En Honduras, La Pena por Intentar a Quitar Una Vida Indígena: 30 a 90 Días de Prisión

Por Gloria Jiménez y Bryan Rogers

Foto: El entierro de Tomás García. Fotografía cortesía de SOA Watch.

El día 15 de julio de 2013 la vida de Tomás García fue brutalmente arrebatada, y su hijo, Allan, de 16 años casi pierde la suya también por defender su tierra ancestral contra los poderosos intereses detrás del proyecto de la Presa Hidroeléctrica Agua Zarca en el noroeste de Honduras, en el corazón del territorio indígena Lenca.

Fue en ese trágico día que un suboficial del Primer Batallón de Ingenieros del ejército hondureño abrió fuego contra un desarmado García, un auxiliar del Consejo Indígena de su comunidad y miembro del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), durante una protesta pacífica organizada para detener el proyecto.

El 10 de diciembre de 2015 los jueces encontraron al suboficial, Kevin Yasser Sarávia, culpable de homicidio simple, un delito cuya pena generalmente es entre 15 y 20 años de prisión, pero fue encontrado no culpable por intento de asesinato contra Allan, afirmando negligencia y dictaron una sentencia de 30 a 90 días en una prisión militar por el intento contra el joven. La fiscalía recibió esto como "satisfacción parcial" dado a la solidez del caso, incluso fuertes declaraciones testimoniales, las evidencias médicas y forenses dadas por los peritos que desacreditaron a fondo el caso de la defensa alegando legítima autodefensa..

“Es el choque de dos sectores, uno que detenta el poder impunemente, hoy más que nunca, y la vida de una persona que recoge cienes, miles de años de represión, eso es lo que ha configurado este juicio...es decir que es la reivindicación de las muchas muertes violentas hechas por quienes tienen el poder y que creen que tienen la impunidad para ello”

- Víctor Fernández, fiscal

La empresa estatal china SINOHYDRO - la más grande empresa constructora hidroeléctrica del mundo - fue contratada para construir la represa, pero se retiró del proyecto en julio de 2013 debido a "conflictos de interés serias entre ... DESA, y las comunidades locales ... [que eran] impredecible e incontrolable," según la compañía. El proyecto Agua Zarca, junto con 40 otras  concesiones de represas hidroeléctricas, fue aprobado mediante legislación nacional en septiembre de 2010, pese a ser una violación directa del derecho de consulta libre, previa e informada y la constitución hondureña, especialmente en cuanto al respeto a los tratados internacionales y los derechos de los pueblos indígenas.

El brazo del sector privado del Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional y el Fondo Mezzanine de Infraestructura para América Central también se retiraron del proyecto [1] tras la denuncia del COPINH presentado al Asesor en Cumplimiento Ombudsman, argumentando que la concesión para la presa había sido otorgada ilegalmente por la falta de consulta con, y consentimiento de, las comunidades afectadas [2].  

En abril de 2013, el Pueblo Lenca en Río Blanco empezaron a bloquear una de las carreteras para impedir el acceso al sitio de la represa. Poco después llegó el Primer Batallón de Ingenieros, comandado por el Coronel Milton Amaya, graduado de la Escuela de Las Américas, y mantiene su presencia hasta hoy día. El Pueblo Lenca han estado en la resistencia hace más de 500 años y la presa de Agua Zarca es simplemente otra ataque más a su cultura y su vida tradicional. Han enfrentado a amenazas, intimidaciones, desalojos, detenciones y asesinatos [3].

“...Tenemos una lucha...por una represa, estamos defendiendo los recursos naturales y ya hace sobre tres años de estar en la lucha y siempre seguimos allí en la lucha de esa empresa porque hace tres meses que ha regresado de vuelta a querer financiar la represa”

                 - Allan, hijo de Tomás García, relatando la lucha en Río Blanco

La líder del COPINH y ganadora del premio Goldman [4], Berta Cáceres, ha sido el blanco de una campaña fuerte para silenciar y desacreditar a la resistencia a la presa. El 24 de mayo de 2013 en camino a Río Blanco, Cáceres y su compañero, Tomás Gómez, fueron detenidos por el ejército y posteriormente encarcelados por una acusación de posesión ilegal de armas de fuego.Sin embargo, debido a la falta de pruebas, en primer instancia un juez dictó un sobreseimiento provisional, que otorgó la fiscalía el derecho a presentar nuevas pruebas para el caso dentro cinco años. Meses después, Cáceres, junto con otros dos miembros del COPINH fueron acusados por DESA de delitos de coacción, incitación y usurpación en contra de la empresa y de daños que ascendieron a tres millones 359 mil 263 dólares, unos 67 millones de lempiras [5]. Una vez más, debido a la falta de pruebas, los cargos fueron desestimados provisionalmente el 4 de enero de 2014. Últimamente el COPINH logro justicia cuando el Juzgado Primero de Letras dictó el Sobreseimiento Definitivo el 10 de febrero de 2014 [6].

Foto: Un sitio web llamado copinhhonduras.blogspot.com/  fue creado con el propósito de difamar al COPINH y especialmente a Berta. Esta imagen fue incluido como parte de un artículo publicado el 6 de enero de 2014, y la leyenda lee "Berta, el diablo que vino a arruinarnos la vida en Río Blanco."

Tras su visita a Honduras el mes pasado, Victoria Tauli-Corpuz, la Relator Especial de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, expresó su preocupación por “la falta de recursos de instituciones como la Fiscalía de Etnias y el Comisionado Nacional de Derechos Humanos; barreras de idioma, culturales y económicas; el racismo y la discriminación contra los pueblos indígenas; y la impunidad” [7].

Representando a la víctima y sus familiares, y la comunidad Lenca, el fiscal Víctor Fernández dio fuertes declaraciones dirigidas a los jueces del caso de Tomás García, pidiéndoles que no vean a los y las indígenas como violentos y criminales por su pobreza, la ropa que usan, sus características físicas y su forma de vivir, y les imploró condenar esta grave violación de los derechos humanos.

Incluso antes del golpe de estado de 2009, la privatización del río Gualcarque ya había estado en marcha con los planes del gobierno para el desarrollo de la energía hidroeléctrica [8]. El contexto de impunidad rampante en Honduras y la priorización de los intereses capitalistas ha abrido el camino para múltiples formas de represión por parte del Estado, el caso de Tomás García y la lucha por el río Gualcarque, siendo ejemplos concretos. Por ahora, el proyecto Agua Zarca continúa contando con la fuerte presencia militar en Río Blanco, unidades policiales y militares que posiblemente cuentan con financiamiento del gobierno estadounidense y dado las violaciones graves a los derechos humanos cometidos, deberían ser investigados cuidadosamente de conformidad con la ley Leahy.

El 8 de enero de 2016 el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque pronunciará su sentencia final para el suboficial condenado. El abogado de la familia de Tomás presentará un recurso de casación de la decisión sobre el caso de Allan y para que la pena se cumpla en la penitenciaría del estado en vez de la Primera Batallón de Infantería.

Aparte de Agua Zarca ha habido muchos otros casos en cual  las fuerzas de seguridad  hondureñas han estado implicadas en violaciones de los derechos humanos relacionados a megaproyectos, a menudo proyectos que se desarrollan sin el consentimiento de las comunidades. Es por eso que han habidos llamados para poner fin o por lo menos alto a la financiación estadounidense al ejército y la policía hondureña. En agosto de 2015, 21 Congresistas demócratas enviaron una carta a John Kerry, Secretario del Departamento de Estado de EE.UU con demandas que incluyeron “la suspensión y la reevaluación de más entrenamiento y apoyo para unidades policías y militares hondureñas hasta que el gobierno hondureño remedie adecuadamente los abusos de los derechos humanos” [9]. En teoría, la ley estadounidense Leahy prohíbe los departamentos de Estado y Defensa de los estados unidos proporcionar asistencia a cualquier unidad militar o policial hondureña si existe información creíble de que tal unidad ha cometido graves violaciones a los derechos humanos con impunidad [10] aunque en la práctica, no siempre es así. Hasta en los pocos casos en que se castigan a los violadores de derechos humanos, como fue el caso para el asesino de Tomás García, la justicia sigue siendo difícil de lograr.

Nota de corrección: Una versión anterior de este artículo se publicó indicando erróneamente que la sentencia de 30 a 90 dias estaba vinculada al crimen de homicido simple.

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[1] "Oficina del Asesor Cumplimiento Ombudsman--Informe Anual 2014," consultado el 18 de diciembre de 2015, http://www.cao-ombudsman.org/publications/documents/CAOANNUALREPORTSPANISH2014.pdf 

[2]“Reclamo CAO Octubre 9, 2013,” consultado el 18 de diciembre de 2015, http://www.cao-ombudsman.org/cases/document-links/documents/Reclamo_CAO_October92013.pdf 

[3] “Rio Blanco: Cuando un pueblo dice no, es no,” consultado el 18 de diciembre de 2015. http://www.cipamericas.org/es/archives/10637

[4] “Hondureña Berta Cáceres recibe el Premio,” consultado el 18 de diciembre de 2015, Goldman”http://www.elheraldo.hn/pais/833160-214/hondure%C3%B1a-berta-c%C3%A1ceres-recibe-el-premio-goldman 

[5]“Fiscalía acusa a dirigentes del Copinh por provocar daños contra empresa que ejecuta proyecto hidroeléctrico en occidente”, consultado el 18 de diciembre de 2015, http://www.proceso.hn/component/k2/item/17084.html 

[6] “Dictan sobreseimiento definitiva a Berta Cáceres,” consultado el 18 de diciembre de 2015, http://defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=2966:dictan-sobreseimiento-definitivo-a-berta-caceres&Itemid=159

[7]“Declaración final misión Honduras de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, consultado el 18 de diciembre de 2015, 2015, http://unsr.vtaulicorpuz.org/site/index.php/es/declaraciones-comunicados/102-declaration-honduras 

[8] “El poder del agua en las Altas Montañas: conflictos ambientales y de distribución

y apropiación,” consultado el 18 de diciembre de 2015, http://www.jornada.unam.mx/2013/09/30/eco-c.html 

[9]Miembros del Congreso de EEUU se oponen a la asistencia militar y policia a Honduras”” ,consultado el 21 de diciembre de 2015,http://www.cipamericas.org/es/archives/17164 

[10 ]“Aplicando La Ley Leahy a La Asistencia Militar y Policial de Los EE.UU.”,consultado el 21 de diciembre de 2015. http://www.lawg.org/storage/documents/Guia_Ley_Leahy.pdf

In Honduras, Attempted Murder Against an Indigenous Youth is Worth 30 to 90 Days in Jail

By Gloria Jiménez and Bryan Rogers

Photo: The burial of Tomás García. Photo courtesy of SOA Watch.

On July 15, 2013 the life of Tomás García was brutally taken, and his 16 year old son nearly lost his own, struggling to defend their land against the powerful interests behind the Agua Zarca hydroelectric dam project in the northwest of Honduras, in the heart of the indigenous Lenca territory.

That tragic afternoon a Sub-officer from the Honduran army’s First Battalion of Engineers--a unit that receives U.S. government funding-- opened fire on an unarmed García, a member of his community's Indigenous Council and member of the Council of Popular and Indigenous Organizations of Honduras (COPINH), during a peaceful protest being organized to halt the project.

On December 10, 2015 the judges found officer Kevin Yasser Sarávia guilty of simple homicide, a crime whose punishment generally warrants between 15 and 20 years in jail. On the charge of attempted murder, however, the court ruled not-guilty, instead citing negligence, ordering the officer to serve a 30 to 90 day sentence in a military prison. The prosecution considered the rulings a partial victory given the strength of their case which included strong witness testimonies, and expert medical and scientific evidence which thoroughly discredited the defense’s sole argument of self-defense.

"It's the clash of two sectors, one that wields unaccountable power - now more than ever- and a life of an person that represents hundreds, thousands of years of repression, that is what this ruling establishes...that is to say it's the vindication of many violent deaths committed by those who hold power and believe they can do it with impunity."
-Víctor Fernández, prosecuting lawyer

The Agua Zarca dam project is being implemented by the private Honduran company Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA). The Chinese state-owned SINOHYDRO - the world’s largest hydropower construction firm - was contracted to build the dam but pulled out of the project in July of 2013 due to  “serious interest conflicts between…DESA, and the local communities…[that was] unpredictable and uncontrollable”, according to the company. Along with 40 other hydroelectric dam concessions, the Agua Zarca project was approved through national legislation in September of 2010 despite being in direct violation of the right to free, prior and informed consent and Honduras’ constitution, specifically respecting international treaties and the rights of indigenous peoples.

The World Bank’s private sector arm, the International Finance Corporation and the Central American Mezzanine Infrastructure Fund decided to pull out of the project [1] after COPINH filed an official complaint with the Compliance Advisor/Ombudsman arguing that the concession for the dam on ancestral lands was granted illegally because of lack of consultation with impacted communities [2].

In April of 2013, Lenca communities in Río Blanco began blocking access to the dam site. Shortly thereafter, the First Battalion of Engineers, commanded by School of the Americas graduate, Col. Milton Amaya, moved in and have never left. Lenca peoples have been in resistance for over 500 years and the Agua Zarca dam is yet another attack on their culture and traditional ways of living. They have faced threats, intimidation, evictions, arrests and murders [3].

“...We have a struggle against this [hydroelectric] dam, we're defending our natural resources and we've been three years in this struggle and we continue in this struggle against that company because they returned three months ago wanting to finance the dam."  

-Allan, son of Tomás García on the struggle in Río Blanco

COPINH’s leader and Goldman prize winner, Berta Cáceres, has been the target of a campaign to silence and discredit resistance to the dam. On May 24th, 2013 on their way to Río Blanco, Cáceres and fellow leader, Tomás Gomez, were stopped by the military and subsequently jailed on an illegal arms accusations [4]. However due to a lack of evidence, the judge provisionally dismissed the charges which allowed the prosecution up to five years to submit new evidence. A few months later, Cáceres along with two other members of COPINH were accused by DESA of “coercion, usurpacion and damages” [5] to the tune of US$359 million dollars. Once again, due to lack of evidence, the charges were provisionally dismissed on January 4th, 2014 [6]. In the end, the Court of First Instance in Santa Bárbara ordered a definitive dismissal of the charges.  

Photo: A website called copinhhonduras.blogspot.com/  was created to slander COPINH and targeted Berta. This image was included as part of a post dated January 6, 2014, and the caption reads “Berta, the devil that came to mess up our lives in Río Blanco.”

After her visit to Honduras last month, the UN Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples, Victoria Tauli-Corpuz, voiced her concern over “the lack of resources of the institutions such as the Fiscalía de Etnias and Comisionado Nacional de Derechos Humanos; language, cultural and economic barriers; racism and discrimination toward indigenous peoples; and impunity” [7].

Representing both the victim’s family and the Lenca community, prosecutor Víctor Fernández gave strong statements directed at the judges during the Tomás García trial, calling on them to not see the indigenous as violent and criminals because of their poverty, their clothes, physical features and their way of life, and to punish this grave violation of human rights.

Even before the 2009 coup, privatization of the Gualcarque River had already been underway with the government’s plans to develop hydroelectric power [8]. Given the rampant impunity in Honduras, in conjunction with the prioritization of business interests, this has paved the way for multiple forms of state repression as clearly displayed in the case of Tomás García and the struggle for the Gualcarque River. For now, the Agua Zarca project site remains heavily guarded by military and police units which could be receiving U.S. government funding and should be thoroughly vetted per the Leahy law given the grave human rights violations that have occurred there.

On January 8, 2016 the Siguatepeque Trial Court will deliver their final sentencing for the convicted sub-officer. The lawyer for Tomás’s family plans to submit an appeal on the decision regarding Allan’s case and the decision for the jail term to be served in the state penitentiary rather than the First Infantry Battalion.

Apart from Agua Zarca, Honduran state security forces have been implicated in human rights abuses in numerous other mega projects, often undertaken without the consent of the local communities. For this reason, there have been calls to end or at least halt U.S. funding to Honduran military and police. In August 2015, 21 House Democrats sent a letter to Secretary of State Kerry with demands that included “disclosing how U.S. funds are being used and “the suspension and re-evaluation of further training and support for Honduran police and military units until the Honduran government adequately addresses human rights abuses” [9].  In theory, the Leahy law prohibits the departments of State and Defense from providing support to foreign military units that violate human rights with impunity although in practice, this is not always the case. Even in the few cases where human rights violators like Tomas Garcia’s murderer are punished, justice is elusive.

*An earlier version of this article was published erroneously connecting the 30 to 90 day sentence with the charge of simple homicide.

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[1] "Agua Zarca Siemens HR Dossier," accessed on December 18, 2015, http://amazonwatch.org/assets/files/2015-agua-zarca-siemens-hr-dossier.pdf 
[2]“Honduras / CAMIF-01/ Intibucá,” accessed on December 18, 2015, http://www.cao-ombudsman.org/cases/case_detail.aspx?id=208 
[3] “The Agua Zarca Dam and Lenca Communities in Honduras: Transnational Investment Leads to Violence against and Criminalization of Indigenous Communities,” accessed on December 18, 2015. http://rightsaction.org/sites/default/files/Rpt_131001_RioBlanco_Final.pdf 
[4] “Honduras: Indigenous Movement Defends Land and Rights as Election Looms,” accessed on December 18, 2015, http://upsidedownworld.org/main/honduras-archives-46/4564-honduras-indigenous-movement-defends-land-and-rights-as-election-looms 
[5]“Honduras: Who Should Really Be On Trial For the Rio Blanco Dam?,” accessed on December 18, 2015, http://upsidedownworld.org/main/honduras-archives-46/4748-honduras-who-should-really-be-on-trial-for-the-rio-blanco-dam 
[6] “Honduras,” accessed on December 18, 2015, https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2015/honduras 
[7]“UN rights expert raises alarm on “the critical situation faced by indigenous peoples in Honduras”
, accessed on December 18, 2015, http://unsr.vtaulicorpuz.org/site/index.php/press-releases/104-honduras-alarm 
[8] James J. Phillips, Honduras in Dangerous Times: Resistance and Resilience, (Lanham: Lexington Books, 2015), 117.
[9] Congressional Democrats Voice Renewed Opposition to U.S. Security Assistance to Honduras – Will Kerry Finally Listen?”, accessed on December 21, 2015. http://cepr.net/blogs/the-americas-blog/congressional-democrats-voice-renewed-opposition-to-u-s-security-assistance-to-honduras-will-kerry-finally-listen 

Could the Tomás García murder trial be another case of impunity in Honduras?

An interview with Berta Caceres of COPINH

Photo: COPINH members holding banner in front of the courthouse in La Esperanza. Witness for Peace

By Bryan Rogers y Gloria Jiménez

In July of 2013, Lenca leader, Tomás Garcia, who was unarmed, was murdered by Honduran Military forces at the main gates of the Agua Zarca hydroelectric dam as the indigenous Lenca people were protesting its construction on their ancestral lands. There are three key Honduran military officers involved who have direct ties to U.S. military training.

The trial was held in La Esperanza, Intibucá, Honduras and on the final day of the hearing on December 8, 2015, Berta Cáceres from COPINH (the National Council of Popular and Indigenous Organizations of Honduras) spoke to Witness for Peace outside of the courthouse.

What will COPINH do if this is another case of impunity?

Given how the supposed justice system operates in Honduras, impunity is rather likely. More than 100 indigenous leaders, men and women, have been murdered with impunity and for many years individuals in power have been implicated in these murders, all of which occurred while defending their land, culture, spirituality, in defense of Mother Nature’s communal goods. And the case of Tomas Garcia and Alan could be yet another disgrace in which we’ve been living, which is the product of all the marginalization within in completely unjust system. We will exhaust all possible procedures at the national and international levels, and we will continue the struggle, one that will honor both Tomas Garcia, who sacrificed his life, and Alan because he is a young man that, despite his young age - only 16 when the incident occurred - he has been very strong, he’s been an example, an inspiration, truly an inspiration, not only there in Rio Blanco, but throughout this entire process.

And it’s about increasing mobilization and our capacity to advocate for changes in the judicial culture of this country that does not at all respect the rights of indigenous communities, despite having ratified conventions like [ILO] 169, and the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People, and other instruments. So this is also a way to follow...we have various avenues all in the search for justice and respect of our indigenous people’s rights, and to build solidarity because it’s very important that these despotic governments, this despotic justice system, an oppressor ironically full of injustice must feel international pressure and observation, the judgment of national and international community, that’s not going take place in a courthouse, or...maybe it will, but there must be a process that will really attempt to change the situation of, as we always say,  “the reign of impunity” under which we live in Honduras.

What would be a fair sentencing in this case?

Prison for Tomas’ killer and that justice be applied under the full weight of the law, as it must be, for the attempted murder of our brother, Alan Garcia, because it’s overwhelmingly clear that he [the accused] intended to kill him. The ballistics experts and the medical examiner made that very clear and they made it clear that Tomas - which is something they [the defense] tried to argue--that Tomas did not attempt to attack the military officer, and because of that, he [the military officer] was acting in self-defense--it is completely false. So, innocence is proven, and in some way, we have to say because it’s been a strong Lenca campaign because they wanted to portray him [Tomas] as the aggressor.

Photo: Protestors facing military police at the courthouse in La Esperanza on the last day of the hearing. Witness for Peace.
 

Can you describe the present situation in Rio Blanco?

Very tough. Very tough. It could even be that these events repeat themselves, an even in a way that is more aggressive. DESA has returned with all of their machinery. The community is organizing almost daily, there are special orders that are even financed and trained directly from the U.S. as is the case with Los Tigres, or the military police that has an illegal and unconstitutional paramilitary structure. We’ve seen the arrogance, the threats, the constant shots fired into the air with their guns -- the same thing that they did when we were there in 2013, and the same thing that they’re doing in a more aggressive way, promoting a lot of hatred. The mayor of San Francisco de Ojuera and that company [DESA] have publically used racist insults, full of disdain, full of misogyny, machista insults, loaded with sexual insults towards us as women. Direct threats to our lives as we had last week...such highly illogical things that you don’t see in other parts of the world. The mayor ordered the roads to be torn up in order to impede the mobilization of COPINH. It’s something that is unacceptable. It is despicable, irrational. But it’s sanctioned in this country. It’s sanctioned. It’s seen as ok from the powers that be and from the mainstream media of domination. I’ve seen many cases of discrimination, of racism.

And what we saw yesterday has been one of the worst that I have seen, that I’ve witnessed. The situation in Rio Blanco is that the company, DESA, claims that it’s outside of Intibucá, but like we said, the Lenca territory has no limits, nor a department, or even a national boundaries, and so they are boundaries that colonialization has imposed, domination. Furthermore, the Lenca territory occupied most of this country that today is called Honduras. And historically, Santa Barbara was settled by the Lenca people. And the Gualcarque River is not two, but just one. And it is over the Gualcarque that the company, DESA is once again intending to develop the Agua Zarga dam project, financed by the FMO [Dutch development bank], whom we condemn and hold responsible for the murder of our brother, Tomas, because they have been involved in everything, the impunity and the racism. The FMO - the Dutch bank - and FINFUN of Finland, both with majority shares of their governments, of the governments of those countries.  

It’s something that we’re living through in the worst era in five hundred years. The imposition of one of the most violent and vicious transnational dictatorships that we’ve ever seen. Facing this, we must fight in an extremely adverse context, as we’ve seen here during this struggle in Rio Blanco, and the struggle has gotten stronger. The fight in Rio Blanco is not only about territorial mobilization, of oppositional mobilization. It’s about growing our organizational and communications capacity, of building solidarity. It’s nationwide, and it’s legal. We’re undertaking a legal struggle, taking advantage of all the open doors that are available along with our colleagues - like those who have accompanied us during this trial - who have worked with integrity in the search for justice for Tomas and Alan.  

Finally, what is your message to the international community?

Basically, to activate all the possible avenues of activism: from mobilization to observation, actions outside the Honduran embassies in foreign countries. To utilize all the possible resources in their capacity, whether that’s publishing and disseminating information, applying political pressure, making phone calls, writing letters to the court before Thursday would be extremely helpful, this is urgent. In general, supporting the struggle of the Lenca in Rio Blanco and the work of COPINH.

Anything else you would like to add?

We truly believe in solidarity and in hope despite how hurtful this process is. And we can only think of how our brother, Tomas, is no longer with us, of how much he is missed, not just by his family-- his sons and daughters, but by COPINH as well. And despite everything that’s happened, we still have hope in our people’s struggle.  

¿Podría el juicio por del asesinato de Tomás García ser otro caso de impunidad en Honduras?

Una entrevista con Berta Cáceres de COPINH



Por Bryan Rogers y Gloria Jiménez

En julio de 2013, el líder Lenca, Tomás García, que estaba desarmado, fue asesinado por un soldado militar hondureño en las puertas principales de la represa hidroeléctrica Agua Zarca en una protesta de las indígenas Lenca que será construida en sus tierras ancestrales . Hay tres oficiales militares hondureños claves involucrados que tienen vínculos directos a los Estados Unidos de entrenamiento militar.

El juicio se realizó en La Esperanza , Intibucá, Honduras y en el último día de la audiencia, el 8 de diciembre de 2015, Berta Cáceres del COPINH (Consejo Nacional de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras ) habló con Acción Permanente por la Paz fuera del palacio de justicia.

¿Qué piensa hacer el COPINH si este crimen queda en impunidad?

Honduras con el sistema de supuesta justicia que opera es bastante probable. En los pueblos indígenas hay más de 100 asesinatos de líderes, mujeres y hombres, líderes indígenas, en impunidad, desde hace años involucrada gente de poder y todos en defensa de su territorio, cultura, espiritualidad, en defensa de bienes comunes de la naturaleza. Y el caso de Tomás García y Alan puede quedar con esa misma desgracia en que hemos estado que es producto de todo la marginalización en un sistema totalmente injusto. Nosotros vamos a seguir todos los procedimientos posibles al nivel nacional e internacional, y vamos a continuar con la lucha que es lo que también va a dignificar a Tomás García que ofrendó su vida y también a Alan porque ha sido un muchacho que a pesar de su corta edad, diez y seis años cuando ocurría el hecho, ha sido muy fuerte, ha sido un ejemplo en la inspiración de verdad que ha sido una inspiración y hemos visto que no sólo allá en Río Blanco sino en todo el proceso.

Y es de construir más movilización, más capacidad de incidir para cambiar la cultura jurídica de este país que no respecta para nada los derechos de los pueblos indígenas, a pesar que tiene convenios ratificados como el 169 o la declaración de la ONU sobre pueblos indígenas y otros instrumentos. Entonces, eso es una manera también de seguir...que tenemos varios caminos todo en búsqueda de la justicia y respecto a los derechos de los pueblos indígenas, y construir también la solidaridad porque es muy importante estés gobiernos déspotas, este sistema judicial déspota, un opresor lleno de injusticia-- irónicamente, tiene que sentir la presión y la observación internacional, el juicio de la comunidad nacional e internacional que no va a hacer en un tribunal, tal vez, o tal vez sí, pero tiene que haber un proceso que realmente haga, o trata de cambiar esta situación de...como siempre decimos del reino de impunidad que vivimos en Honduras.

¿Y que sería una sentencia justa en este caso?

Cárcel para el asesino de Tomás y también que le aplica justicia como debe ser en todo el peso de la ley por el intento de asesinato al compañero Alan García porque está clarísimo que él quería a matarlo. Los Peritos en balística y los médicos forenses dejaron claro eso y dejaron claro que Tomás - que es algo que un [argumento] que ha tratado de usar - que Tomás no intentó agredir al militar, y que por eso, que él hizo defensa propia, eso es completamente falso. Entonces, se quedó demostrada la inocencia, de alguna manera tenemos que decirlo porque como eso ha sido una campaña fuerte del pueblo Lenca porque lo han querido poner como agresor.

¿Y qué es la situación actual en Río Blanco?

Muy grave. Muy grave. Se puede inclusive ir a repetir estos hechos, incluso de lo manera tal vez más grave.  Ha regresado DESA con toda su machinaría. La comunidad se estaba movilizando casi a diario. Las amenazas son mayores, usted tiene comandas especiales que incluso entrenado y financiado directamente de los Estados Unidos como son estos Tigres, o la Policía Militar que es una estructura paramilitar ilegal, inconstitucional. Y hemos visto la arrogancia, las amenazas, disparos al aire constantemente con sus armas, lo mismo que hicieron estos cuando estaba en 2013 y lo mismo lo están reproduciendo incluso de una manera más agresiva, promoviendo mucho odio. El alcalde de San Franscio de Ojuera y esa corporación ha expresado públicamente insultos racistas, lleno de desprecio, lleno de misoginia, de insultos machistas, con cargas de ofensas sexuales a nosotras por ser mujeres. Amenazas directas a la vida como lo tuvimos ese día la semana pasada...cosas tan ilógicas que no tengan en otras partes del mundo, el alcalde mandando a romper una carretera para impedir el paso de la movilización del COPINH. Es algo inaceptable. Algo despreciable, irracional, pero aquí se permiten en este país. Se permiten. Se mira bien desde esos órganos de poder y medios masivos de la dominación, verdad. Ha sido terrible el insulto, el desprecio. Yo he visto muchas situaciones de discriminación, de racismo.

Y esta lo que vimos ayer, ha sido una de las más fuertes que yo he visto, que he presenciado. La situación en Río Blanco es que la empresa DESA alega que está fuera en Intibucá -- el territorio Lenca como le hemos dicho no tiene límites, ni departamentales, ni de países, y ellos son límites que impusieron la colonización,  la dominación. Además el territorio Lenca ocupó la mayoría de este país que después le impusieron un nombre que es ‘Honduras.’ Y Santa Bárbara históricamente fue ocupada por el pueblo Lenca. Y el Río Gualcarque no son dos, es uno sólo. Y es sobre el mismo Río Gualcarque que la empresa DESA pretende nuevamente hacer este mismo proyecto Agua Zarca, con el mismo financiamiento del FMO aquí. Y condenamos y responsabilizamos también del asesinato del compañero Tomás porque estaba involucrado en toda. La impunidad e incluso el racismo. El FMO, el banco Holandés y el FINFUN de Finlandia, ambos bancos con acciones mayoritarias de sus gobiernos, de los gobiernos de los países.

Es una cosa que vivimos en una época peor que hace quinientos años. La imposición de una dictadura transnacional de la más violenta y feroz que hemos visto. Y antes eso nos tocan luchar en un contexto realmente adverso, como hemos visto aquí pero la lucha en Río Blanco se está potenciando, y la lucha en Río Blanco no sólo es de movilización territorial, de movilización contestataria de construcciones organizativas sino que también es comunicacional, de solidaridad, es nacional, es jurídica. Hacemos una lucha jurídica, aprovechando todo la ventanas que puedan y con compañeros que tienen mucha integridad como los que nos han acompañado en este juicio buscando justicia por Tomás y Alan.

¿Finalmente, cuál es el llamado para la comunidad internacional?

Bueno, a reactivar todos esos mecanismos: la movilización, la observación, incluso acciones en los países, en las embajadas de Honduras; activar todos los medios posibles de sus capacidades que tengan: sea de difusión, sea de hacer incidencias, lo que sea, hacer llamadas, escribir cartas a este tribunal antes del jueves sería muy importante, eso es de inmediato, y aportar a lucha que realizan en Río Blanco y el COPINH en general.

¿Quiere hacer algún otro comentario?

Que creemos mucho en la solidaridad y en la esperanza a pesar de lo doloroso que son estos procesos, porque solo pensar en cómo el compañero Tómas que no está aquí, y la falta que nos hace, no sólo a su familia, a sus hijos y hijas, sino que al COPINH a pesar de todo sucedimos, creyendo en la esperanza-- en la lucha de los pueblos.