Acción Permanente Por la Paz está profundamente preocupado por la respuesta del gobierno colombiano al paro general en la ciudad portuaria Afrocolombiana de Buenaventura y la región del Pacífico. El martes 16 de mayo de 2017, 89 organizaciones de la sociedad civil, unidas bajo el paraguas del Comité del Paro Cívico, iniciaron un paro general indefinida en Buenaventura, planeada con bastante antelación. Esta huelga general también está sucediendo en el departamento de Chocó.
Buenaventura y el Pacífico colombiano han sido áreas históricamente abandonadas y victimizadas por el estado colombiano durante todo el conflicto armado. La mayoría de la población ha sido y sigue siendo víctima de desplazamiento forzado, y se estima que el 80,6% de la población de Buenaventura vive en la pobreza.
Los organizadores del paro están pidiendo que el gobierno colombiano declare una emergencia económica, social y ecológica en virtud del artículo 215 de la Constitución colombiana. Han exigido lo siguiente: 1) Aumento de la cobertura de atención médica (tratamiento médico preventivo, avanzado y medicina tradicional); 2) Recuperación y conservación de ecosistemas degradados; 3) Aumento del gasto en educación en todos los niveles, desde la primaria hasta la universidad; 4) Apoyo gubernamental para actividades culturales y recreativas; 5) Saneamiento básico e infraestructura, y el funcionamiento público y comunitario de los servicios públicos; 6) Acceso a la justicia y reparación de las víctimas individuales y colectivas; 7) Planificación urbana y vivienda nueva; Y 8) Fortalecimiento de la producción regional, junto con medidas económicas, judiciales y políticas que generen empleos dignos y salarios. Todo esto se puede encontrar en la página Facebook del Comité del Paro Cívico.
Mientras que la huelga general en Buenaventura ha sido bien organizada y en general pacífica, los movimientos sociales locales y también el senador colombiano Alexander López, recientemente denunciaronla conducta violenta y provocativa de la Policía Nacional y el Escuadrón Anti-Riot Móvil (ESMAD) el 19 de mayo. Cuando la ESMAD fue ordenada a despejar un bloqueo pacífico, utilizaron gases, helicópteros, bombas aturdidoras, tanques y armas de fuego contra niños, mujeres embarazadas, jóvenes y ancianos. Hay reportes de bebés muertos por los gases, y también informes de pescadores artesanales amenazados por el grupo paramilitar gaitanista por su participación en el paro. Muchos informes nacionales de prensa se han centrado en algunos casos de saqueo, mientras que no han discutido las demandas de los organizadores del paro y la tremenda organización que se requirió en la planificación y el mantenimiento de las protestas.
Acción Permanente por la Paz apoya las demandas de nuestras organizaciones socias, y también demandamos que el gobierno de Estados Unidos y la Embajada de los Estados Unidos en Colombia contacten al gobierno colombiano y exijan que:
· Los ciudadanos de Buenaventura y de todos los departamentos del Pacífico colombiano puedan ejercer su derecho a protestar libremente y con seguridad
· Las amenazas y los ataques contra los organizadores de la huelga y los participantes, particularmente de los grupos paramilitares, se tomen serio y se investiguen a fondo
· El diálogo del gobierno colombiano con los organizadores de la huelga para considerar seriamente sus demandas y cumplir en forma oportuna cualquier acuerdo concertado
Estamos en solidaridad con nuestros socios colombianos que ponen sus vidas en la línea en defensa de sus comunidades y regiones: por favor, pida al Departamento de Estado y al liderazgo pertinente del Congreso que haga las anteriores demandas al gobierno colombiano.
Witness for Peace is gravely concerned about the Colombian government’s response to the ongoing general strike currently taking place in the Afro-Colombian port city of Buenaventura and the Pacific region. On Tuesday, May 16th, 2017, 89 civil society organizations, joined together under the umbrella of the Civil Strike Committee (Comité del Paro Cívico), began an indefinite general strike in Buenaventura, planned well in advance. This ongoing general strikeis also taking place in the department of Chocó.
Buenaventura and the Colombian Pacific have been areas historically abandoned and victimized by the Colombian State throughout the duration of the armed conflict. A majority of the population have been and continue to be victims of forced displacement, and an estimated 80.6 percent of Buenaventura population's lives in poverty.
Strike organizers are calling for the Colombian government to declare an economic, social, and ecological emergency under article 215 of the Colombian Constitution. They've demanded the following: 1) Increased healthcare coverage (preventive, advanced medical treatment, and traditional medicine); 2) Recovery and conservation of degraded ecosystems; 3) Increased education spending at all levels, from elementary to university; 4) Government support for cultural and recreational activities; 5) Basic sanitation and infrastructure, and the public and community operation of public services; 6) Access to justice and reparations for individual and collective victims; 7) Urban planning and new housing; and 8) Strengthening of regional production, along with economic, judicial, and political measures that create dignified jobs and salaries. All of this can be found on the Comité del Paro Cívico’s Facebook page.
While the general strike in Buenaventura has been highly organized and mostly peaceful, local social movements, as well as Colombian Senator Alexander López, recently denounced the violent and provocative conduct of the National Police and the Mobile Anti-Riot Squad (ESMAD) on Friday, May 19th. When the ESMAD was ordered to clear a peaceful blockade, they used gases, helicopters, stun bombs, tanks, and firearms against children, pregnant women, young people, and elderly individuals. There are reports of babies dying due to the gases, and also reports of artisanal fishers being threatened by the Gaitanista paramilitary group for their participation in the strike. Many national media reports have focused on some instances of looting, while failing to discuss the strike organizers’ demands and the tremendous organization that went into planning and maintaining the protests.
Witness for Peace supports our partner organizations’ demands, including that the US government and US Embassy in Colombia contact the Colombian government and demand that:
· Citizens in Buenaventura and in all departments of the Colombian Pacific be able to exercise their right to freely and safely protest
· Threats and attacks against strike organizers and participants, particularly from paramilitary groups, be taken seriously and thoroughly investigated
· The Colombian government dialogue with the strike organizers to seriously consider their demands and follow through in a timely manner on any agreements made
Por Anita Kline, delegada de APP en Colombia en diciembre del 2016
“¡Cuéntame de tu viaje a
Colombia!” Los líderes de nuestra delegación de Acción Permanente por la Paz
(APP) me habían preparado para este momento. Había entendido que el
descubrimiento de las conexiones a través de las fronteras internacionales es
un eje fundamental para el trabajo de APP, pero sólo después de volver a casa,
pude empezar a entender que esta tarea se ha vuelto más urgente desde que la
cortina subió para destapar la ópera trágica, xenofóbica y militarista que se
está dando en Washington. Y sólo después de presenciar el resurgimiento de la
acción política progresista en los Estados Unidos, pude ver que,
paradójicamente, la cortina cruel de fuego que estamos enfrentando por parte de
Donald Trump y sus actores secundarios nos presenta con una oportunidad para
desarrollar este trabajo en un contexto nuevo y prometedor.
Fotos tomadas por Mónica Hurtado, Marianna Tzabiras y Anita Kline. El video fue recopilado por Lisa Taylor. La música es por parte de la comunidad de Caño Manso en Urabá, y la canción se llama "El Vendaval."
Nuestros ciudadanos vecinos y ciudadanas vecinas se
están despertando. Se están
involucrando en la vida cívica, saliendo a marchar en las calles, lanzándose
para cargos políticos con plataformas progresistas. Están uniendo los esfuerzos
para formar un movimiento de movimientos a través del cual las y los ciudadanos
politizados aprenden de su propia experiencia sobre la explotación y la
resistencia. Los y las activistas que están luchando por promover la paz y la
justicia en el ámbito internacional ahora tienen una oportunidad para poder
expandir y profundizar esta educación. A medida que los millones de ciudadanos
y ciudadanas ven lo que está pasando en Washington, también pueden ampliar su
perspectiva para entender las similitudes entre Washington y el resto del
mundo, incluyendo Latinoamérica.
Me apunté temprano en el
año 2016 para ir a Colombia con una delegación de Acción Permanente por la Paz,
meses antes de que eligieran a Donald Trump, y más o menos al mismo tiempo
cuando firmaron los acuerdos de paz con las FARC en Colombia. Un año después,
la administración de Trump ya está bien avanzada en el camino para deshacer las
instituciones democráticas y protecciones ganadas después de décadas de lucha
masiva en los EE.UU. y en todo el mundo.
En Colombia, están tomando los
primeros pasos para implementar los términos del acuerdo de paz, mientras la
violencia reaccionaria – dirigida especialmente a los y las trabajadores de
derechos humanos, las y los afrocolombianos, indígenas y mujeres activistas –
sigue sin cesar, presentando la amenaza de que la posibilidad de paz podría
volverse un genocidio.
Durante los diez días de
nuestra delegación (del 1 al 10 de diciembre, 2016) en Medellín, Urabá y
Bogotá, nos dieron el gran privilegio de poder escuchar muchas historias –
sobre la gente que defiende los derechos humanos, las mujeres que luchan por la
paz, la gente campesina que lucha por el derecho a la tierra. Estas historias
de represión y resistencia en Colombia se reflejan en nuestras historias aquí
en casa y pueden servir para inspirar y fortalecer nuestro movimiento. Aquí van
varios ejemplos de lo que presenciamos en nuestra delegación: “Movimientos
Liderados por Mujeres y Enfocados en los y las Víctimas/Sobrevivientes para la
Sanación, la Paz y la Justicia.”
Foto: Anita Kline
1. Los Acuerdos de Paz entre el Estado colombiano y las FARC son un
paso grande para adelante. Pero como ya se ha demostrado por el aumento de
asesinatos de los y las trabajadores de derechos humanos, sólo es el principio
de una paz real con justicia. Como reportó
recientemente Amnistía Internacional, “En amplias zonas de Colombia, el
conflicto armado dista mucho de haber finalizado. A menos que las autoridades
brinden protección urgente a estas comunidades, podrían perderse muchas vidas.”
En encuentros formales e
informales con las y los acompañados de APP en Colombia, aprendimos que el
apoyo internacional es esencial durante este proceso de implementación. Hay que
prestar atención especial al monitoreo de las provisiones que garantizan
protección e igualdad de tratamiento bajo la ley para los y las más vulnerables
– las comunidades afrodescendientes e indígenas, las mujeres y la gente que se
identifica como LGBT. Bajo la administración de Obama, el Congreso
estadounidense logró un apoyo bipartito para apoyar el acuerdo de paz. Sin
embargo, la administración de Trump expresó sus intenciones al estar "evaluando los detalles ... y
determinando si es posible que los Estados Unidos pueda seguir apoyando [el
acuerdo]."
Trump ya ha demostrado su
preferencia clara por las “soluciones” militares mientras deja de priorizarla diplomacia y el respeto por los derechos humanos
cuando se trata de la política estadounidense hacia el exterior. Estas son señales ominosas que el “Hacer que
América Sea Grande Nuevamente” podría significar un retraso a los días cuando
las dictaduras en Latinoamérica eran apoyadas por los Estados Unidos, cuando
APP empezó a organizar delegaciones para visibilizar los ataques violentos por
parte de los gobiernos de la derecha contra su propia gente.
Los ojos del mundo están
sobre los presidentes Trump y Santos y la oportunidad histórica que Colombia
pueda hacer una paz en un mundo enredado en la guerra. Nuestra resistencia aquí tiene que incluir la exigencia que el gobierno
estadounidense siga apoyando los acuerdos de paz de palabra y hecho – dando una
ayuda monetaria ya prometida para la implementación del acuerdo y también
oponiendose a cualquier plan que quiera apoyar la ayuda militar.
2. La restitución de tierras se encuentra en el corazón de la lucha
por la justicia en Colombia, dónde el 52 por ciento de las fincas están en las
manos de sólo 1,15 por ciento de terratenientes. Esto representa, según Oxfam, la distribución de
tierras más desigual en toda Latinoamérica y una de las distribuciones más
desiguales en todo el mundo.
Nuestra delegación viajó a
la región remota de Urabá, a los departamentos de Antioquia y Chocó, una región
caliente, húmeda y lluviosa donde hay cultivos de plátano y ganadería. Nos reunimos con personas viviendo en cuatro
Zonas Humanitarias y Biodiversas, donde las comunidades afrocolombianas,
indígenas y mestizas trabajan su tierra en una manera colectiva y viven en
comunidades seguras protegidas por sanciones legales, y las armas están prohibidas.
Foto: Anita Kline
De esta gente generosa y
acogedora, escuchamos historias conmovedoras, casi todas tratando el tema de
desplazamiento, un fenómeno amplio en el país que ha dado a Colombia la fama de
tener una de las poblaciones desplazadas más grandes en el mundo. Las comunidades afrocolombianas y los
pueblos indígenas representan el 10 por ciento y el 3 por ciento,
respectivamente, de los 7,4
millones de personas desplazadas en Colombia. Estas comunidades han luchado por y han ganado
reconocimiento legal como víctimas especiales del “conflicto,” el término que
utilizan para hablar de más de 50 años de guerra. Pero a pesar de varias leyes que garantizan
su seguridad y su derecho a la tierra, y a pesar del nuevo acuerdo de paz, la gente del campo sigue enfrentándose con
violencia, amenazas y el abuso del poder judicial por parte de las elites de
terratenientes, incluyendo las que tienen vínculos con corporaciones
estadounidenses como Chiquita
Banana. Sin duda,
su propia supervivencia está en peligro.
A primera vista, la lucha
por la tierra en un país agrario que sigue en desarrollo como Colombia puede
parecer muy lejos de la lucha en los Estados Unidos, un país altamente
industrializado. Pero aquí también,
vemos una conciencia creciente sobre asuntos del uso de la tierra, la seguridad
alimentaria y de agua y los derechos de los tratados. Nosotros y nosotras
también estamos luchando contra la profanación de la tierra por parte de la
agroindustria y las industrias extractivas, y estamos luchando por los derechos
de los y las trabajadores en estas industrias. Como parte del movimiento global
por la justicia climática, nosotros y nosotras estamos luchando por defender
los tratados y por las practicas equitativas y sostenibles, como lo han evidenciado
los encuentros de miles de personas en Standing Rock para proteger el agua y
los tratados sobre derechos indígenas contra la amenaza de la industria de los
combustibles fósiles.
Como educadores y activistas,
nosotros y nosotras podemos hacer que estas conexiones sean claras. Podemos
exigir que la ayuda estadounidense continúe y que sea condicionada por la
implementación de los derechos de la población pobre y desplazada en el campo.
Podemos usar nuestra resistencia como ejemplo de la lucha mundial contra los y
las que no quieren defender a la Madre Tierra, sino que la quieren explotar por
ganancia propia. Podemos juntar nuestras
propias exigencias por un mundo pacifico con las exigencias por una Colombia en
paz.
3. Como en los EE.UU. y en
todo el mundo, las mujeres en Colombia
están jugando un papel de liderazgo en la lucha por la paz y contra todo
tipo de violencia. Nuestra delegación se reunió con mujeres de dos
organizaciones nacionales – la Red Feminista Antimilitarista y la Ruta Pacifica
de Mujeres – y con Pilar Rueda, quien llevaba su conocimiento avanzado de la
cultura de violencia sexual para educar a las y los delegados presentes en la
mesa de La Habana. También escuchamos de mujeres líderes en el campo cuyas
propias vidas demuestran el papel especial de las mujeres para transformar una
sociedad profundamente herida por la guerra y la cultura de desconocer la
violencia contra las mujeres, las niñas y los niños. A causa de su trabajo inspirador, las
colombianas recibieron una invitación especial para participar en las
negociaciones de paz en Cuba – al lado de otros y otras que representaban
víctimas especiales del conflicto – y sus exigencias están reflejadas en el
acuerdo final.
Foto: Anita Kline
En los Estados Unidos también, las voces de las
mujeres siguen creciendo cada vez más fuertes para enfrentarse con Trump y su
agenda misógina, homofóbica y racista. Se puede encontrar ejemplos notables en el movimiento
Las Vidas Negras Importan (Black Lives Matter), la Marcha de Mujeres
pos-inauguración en Washington y las movilizaciones constantes contra las
deportaciones y otros ataques sancionados por la policía contra las personas de
color en comunidades costa a costa. Las giras de conferencias de Acción
Permanente por la Paz, que han tenido mujeres colombianas líderes como
invitadas en el 2016 y ahora
en el 2017, son
oportunidades importantes para que compartamos aprendizajes, especialmente
porque nuestras hermanas colombianas han estado luchando en un contexto de
violencia extrema y con el tipo de persistencia a largo plazo y coraje que
probablemente vamos a necesitar aquí para seguir adelante.
4. Finalmente, como en
todo lado en el mundo, las y los colombianos no sólo dicen “No” a la violencia,
la guerra y la injusticia, sino que también dicen “Sí” a las nuevas maneras de
convivir en comunidades prosperas y pacíficas. Sorprendentemente, la ley
colombiana en sí promueve la participación activa de víctimas en el proceso de
la implementación de los acuerdos de paz para construir una sociedad más justa.
Además, reconoce que la participación del pueblo inevitablemente construirá un
sentido más fuerte de poder y confianza.
Al lado de los y las
organizadores de comunidades, educadores y trabajadores de derechos humanos,
los y las trabajadores culturales juegan un papel importante para construir
estas nuevas relaciones entre el pueblo colombiano. A toda parte donde íbamos,
sea en la ciudad o en el campo, los y las artistas y artesanos contaban
historias usando murales maravillosos, posters e instalaciones de arte. Tejen las tradiciones en telas. El amor se
pinta en grafiti en las paredes de la ciudad. Los y las representantes de
Caño Manso, una comunidad en Urabá, nos contaron con orgullo sobre su
desplazamiento y su resistencia ante las elites terratenientes y las empresas
ganaderas. Ampliaron y compartieron su historia cuando la volvieron una
canción, una balada que se llama “El Vendaval,” grabada en un CD, “Voces de
Paz.”
Durante una visita a un
museo maravilloso en Medellín, la Casa de la Memoria, pregunté a un estudiante
universitario sobre la historia del conflicto. Con paciencia me corrigió,
explicándome que el museo no se trata de la historia sino de la memoria. “La historia,” me dijo, “es el trabajo de
historiadores, académicos. Nuestras exhibiciones tienen como base las propias
experiencias de la gente, cómo las víctimas con sus perspectivas diferentes, sentían
los años de violencia y guerra.” De hecho, las exhibiciones de la Casa, cuidadosamente
construidas, revelan los años de conflicto a través de las propias palabras de
los y las víctimas y sus experiencias. Y posiblemente más importante aún para
la sanación de Colombia, revelan la visión de cada persona sobre una vida de
paz.
Foto: Anita Kline
En los Estados Unidos también, el pueblo está luchando
con esperanza renovada, no sólo para hacer cambio sino para “ser el cambio” también. Encarnamos la
paz mientras luchamos contra la guerra. Sacamos banderas coloradas exigiendo
que “¡Se queda en la tierra!” mientras bailamos para proteger el agua y la
tierra. Estamos haciendo una resurrección del movimiento santuario mientras los
y las inmigrantes y los y las que buscan asilo son amenazados con deportaciones
masivas. Luchamos, frente a las mentiras y el matoneo, por contar la verdad en
lenguaje que es tanto compasivo como fuerte.
Podemos buscar en Colombia
la inspiración para este trabajo de construir comunidad, enlazándonos mano a
mano con nuestras y nuestros amigos colombianos y la gente en toda parte.
Gracias a los y las que luchan a través de las fronteras, gracias a
organizaciones como Acción Permanente por la Paz, podemos imaginar más fácilmente
que todos y todas seamos parte de una gran red interdependiente donde podamos
encontrarnos y trabajar por un mejor mundo.
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