Monday, June 27, 2016

International Accompaniment NGOs' Statement Regarding the Situation of Human Rights Defenders during the Colombian Peace Process

As international non-governmental organizations who accompany social organizations and human rights defenders in Colombia, we support various peace proposals collectively constructed by these communities and social organizations.
We celebrate the agreement achieved by the Colombian government and the Armed Revolutionary Forces of Colombia (FARC-EP) on June 23, and we express our support for a negotiated solution to Colombia's armed conflict. We also reiterate that our work is carried out within the norms of Colombian law and stems directly from the petitions we receive from social organizations and human rights defenders. The people we accompany have communicated their desire for continued international accompaniment, due to their concern about a possible reconfiguring of the armed conflict in a post-accords period. The possible continuation of violence presents serious obstacles to a full guarantee of non-repetition for them and their communities.
We are concerned about the threats facing human rights defenders, especially those working in remote regions. According to the United Nations, in the last year there was a registered increase in assassinations that rose above the average number of assassinations over the last twenty years (UN Statement; November 19, 2015). The NGO Somos Defensores reports that acts of aggression against human rights defenders (including threats, assassinations, attempted assassinations, arbitrary detentions, legal harassment, theft of sensitive information, and forced disappearances) increased 9% in 2015 as compared to 2014. There were 357 acts of aggression reported in 2012, the same year when the peace negotiations were initiated. This number almost doubled in 2015 with 682 acts of aggression (Somos Defensores Annual Report 2015). This is happening within the context of an arbitrary use of the penal system to criminalize and falsely accuse human rights defenders (Somos Defensores Annual Report 2015).
In many regions of Colombia, the armed conflict continues to evolve, manifesting itself through new conflicts and new actors who threaten the lives and work of human rights defenders. According to Somos Defensores, paramilitary groups have been responsible for 66% of the aggressions directed at social movement leaders (Somos Defensores Annual Report 2015).
Another threat for human rights defenders and communities is a foreign investment model in Colombia that operates within the framework of an extractive economic development model. This model often generates serious social and economic conflicts in local communities, which then leads to an increase in conflict and human rights violations.
Considering what we have expressed above, we respectfully request that the international community:
1. Demand that the Colombian state guarantees no repetition and a just, sustainable peace in Colombian territory; ensures international human rights standards; and tackles structural causes of the conflict, effectively dismantling both new and old paramilitary structures while respecting the rights of the civilian population.

2. Request that the Fiscalia General de la Nación (Attorney General’s Office) speed up investigations regarding acts of aggression and assassinations of human rights defenders, investigations regarding the land and environment, identifying material and intellectual authors. We believe it is important to demand that the Colombian state strengthens its judicial system and ensures equal access for all victims.

3. Reiterate to the Colombian state and all its institutions the need to give political recognition to the work to defend human rights. It is important to demand that the Colombian state implement policies that offer holistic and effective protection of human rights defenders. This protection should consider the causes of acts of aggression and should be designed in consensus with human rights defenders, reflecting collective measures with a differential focus, rural context, etc.

4. Continue supporting peace-oriented policies and financially supporting Colombian civil society in its efforts to build peace. The international community should also demand that the Colombian state guarantees the participation of campesino, indigenous, and Afro-descendent communities in the implementation of the Havana accords in their regions.

5. Decidedly support the establishment of peace talks with the National Liberation Army (ELN).

6. Demand that their country’s companies that operate in Colombia develop policies that do no harm while respecting the environment and the rights of communities.


Signing organizations:



Witness for Peace Colombia



FOR Peace Presence









Swedish Fellowship of Reconciliation (SweFOR)





Peace Watch Switzerland





Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia



Comunicado de las organizaciones de acompañamiento internacional frente a la situación de las defensoras y defensores de derechos humanos en Colombia en el marco del proceso de negociaciones de paz

Las organizaciones de acompañamiento internacional de carácter no-gubernamental, que brindan acompañamiento a las organizaciones sociales y a las defensoras y defensores de derechos humanos en Colombia, apoyamos varias propuestas de paz lideradas por las comunidades y las organizaciones sociales, las cuales han sido construidas de manera colectiva durante varios años.
Saludamos el acuerdo logrado entre el gobierno nacional y las FARC-EP el pasado 23 de junio y expresamos de nuevo nuestro apoyo a una salida negociada al conflicto armado en Colombia.  Reiteramos que nuestro trabajo se realiza bajo las normas de la legislación colombiana y en base a las peticiones que recibimos directamente de organizaciones sociales y de las defensoras y defensores de derechos humanos. En este contexto las personas acompañadas manifiestan que ven la necesidad de seguir contando con el acompañamiento internacional, debido a su preocupación ante una posible reconfiguración del conflicto en un escenario de post-acuerdo, lo que obstaculiza seriamente la garantía plena de no repetición para ellas y sus comunidades.
En ese sentido, manifestamos nuestra preocupación frente a la realidad que viven las y los defensores de derechos humanos, especialmente en las regiones; pues, según la ONU, en el último año se registró un aumento de los asesinatos, lo cual supera el promedio de los últimos 20 años (Comunicado ONU, 19 noviembre 2015). Por su parte, Somos Defensores registra que las agresiones (las cuales incluyen amenazas, asesinatos, atentados, detenciones arbitrarias, judicializaciones, hurto de información y desapariciones forzadas) contra las personas defensoras de derechos humanos aumentaron en un 9% en 2015 en comparación con 2014 (Informe Anual Somos Defensores 2015). Igualmente, cuando el proceso de paz inició en el año 2012, 357 agresiones fueron registradas. Este número se incrementó a casi el doble en el año 2015 con 682 agresiones (Informe Anual Somos Defensores 2015). Esto sucede en un escenario que presenta la tendencia preocupante de un aumento del uso arbitrario del sistema penal para criminalizar y judicializar a las y los defensores de derechos humanos.
Los datos descritos anteriormente demuestran que, en muchas de las regiones del país, el conflicto armado pasa por una reorganización, apareciendo así nuevos conflictos y nuevos actores que amenazan la vida y la labor de las personas defensoras de derechos humanos. Según Somos Defensores, grupos paramilitares fueron responsables del 66% de las agresiones dirigidas directamente contra los líderes y las lideresas sociales (Informe Anual Somos Defensores 2015).
Otro elemento preocupante para el ejercicio de la labor de defensa de los derechos humanos y de las comunidades es el impacto de la inversión extranjera en el país en el marco de un modelo de desarrollo económico extractivo, donde muchas veces se generan fuertes conflictos sociales y económicos en las comunidades locales que conllevan al surgimiento de nuevos conflictos y a violaciones de los derechos humanos.
Frente a lo expuesto anteriormente solicitamos respetuosamente a la comunidad internacional que:
1.    Inste al Estado colombiano a brindar las garantías de no repetición y de una paz justa y sostenible en los territorios, garantizando los estándares internacionales de los derechos humanos, abordando las causas estructurales del conflicto, desmantelando las viejas y nuevas estructuras paramilitares de manera efectiva, respetando los derechos de la población civil.
2.    Solicite a la Fiscalía General de la Nación agilizar las investigaciones sobre las agresiones y asesinatos contra las personas defensoras de derechos humanos, del territorio y del medio ambiente, identificando los autores materiales e intelectuales. Asimismo, es importante instar al Estado colombiano a fortalecer el sistema de justicia y a brindar las garantías de acceso a la justicia en condiciones de igualdad para todas las víctimas.
3.    Reitere al Estado colombiano y a todas sus instituciones la necesidad de brindar reconocimiento político a la labor de defensa de derechos humanos y el diseño de una política de protección integral y efectiva para las personas defensoras, que aborde las causas que originan las agresiones y diseñe una política consensuada con las defensoras y los defensores de derechos humanos, donde se reflejen medidas de carácter colectivo, con enfoque diferencial, contexto rural, etc.
4.    Continúe respaldando política y financieramente a la sociedad civil colombiana en sus esfuerzos de construcción de paz y al mismo tiempo, inste al Estado colombiano a que asegure la participación de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes en la implementación de los acuerdos de La Habana en sus regiones.
5.     Apoye decididamente el establecimiento de la mesa de negociaciones en el proceso de paz con el Ejército Nacional de Liberación (ELN).
6.    Inste a las empresas de sus países con actividades en Colombia a desarrollar políticas de acción sin daño, donde se respeten el medio ambiente y los derechos de las comunidades.


Organizaciones firmantes:


Acción Permanente por la Paz Colombia  


 
                     
                     

             FOR Presente por la Paz   



Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR) 







            Peace Watch Switzerland      




           Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia