de la campaña de descrédito contra
quienes presentaron honestamente los resultados de sus investigaciones y dieron
a conocer las primeras pruebas de contaminación transgénica, reconociendo
abiertamente que su trabajo había sido posible por su colaboración con el
sistema científico indígena. Se trata también del boicot sistemático a que se
vieron expuestos cuantos se interesaban en el tema y, finalmente, de la
corrupción misma de la aún llamada investigación científica.
Se nos ofrecieron testimonios contundentes de la forma en
que se procedió a la falsificación de pruebas, a la distorsión del método,
presentación mentirosa de los resultados, ocultamiento de información… Se
constituyó así una auténtica conspiración, en que los funcionarios del
gobierno, las corporaciones privadas y los supuestos científicos realizaron
actividades criminales para ocultar la información sobre la contaminación
transgénica y al divulgar su inexistencia intentaron convencer a la opinión
pública la idea de que era posible contener su extensión y eliminar sus
riesgos.
Es importante destacar, en este aspecto, que en los
propios testimonios se nos informó, con sólidas bases en estudios científicos
serios, que no estamos ante hechos irremediables e irreversibles. La acción de
las comunidades, en el marco de políticas y programas que se propongan lo
contrario de lo que han hecho hasta ahora, podrían poner remedio a los daños
que hasta ahora se han causado y abrir otra opción. Eso requeriría otro tipo de
ciencia, que supiera articular sus métodos y concepciones con la ciencia
indígena, esa que fue capaz de crear el maíz y centenares de miles de
variedades adaptadas a los más diversos nichos ecológicos en el curso de diez
mil años.
Esto es muy distinto a lo que se intentó hacer con
información distorsionada. Como era imposible desechar las pruebas de la
contaminación que había ocurrido, lo que se intentó fue demostrar que en esos
mismos lugares había desaparecido, lo que implicaba que era posible limitar o
contener la contaminación. Los casos que se han presentado en esta
pre-audiencia permiten refutar en forma contundente este intento perverso de
una parte del establecimiento científico, coludido con las autoridades y las
corporaciones privadas para negar información a la población y continuar la promoción
descarada de la invasión transgénica.
“Los hombres y mujeres de maíz”, se dijo en la
pre-audiencia, “exigimos volver al estado de derecho”.
Es importante destacar que esta exigencia está siendo
presentada por pueblos que han padecido por más de 500 años el uso perverso de
los instrumentos jurídicos contra ellos, pueblos que han padecido no solamente
leyes injustas, que los ignoran y discriminan, sino tribunales corruptos y
racistas. Son pueblos que han sabido reconocer y mantener en sus propios ámbitos
el concepto de derecho, la validez y legitimidad del procedimiento formal, la
necesidad de normas que propicien la convivencia armónica.
Son estos pueblos los que ahora exigen a quienes han
destruido el estado de derecho tan laboriosamente construido por mexicanas y
mexicanos que regresen a él. Están conscientes de las limitaciones de su
exigencia. Están pidiendo a criminales en serie que detengan su carrera
enloquecida al abismo, en el que ellos mismos se precipitan al arrastrarnos a
todos al desastre natural y social. Lo hacen porque es su convicción de que
nunca debe renunciarse a la exigencia de que la autoridad cumpla sus
obligaciones. Y lo hacen porque están dirigiéndose al más alto de todos los
tribunales, al de las ciudadanas y los ciudadanos, al de quienes, con su
movilización, pueden imponer la voluntad popular para salvar a nuestra
comunidades, a nuestras culturas, a nuestro país y a final de cuentas a la Madre Tierra que se
encuentra en riesgo.
Hacemos nuestras las demandas que se presentaron en la
pre-audiencia, tras introducir en ellas modificaciones que resultan de la
presentación de los casos y testimonios, y las incluimos en nuestro dictamen en
los siguientes términos:
1. Abrogar de forma inmediata la Ley de Bioseguridad de
Organismos Genéticamente Modificados, sus reglamentos y demás disposiciones
jurídicas que abren las puertas al Gobierno para que autorice la siembra de
maíz transgénico en el país. En su lugar, declarar a Oaxaca y a todo el
territorio de México territorio prohibido para la siembra de transgénicos.
Negar cualquier posibilidad de siembras comerciales.
2. Reafirmar que el maíz es fundamento de la cultura
material y simbólica de mexicanas y mexicanos, pilar de la soberanía nacional,
condición sustancial de supervivencia de las comunidades campesinas e indígenas
y base de la alimentación de la población. Concebir e implementar, en
consecuencia, políticas de apoyo diferenciado al entramado de relaciones que
forman la cultura de maíz.
3. Revisar las políticas agrarias, agrícolas y
comerciales que han causado la crisis del campo mexicano, para orientarlas al
fortalecimiento de la economía campesina, los pequeños productores y las
comunidades indígenas, a la autosuficiencia nacional en la producción de
alimentos básicos y a la reafirmación de la soberanía alimentaria.
4. Revisar el capítulo agrícola del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte, especialmente lo relativo al comercio de los
granos básicos, entre otras cosas para revertir los efectos del dumping
sistemático practicado por los agroexportadores estadounidenses y las grandes
empresas importadoras en contra de la economía campesina y mexicana.
5. Combatir la corrupción de la investigación científica
en el área de los organismos genéticamente modificados, y su connivencia con
corporaciones privadas dedicadas a impulsarlos y articulándola con la ciencia
indígena.
6. Suspender de inmediato las autorizaciones para la
liberación de todo tipo de maíz transgénico, incluyendo a los campos de cultivo
ya existentes, y prohibir por completo el uso de tecnologías “terminator”.
7. Difundir en forma permanente y amplia, a través de
medios públicos, privados e independientes, información relativa a los riesgos
de la contaminación transgénica, dando especial cabida a los estudios científicos
que muestran sus daños y sus impactos sobre la salud, el ambiente y la
producción.
8. Respetar la soberanía y la autonomía de los pueblos
originarios.
9. Suspender de inmediato las importaciones de maíz
transgénico, así como la distribución de “paquetes tecnológicos” y alimentos
contaminados de transgénicos.
10. Elevar a rango constitucional la prohibición de
organismos genéticamente modificados en el territorio nacional y adecuar de
inmediato las legislaciones secundarias.
11. Establecer un Régimen de Protección para el Maíz
Nativo.
12. Establecer una norma eficaz para la etiquetación de
todos los alimentos transgénicos con información suficiente para la población
consumidora sobre los riesgos que implican.
13. Aplicar rigurosamente los procedimientos de consulta
y consentimiento previos, libres e informados, que forman parte de la ley
suprema a través de los tratados internacionales, antes de implementar
programas gubernamentales en las comunidades indígenas.
14. Detener la siembra y movilización en el territorio
nacional de otros granos y semillas transgénicas como soya, algodón y canola,
así como los ensayos de campo con organismos transgénicos.
15. Restringir las importaciones de maíz a los casos en
que la cosecha nacional sea insuficiente y una vez que la producción nacional
se haya comercializado, vigilando rigurosamente, en las fronteras, que ninguna
importación contenga transgénicos. No debe permitirse la entrada de una sola
tonelada de maíz por encima de la cuota sin pagar arancel; por el contrario,
debe imponérsele el máximo permitido por el TLCAN, haciendo valer el principio
de soberanía alimentaria y la prioridad del consumo del maíz nativo.
16. Concentrar todas las compras de Diconsa, empresa
responsable de la contaminación transgénica, en organizaciones de productores
mexicanos, realizándolas a un precio justo. Diconsa debe retirar de inmediato
los maíces transgénicos que haya distribuido, alertando a las comunidades
respectivas sobre los riesgos de su empleo.
17. Expulsar del país a las empresas multinacionales
responsables de la contaminación transgénica, entre las que se encuentran
Monsanto, Novartis, DuPont y Aventis.
18. Oponerse oficialmente a las patentes y propiedad
intelectual sobre la vida en México y en cualquier parte del mundo.
19. Someter los bancos de germoplasma en México,
incluyendo el del CIMMYT, a revisiones cuidadosas hasta que se asegure que sus
colecciones se encuentran libres de contaminación transgénica.
20. Reconocer constitucionalmente los derechos indígenas,
tal como fueron plasmados en los Acuerdos de San Andrés y emplear los
instrumentos del Convenio 169 de la
OIT para garantizar la autodeterminación de los pueblos
indígenas de México sobre sus recursos naturales, con absoluto respeto a la
consulta previa, libre e informada.
21. Formular políticas ambientales, agrícolas y
alimentarias sustentables, justas y soberanas, elaborándolas junto con la
sociedad civil en base a la autodeterminación de los pueblos sobre sus bienes
naturales, el respeto a los derechos indígenas y campesinos, la conservación de
la biodiversidad y el principio de soberanía alimentaria.
22. Establecer legalmente que ningún ser vivo, ni en su
totalidad ni en sus componentes, pueda ser reclamado por derechos de propiedad
intelectual ni sujeto a convenios de bioprospección.
En el marco de esta pre-audiencia, por su tema, su lugar
y su contexto, queremos reafirmar que las reformas constitucionales indígenas
realizadas hasta hoy son un mero engranaje y en ocasiones no el fundamental.
Las políticas hegemónicas están operando por encima de los avances jurídicos.
Se están haciendo arreglos por encima de la Constitución y de la
normatividad internacional vigente. Tales arreglos, por ejemplo, niegan a los
pueblos el carácter de sujetos de derecho y rechazan implícitamente la
autonomía que formalmente quedó enunciada en 2001.
Se han estado promulgando leyes sobre la diversidad que
refuerzan la privatización y de hecho perfilan la paulatina desaparición del
espacio propio del derecho público al hacer del Estado un simple promotor y
certificador de las operaciones “privadas” de los inversionistas. En esta
operación participan, junto con los gobiernos de América Latina, organismos
públicos multilaterales como la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO),
el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Organización Mundial
del Comercio (OMC) y la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI), y organismos financieros como el Banco Mundial y el Banco Interamericano
de Desarrollo.
Nos parece importante, asimismo, señalar que en el texto
del nuevo artículo 2o constitucional se determinó que la autonomía se ejercería
“con respeto a las modalidades de propiedad y tenencia de la tierra
establecidas en esta Constitución y a las leyes de la materia, así como a los
derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad.” De esta
manera, en forma enteramente anómala e inaceptable, el supuesto nuevo derecho
constitucional para los pueblos indígenas nació supeditado a las leyes,
cuestión contraria al principio de jerarquía de normas.
Los dictaminadores compartimos y acogemos plenamente la
demanda de acabar con toda forma de violencia contra el maíz, la soberanía
alimentaria y los pueblos que la cuidan. Esto exige acabar con todas las
fuentes de contaminación transgénica, por los agroquímicos, híbridos y otras
formas de tecnología que destruyen el maíz y crean dependencia.
Siendo el maíz, como hemos escuchado en los testimonios y
casos, una expresión fundamental del alma y del cuerpo de los pueblos de
México, es de vital importancia que las demandas que lleguen a la audiencia
final del Tribunal Permanente de los Pueblos posean toda la fuerza y urgencia
que se requieren. Por esto, nos parece útil dejar claramente establecidos los
siguientes puntos:
1. La ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente
Modificados, la Ley
de Producción, Certificación y Comercialización de Semillas y la Ley Federal de
Variedades Vegetales son leyes que administran la producción, distribución y
fomento de maíz transgénico en México, por lo que se deben dejar de aplicar
inmediatamente, estableciendo una prohibición de facto, y a continuación
abrogar estas leyes y realizar una reforma constitucional en la que se
establezca la prohibición definitiva de la introducción, siembra,
comercialización, importación, almacenamiento, distribución, investigación y
experimentación de semillas transgénicas de maíz y se declare que todo México
es centro de origen y diversidad biológica, descartando definitivamente la idea
de construir mapas de centros de origen. Hay suficientes argumentos y pruebas
científicas de daños a la salud y al medio ambiente para sustentar esta
prohibición.
2. La ley de biodiversidad ignora que la domesticación y
diversificación de plantas es un proceso vivo, continuo y actual, y deja en
estado de indefensión a los productores y comunidades que han sido los
creadores de esta riqueza genética que ha hecho de México un centro de
diversificación a nivel mundial. El artículo sobre zonas libres de transgénicos
no establece la protección adecuada para los productores convencionales y
orgánicos. A los primeros los ignora por completo, y a los segundos les impone
un régimen de protección insuficiente y, además, muy difícil de alcanzar. Se
deja en estado de indefensión a la mayoría de los productores agrícolas
mexicanos, que no podrán escoger si quieren o no transgénicos en sus cultivos.
Uno de los problemas centrales en este capítulo es que la carga de la prueba la
tienen precisamente los afectados, que deberán comprobar científicamente la
inviabilidad de la coexistencia entre cultivos libres de transgénicos y los que
sí incorporan esta tecnología. Los transgénicos pueden convivir con especies
que no han sido genéticamente modificadas, contaminándolas y alterando su
genoma. Finalmente, el procedimiento administrativo es muy complicado y está
diseñado más para dificultar la designación de zonas libres que para
protegerlas.
3. Proponemos que se aproveche el marco del TPP para
declarar al maíz y a la milpa como un bien de los pueblos del mundo, que han
intercambiado libremente las semillas y saben en dónde y cómo usarlas como
elemento básico de la vida y de su subsistencia. Son los propios pueblos, no
entidades privadas o gubernamentales, quienes deben decidir cómo intercambiar,
cuándo y dónde.
La denuncia presentada en esta pre-audiencia, así como
los casos, testimonios y probanzas aducidas, demuestran que la devastación de
la vida campesina, la migración forzada, la pérdida de biodiversidad y los
daños al ambiente y la salud han sido causadas directamente por las políticas
agrarias y agrícolas, las políticas públicas de “asistencia” (como la Cruzada contra el Hambre)
, así como por la política económica y la comercial, vinculadas con los tratados
de libre comercio adoptados por el Estado mexicano y otros instrumentos
nacionales e internacionales, relacionados con la autorización de transgénicos,
que fomentan los monocultivos, la agroindustrialización y el acaparamiento de
tierras.
Deseamos dejar constancia que el Convenio de Cartagena
obliga a los gobiernos que lo suscribieron a aceptar los transgénicos, por lo
que lejos de ser un instrumento de protección, que debemos invocar, forma parte
de lo que debemos rechazar. Igualmente, el Convenio de Biodiversidad, al
contrario de los tratados de libre comercio, queda sujeto a la interpretación
de los estados, y despoja a los pueblos de la soberanía sobre la biodiversidad,
que pasa a ser patrimonio controlado por los gobiernos. Este instrumento internacional
es usado como el paraguas que en nombre de la diversidad y sustentabilidad ha
introducido una postura conservacionista y proclive al fomento del capital,
antes que una que combine el factor cultural y social con el ambiental. En
contraste, defendemos una postura que vincula a los pueblos, el ambiente y la
transformación, considerándolos como actores colectivos e individuales dotados
de conocimientos importantes sobre el ambiente natural o sobre medios de
utilizarlo.
Igualmente, nos parece importante señalar que al
caracterizar el cultivo de maíz transgénico como delito debemos tomar en cuenta
que hasta ahora los tribunales internacionales no abordan delitos cuya base
constituya un delito “económico”.
Los argumentos de las comunidades indígenas y campesinas
afectadas no sólo defienden sus propios derechos y formas de vida. Están
defendiendo a la humanidad entera.
Los dictaminadores celebran el proceso que ha permitido
llegar a esta pre-audiencia. Nos comprometemos a preparar en las próximas
semanas un dictamen final, que nos permita hacer llegar sugerencias y
recomendaciones específicas a quienes presentaron los casos y testimonios, a
fin de fortalecerlos en la perspectiva de la audiencia final ante el Tribunal
Permanente de los Pueblos.
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