Una mirada a la guerra contra las drogas a través de The New Jim Crow

Por Jane Hornsby

En un parque infantil en Minneapolis con mis primos pequeños, nos perseguimos, riéndonos. Ellos me cogen, fingen esposarme, y me empujan detrás de un banco, diciéndome que soy un tipo malo y ahora estoy en la cárcel. Acabo de leer varios capítulos de The New Jim Crow, y por eso me detengo en mi risa para pensar si debería decir algo. ¿Debería detener el juego para sentar a estos niños de tres y cuatro años de edad en un banco y explicarles la jerarquía racial, impulsado por el capitalismo, que encuentra un terreno fértil para la opresión en el sistema nacional de justicia penal? ¿Cómo puedo empezar a desafiar a sus convicciones fuertes, que la cárcel es un lugar para aquellos que son moralmente corruptos de alguna manera? ¿Cómo puedo expresar, en un lenguaje que ellos entiendan, la tragedia impresionante de todo esto? ¿O debería quedarme detrás del banco y simplemente aceptar que nosotros socializamos a nuestros hijos para que piensen en el policía como el héroe, y el hombre negro con capucha como el villano? Vuelvo a casa pensando en cuánto tiempo pasará hasta que mis primos se den cuenta de que es maravilloso que tengan control sobre sus propios vidas y destinos, que tengan opciones y recursos, y que esto es una bendición que supera la palabra “privilegio.”

Basta decir, mientras leo The New Jim Crow - que, si no has oído de él, es una preciosa bestseller de Michelle Alexander que describe el complejo prisión-industrial - he pensado mucho en la guerra contra las drogas recientemente. Pero no creo que totalmente entendí la conexión entre el sistema de castas estadounidense y las dinámicas internacionales del poder hasta que empecé a sumergirme en la política del Plan Colombia, la Iniciativa Mérida, y la realidad desalentadora del imperialismo estadounidense a través de una retórica de la seguridad y la buena voluntad hacia las comunidades latinoamericaas plagadas por la violencia de la guerra contra las drogas.

En The New Jim Crow, Michelle Alexander discute el sistema de prisiones estadounidense y la guerra interna contra las drogas a través de la lente del discurso de la raza y la clase en los EE.UU. Ella explica cómo, al enfocarse desproporcionadamente a la comunidad negra, este aparato funciona, bastante como Jim Crow, como una estructura opresiva que se diseñó para debilitar y privar de derechos a ciertos grupos demográficos. Con el movimiento de derechos civiles y el fin de la era formal de Jim Crow, las élites blancas estaban aterrorizadas por la amenaza de que una población negra liberada pudiera cambiar el orden económico y social en los EE.UU. Por lo tanto, ella dice, el sistema penitenciario ganó fuerza en su manera encubierta de justificar la discriminación en nombre de la seguridad. Alexander se refiere a esto como un "sistema bien disimulado de control social racista" y ofrece una definición alternativa de las estructuras de justicia penal, diciendo que históricamente han funcionado - y siguen funcionando - más como formas de control de la economía y mantenimiento de un cierto orden social o sistema de clases que como agentes de seguridad. Todo esto - las discusiones de seguridad, los sistemas de clases y la discriminación - parece sorprendentemente a la guerra contra las drogas en América Latina.

Es esencial darse cuenta de que este sistema de política que discute Alexander se manifiesta no sólo en todos los rincones de la vida en los EE.UU., sino en todo el hemisferio. Su marco teórico también nos ayuda a entender el papel de EE.UU. en una guerra contra las drogas que paraliza a América Latina. Al igual que el gobierno estadounidense invierte dinero en un sistema interno que militariza a la policía y encarcela proporciones enormes de las comunidades minoritarias, también ha exportado este modelo exacto en un esfuerzo a realizar la guerra contra las drogas en México y Colombia. Este sistema de control social resulta útil no sólo para reforzar las jerarquías internas basadas en la raza y la clase, sino también para apuntalar un orden global definido por la hegemonía estadounidense. Como un sistema de control social, la guerra contra las drogas funciona en América Latina, como lo hace en los EE.UU., para sistemáticamente quitarles poder, deshumanizar y silenciar a las poblaciones que amenazan el orden capitalista dominante al luchar por sus propios derechos y humanidad como una clase inferior, o simplemente al vivir sus vidas. La guerra que luchamos con nuestros miles de millones de dólares contra las fuerzas policiales de América Latina es una forma de exportar un sistema de control social que favorece los blancos, los ricos, los capitalistas.

Y esto, en su esencia, es una estrategia económica; es una guerra que está diseñada para ser interminable, no sólo en la forma en que crea un mercado autosostenible para las armas y otras industrias estadounidenses, sino también en la forma en que se divide sistemáticamente las clases sociales para asegurar un modelo proletariado-burguesía que sigue beneficiando a la élite. Al igual que la explotación de los trabajadores de América Latina por las corporaciones internacionales, esta estrategia por Washington lleva a cabo su objetivo fundamental, que es, como dice Alexander con respeto a los EE.UU., "restablecer un sistema de control que garantice una mano de obra sumisa y mal pagada," y "proteger los intereses económicos, políticos y sociales [de las personas adineradas]." En lo económico, las estructuras presentes en ambos el sistema penitenciario y la guerra contra las drogas tienen implicaciones profundas de clase - pero la participación de Estados Unidos en la guerra contra las drogas también se ha manifestado en maneras profundamente racistas. La investigación ha demostrado que así como la guerra contra las drogas en EE.UU. es principalmente una batalla contra las comunidades negras, los afectados por la guerra contra las drogas en el extranjero son desproporcionadamente las comunidades indígenas y afro-latinas.

Este modelo no existe porque es la única solución, o incluso porque es una solución en absoluto. La investigación ha demostrado que esta ayuda es en gran parte un fracaso al luchar verdaderamente contra la violencia de la guerra contra las drogas. Esto se debe parcialmente al origen de una gran parte de la guerra contra las drogas en la demanda interna, que no es una prioridad aquí en los EE.UU., y que se deja en suspenso en comparación con esta militarización inútil de las fuerzas policiales latinoamericanas. La militarización y el encarcelamiento masivo aumentan la probabilidad de los delitos violentos en vez de disminuirla, y, aunque hemos visto que el acceso al tratamiento para las drogas es la manera más efectiva de reducir la demanda, ignoramos este enfoque completamente. ¿Por qué? Porque simplemente no estamos interesados ​​en resolver verdaderamente el problema de las drogas. Sabemos cómo luchar en esta guerra, pero está en el interés de las élites y las empresas estadounidenses desfavorecer continuamente la clase baja. Por lo tanto, el sistema de castas de Alexander llega a ser no sólo uno de carácter nacional, sino internacional.

El momento de darse cuenta de la magnitud de estas conexiones es aterrador. Pero también es motivador. Todo esto significa que la lucha contra la militarización, la encarcelación en masa y el imperialismo en un solo lugar marcará una diferencia en otro. Tal vez tome un tiempo hasta que mis primos pequeños se den cuenta de la intensidad de la clase y la opresión racial en su nación y el mundo, pero sé que, van a tener la energía y la empatía, y el corazón para agitar las cosas y hacer un cambio.

Looking at the War on Drugs through The New Jim Crow

By Jane Hornsby

On a playground in Minneapolis with my young cousins, we chase each other around laughing. The two of them catch me, pretend to put me in handcuffs, and shove me behind a bench, telling me I’m a bad guy and I’m now in prison. Having just read several chapters of The New Jim Crow, I pause in my laughter to think whether or not to say anything. Do I halt the game to sit a 3 and a 4-year-old down on a bench and explain to them the capitalist-driven race-based hierarchy that finds fertile ground for oppression in the national criminal justice system? How do I begin to challenge their strong convictions that prison is a place for those who are somehow morally corrupt? How do I communicate, in language that they understand, the stunning tragedy of it all? Or do I stay behind the bench and just accept that we socialize our children to think of police as good guy, hooded black man as bad? I walk home thinking about how long it will be until my cousins realize how beautiful it is that they have control over their own life and fate, that they have options and resources, and that that is a blessing that far exceeds the word privilege.

Safe to say, reading The New Jim Crow—which, if you haven’t heard of it, is Michelle Alexander’s gorgeous, best-selling take-down of the prison industrial complex—I’ve been thinking about the War on Drugs a lot lately. But I don’t think I fully understood how connected the US caste system is to international dynamics of power until I began immersing myself in the politics of Plan Colombia, the Merida Initiative, and the daunting reality of US imperialism through a rhetoric of safety, security, and goodwill towards Latin American communities plagued by the violence of the Drug War.

In “The New Jim Crow,” Michelle Alexander discusses the US prison system and the domestic war on drugs through the lens of race and class discourse in the US. She explains how, by disproportionately targeting the black community, this apparatus functions, quite like Jim Crow, as an oppressive structure which at its core is designed to disenfranchise and disempower certain demographics. With the Civil Rights Movement and the end of the formal Jim Crow era, the white elite were terrified by the threat of a liberated black population shaking up the economic and social order in the US. Thus, she says, the prison system gained strength in its covert way of justifying discrimination in the name of safety. Alexander refers to this as a “well-disguised system of racialized social control” and offers an alternative definition of criminal justice structures, saying that historically speaking they have functioned—and continue to function—more as ways of controlling the economy and maintaining a certain social order or class system than as agents of safety. All of this—the discussions of safety, the class systems and discrimination, bares a striking resemblance to the Drug War in Latin America.

It’s essential to realize that this policy system she discusses causes ripples not just in every corner of life in the US, but throughout the hemisphere. Alexander’s framework also helps us to understand the role of the United States in a drug war that is crippling Latin America. Just as the U.S. government pumps money into a domestic system that militarizes police and incarcerates huge proportions of minority communities, they have also exported this exact model in an effort to tackle the Drug War in Mexico and Colombia. This system of social control proves useful not only for reinforcing domestic hierarchies based in race and class, but also in buttressing a global order defined by US hegemony. As a system of social control, the war on drugs functions in Latin America, as it does in the US, to systematically disempower, dehumanize, and silence populations that threaten the mainstream capitalist order by fighting for their own rights and humanity as a lower class, or merely by living their lives. The war we’re fighting with our billions of dollars to Latin American police forces is a way of exporting a system of social control that favors the white, the rich, the capitalist.

And this is at its core an economic strategy; it is a war that’s designed to be endless, not only in how it creates a self-sustaining market for US weapons and other industries, but in how it systematically divides social classes to secure a proletariat-bourgeoise model that continues to benefit the elite. Just as we see with the exploitation of Latin American workers by international corporations, this strategy by Washington completes its fundamental goal to, as Alexander says of the US, “reestablish a system of control that would ensure a low-paid, submissive labor force,” and “protect [the wealthy’s] economic, political, and social interests.” Economically, the structures present in both the prison system and the War on Drugs have profound class implications—but US involvement in the Drug War has manifested itself in profoundly racialized ways as well. Research has shown that just as the War on Drugs in America is primarily a battle against black communities, those affected by the Drug War abroad are disproportionately Afro-Latin American and indigenous communities.

This model does not exist because it is the only solution, or even because it’s a solution at all. Research has shown this aid to be largely a failure in truly fighting the violence of the Drug War. This is partly because so much of the drug war comes from issues of domestic demand that are not being made a priority here in the US, being placed on a back burner relative to this futile militarization of Latin American police forces. Militarization and mass imprisonment increase the likelihood for violent crime rather than decrease it, and, while we’ve seen that access to drug treatment is the most effective way to reduce demand, we’re ignoring that approach entirely. Why? Because we’re simply not interested in truly solving the drug problem. We know how to fight this war but it’s in the interests of US elites and businesses to continually disadvantage the lower class. Thus, Alexander’s caste system becomes not merely a national one, but an international one.

Realizing how inter-connected it all is is a scary moment. But it’s a motivating one. It means that fighting against militarization, mass incarceration, and imperialism in one place will make a difference in another. Maybe it will be a while until my baby cousins realize the intensity of class and racial oppressions throughout their nation and  the globe, but I know that, when they do, they will have the energy and the empathy, the heart to shake things up and make a change.

Ayuda Militar Estadounidense Destruye las Vidas de las Mujeres en Latinoamérica

Por Sara Velimirovic

En Latinoamérica, entre 2006 y 2011, la población de mujeres encarceladas aumentó de 40.000 a más de 74.000, según un nuevo informe. Esta cifra asombrosa es un resultado directode la políticas exteriores de EEUU, las cuales se han convertido en herramientas de injusticia en Latinoamérica.

El 17 de julio, el Washington Office on Latin America organizó una sesión informativa en el congreso sobre el impacto del encarcelamiento masivo en las mujeres de las Américas para discutir oportunidades de reformar sentencia. Una de los oradores, Luciana Boiteux, profesora de ley criminal y criminología en la Facultad de Ley en La Universidad Federal de Rio de Janeiro, discutió las cifras asombrosas del encarcelamiento de mujeres en Brasil.

Según Boiteux, Brasil tiene la cuarta población encarcelada más grande del mundo, la cual ha aumentado siete veces desde el final de los años 1970, cerca de la época cuando EEUU empezó a exportar su ideología de ser estricto con los crímenes de las drogas a Latinoamérica. la Profesora Boiteux indicó que el narcotráfico es el segundo delito más común que resulta en encarcelamiento en Brasil.

Aunque no es una noticia que el problema brasileño del encarcelamiento masivo es un resultado directo de la Guerra Contra las Drogas dirigida por EEUU, seguimos descubriendo sus efectos devastadores en poblaciones de Latinoamérica. Un nuevo informe por el Open Society Foundation examina el impacto de las políticas de las drogas en las mujeres particularmente, detallando temas que afectan específicamente esta porción de la población.

“Se encarcela una proporción grande de mujeres por cometer un crimen relacionadoal narcotráfico, particularmente por trasladar las drogas (mulas) a petición de sus parejas,” según el informe.

Además, Andrea James, la fundadora de Families for Justice as Healing discutió durante la mesa redonda el fenómeno nombrado “el problema de la novia” - una situación en donde una mujer relacionada con un narcotraficante, termina cumpliendo sentencias más largas que la de él. En este caso, se condena a la mujer por haber manejado el carro de su pareja o por estar presente durante el planeamiento de tratos grandes, y el hombre es capaz de reducir su sentencia por negociar con la policía por tener información valiosa sobre el trato. Como dijo Rashida Manjoo, la Reportera Especial de NNUU de Violencia Contra la Mujer, en 2013, “Mujeres que cometen narcocrímenes de bajo nivel se encuentran cumpliendo sentencias mientras ofensores más graves escapan frecuentemente por entrar en acuerdos en los cuales admiten ser culpables para reducir sus sentencias.”

Combinado con el hecho de que muchas mujeres encarceladas son las encargadas principales de niños, desempleadas, y de bajo nivel socio-económico, la sentenciapenal llega a ser “no por razones criminales, sino por exclusión social,” indicó Boiteux. La Guerra Contra las Drogas, concluye ella, “es una guerra contra las mujeres negras y pobres,” mostrando como la ley se ha convertido en una herramienta de injusticia.

¿Cómo está involucrada EEUU en esta injusticia?

Aunque es bien conocido que EEUU ayudó países latinoamericanos con la instalación las políticas de la Guerra Contra las Drogas en los años 1970 y 1980, mucha gente son ignorantes del hecho de que EEUU continua este “apoyo” hoy en día. Por ejemplo, ayuda estadounidense antidrogas a Brasil “se acumuló en $2 millones en el año fiscal 2011, $3.5 millones en el año fiscal 2012, y $1.9 millones en el año fiscal 2013.” Esto incluyó capacitaciones de la policía brasileña como parte de actividades extranjeras de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

Aunque el presupuesto principal de la DEA viene del Departamento de Justicia, sus programas de intervención extranjera se financia por otra filial – el Departamento Estatal Estadounidense. El vínculo entre estas dos oficinas es la Agencia de Estupefacientes Internacionales y Orden Público. Esta oficina ayuda en la capacitación y educación de agencias del orden en países como Brasil, cuyas políticas dañinas de justicia penal están arruinando las vidas de muchas de sus mujeres.

Aunque los datos muestran que las políticas exteriores de EEUU se han convertido en herramientas de injusticia, hay esperanza en el horizonte. La reforma de la justicia penal está en el ojo público mucho en estos días y el tema se vincula cada vez más con los resultados dañinos de la Guerra Contra las Drogas. La conmutación de pena del Presidente Obama de sentencias para 46 narcoofensores en EEUU muestra la importancia que tiene este momento para cambiar las leyes injustas no solo en EEUU, sino en Latinoamérica también.

Finalmente, ante los afectos devastadores que la políticas de drogas han tenido en las mujeres en Latinoamérica, es el momento correcto para exigir un cambio y parar el uso de la ayuda militar estadounidense para causa injustas.

US Military Aid Destroys Lives of Women in Latin America

By Sara Velimirovic

In Latin America, between 2006 and 2011, the female prison population increased from 40,000 to more than 74,000, according to a new report. This staggering statistic is a direct result of US foreign policy, which has become an instrument of injustice in Latin America.

On July 17th, the Washington Office on Latin America organized a congressional briefing about the impact of mass incarceration on women in the Americas to discuss opportunities for sentencing reform. One of the speakers, Luciana Boiteux, a Professor of Criminal Law and Criminology at the Faculty of Law at the Federal University of Rio de Janeiro, discussed the staggering statistics about incarceration of women in Brazil.

According to Boiteux, Brazil has the fourth largest prison population in the world, which increased seven times since late 1970s - right around the time when the US started exporting the tough-on-crime approach to drugs to Latin America. Professor Boiteux indicated that drug trafficking is the second most common felony for which prisoners are locked up in Brazil.

While it is not news that Brazil’s mass incarceration problem is a direct result of the US-championed War on Drugs, we keep revealing it’s new devastating effects on populations in Latin America. A new report by the Open Society Foundation looks closely at the impact of drug policy on women in particular, by outlining issues specific to this portion of the population.

“A large proportion of [women are] imprisoned for committing offenses related to drug trafficking, in particular for transporting drugs (mules) at the request of their partners,” according to the report.

Further, Andrea James, founder of Families for Justice as Healing pointed out during the panel to a phenomenon termed “the girlfriend problem” - a case when a woman simply affiliated with a drug dealer ends up serving more time than him. In this case, while the women is indicted because she drove a car of her partner or was present during the planning of large-scale deals, the man is able to reduce his sentence in negotiating with the police because of having valuable information about the drug deal. As UN Special Rapporteur on Violence Against Women, Rashida Manjoo, noted in 2013: “Women who commit relatively low-level drug crimes find themselves serving prison time while more serious offenders often escape imprisonment by entering into plea-bargaining deals.”

Combined with the fact that many incarcerated women are principal caregivers of children, unemployed, and of low socioeconomic status, the prison punishment ends up being “not a matter of criminal reasons, but of social exclusion,” indicated Boiteux. The War on Drugs, she concludes, “is a war on black and poor women,” illustrating how the law has come to be an instrument of injustice.

How is US involved in this injustice?

While it is well-known that US helped Latin American countries institute War on Drugs policies in the 1970s and 1980s, many people remain unaware that the US continues this ‘help’ today. For instance, U.S. counternarcotics aid to Brazil “amounted to $2 million in FY2011, $3.5 million in FY2012, and $1.9 million in FY2013.” This included trainings of Brazilian police as part of the foreign activities of the Drug Enforcement Administration (DEA).

While the main budget of the DEA comes from the Department of Justice, their foreign intervention programs are funded by another branch - the US State Department. The liaison between these two offices is the Bureau of International Narcotics and Law Enforcement (INL). This office helps train and educate enforcement agencies in countries such as Brazil, whose detrimental criminal justice policy is ruining the lives of many of its women.

While the data shows that US foreign policy has become an instrument of injustice, there is hope on the horizon. Criminal justice reform has recently occupied the US public eye and the issue is increasingly linked with the detrimental results of the War on Drugs. President Obama’s recent commutation of sentences for 46 drug offenders in US shows how important this moment is to change unjust laws not only in the US, but in Latin America, too.

Finally, in the face of devastating effects that drug war policies have had on women in Latin America, it is the right time to cry out for change and stop the use of US military aid for unjust causes.

La Economía Neoliberal y la Guerra Contra las Drogas

Por Gus Leinbach

Por mucho tiempo, las políticas gubernamentales en los Estados Unidos han sido esfuerzas militarizadas para terminar el tráfico de drogas, financiando una “Guerra Contra las Drogas” que ha visto abusos innumerables del poder policial en nuestras comunidades, decenas de miles de encarcelamientos para ofensivos pequeños, y mil millones de dólares de apoyo militar a aliados en latinoamérica. Pero lo que se ignora es como que la influencia de los EEUU en la región ha contribuido al crecimiento de la narcoindustria y la influencia de los mismos carteles contra quienes estamos intentando luchar. Politicas neoliberales y tratados de libre comercio han sido problemáticos, destruyendo la subsistencia de millones y alentando a muchos que regresen al tráfico de drogas por desesperación económica.

Liberalización en México empezó al principio de los años 1980, cuando la deuda del país alcanzó un nivel crisis, amenazando incumplimiento y la pérdida de decenas de mil millones de dólares a bancos extranjeros. El FMI y el Banco Mundial proveyeron créditos de emergencia que permitieron a México que repagó sus acreedores, supeditada al acepto de ciertos términos de “ajustes estructurales.” Estas políticas de ajustes incluyeron reducciones en programas de beneficios sociales, privatizaciones de servicios gubernamentales, y la apertura del país para más inversión extranjera. Esta re-orientación radical de la economía dejó 800,000 mexicanos sin empleo durante los años 1980 mientras la seguridad social fue quitado abajo de ellos mismos. A la misma vez, privatizaciones proveyeron beneficios enormes a los élites del país y presupuestos reducidos aseguraron que acreedores extranjeros recibieron sus pagos esperados.i

Los impactos de los ajustes estructurales solo fueron intensificados por el establecimiento del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) en 1994, el cual requirió la extracción de sostenimientos de los precios de agricultura, subsidios, y regulaciones de importaciones y incluyó provisiones permitiendo la venta de tierra comunitaria.ii Condiciones parecidas no fueron mandadas a los Estados Unidos, el cual tuvo capaz de continuar subsidiando su industria agricultural. Alimentos más baratos de los EEUU inundaron el mercado mexicano, forzando el desempleo de 2.3 millones de campesinos mexicanos, una cifra no alcanzada por los 500,000 a 600,000 trabajos aumentados en la industria manifactura.iii Sin subsidios agriculturales, los que permanecían en sus fincas encontraron que las cosechas de marihuana y amapola eran unas de las únicas fuentes de ingreso. Mientras tanto, los millones de migrantes empobrecidos llegando a los cascos urbanos de México encontraron empleo disponible con narcocarteles, y en 2008, el narcotráfico fue el quinto empleador más grande del país.iv Además, el aumento de tráfico por la frontera facilitado por NAFTA abrumó oficiales de la aduana, haciéndolo aún más fácil y barato traficar drogas por la frontera entre los EEUU y México.v Cortando programas social para los pobres, proveyendo pocos alternativos económicos al narcotráfico, y creando nuevos caminos para el cruce de drogas por la frontera, políticas de ajustes neoliberales y libre comercio han sido fuerzas poderosas en el aumento de la reserva internacional de las drogas.

Analizando esta historia se hace más claro la necesidad de abordar la condiciones estructurales atrás del narcotráfico. Es sentido común que la pobreza extendida y la pérdida de oportunidades fijas del empleo aumentan el crecimiento del uso de las drogas y del tráfico de las drogas, tanto como en los EEUU y afuera. Pero aunque hemos continuado financiar estrategias de la policía y del ejército que son a lo mejor inefectivas y a lo peor agravar violencia por los dos lados de la frontera, los EEUU no ha hecho nada para cambiar su propia relación con México que explota su economía. Si lo tomamos en serio abordar el flujo internacional de las drogas, tenemos que buscar justicia económica para las comunidades forzados a entrar al narcotráfico por desesperación. Particularmente ahora que el Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica, que ampliaría libre comercio por el Pacífico, entra en sus últimas negociaciones, es crucial prestar atención a como las políticas fomentadas por el gobierno y líderes empresariales contribuyen a la situación que estamos intentando violentamente a solucionar.


i Carmen Boullosa y Mike Wallace, “How the Cartels Were Born,” https://www.jacobinmag.com/2015/03/mexico-drug-cartel-neoliberalism/

ii Boullosa y Wallace.

iii Julien Mercille, “Violent Narco-Cartels or US Hegemony? The political economy of the ‘war on drugs’ in Mexico,” Third World Quarterly, Vol. 32, No. 9 (2011), p. 1642.

iv Christy Thornton y Adam Goodman, “How the Mexican Drug Trade Thrives on Free Trade,” http://www.thenation.com/article/how-mexican-drug-trade-thrives-free-trade/

v Jeff Fauz, “NAFTA and the Narcos: What You Won't Hear at Obama's Meeting in Mexico,” http://www.huffingtonpost.com/jeff-faux/nafta-and-the-narcos-what_b_4760372.html

Neoliberal Economics and the War on Drugs

By Gus Leinbach

Government policy in the United States has long militarized efforts to end the drug trade, funding a “War on Drugs” that has seen countless abuses of police power in our communities, tens of thousands of imprisonments for petty offenses, and billions in military aid to allies in Latin America. Ignored, however, is how U.S. influence in the region has contributed to the growth of the drug industry and the influence of the very cartels we are attempting to fight. Neoliberal austerity policies and trade agreements have been especially problematic, destroying the livelihoods of millions and encouraging many to turn to the drug trade out of economic desperation.

Liberalization in Mexico began in the early 1980s, when the country’s sovereign debt reached a crisis level, threatening default and the loss of tens of billions of dollars for foreign banks. The IMF and World Bank stepped in to provide emergency loans to allow Mexico to repay its creditors, contingent on the acceptance of certain terms of “structural adjustment.” These adjustment policies included cuts in social welfare programs, privatizations of government services, and the opening of the country for additional foreign investment. This radical economic reorientation left 800,000 Mexicans unemployed over the course of the 1980s as the social safety was cut out from under them. Simultaneously, privatizations provided windfall profits to the country’s elites and slashed budgets ensured that foreign creditors received their expected payments.i

Structural adjustment’s impacts were only heightened by the establishment of the North American Free Trade Agreement (NAFTA) in 1994, which required the removal of agricultural price supports, subsidies, and import regulations and included provisions allowing for the sale of communally-held land.ii Similar conditions were not placed on the United States, which was able to continue subsidizing its agricultural industry. Cheaper U.S. foodstuffs flooded the Mexican market, driving 2.3 million Mexican farmers out of work, a number unmatched by the 500,000 to 600,000 jobs gained in the manufacturing sector.iii Without agricultural subsidies, those that remained on their farms found growing cannabis and poppies to be one of the few available sources of income. Meanwhile, the millions of impoverished migrants streaming into Mexico’s urban areas found work readily available in drug cartels, and by 2008 the drug trade was the country’s fifth-largest employer.iv Furthermore, the increased cross-border trade facilitated by NAFTA overwhelmed customs officials, making it even easier and cheaper to ship drugs across the U.S.-Mexico border.v Whether by slashing social programs for the poor, providing few economic alternatives to the drug trade, or by creating new avenues for drugs to cross the border, policies of neoliberal adjustment and free trade have been powerful forces in encouraging the international supply of drugs.

Analyzing this history makes clear the need to address the structural conditions behind the drug trade. It is common sense that widespread poverty and the loss of stable employment opportunities foster the growth of drug use and the drug trade, both in the U.S. and abroad. Yet while we have continued to fund police and military strategies that are at best ineffective and at worse exacerbate violence on both sides of the border, the United States has done nothing to change its own exploitative economic relationship with Mexico. If we are serious about addressing the international flow of drugs, then we must seek economic justice for the communities forced out of desperation into the trade. Particularly as the Trans-Pacific Partnership, which would broaden free trade around the Pacific Rim, enters final negotiations, it is critical to pay attention to how the policies pushed by government and corporate leaders contribute to the situation we are violently attempting to remedy.



i Carmen Boullosa and Mike Wallace, “How the Cartels Were Born,” https://www.jacobinmag.com/2015/03/mexico-drug-cartel-neoliberalism/

ii Boullosa and Wallace.

iii Julien Mercille, “Violent Narco-Cartels or US Hegemony? The political economy of the ‘war on drugs’ in Mexico,” Third World Quarterly, Vol. 32, No. 9 (2011), p. 1642.

iv Christy Thornton and Adam Goodman, “How the Mexican Drug Trade Thrives on Free Trade,” http://www.thenation.com/article/how-mexican-drug-trade-thrives-free-trade/

v Jeff Fauz, “NAFTA and the Narcos: What You Won't Hear at Obama's Meeting in Mexico,” http://www.huffingtonpost.com/jeff-faux/nafta-and-the-narcos-what_b_4760372.html

"Nuestro deseo es que el pueblo norteamericano nos vea como a sus iguales:" Preguntas y respuestas con el Comité Cerezo (México)

Delegad@s de APP escuchan al Comité Cerezo.

1)  21 años después de la entrada en vigor del TLCAN, el neoliberalismo sigue haciendo incursiones en México. Durante el último año y medio, se aprobaron varias reformas estructurales, que favorecen en gran medida a los intereses corporativos y a la privatización de los bienes públicos. Durante ese mismo periodo, la tortura, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y el hostigamiento hacia los defensores de derechos humanaos han aumentado de tal manera que pudiera existir la pregunta: ¿Hay alguna conexión entre las reformas y la represión?

-Si consideramos que los Estados del país donde más concesiones de tierra a empresas extranjeras se han dado son donde más casos de violaciones de derechos humanos contra los defensores se han dado, podemos concluir que hay una relación directa entre la profundización del neoliberalismo y la violencia de carácter político.

Los Estados donde existe el mayor número de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas en México son: Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

2)  Hay una larga historia de la criminalización de la protesta social en México: desde la Guerra Sucia, Tlatelolco, El Halconazo, etc. ¿Cómo  se podría comparar el actual clima de represión con ese periodo?

-En México en 1968 y hasta el año 2000 un solo partido político el Partido Revolucionario Institucional (PRI) gobernaba, todos los presidentes eran de ese partido y podemos decir que ellos fueron los responsables de todas las graves violaciones de derechos humanos de ese periodo, habría que agregar a esos hechos mencionados en la pregunta, La masacre de Aguas Blancas, Guerrero en 1995, la masacre de Acteal, Chiapas en 1997, la masacre de El charco en Guerrero en 1997 etc. Tal vez la diferencia no es en que los actos de represión sean diferentes, hoy podemos afirmar que son más graves si tomamos como referencia la desaparición forzada de 43 estudiantes el 26 de septiembre de 2014. Lo distinto es que actos como estos se dan dentro de una supuesta “democracia” donde están implicados funcionarios de por lo menos 3 partidos políticos: el PRI, el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática.

3)  El Congreso estadounidense aprobó La Iniciativa Mérida en 2007, a través de la cual se ha destinado más de 2,4 millones de dólares. La mayor parte de sus fondos se ha utilizado para la compra de equipo militar y el entrenamiento de las fuerzas de seguridad mexicanas. ¿Qué impacto ha tenido a lo largo de estos 8 años en México?

-Es importante mencionar en esta pregunta el resumen del Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez. El relator visitó México entre el  21 de abril y el 2 de mayo de 2014 7 concluyó lo siguiente:

“La tortura es generalizada en México. Ocurre especialmente desde la detención y hasta la puesta a disposición de la justicia, y con fines de castigo e investigación. El Relator Especial identificó varias causas de la debilidad de las salvaguardias de prevención y  recomienda medidas para atenderlas.”[1]

Es difícil imaginar que el apoyo militar de los EU produzca la realidad que menciona el relator contra la tortura de la ONU, pero esa es la realidad a la que nos enfrentamos.

Si a esto sumamos la desaparición forzada de los 43 normalistas y de la negativa del gobierno mexicano a que elementos del ejército se entrevisten con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para determinar con mayor precisión lo sucedido en Iguala, Guerrero el 26 de septiembre del 2014 cuando se dieron los hechos, lo único que podemos asegurar es que la colaboración militar, tecnológica y de entrenamiento por parte de los EU se oscurece con la impunidad en la cual están quedando las violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas policiacas y militares en contra de la población civil.

4)  El principal objetivo de Witness for Peace (Acción Permanente por la Paz) es cambiar la política estadounidense en América Latina. Si un genio te llegara y te concediera la posibilidad de cambiar una sola política o tendencia estadounidense, ¿cuál sería?

-Nuestro primer deseo es que dejara de existir la colaboración y la asistencia militar y policiaca del gobierno de los Estados Unidos con las autoridades mexicanas, pues esto no ha traído mayor seguridad a nuestro país y por el contrario ha reforzado el papel de las fuerzas militares en funciones policiacas.

Nuestro segundo deseo es que todo el dinero invertido en armas y entrenamientos fuese invertido en la construcción de hospitales, escuelas, viviendas dignas para los más pobres en México.

Nuestro tercer deseo es que el pueblo norteamericano nos vea como a sus iguales, que no piense que los mexicanos no hacemos todo lo posible por tener un país mejor, más justo y democrático. Si millones de mexicanos viven en los Estados Unidos fue por la necesidad de tener una vida digna que aquí nuestro propio gobierno nos niega.

---

[1] http://sintortura.mx/wp-content/uploads/2015/03/A_HRC_28_68_Add_3_SPA.pdf

"Our wish is that the US see us as equals:" A Q&A with Comité Cerezo (Mexico)

WFP delegates hear from Comité Cerezo.

1. 21 years after NAFTA went into effect, neoliberalism is still making inroads (is alive and well) in Mexico. Over the last year or so, structural reforms were passed, which largely favor corporate interests and privatization of public goods. During that same time, torture, forced disappearances, arbitrary detentions and harassment have increased. Is there any connection between the reforms and this repression?

-If you look at the Mexican states with the most land concessions to foreign companies, we see that they are the states with the most cases of human rights violations. From that, we can conclude that there’s a direct relation between the advancement of neoliberalism and political violence. The states with the most extrajudicial killings are Guerrero, Oaxaca and Chiapas.

2. There is a long history of criminalization of social protest in Mexico: the Dirty War, Tlatelolco, Corpus Cristi, etc. How does the current climate of repression compare?

-In Mexico -  in 1968 and until 2000 - a single political party ruled, the Institutional Revolutionary Party (PRI). All of the presidents were from that party, so we could blame them for all of the serious human rights violations during that period. We’d have to add other atrocities to the examples you mentioned: the massacre in Aguas Blancas, Guerrero in 1995; in Acteal, Chiapas in 1997; and in El Charco, Guerrero in 1997; etc. Today’s repression isn’t much different, but perhaps it’s worse if we take into account the forced disappearance of the 43 students on September 26, 2014. Another difference is that these current atrocities are taking place within a so-called "democracy" in which officials from at least three political parties - the PRI, the National Action Party (PAN) and the Party of the Democratic Revolution (PRD) - are all implicated.

3. The Mérida Initiative is a so called US “aid” package, which Congress passed in 2007 and through which it’s allocated more than 2.4 billion dollars. Most of its funds have been used to purchase military equipment and train Mexican security forces. What impact has the 8 years of this Initiative had in Mexico?

-It’s important to mention the Summary Report of the Special Rapporteur on Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Punishment, Juan E. Méndez. The Rapporteur visited Mexico between April 21 and May 2, 2014, and concluded: "Torture is widespread in Mexico. It occurs most frequently between the arrest and trial period, and is used both to punish and to obtain information.” The Rapporteur identified several causes of the weak safeguards to prevent such mistreatment, and recommended measures to address them.

It’s hard to imagine that US military support leads to the phenomenon that the UN Rapporteur on Torture describes, but that’s the reality we face. Add to that the forced disappearance of 43 students and the Mexican government's refusal to allow the Interdisciplinary Group of Independent Experts to interview members of the army to determine more precisely what happened in Iguala, Guerrero on September 26, 2014, when the events took place. The only thing we can say is that the military, technological and training cooperation from the US looks worse and worse considering the impunity around human rights violations committed by the police and military forces against civilians.

4. WFP’s main objective is to change US policy in Latin America. If a genie came and granted you the ability to change one policy, what would it be?

-Our first wish is to end US military and police cooperation and aid, which has not brought greater security to Mexico but has instead increased the role of the military in police functions.

Our second wish is that all of the money spent on weapons and training were invested in the construction of hospitals, schools, and decent housing for the poorest Mexicans.

Our third wish is that the US see us as equals, that they recognize that we do everything possible to have a better country, a more just and democratic country. If millions of Mexicans live in the US, it’s because of the need to have a decent life, which our own government denies us.

No miren en la dirección opuesta: la violencia de la “guerra contra las drogas” y la extracción en México

por Dawn Paley

Volante del gobierno anunciando la segunda etapa del "Plan Estratégico de Seguridad" para el pequeño pueblo de Valle de Bravo, en el Estado de México.

Cuando el narcotraficante mexicano Joaquín 'El Chapo' Guzmán escapó de la cárcel por un túnel en julio, la historia llegó a los titulares internacionales. La búsqueda posterior del Chapo dominó la cobertura de los medios de comunicación de México por semanas. L@s expert@s y l@s periodistas afirmaron que su fuga había retrasado por una década las relaciones mexicanas-estadounidenses.

Siete funcionari@s de prisiones han sido detenid@s en relación con la fuga de El Chapo (o quizá podamos entenderla mejor como una especie de liberación no oficial). Esta es la segunda vez que El Chapo ha salido de la cárcel. La primera vez que se escapó de Puente Grande, una prisión de seguridad máxima, lo hizo con la complicidad de l@s funcionarios de la prisión. La historia oficial era que se escapó en un carro de lavandería, pero su primera salida, al igual que la segunda, no habría sido posible sin la complicidad y la participación de l@s funcionari@s de la prisión.

La cobertura de la fuga del Chapo eclipsó la discusión de los ataques contra el pueblo en Michoacán y Guerrero, las nuevas compras militares y las primeras subastas de bloques de petróleo en 75 años, proporcionando un ejemplo de cómo las narrativas dominantes en la guerra contra las drogas sirven para ocultar los eventos importantes que ocurren simultáneamente. La narrativa de la corriente principal de los medios de comunicación con respeto a la guerra contra las drogas incluye: un enfoque en la narración de algunas historias, como la fuga de El Chapo, o las rivalidades entre los cárteles; y una indiferencia hacia los asesinatos, desplazamientos y desapariciones, así como los eventos económicos que transforman la sociedad mexicana.

La idea de que un individuo podría mediar la guerra o la paz era prominente en los informes de los medios de comunicación acerca de la fuga del Chapo. La violencia continua en México era en gran parte ignorada, especialmente en la cobertura internacional. En las dos semanas tras la fuga de El Chapo, oímos relativamente poco sobre el desplazamiento de 200 residentes de San Miguel Totolapan en Guerrero, sobre el ataque del ejército en la comunidad nahua de Santa María Ostula, en Michoacán, o acerca de las desapariciones de 12 personas en Chilapa, Guerrero. San Miguel Totolapan es parte de un distrito minero, rico en oro, plata, plomo y zinc: se han concedido múltiples concesiones de exploración en el municipio. Los conflictos en Chilapa han sido constantes mientras civiles armad@s se hicieron cargo de la seguridad de la ciudad en medio de un conflicto que involucra a dos grupos criminales y la Policía Federal. En Ostula, l@s residentes tienen claro que el ataque del ejército en su comunidad se debe a la negación de permitir a l@s locales ejercer la autonomía y control sobre sus territorios.

Mientras la búsqueda de El Chapo continuaba, los resultados de licitación para la primera ronda de contratos de la exploración petrolera fueron anunciados por el gobierno mexicano. Se otorgaron dos concesiones afuera de la costa, a un consorcio de empresas de México, EE.UU. y el Reino Unido. Eso marcó la primera vez en 75 años que los contratos de exploración de petróleo se les concedieron a las empresas petroleras privadas en México. Fue la primera y la más pequeña de las cinco subastas de bloques de petróleo que ocurrirán en México como parte de la primera ronda de las concesiones otorgadas en el sector petrolero mexicano, recién privatizado.

Vale la pena señalar que Pemex, la petrolera estatal de México, no participó en las subastas. "La ausencia de Pemex en estas subastas establece un mal precedente, que tendrá consecuencias para las finanzas públicas, siendo que, en los últimos años, [Pemex ha representado] alrededor de un 35% de los ingresos del Estado," según Aroa de la Fuente, una investigadora de FUNDAR, una organización de investigación en la Ciudad de México.

En mi libro El capitalismo narco, sugiero que es importante que rompamos con la narrativa dominante sobre la guerra contra las drogas, y que empecemos a conectar la violencia en el país a las industrias extractivas. Eso, sin embargo, no es una cosa fácil de hacer. Un estudio recién realizado por María Fernanda Paz, investigadora de la Universidad Autónoma de México, demuestra que en la consideración de los conflictos ambientales en México, pocos se enumeran tener lugar en los estados que experimentan altos niveles de violencia a causa de la guerra contra las drogas [1]. Fundamentalmente, hay dos razones por eso: en primer lugar, donde la militarización y paramilitarización vinculadas con la guerra contra las drogas se encuentran más intensas, disminuye la movilización pública; y en segundo lugar, en estas áreas, la cobertura de las noticias sufre.

La falta de cobertura noticiera, y la dificultad que enfrentan l@s residentes en organizarse en las regiones donde la violencia relacionada de la guerra contra las drogas es parte de la vida diaria, impulsa la creación de una imagen distorsionada de las luchas ambientales, la cual hace invisible el papel de los recursos naturales en las zonas violentas. Esto no echa la culpa a l@s investigadores: sin cobertura de noticias, y con actos públicos de la resistencia más pequeños, es comprensible por qué las luchas ambientales carecen de la documentación necesaria para incluirlas en un inventario nacional de los conflictos.

Pero si, por ejemplo, examináramos las ventas restantes de la Ronda 1 de los campos petroleros convencionales y no convencionales, que están programadas para llevarse a cabo en Tamaulipas y Nuevo León, a lo largo de la frontera México-Estados Unidos, así como en el estado de Veracruz, nos daríamos cuenta de que estas son algunas de las regiones más conflictivas del país. Más allá de los tiroteos de perfil alto que a veces se incluyen en las noticias, se sabe poco fuera de la región acerca del carácter de la violencia y la represión que enfrentan l@s residentes en las ciudades y zonas rurales de Tamaulipas, que por mucho tiempo ha sido conocido como un estado peligroso para l@s periodistas. Catorce periodistas reportando sobre Veracruz han sido asesinad@s desde el 2011, más reciente Rubén Espinosa, quien fue asesinado en el D.F. junto con cuatro mujeres el primer de agosto del 2015. Tres otr@s periodistas han sido desaparecid@s en en el Estado de Veracruz durante el mismo período de tiempo.

Se dice que una gran parte de esta región rica en petróleo está bajo el control de Los Zetas, un cártel narco conocido por hacer desaparecer a l@s trabajadores petroler@s emplead@s por la petrolera estatal, Pemex. Hay que ver cómo interactúan Los Zetas con las petroleras privadas que se inscriben a explorar los bloques que se subastarán por la Agencia Nacional de Hidrocarburos de México.

Del mismo modo, muchas de las regiones de Michoacán y Guerrero que han experimentado un terror dirigido por el estado y la violencia paramilitarizada son ricas en minerales o en áreas con producción agrícola rentable.

Para comprender lo que está ocurriendo en México, es imperativo que nos movamos más allá de la corriente principal y el discurso oficial. Los sitios alternativos de comunicación como Subversiones, Desinformémonos, Sin Embargo y el diario La Jornada proporcionan a l@s lectores una visión diferente de lo que está pasando en México. La combinación de estas fuentes con un análisis que incluye las transformaciones económicas estructurales pueden ayudar a proporcionar un panorama más completo de lo que realmente está pasando al sur de la frontera Estados Unidos-México.

Dawn Paley es la autora de El capitalismo narco (AK Press, 2014) y una estudiante graduada en la Universidad Autónoma de Puebla. Ella, junto con Walker Grooms, de la oficina nacional de Acción Permanente por la Paz, entre otr@s, hablará en un panel de una conferencia en American University, en Washington, DC, el 30 de agosto, llamada, “La guerra contra las drogas, la ética de la prohibición y el complejo prisión-industrial.”

[1] Paz, María Fernanda, "Conflictos socioambientales en México: ¿Qué está en disputa?” en Paz, María Fernanda, Nicholas Risdell (Coordinadores), 2014, Conflictos, conflictividades y movilizaciones socioambientales en México: Problemas Comunes, lecturas Diversas. Cuernavaca, CRIM, UNAM, Miguel Ángel Porrúa, Eds