Comunicado de Acción Permanente por la Paz sobre el Plebiscito en Colombia

El 2 de octubre, por un margen muy pequeño, la mayoría de los colombianos y colombianas que participaron en un plebiscito para ratificar los recién firmados acuerdos de paz, votaron “NO.” El plebiscito hubiera hecho que fuera legalmente vinculante el acuerdo entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Estado colombiano. Durante este momento de incertidumbre sobre el futuro de esta iniciativa de paz que ha sido apoyado internacionalmente, Acción Permanente por la Paz celebra el trabajo de nuestros compañeros y compañeras acompañados en terreno, los defensores y defensoras de derechos humanos y los miembros de los movimientos sociales, personas que muchas veces han trabajado toda la vida para construir paz en sus comunidades e imaginar una Colombia nueva. Un análisis sobre el voto esclarece que muchas de las regiones más golpeadas por el conflicto armado votaron en una manera decisiva por el “SI” en los acuerdos de paz. Son regiones donde trabajan y viven nuestros compañeros y compañeras acompañados.

Mientras el resultado del plebiscito ha generado cierta incertidumbre sobre el proceso de paz en Colombia, no cabe duda que éste es un momento crucial para que la comunidad internacional sea solidaria con los colombianos y colombianas que anhelan el fin definitivo del conflicto armado interno. Necesitamos apoyar sus esfuerzos para construir una paz verdadera con justicia socio-ambiental.

Desde que Acción Permanente por la Paz abrió la oficina en el año 2000, apoyando a nuestros compañeros y compañeras en terreno durante los días más oscuros de la ayuda militar patrocinada por EE.UU. bajo el Plan Colombia, hemos acompañado y hemos estado en solidaridad con los defensores y defensoras de derechos humanos y los movimientos sociales. Estos defensores y defensoras siempre han abogado por una salida negociada al conflicto armado en Colombia mientras se enfrentaban con probabilidades de largo, estigmatización tremenda, muchas amenazas y violencia. Han hecho su trabajo, aunque no fuera popular tanto en Colombia como en Estados Unidos. Encontramos una esperanza inspiradora en los esfuerzos de los defensores y defensoras de derechos humanos y de los movimientos sociales para desarrollar iniciativas de paz verdadera de la base en Colombia.

Recientemente, nuestro equipo entrevistó a Enrique Chimonja, un defensor de derechos humanos vinculado con la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, una organización acompañada por Acción Permanente por la Paz en varias regiones del país. Como una persona que ha vivido la desaparición forzada de su papa y que también ha sido desplazado forzadamente, Enrique tiene una perspectiva única sobre el papel del monitoreo y acompañamiento internacional. Defiende la importancia del apoyo internacional porque “hay una incertidumbre de qué va a pasar o cuáles son las garantías reales que el Estado colombiano va a ofrecer a quiénes en este momento han tomado la decisión de dejar las armas.”

Acción Permanente por la Paz está comprometida con su trabajo de acompañar a los defensores y defensoras de derechos humanos como Enrique y monitorear el proceso de paz que sigue adelante. Creemos que el acompañamiento internacional sigue siendo esencial, especialmente porque la violencia contra los líderes y lideresas del movimiento por la defensa de los derechos humanos ha continuado durante toda la mesa de negociaciones y es probable que vaya a seguir aumentando en este momento de incertidumbre.

Aunque el proceso de paz entre el gobierno colombiano y las FARC ha sido un paso importante para adelante, hay otros grupos armados incluyendo la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y varios grupos paramilitares que siguen operando y representan una amenaza a la paz verdadera y sostenible en Colombia. Aunque el gobierno colombiano niega oficialmente la existencia de los paramilitares, eligiendo el nombre “bandas criminales” o grupos delincuentes, estos grupos paramilitares siguen atacando a las comunidades, especialmente en zonas del desarrollo que son estratégicamente e económicamente importantes como Buenaventura, e incluso han paralizado regiones en el país por varios días con paros armados. La desmovilización real de estos grupos paramilitares va a ser una clave para la seguridad de los defensores y defensoras de derechos humanos y sus esfuerzos para construir paz.

Expresamos también nuestra preocupación grave sobre el aumento proyectado de la inversión extranjera en Colombia. Aunque apoyamos iniciativas de desarrollo propuestas y lideradas por las propias comunidades en su territorio, hemos visto que tanto empresas internacionales, incluyendo algunas con base en Estados Unidos, como megaproyectos por el supuesto “desarrollo” en el territorio colombiano, siguen violando los derechos de las comunidades en terreno. Han sido acusados por sus vínculos con grupos paramilitares y constantemente violan los derechos laborales en un país con unos de los niveles más altos de violencia contra los sindicalistas. Como dice Enrique, “mientras se mantenga ese modelo neoliberal, privatizador, extractivo – que significa desplazamiento forzado, despojo territorial, daños ambientales y sociales a comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas – mientras ese modelo económico se mantenga, la paz va a demorar mucho más.”

Apoyamos el análisis de nuestros acompañados en el movimiento laboral, y creemos que el Plan de Acción Laboral (pasado en 2011 como precondición al Tratado de Libre Comercio entre EE.UU y Colombia) ha fracasado totalmente en cuanto a su capacidad para generar condiciones laborales aceptables y proteger a los y las sindicalistas, y requiere una reevaluación por el Congreso estadounidense y el ramo ejecutivo.

También estamos comprometidos con el monitoreo del Plan “Paz Colombia,” una ayuda de $450 millones de dólares que el Presidente Obama ha solicitado del Congreso para el año 2017. Estamos preocupados por la cantidad significativa de ayuda militar proyectada en el presupuesto para esta ayuda durante un momento cuando Colombia necesita dinero para la implementación de los acuerdos de paz. Creemos que ahora es el momento para acabar con la ayuda militar al gobierno colombiano y, en vez de la ayuda militar, mandar la ayuda a la sociedad civil colombiana para propósitos sociales e económicos. Creemos que la ayuda debe ser para los aspectos de los acuerdos de paz que defienden los derechos de las víctimas y las comunidades étnicas. El gobierno estadounidense también necesita animar al gobierno colombiano a sentarse con el ELN y desmovilizar los grupos paramilitares activos en varias regiones del país.

Como solicitado por nuestros acompañados en Colombia, nosotros como Acción Permanente por la Paz estamos comprometidos con mantener nuestra presencia en el país y seguir acompañando a los defensores y defensoras de derechos humanos. Estamos comprometidos con cambiar las políticas estadounidenses que, año tras años, sólo han traído más guerra y más violencia a las comunidades. Estamos comprometidos con nuestros proyectos de desarrollar esfuerzos reales de solidaridad entre Estados Unidos y Colombia, promover la protección de los derechos humanos y laborales y trabajar por un mundo en el cual toda persona pueda llevar a cabo su proyecto de vida y de comunidad sin tener que ser sometida a la violencia.

WFP Fact Sheet: The Armed Conflict and the Peace Process in Colombia

 Developed by the Witness for Peace Colombia team, October 2016.

Witness for Peace Statement on the Plebiscite Vote in Colombia

On October 2nd, in a very close vote, a majority of Colombians who participated in a plebiscite on the recently signed peace accords voted “NO”.  The plebiscite would have made the accords between the Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC) guerrillas and the Colombian state legally binding. At a moment of doubt about the future of this internationally-supported peace initiative, Witness for Peace applauds the tremendous work of our partners on the ground, human rights defenders and social movements, who have often spent their entire lives building peace in their communities and advocating for a new Colombia. An analysis of the vote makes it clear that most of the areas hit hardest by the armed conflict voted decisively for the peace accords, areas where our partners live and work.

While the outcome of the plebiscite creates some uncertainty about Colombia’s peace process, there is no doubt that this is a crucial time for the international community to stand with Colombians yearning for a definitive end to internal armed conflict. We need to support their efforts to build true peace with social and environmental justice.

Since Witness for Peace opened our Colombia office in 2000, supporting our partners on the ground through the darkest days of U.S.-sponsored military aid under Plan Colombia, we have accompanied and stood with human rights defenders and social movements. These advocates have constantly pushed for a negotiated solution to Colombia’s armed conflict, even as they bravely confronted long odds, tremendous stigmatization, threats, and violence. They did this even when it was not popular either in Colombia or in the United States. We find a tremendous amount of hope in human rights defenders’ and social movements’ efforts to develop real, grassroots level community peace initiatives in Colombia.

Recently, our team interviewed Enrique Chimonja, a human rights defender with the Interchurch Commission for Justice and Peace, an organization that Witness for Peace accompanies in various regions of the country. As someone whose father was disappeared and who was himself forcibly displaced, Enrique has a unique perspective on the role of international monitoring and accompaniment. He argues for the continued importance of international support “because there is uncertainty about what is going to happen or what the real guarantees are for those who have made the decision to lay down their weapons.”

Witness for Peace remains committed to accompanying human rights defenders such as Enrique and monitoring the peace process moving forward. We believe that continued international accompaniment is vital, as violence against movement leaders and human rights advocates has continued throughout the peace negotiations and is likely to increase in this period of uncertainty.

Although the peace process between the Colombian government and the FARC has been an important step forward, other armed groups including the National Liberation Army (ELN) guerrilla group and a number of paramilitary groups remain active and a threat to real, sustainable peace in Colombia.  Although the Colombian government officially denies the existence of paramilitaries, choosing to call them “criminal bands” or delinquent groups, these paramilitary groups continue to attack communities--especially in strategic economic development zones such as Buenaventura--and have even paralyzed regions in the country for several days with armed strikes. The real dismantling of paramilitary groups will be key for the safety of human rights defenders and their peacebuilding efforts.

We also express our grave concern about the projected increase in international investment in Colombia. While we support inclusive development initiatives proposed and led by communities, we have seen that international companies, including some based in the U.S., as well as “development” megaprojects throughout Colombian territory, consistently violate the rights of communities on the ground. They have been accused of working with right-wing paramilitary groups, and consistently violate labor rights in a country with some of the highest levels of violence against trade unionists. As Enrique says, “While this neoliberal, privatizing, extractive model is maintained - which translates into forced displacement, land eviction, environmental and social damage to indigenous, Afro-Colombian and campesino communities - while this model is maintained, peace will take a lot longer.”

Supporting the analysis of our partners from the labor movement, we believe that the Labor Action Plan (passed in 2011 as a precursor to the 2012 U.S.-Colombia Free Trade Agreement) has completely failed to generate acceptable working conditions or effectively protect trade unionists and must be re-examined by the U.S. Congress and executive branch.

We are also committed to monitoring Plan “Peace Colombia”, a $450 million dollar aid package that President Obama has requested from Congress for 2017.  We are disturbed by the significant amount of military aid that is projected to be included in this aid package at a time when Colombia needs money for the implementation of its peace accords.  We believe that now is the time to completely end military aid to the Colombian government and rather send aid to Colombian civil society to be used for social and economic purposes. We believe that aid should be principally directed to the aspects of the peace accords that defend victims’ rights and ethnic communities. The US government also needs to be actively encouraging the Colombian government to engage in talks with the ELN and dismantle remaining paramilitary groups active in various regions of the country.

As requested by our partners in Colombia, we as Witness for Peace remain committed to maintaining our presence in country and continuing protective accompaniment of human rights defenders. We are committed to changing U.S. policies that for years have only brought more war and violence to communities. We are committed to developing real solidarity efforts between the United States and Colombia, promoting the protection of human and labor rights and working for a world in which each and every person can carry out their life and community projects without being subject to violence.