Comunicado y Denuncia de APP sobre los asesinatos recientes en Buenaventura y Urabá, Colombia

17 de enero 2017

Foto de Emilsen Manyoma, fuente: Facebook

Como Acción Permanente por la Paz, nos entristeció profundamente esta mañana cuando nos enteramos de los recientes asesinatos de la compañera Emilsen Manyoma Mosquera y su pareja Joe Javier Rodallega. Emilsen era una lideresa afrocolombiana de CONPAZ (una red de comunidades y organizaciones de víctimas), y vivía en el municipio de Buenaventura. Trabajaba apoyando iniciativas comunitarias locales por la construcción de la paz en la región del Bajo Calima, el Espacio Humanitario Puente Nayero y su vecino el Espacio Humanitario Punta Icaco. Aunque falta aclarar aún todos los detalles del asesinato, la organización colombiana de derechos humanos la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz reporta que el sábado por la noche, Emilsen y Joe fueron obligados a subirse en un taxi en el Barrio Villa Linda, Comuna 12 de Buenaventura. Sus cuerpos, encontrados con heridas de arma blanca y arma de fuego, fueron hallados esta mañana (17 de enero) en el Barrio El Progreso, Comuna 10 de Buenaventura.

La noticia sobre el asesinato nos golpea duro a nosotros de Acción Permanente por la Paz ya que hemos estado acompañado distintos procesos comunitarios en Buenaventura durante varios años y hemos desarrollado un trabajo especial en la zona de bajamar donde Emilsen trabajaba por construir la paz. Durante varias visitas, Emilsen nos dio una bienvenida cálida en el Espacio Humanitario Punta Icaco.

El asesinato de ella y su pareja ocurre en un contexto de amenazas que van aumentando en la zona de bajamar, con 5 familias recientemente desplazadas de la calle Piedras Cantan después de un enfrentamiento armado entre neo-paramilitares el 2 de enero. Además, fueron desplazadas 14 familias este diciembre pasado por causa de las amenazas de parte de neo-paramilitares. A pesar de la presencia alta de la fuerza pública en la zona, las amenazas y violaciones de derechos humanos siguen ocurriendo a un ritmo preocupante contra la población afrocolombiana de Buenaventura.

Pese a los avances concretados por el gobierno colombiano y los históricos acuerdos de paz con las FARC que actualmente se encuentran en la fase de implementación, las amenazas y asesinatos contra los y las defensores de derechos humanos siguen aumentando, marcando un total de 85 asesinatos en el año 2016. De hecho, según la organización Somos Defensores, 78% de estas agresiones contra los y las defensores de derechos humanos durante el primer semestre de 2016 fueron cometidos por paramilitares y la fuerza pública en Colombia.

Acción Permanente por la Paz ha estado acompañando a los y las defensores de derechos humanos y comunidades en varias regiones de Colombia desde el año 2000, y estamos orgullosos y privilegiados de contar con la presencia de dos afrocolombianos en nuestra junta directiva nacional. Nos rompió el corazón otra vez recientemente cuando escuchamos de los tres asesinatos de familiares de Marino Córdoba, integrante de la junta directiva nacional de APP. Su hijo de 21 años, Wilmar Córdoba Forero fue asesinado brutalmente por machete por cuatro paramilitares en Belén de Bajirá en la región noroeste de Colombia el 19 de octubre. Otros familiares de Marino, Moisés Mosquera de 30 años y Juan de la Cruz Mosquera de 52 años fueron asesinados el 7 y el 9 de enero en el municipio de Rio Sucio (vea el comunicado publicado por AFRODES aquí.) Marino Córdoba, un compañero cercano de Acción Permanente por la Paz por muchos años, y su familia han sufrido episodios de violencia por más de dos décadas desde el momento original cuando fueron desplazados de sus hogares en Urabá durante la masacre paramilitar conocida como la Operación Génesis en el 1996.

En este contexto de violencia continua, Acción Permanente por la Paz apoya las exigencias comunicadas por las organizaciones que acompañamos, las cuales buscan la justicia para las víctimas. Apoyamos la exigencia que el gobierno estadounidense y la embajada estadounidense en Colombia contacten al gobierno colombiano y que:

• La Fiscalía Nacional investigue, identifique y judicialice a los responsables de estos asesinatos de una manera rápida y eficiente.
• Los grupos neo-paramilitares sean desarticulados completamente en todo el territorio colombiano.
• Las fuerzas militares corten cualquier lazo criminal existente con grupos neo-paramilitares o criminales para poder garantizar la seguridad y la paz en todo el país. 
• Las autoridades responsables garanticen seguridad a los familiares de las víctimas además de los otros miembros de la comunidad y residentes de la zona.

Adicionalmente, estamos de acuerdo que las Naciones Unidas y el cuerpo diplomático en Colombia y las organizaciones de derechos humanos acompañan a las comunidades y condenan estas violaciones sistemáticas.

Estamos en solidaridad con nuestros compañeros y compañeras en Colombia mientras lamentan estas muertes injustas y luchan por la justicia y la paz en memoria de las víctimas.

WFP Statement and Condemnation of Recent Assassinations in Buenaventura and Urabá, Colombia

January 17, 2017

Photo of Emilsen Manyoma, source: Facebook

Witness for Peace was greatly saddened this morning to hear of the recent assassination of our Colombian partner Emilsen Manyoma Mosquera and her partner Joe Javier Rodallega. Emilsen was an Afro-Colombian community leader with CONPAZ (a network of community and victim organizations) living in the port city of Buenaventura. She worked to support local peacebuilding initiatives in the Bajo Calima region, the Puente Nayero Humanitarian Space, and neighboring Punta Icaco Humanitarian Space. Although all the details of the assassination are still unclear, Colombian human rights organization la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz reports that last Saturday night, Emilsen and Joe were obligated to get into a taxi in Barrio Villa Linda, Comuna 12 of Buenaventura. Their bodies, inflicted with both knife and gun wounds, were found this morning (January 17) in Barrio El Progreso, Comuna 10 of Buenaventura.

The news of this assassination hits us hard at Witness for Peace as we have been accompanying community processes in Buenaventura for years and have had a special focus on the waterfront region of Buenaventura where Emilsen worked to build peace. At various times, Emilsen warmly invited us to stay in the Punta Icaco Humanitarian Space.

The assassination of her and her partner occurs in a context of increasing threats in this waterfront region, with 5 families being recently displaced from the nearby street of Piedras Cantan after an armed neo-paramilitary confrontation on January 2. There were also 14 families displaced last December due to neo-paramilitary threats. Despite the high presence of state security forces (military and police) in the area, threats and human rights violations continue to occur at an alarming rate against the Afro-Colombian population of Buenaventura.  

Despite the advances made by the Colombian government and the historic peace accords with the FARC that are currently being implemented, threats and assassinations of human rights defenders (HRDs) in Colombia continue to increase, with a total of 85 assassinations in 2016. In fact, according to the organization Somos Defensores, 78% of total aggressions against HRDs in Colombia in the first half of 2016 were committed by paramilitaries and Colombian state security forces.

Witness for Peace has been accompanying human rights defenders and communities in various regions of Colombia since the year 2000, and we are privileged and proud to have two Afro-Colombians on our National Board. Our hearts were broken once again recently when we heard of three assassinations of family members of WFP board member Marino Córdoba. Marino’s 21-year old son, Wilmar Córdoba Forero was brutally murdered by machete by four paramilitaries in Belén de Bajirá in northwestern Colombia on October 19. Other extended family members of Marino, 30-year old Moisés Mosquera and ­­52-year old ­­­­Juan de la Cruz Mosquera were assassinated this last January 7 and January 9 in the municipality of Rio Sucio (see statement from AFRODES here). Marino Córdoba, a close partner of Witness for Peace for years, and his family have suffered violence for over two decades as they were originally displaced from their homes in Urabá during the 1996 paramilitary massacre known as Operation Genesis.

In this context of continued violence, we at Witness for Peace support our partner organizations’ demands for justice for the victims, including that the United States government and United States embassy in Colombia contact the Colombian government and demand that:

• The Colombia Attorney General’s office (la Fiscalia) quickly and efficiently investigates, identifies, and charges those responsible for these assassinations.
• Neo-paramilitary groups are completely dismantled throughout Colombia.
• Military forces throughout Colombia cut any ties with criminal or paramilitary organizations to guarantee peace and security in the country.
• Responsible authorities guarantee the security of family members of those who have been assassinated as well as other community members and residents of the area.

We also support the United Nations and diplomatic corps in Colombia as well as human rights organizations as they accompany and condemn these systematic violations.

We are in solidarity with our Colombian partners as they grieve these unjust deaths and strive for justice and peace in remembrance of the victims. 

Marcia Mejía, activista indígena que participa en el proceso de la paz y defiende a los derechos de la mujer

Un artículo escrito y traducido por Alice Driver después de una entrevista con Marcia Mejia Chirimia durante una gira de conferencias de Acción Permanente por la Paz en octubre del 2016.

Este artículo es una traducción de la versión original, publicada en inglés el 3 de enero del 2017.

Foto: PBI Colombia

El 20 de abril, Marcia Mejía Chirimia, de 28 años, activista colombiana por la paz y derechos de las mujeres recibió un mensaje de texto el cual, según Marcia sospecha, provenía de alguien que pertenece a un grupo paramilitar.

El mensaje decía:

"Se les recuerda a Marcia Mejía y otros indios ijeputas sapos taponadores de vías, milicianos informantes de guerrilla que se mueren…guardia de ratas, ya los tenemos ubicados y son objetivo militar. Ojo, no hay tiempo. Se mueren”.

Poco después de recibir la amenaza, un hombre no identificado fue visto rondando la casa de Mejía cuando su hijo estaba solo en casa. Estos son sólo algunos de los varios tipos de intimidación que Mejía y otros colombianos han experimentado a lo largo de sus difíciles carreras como activistas indígenas.

Nacida en la remota jungla del Valle del Cauca, en la costa suroccidental del Pacífico de Colombia, Mejía creció con poca educación formal y sólo hablaba Wounaan, un idioma que comparte con su comunidad indígena Sia. Su vida cambió en 2010, cuando grupos paramilitares en la zona amenazaron a los líderes de su pueblo obligándolos a huir con el objeto de apropiarse permanentemente de tierras ricas en minerales y recursos en aquella región. Mejía y 24 familias se trasladaron a la ciudad costera de Buenaventura, donde durante 11 meses vivieron en un almacén abandonado; tenía 22 años.

Mejía, de baja estatura, voz suave, ojos amplios y expresivos, comenzó a estudiar español y comenzó a reunirse con miembros de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP), una organización de derechos humanos que apoya a organizaciones comunitarias de ascendencia indígena y africana. Dado que el español no es su lengua materna, utiliza gestos con las manos para ilustrar sus pensamientos cuando busca una palabra en particular.

La lucha de Mejía empezó desde cero, primero con el idioma, y después comprometiéndose con maneras de proteger las tierras indígenas y su comunidad. A fin de cuentas, su país y su comunidad estaban en medio de una guerra.

La guerra entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno colombiano ha continuado durante más de cinco décadas y ha dejado cientos de miles de muertos. Entre 4,9 y 5,5 millones de personas han sido desplazados en Colombia, el número más alto del mundo, según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. A medida que la violencia progresaba a lo largo de los años, también lo hizo el uso de tácticas como el terrorismo, la violación y los secuestros.

Sin embargo, Mejía quería proteger a su comunidad de este conflicto.  Fue así como, sirviéndose de las lecciones que aprendió de CIJP, ayudó a su comunidad a elaborar un plan para hacer de su territorio un refugio humanitario y evitar que la violencia entre paramilitares, guerrilleros y el ejército representara una amenaza. Esta táctica también fue empleada exitosamente por la activista ambiental colombiana Nidia Becerra, quien fue una gobernadora tres veces elegida por la comunidad Inga de Yunguillo en el suroeste del país. Por su parte, Becerra negoció la extensión y protección del rico y biodiverso territorio de su propia comunidad, la cual era cinco veces más grande que la de Mejía.

Durante los últimos cinco años, Mejía ha servido como líder del grupo de mujeres y género de la Asociación de Consejos Indígenas del Valle del Cauca, organización que representa a casi 100 pueblos indígenas de la región del Cauca en el occidente de Colombia. Como parte de su trabajo, trata de abordar las preocupaciones de las mujeres y niñas en comunidades indígenas.  En palabras de Mejía: "Empecé a trabajar no sólo en defensa de los derechos humanos, sino también en defender los derechos de las mujeres, mis compañeros, de mi comunidad y defender nuestro territorio". Sus dos hijos, un niño y una niña de 9, y 7 años respectivamente, a menudo la acompañan en sus actividades. Mejía considera que es una manera de enseñarles la importancia de ser un miembro activo dentro de la comunidad: "Les digo a mis hijos que el gobierno quiere quitarles la tierra, y los traigo conmigo cuando trabajo para educarlos", comentó . "Quiero que vean que decir la verdad es lo único que nos puede sanar, que puede reunirnos".

¿Por fin la paz?

Durante el proceso de paz de cuatro años, mismo que culminó con la aprobación del Congreso en 2016, Mejía se percató de que ella y otras mujeres de su organización desempeñaban un papel importante como representantes de las comunidades indígenas que habían sufrido la violencia causada por las FARC, el ejército y los grupos paramilitares. Quería asegurarse de que las voces y las historias de los grupos marginados especialmente grupos indígenas, mujeres y niños afectados por la violencia- se escucharan y tomaran en cuenta en el proceso. Como portavoz de las Comunidades Construyendo Paz en los Territorios (CONPAZ), ella trabajó para integrar al proceso de paz las voces y preocupaciones de las víctimas, incluyendo la priorización de la verdad y la reconciliación en lo que respectaba a la duración de las sentencias para los perpetradores.  Cabe señalar que muchas de esas recomendaciones se pueden ver reflejadas en el acuerdo final. El proceso de paz, sin embargo, se ha estancado o ha fracasado muchas veces, incluso cuando el ex presidente colombiano Andrés Pastrana trabajó para negociar un proceso de paz entre 1999 y 2004."La gente ha vivido con esta guerra durante años, y es a nivel familiar y comunitario que la gente forja una paz duradera y sostenible", dijo Kimberly Theidon, profesora de Estudios humanitarios internacionales en Tufts y quien trabajó con comunidades de paz en Urabá, al norte de Colombia   y bordeando el Caribe. "Esto no puede ser impuesto desde arriba" añadió.

Parte del problema ha sido que hay demasiados que se benefician de que se permita que la guerra continúe. "Hay gente en el proceso de paz que no está interesada en la paz", dijo Theidon, al describir cómo la guerra permitió que los grupos militarizados tomaran tierras, especialmente en territorios cuyos minerales y otros recursos naturales podrían generar grandes ganancias.

Luego, en septiembre de 2016 y después de cuatro años de negociaciones, el presidente colombiano Juan Manuel Santos y Timoleón Jiménez líder de las FARC, firmaron un acuerdo de paz que pondría fin al conflicto armado. Pero el acuerdo necesitaba ser ratificado por los colombianos, y en octubre, los votantes dijeron que no. La votación por la paz fracasó, dijo Mejía, porque, en su opinión, los de la ciudad -que votaron abrumadoramente "no "- habían experimentado menos violencia directa y desplazamientos que las poblaciones más pobres y rurales.

"El proceso de paz colombiano intentó involucrar a las mujeres en las negociaciones de paz e incluir temas de género en la agenda", dijo Roxanne Krystalli, directora del programa de pruebas humanitarias del Centro Internacional Feinstein de la Universidad Tufts e investigadora sobre aspectos de género y justicia en Colombia. Krystalli hizo hincapié en el tema de la certeza y la continuidad de los avances alcanzados:  "no está claro si los logros en términos de la inclusión de las mujeres en las negociaciones y el género en la agenda se preservarán a medida que avance el proceso de paz. Debemos construir la paz, y las mujeres tienen que tener voz en el proceso".

El presidente Juan Manuel Santos, impulsado por su deseo de obtener el Premio Nobel de la Paz, trabajó en un acuerdo de paz que el Congreso aprobó el 30 de noviembre -un voto que El New York Times calificó como “probablemente el último obstáculo para ratificar el problemático acuerdo”. Por otro lado, Álvaro Uribe, presidente de Colombia entre 2002 y 2010, prometió buscar un nuevo referéndum contra el acuerdo aprobado por el Congreso.

Además, a finales de diciembre, el Congreso aprobó una Ley de amnistía para miles de miembros de las FARC desmovilizados y algunos miembros del ejército, la cual perdonará delitos menores exceptuando   asesinatos y actos de violencia sexual.

Hasta el momento, el proceso de paz sigue en marcha.

"No podemos permanecer en silencio"

Actualmente el trabajo de Mejía es más importante que nunca. Después de todo, ella está entrenando a niñas y mujeres indígenas y afrodescendientes para que participen en roles de liderazgo en el país. Sin embargo, el período de transición hacia la paz trae oportunidades y riesgos para las mujeres: la investigación de Theidon, por ejemplo, ha demostrado que las mujeres ex guerrilleras no quieren verse obligadas a desempeñar roles domésticos tradicionales. Queda por ver si los ex-guerrilleros pueden negociar un papel de liderazgo en el futuro del país.

Jóvenes activistas indígenas como Mejía esperan que la diversidad de voces garantice que la transición hacia la paz también genere mayor igualdad para las mujeres. "Tengo que ser un ejemplo para las mujeres y mostrar que seguiremos hablando", afirmó Mejía. "Las amenazas son enviadas para hacernos callar".

Pero, a pesar de estas amenazas, Mejía planea continuar su trabajo como líder comunitaria y apoyar el proceso de paz en los próximos años. "Pueden matarme, pero al menos será por la verdad", dijo, y calló por un segundo antes de añadir: "Siempre les digo a las mujeres que tenemos que seguir hablando, que no podemos permanecer en silencio".

Witness for Peace joins Honduran Social Movement Organizations in Condemning Raid on Cafe Paradiso

Photo Courtsey of MADJ

On the night of December 22, 2016, the Honduran Military Police for Public Order and the National Directorate for the Fight Against Drug Trafficking raided Cafe Paradiso, a restaurant, bar, bookstore, and performance venue in Tegucigalpa.

Cafe Paradiso is a well-known gathering place for Honduran artists, actors, musicians, organizers, and students. Since the 2014 dissolution of the Ministry of Arts and Culture, it has unofficially taken on the role of preserver of Honduran art, theater, literature, and other cultural output. It was among the organizing spaces used by the resistance movement after the 2009 coup d’etat.

On the night of the 22nd, a youth poetry reading hosted by the cafe was wrapping up when, according to one eyewitness who Witness for Peace declines to identify for security reasons, military police stormed the premises.

“They entered just after the event ended without a judicial warrant,” the eyewitness told us, “all of them with ski masks and well-armed. They separated the men from the women.”

Members of the military police have been accused in recent months of a litany of human rights abuses, including the killings of unarmed civilians and the use of violence in suppressing political opposition. One elite unit of the military police is alleged to have a hitlist which included the name of Berta Cáceres, and a military police instructor is among those who have been arrested in conjunction with her assassination.

The military police’s justification for the raid was a search for narcotics, an increasingly common tactic used by Honduran security forces to discredit their political opponents.

According to our eyewitness, “They recorded us, and alleged that we had drugs but what we had was alcohol. They didn’t find guns, only books.”

No arrests were made, and no contraband was found. Our eyewitness, however, remains wary:

“After some deliberation, they left. But they took photos of some of us, and they stationed themselves afterwards... to see the order in which we left,” the eyewitness told us.

“We have to tread carefully.”

Photo Courtsey of MADJ

The Broad Movement for Dignity and Justice  (MADJ, for its initials in Spanish,) a Witness for Peace partner organization, condemned the raid:

“(MADJ) condemns this act of barbarism...by the military bodies who repeatedly show their inability to combat the delinquency and insecurity that increases every day in this country, but who attack art and culture.”

Witness for Peace joins MADJ and others in condemning the use of warrantless searches, as in the raid on Cafe Paradiso. The United States provides millions of dollars in aid every year to Honduran police and security forces. The military police have received funding from the State Department, and training from the FBI, Marines, and US Border Patrol. HR 5474, the Berta Cáceres Human Rights in Honduras Act, which Witness for Peace has supported and hopes will be reintroduced in the next Congress, would cut all military support to the Honduran government pending an improvement in Honduras’s human rights record. Witness for Peace strongly encourages its supporters to ask their members of congress to co-sponsor HR 5474. Incidents like the raid of Cafe Paradiso remind us of the urgency.