Friday, January 13, 2017

Marcia Mejía, activista indígena que participa en el proceso de la paz y defiende a los derechos de la mujer

Un artículo escrito y traducido por Alice Driver después de una entrevista con Marcia Mejia Chirimia durante una gira de conferencias de Acción Permanente por la Paz en octubre del 2016.
Este artículo es una traducción de la versión original, publicada en inglés el 3 de enero del 2017.
Foto: PBI Colombia
El 20 de abril, Marcia Mejía Chirimia, de 28 años, activista colombiana por la paz y derechos de las mujeres recibió un mensaje de texto el cual, según Marcia sospecha, provenía de alguien que pertenece a un grupo paramilitar.
"Se les recuerda a Marcia Mejía y otros indios ijeputas sapos taponadores de vías, milicianos informantes de guerrilla que se mueren…guardia de ratas, ya los tenemos ubicados y son objetivo militar. Ojo, no hay tiempo. Se mueren”.
Poco después de recibir la amenaza, un hombre no identificado fue visto rondando la casa de Mejía cuando su hijo estaba solo en casa. Estos son sólo algunos de los varios tipos de intimidación que Mejía y otros colombianos han experimentado a lo largo de sus difíciles carreras como activistas indígenas.
Nacida en la remota jungla del Valle del Cauca, en la costa suroccidental del Pacífico de Colombia, Mejía creció con poca educación formal y sólo hablaba Wounaan, un idioma que comparte con su comunidad indígena Sia. Su vida cambió en 2010, cuando grupos paramilitares en la zona amenazaron a los líderes de su pueblo obligándolos a huir con el objeto de apropiarse permanentemente de tierras ricas en minerales y recursos en aquella región. Mejía y 24 familias se trasladaron a la ciudad costera de Buenaventura, donde durante 11 meses vivieron en un almacén abandonado; tenía 22 años.
Mejía, de baja estatura, voz suave, ojos amplios y expresivos, comenzó a estudiar español y comenzó a reunirse con miembros de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP), una organización de derechos humanos que apoya a organizaciones comunitarias de ascendencia indígena y africana. Dado que el español no es su lengua materna, utiliza gestos con las manos para ilustrar sus pensamientos cuando busca una palabra en particular.
La lucha de Mejía empezó desde cero, primero con el idioma, y después comprometiéndose con maneras de proteger las tierras indígenas y su comunidad. A fin de cuentas, su país y su comunidad estaban en medio de una guerra.
La guerra entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno colombiano ha continuado durante más de cinco décadas y ha dejado cientos de miles de muertos. Entre 4,9 y 5,5 millones de personas han sido desplazados en Colombia, el número más alto del mundo, según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. A medida que la violencia progresaba a lo largo de los años, también lo hizo el uso de tácticas como el terrorismo, la violación y los secuestros.
Sin embargo, Mejía quería proteger a su comunidad de este conflicto.  Fue así como, sirviéndose de las lecciones que aprendió de CIJP, ayudó a su comunidad a elaborar un plan para hacer de su territorio un refugio humanitario y evitar que la violencia entre paramilitares, guerrilleros y el ejército representara una amenaza. Esta táctica también fue empleada exitosamente por la activista ambiental colombiana Nidia Becerra, quien fue una gobernadora tres veces elegida por la comunidad Inga de Yunguillo en el suroeste del país. Por su parte, Becerra negoció la extensión y protección del rico y biodiverso territorio de su propia comunidad, la cual era cinco veces más grande que la de Mejía.
Durante los últimos cinco años, Mejía ha servido como líder del grupo de mujeres y género de la Asociación de Consejos Indígenas del Valle del Cauca, organización que representa a casi 100 pueblos indígenas de la región del Cauca en el occidente de Colombia. Como parte de su trabajo, trata de abordar las preocupaciones de las mujeres y niñas en comunidades indígenas.  En palabras de Mejía: "Empecé a trabajar no sólo en defensa de los derechos humanos, sino también en defender los derechos de las mujeres, mis compañeros, de mi comunidad y defender nuestro territorio". Sus dos hijos, un niño y una niña de 9, y 7 años respectivamente, a menudo la acompañan en sus actividades. Mejía considera que es una manera de enseñarles la importancia de ser un miembro activo dentro de la comunidad: "Les digo a mis hijos que el gobierno quiere quitarles la tierra, y los traigo conmigo cuando trabajo para educarlos", comentó . "Quiero que vean que decir la verdad es lo único que nos puede sanar, que puede reunirnos".
¿Por fin la paz?
Durante el proceso de paz de cuatro años, mismo que culminó con la aprobación del Congreso en 2016, Mejía se percató de que ella y otras mujeres de su organización desempeñaban un papel importante como representantes de las comunidades indígenas que habían sufrido la violencia causada por las FARC, el ejército y los grupos paramilitares. Quería asegurarse de que las voces y las historias de los grupos marginados especialmente grupos indígenas, mujeres y niños afectados por la violencia- se escucharan y tomaran en cuenta en el proceso. Como portavoz de las Comunidades Construyendo Paz en los Territorios (CONPAZ), ella trabajó para integrar al proceso de paz las voces y preocupaciones de las víctimas, incluyendo la priorización de la verdad y la reconciliación en lo que respectaba a la duración de las sentencias para los perpetradores.  Cabe señalar que muchas de esas recomendaciones se pueden ver reflejadas en el acuerdo final. El proceso de paz, sin embargo, se ha estancado o ha fracasado muchas veces, incluso cuando el ex presidente colombiano Andrés Pastrana trabajó para negociar un proceso de paz entre 1999 y 2004."La gente ha vivido con esta guerra durante años, y es a nivel familiar y comunitario que la gente forja una paz duradera y sostenible", dijo Kimberly Theidon, profesora de Estudios humanitarios internacionales en Tufts y quien trabajó con comunidades de paz en Urabá, al norte de Colombia   y bordeando el Caribe. "Esto no puede ser impuesto desde arriba" añadió.
Parte del problema ha sido que hay demasiados que se benefician de que se permita que la guerra continúe. "Hay gente en el proceso de paz que no está interesada en la paz", dijo Theidon, al describir cómo la guerra permitió que los grupos militarizados tomaran tierras, especialmente en territorios cuyos minerales y otros recursos naturales podrían generar grandes ganancias.
Luego, en septiembre de 2016 y después de cuatro años de negociaciones, el presidente colombiano Juan Manuel Santos y Timoleón Jiménez líder de las FARC, firmaron un acuerdo de paz que pondría fin al conflicto armado. Pero el acuerdo necesitaba ser ratificado por los colombianos, y en octubre, los votantes dijeron que no. La votación por la paz fracasó, dijo Mejía, porque, en su opinión, los de la ciudad -que votaron abrumadoramente "no "- habían experimentado menos violencia directa y desplazamientos que las poblaciones más pobres y rurales.
"El proceso de paz colombiano intentó involucrar a las mujeres en las negociaciones de paz e incluir temas de género en la agenda", dijo Roxanne Krystalli, directora del programa de pruebas humanitarias del Centro Internacional Feinstein de la Universidad Tufts e investigadora sobre aspectos de género y justicia en Colombia. Krystalli hizo hincapié en el tema de la certeza y la continuidad de los avances alcanzados:  "no está claro si los logros en términos de la inclusión de las mujeres en las negociaciones y el género en la agenda se preservarán a medida que avance el proceso de paz. Debemos construir la paz, y las mujeres tienen que tener voz en el proceso".
El presidente Juan Manuel Santos, impulsado por su deseo de obtener el Premio Nobel de la Paz, trabajó en un acuerdo de paz que el Congreso aprobó el 30 de noviembre -un voto que El New York Times calificó como “probablemente el último obstáculo para ratificar el problemático acuerdo”. Por otro lado, Álvaro Uribe, presidente de Colombia entre 2002 y 2010, prometió buscar un nuevo referéndum contra el acuerdo aprobado por el Congreso.
Además, a finales de diciembre, el Congreso aprobó una Ley de amnistía para miles de miembros de las FARC desmovilizados y algunos miembros del ejército, la cual perdonará delitos menores exceptuando   asesinatos y actos de violencia sexual.
Hasta el momento, el proceso de paz sigue en marcha.
"No podemos permanecer en silencio"
Actualmente el trabajo de Mejía es más importante que nunca. Después de todo, ella está entrenando a niñas y mujeres indígenas y afrodescendientes para que participen en roles de liderazgo en el país. Sin embargo, el período de transición hacia la paz trae oportunidades y riesgos para las mujeres: la investigación de Theidon, por ejemplo, ha demostrado que las mujeres ex guerrilleras no quieren verse obligadas a desempeñar roles domésticos tradicionales. Queda por ver si los ex-guerrilleros pueden negociar un papel de liderazgo en el futuro del país.
Jóvenes activistas indígenas como Mejía esperan que la diversidad de voces garantice que la transición hacia la paz también genere mayor igualdad para las mujeres. "Tengo que ser un ejemplo para las mujeres y mostrar que seguiremos hablando", afirmó Mejía. "Las amenazas son enviadas para hacernos callar".
Pero, a pesar de estas amenazas, Mejía planea continuar su trabajo como líder comunitaria y apoyar el proceso de paz en los próximos años. "Pueden matarme, pero al menos será por la verdad", dijo, y calló por un segundo antes de añadir: "Siempre les digo a las mujeres que tenemos que seguir hablando, que no podemos permanecer en silencio".

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