Colombia en fuego: 400 desplazados tras ofensiva militar contra las FARC en el Cauca

Julia Duranti, APP Colombia

La versión original de este artículo fue publicada en inglés en Latin Correspondent.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se cumplieron 51 años esta semana, continuando su historia como la insurgencia armada más antigua en Latinoamérica, y el futuro de los diálogos de paz quedó colgado de un hilo. Luego de la ofensiva militar realizada el 22 de mayo en Guapi, Cauca que mató a 27 guerrilleros – incluyendo a Pedro Nel Daza Martínez, delegado de las FARC del proceso de paz– las FARC formalmente suspendió su cese al fuego unilateral.

Este fue apenas el último hecho de la violencia que ha venido intensificándose durante las últimas semanas en el sitiado departamento suroccidental del Cauca, lo cual incluye la reanudación de los bombardeos aéreos de los campamentos de las FARC ordenados por el presidente colombiano Juan Manuel Santos como respuesta al ataque por las FARC que dejó a 11 soldados muertos el 15 de abril.

Aunque tanto las fuerzas públicas como las FARC claramente han sufrido bajas en combate, los ciudadanos más vulnerables del Cauca también están pagando un precio alto.

Desde el ataque en Guapi, una ciudad de aproximadamente 30.000 habitantes en la costa pacífica caucana, casi 400 personas han sido desplazadas de las zonas rurales, huyéndose a la ciudad en búsqueda de la seguridad. Al menos 200 son niños o ancianos, y todas son Afrodescendientes – el grupo que ya se lleva la peor parte del desplazamiento forzoso en Colombia.

“En Guapi ya teníamos un problema grave de desplazamiento debido a los actores armados que amenazan a las comunidades negras e indígenas que habitan las zonas selváticas, pero el ataque a las Farc ha agravado la crisis. Desde ese día (viernes 22 de mayo) los desplazados siguen llegando al casco urbano provenientes de las comunidades San Agustín y Balsitas, a lo largo del río Guapi”, dijo Sinson Carabalí, personero de Guapi, al periódico El País.

Con casi 6 millones de personas desplazas, Colombia tiene una de las más altas poblaciones de desplazados internos en el mundo, segundo únicamente después de Siria. Aunque el 10 por ciento de la población colombiana se identifica como Afrocolombiana en el censo del 2005, al menos el 25 por ciento de las personas desplazadas son Afrodescendientes, según CODHES, una ONG que enfoca en los derechos humanos y el desplazamiento. Las cifras verdaderas para ambos grupos probablemente sean más altas, debido a las limitaciones de la terminología utilizada en el censo, la historia larga del racismo y el estigma fuerte contra identificarse como Afrodescendiente en Colombia y bajas tasas de reporte y registro) de las poblaciones desplazadas.

Lea más: Atrapado entre el conflicto y el desarrollo, el Cauca es un departamento en crisis

“Estábamos de regreso a nuestras casas y ahora nos toca seguir sin saber qué hacer, porque con eso de los bombardeos ya no podemos volver”, dijo Joaquín Carabalí, 52 años, habitante de Guapi.

Junto con las 400 personas desplazadas, 500 personas adicionales se encuentran confinadas por el miedo de retaliaciones de la Frente 29 de las FARC contra el ejército colombiano.

“Sí encontramos una población con mucho miedo porque en sus inmediaciones se presentó esta situación, la cual ha hecho que la gente que vive diariamente de la recolección agrícola, la caza y de la pesca, no haya podido hacerlo. Por lo tanto, se generó un problema adicional de seguridad alimentaria”, dijo Mauricio Redondo, el Defensor Regional del Pueblo.

Agregó que Guapi ya sufría de una carencia de albergue adecuado, saneamiento básico y agua potable, y que la falta de instalaciones para las personas recién desplazadas es, ‘’la mayor dificultad’’.

Llamados continuados por un cese al fuego bilateral
Mientras tanto, las organizaciones sociales reiteraron la necesidad urgente del cese inmediato al fuego bilateral para reducir la violencia.

‘’Hoy insistimos: urge una tregua bilateral y un cese al fuego, que permitan el desescalamiento del conflicto, que cuente con efectivos mecanismos de verificación y seguimiento pactados por las partes’’, escribió el Movimiento Nacional de las Víctimas de Crímenes del Estado.

‘’Esta sería una muestra real por parte de los actores de su interés por poner fin al conflicto. De otro lado, exigimos a la mesa de conversaciones de La Habana, Cuba, respeto por las propuestas presentadas por las delegaciones de víctimas que se reunieron con ellos, para quienes el CESE BILATERAL AL FUEGO fue una de las principales peticiones. No se puede continuar negociando en medio de las hostilidades, victimizando a la población civil y perdiendo vidas de compatriotas colombianos’’.

En efecto, las vidas perdidas generalmente son las de los colombianos más vulnerables. En Colombia el servicio militar es obligatorio para todos los hombres, pero los que pueden pagar una modesta multa son excusados. Frente a pocas oportunidades, los jóvenes que no cuentan con aquellos recursos se ven obligados escoger entre las fuerzas públicas, la guerrilla o los descendientes de los paramilitares conocidos como las BACRIM.

“No dejo de preguntarme cada día: ¿tienen importancia las vidas de las comunidades afros, indígenas y campesinas para este País’’? escribó la lideresa Afrocolombiana Francia Márquez, nativa de La Toma, Cauca.

“Lamento profundamente la muerte de los militares, porque desafortunadamente son nuestros hermanos, primos o sobrinos que por no tener oportunidades para ir a una universidad, o tener un trabajo digno, la única opción que les queda, es irse a combatir en una guerra que no es de ellos. Muchos dicen que es para defender la patria, y yo me pregunto ¿cuál patria? ¿La patria de quién si desde la esclavización hasta hoy las 10 familias que se creen las herederas de la corona española, han ostentando el poder económico en este país, y han hecho lo que han querido con nosotros?’’

Un compromiso firme a los diálogos de paz y un cese al fuego bilateral sí restañaría un poco el derrame de sangre de las últimas semanas, pero dada la diversidad de actores e intereses en juego en el conflicto colombiano, la paz duradera requerirá mucho más.

“La Paz no será posible si no existen garantías para La defensa de los derechos humanos y para la participación de la población, sus organizaciones y líderes sociales en la construcción de la misma”, escribió la Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca.

Mientras Colombia Termina Fumigaciones Controversiales, La Sociedad Civil Exige la Reevaluación de las Tácticas de la Guerra Contra las Drogas

La versión original de este artículo apareció en Latin Correspondent el 15 de mayo, 2015.

Por Allison Rosenblatt

BOGOTÁ - La Guerra Contra las Drogas en Colombia está viendo su primer gran cambio en más de dos décadas con la Declaración del presidente colombiano Juan Manuel Santos exigiendo el cese de fumigaciones aéreas de cultivos de coca antes del 1 de octubre de este año. La decisión fue aprobada por el Consejo Nacional de Estupefacientes el 15 de mayo con siete votos a favor y uno en contra.

El controversial programa de fumigación – realizado en gran parte por estadounidenses tercerizados que rocían el herbicida glifosato por áreas rurales de Colombia – se considera esencial en las políticas estadounidenses contra la producción de droga en Colombia.

El futuro del programa de fumigación cambió después de que un informe fuera emitido en marzo por la Organización Mundial de la Salud, el cual concluyó que el Glifosato, ingrediente activo en el Roundup, un producto de Monsanto, es “probablemente cancerígeno” para los seres humanos.

Muy pronto después de que el informe saliera al público, el Ministro de Salud de Colombia exigió al gobierno la suspensión del programa de fumigación, esto a pesar de que el último seguía contando con el apoyo de algunos miembros de la defensa y ejército estadounidense.

Estos eventos causaron una campaña en las redes sociales de #NOFumigación en Colombia y los Estados Unidos, dicha campaña buscaba crear más conocimiento acerca del tema y exigir un cese del uso de la química en esfuerzos para erradicar la coca. Una petición de Change.org colectó casi 25,000 firmas, y 19 miembros del congreso estadounidense aclamaron públicamente la decisión.

Mientras 32 grupos de la sociedad civil en los Estados Unidos y Colombia celebran el cese de lo que se piensa es “un programa inhumano y dañino para el medio ambiente,” otros permanecen escépticos acerca de que este desarrollo pueda resultar en grandes cambios en la Guerra Contra las Drogas apoyada por los Estados Unidos.

Durante el conversatorio #NOFumigación llevado a cabo el 13 de mayo y dirigido por la “Red por la Justicia Ambiental en Colombia”, expertos en políticas de las drogas hablaron de implicaciones futuras al cese de la fumigación y otras técnicas para reducir la producción de cultivos ilícitos.

Algunos participantes del conversatorio manifestaron estar preocupados de que las fumigaciones puedan continuar con diferentes químicos dañinos, o que sean reemplazadas con otras tácticas igualmente dañinas para la población colombiana.

“Solicitamos al Presidente Santos y al Ministro [de Salud] Gaviria, ojalá esto no sea solo una [manera] de reemplazar el veneno para que de entrada ya no sea el Glifosato sino [que] aparezca algún otro producto nuevo que contenga Monsanto el cual quieran experimentar con nosotros,” dijo Felipe Tascón Recio, un economista e investigador del Instrumento Político de Acción y Soberanía (IPAS).

Una solución militar para un problema de salud pública

“Se ha visto la necesidad de sacar el debate sobre la relación [entre] drogas y seguridad exclusivamente y llevarlo a donde debe estar... en general la política de las drogas es un problema de salud pública en el mundo y hasta allí debería llevarse,” dijo Pedro Arenas, el presidente del Observatorio de Cultivos y Cultivadores Declarados Ilícitos.

Mientras se prohíbe el Glifosato por sus propiedades cancerígenas, no se han considerado otras preocupaciones de salud y medioambiente en el proceso de tomar decisiones. La dispersión del químico ha resultado en enfermedades de la piel, sistema de reproducción, y la pérdida de visión para los que se han encontrado en áreas afectadas. Estos casos han sido documentados y denunciados públicamente desde que empezaron las fumigaciones aéreas en Colombia hace casi treinta años, según Camilo González, ex Ministro de Salud de Colombia y el presidente actual del Instituto para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ).

Cultivadores se han quejado repetidamente de que sus cultivos legales comestibles han sido destruidos por fumigación y que sus fincas están poniéndose menos fértiles.

En el 2000, la militarización de la Guerra Contra las Drogas incrementó muchísimo en Colombia después de que los Presidentes Bill Clinton y Andrés Pastrana aprobaran Plan Colombia, un acuerdo bilateral de $1.3 mil millones contra las drogas e insurgencia. Desde allí, los Estados Unidos ha mandado más de $7 mil millones en programas sucesores a Colombia con la mayoría de los fondos dedicados al ejército. Fumigaciones aéreas eran una parte esencial de este plan; se estima que se ha recibido $2 mil millones desde su fundación en 1994.

Es probable que el cese de fumigaciones signifique un gran cambio en un elemento fundamental del apoyo financiero estadounidense a Colombia. Pero todavía falta ver si los legisladores estadounidenses y colombianos estarán dispuestos a hacer cambios más sustanciales en la Guerra Contra las Drogas.

Hasta que los Estados Unidos y Colombia estén de acuerdo en cambiar el enfoque desde la oferta hasta la demanda para las drogas y financiar más iniciativas sociales y económicas, los activistas seguirán criticando las estrategias tan dañinas como fumigaciones aéreas.

Resistiendo la desigualdad en medio de la balacera

La versión original de este artículo fue publicada en el periódico The Indypendent el 18 de mayo 2015. Una versión anterior apareció en el periódico Upside Down World el 24 de abril 2015.

Por Lisa Taylor, APP Colombia

BUENAVENTURA, Colombia – Suavemente, la brisa flota por la casa de madera que se mece en las olas del mar en la comunidad conocida como Puente Nayero en la zona de bajamar, dando un momento de respiro muy bienvenido en el bochorno de la Costa Pacífica. Los gritos y las risas de los niños y niñas además de la música popular de la salsa choke filtran por la puerta de la casa mientras Miguel Caicedo,* un líder afro-colombiano y pescador artesanal demuestra la técnica de la pesca que ha utilizado por 47 años, reflexionando sobre los cambios que ha presenciado en su comunidad.

Cada vez que salen por ocho a diez días en una lancha pequeña, los grupos pescadores – usualmente compuestos por varios miembros de una familia – viajan hasta 150 kilómetros por la costa para capturar la tonelada del pescado necesario para mantener a sus familias. La ruta sigue alargándose en los años recientes mientras los peces se hacen más y más escasos. Demostrando el uso de un anzuelo mientras enumera con facilidad más de 10 especies de pescado y mariscos, Caicedo emana su orgullo por la tradición pescadora de su comunidad.

“Para nosotros, la pesca artesanal es tan importante porque es como se consigue el sustento,” manifiesta.

Pero las poblaciones disminuidas del pescado no presentan la única amenaza para el sustento de don Caicedo. La ciudad del puerto de Buenaventura, donde se sitúa Puente Nayero, ha llegado a ser famosa por las altas tasas de desapariciones, asesinatos, desplazamientos y desmembramientos llevados a cabo por los grupos paramilitares quienes procuran controlar las rutas del narcotráfico lucrativo que extienden al norte hasta Centroamérica y los Estados Unidos. La ubicación estratégica de Buenaventura como el puerto más grande en Colombia, además de los múltiples ríos y esteros que se encuentran en el municipio, ha atraído tanto intereses legales como intereses ilegales. Tales intereses afectan desproporcionalmente a las comunidades afro-descendientes, las cuales llegaron en el Pacífico por la esclavización de la corona española y ahora componen un estimado 90 por ciento de los 500.000 habitantes en Buenaventura.

A pesar del gran despliegue especial de miles de tropas militares a la ciudad por el presidente colombiano Juan Manuel Santos en 2014, los habitantes constatan que la militarización de la ciudad y la presencia de la fuerza pública no han tenido mucho efecto. Presenciando la inactividad de la policía y algunos casos del abuso policial – un joven de Puente Nayero fue torturado con choques eléctricos por la policía en junio 2014 – los habitantes locales sospechan la indiferencia e incluso la connivencia de la fuerza pública con grupos paramilitares.

Además del control paramilitar de su barrio, Caicedo tiene que enfrentarse con los proyectos de la expansión del puerto en Buenaventura, los cuales expulsarán las operaciones pequeñas de la pesca artesanal. A pesar de haber sido abordado el año pasado por tres paramilitares quienes lo amenazaron a muerte, se mantiene firme en su apoyo de la iniciativa no-violenta en su comunidad que se conoce como el Espacio Humanitario y lleva un año de resistencia. Compuesto por una calle y dos puentes colindantes poblados de casas construidas sobre el mar, Puente Nayero es una comunidad residencial de aproximadamente 300 familias. Caicedo insiste que el Espacio Humanitario – un área libre de los actores armados ilegales – es una herramienta crucial para defender las familias, territorio físico, sustento de la pesca artesanal y las prácticas culturales de Puente Nayero.

“Estoy amenazado aquí en mi calle, pero aguanto mi amenaza por defender mi territorio. Soy fundador de este proceso,” dice Caicedo.

Enfrentado con tanta violencia, ¿por qué decidió Puente Nayero conformarse como un Espacio Humanitario y resistir en una forma no-violenta? Viviendo con el temor insoportable y la zozobra total, los miembros de la comunidad tomaron la decisión después de dos acontecimientos que se dieron en su barrio. Un suceso fue el asesinato brutal de la vendedora de mariscos Marisol Rodríguez, quien fue asesinada en marzo del 2014 por protestar las desapariciones de su marido e hijo. Los paramilitares la llevaron hasta una “casa de pique” – el nombre dado a las casas utilizadas para descuartizar las víctimas – y empezaron a torturarla. Ensangrentada, escapó de sus victimarios y se cayó en el mar, dónde los hombres la perseguían y al final amarraron unas piedras a su cuerpo y la ahogaron. Este hecho fue seguido por el asesinato de Carlos Angarita, un joven de 16 años. Un día en abril del 2014 después de salir de su trabajo vendiendo el agua de coco, Angarita fue desmembrado por los paramilitares. Los miembros de la comunidad descubrieron su cuerpo menos de 40 metros de Puente Nayero la mañana siguiente.

Presenciando tanto derramamiento de sangre cerca de sus hogares, los miembros de la comunidad tomaron la decisión crear el Espacio Humanitario el abril del año pasado. Formaron una coordinación de líderes y lideresas y solicitaron el acompañamiento de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, una ONG colombiana que documenta y defiende los derechos humanos. Adicionalmente, llegaron a ser la primera comunidad urbana que se ha vinculado con CONPAZ, una red de 120 comunidades en Colombia que se esfuerza por defender sus derechos territoriales, culturales y humanos de los varios grupos armados en el país.  Comprometidos con una práctica de no-violencia y apoyados por la presencia de los observadores de paz nacionales e internacionales, los habitantes de Puente Nayero lograron sacar a los paramilitares de su calle, un proceso cargado con amenazas constantes de muerte durante este año pasado.

“El Espacio Humanitario se formó porque había mucha violencia y la comunidad se puso a reflexionar. No queríamos callarnos más,” afirma un habitante mayor de la comunidad.

Aunque geográficamente el Espacio Humanitario sólo se compone una parte muy pequeña de Buenaventura, quizás el equivalente de dos cuadras, los miembros de la comunidad esperan que su iniciativa de la base siga creciendo y ampliando a las comunidades vecinas. De hecho, los habitantes de la calle vecina Punta Icaco recientemente han empezado a organizar para crear su propio Espacio Humanitario, constatando el crecimiento y éxito de tal iniciativa que procura construir seguridad sostenible y duradera en Buenaventura calle por calle, barrio por barrio.

La transformación corporativa

Los líderes y las lideresas de la comunidad argumentan que la presencia implacable de los grupos paramilitares indica un fenómeno más grande e insidioso: la transformación corporativa y turística de Buenaventura que depende de los actores violentos para impulsar los desplazamientos masivos y forzados de las comunidades afrocolombianas que viven en la zona de bajamar u otros lugares estratégicos, librando este territorio para la expansión del puerto y los proyectos del “desarrollo,” una estrategia tácitamente apoyada por el Estado colombiano que está ávido para estimular la inversión extranjera, el comercio y el turismo. Mientras la implementación de estos proyectos sigue adelante, la construcción de los hoteles lujosos, centros de negocio e infraestructura del puerto continuamente desaloja a las comunidades afro-descendientes, indicando la creciente desigualdad social e geográfica de la ciudad.

Actualmente el puerto de Buenaventura mueve más de 600.000 contenedores cada año, representando aproximadamente 60 por ciento de las importaciones y exportaciones colombianas. Varios proyectos de la expansión portuaria respaldados por el gobierno colombiano requieren el desplazamiento – voluntario o involuntario – de las comunidades en Buenaventura. Casi todos de estos proyectos van a beneficiar exclusivamente los estimados 12 dueños del negocio portuario, aumentando más la desigualdad en una ciudad que ya cuenta con una tasa de pobreza del 90 por ciento.

Mientras el gobierno colombiano sigue implementando las políticas económicas neoliberales, firmando varios acuerdos incluyendo el Tratado de Libre Comercio con EEUU, la Alianza Pacífica y otros tratados de libre comercio con la Union Europea, Israel y Corea del Sur, las comunidades han notado una presencia aumentada de los actores armados, especialmente los paramilitares, en los territorios estratégicos para la inversión extranjera. Varios casos de supuestas conexiones entre grupos paramilitares y empresas multinacionales han sido documentados en otras áreas de Colombia también, con unos ejemplos conocidos involucrando las empresas Chiquita Brands International, Coca-Cola y Nestlé.

En el caso de Puente Nayero, la construcción de un malecón turístico ha sido directamente responsable para el desplazamiento.

“Es el [megaproyecto] Malecón Bahía de la Cruz que quiere sacar o exterminar a las comunidades que están aquí, más que todo en la zona de bajamar,” afirma la lideresa Nhora Isabel Castillo. “Desde que empezaron a planear el malecón, hemos visto violencia en Buenaventura como nunca antes. . . Por eso creemos que hay una conexión entre la violencia y los proyectos.”

Castillo añade que la reubicación propuesta de las familias de Puente Nayero hasta el barrio continental de San Antonio resultará en un exterminio total cultural y económicamente porque la comunidad reubicada no tendrá el acceso al mar y el 60 por ciento de las familias afrocolombianas en Puente Nayero, incluyendo la familia de Miguel Caicedo, se sostienen de la pesca artesanal.

“Sin este proceso [el Espacio Humanitario], nuestra calle sería abandonada por la violencia,” dice Caicedo, valorando su esperanza que la organización enseguida ayudará a que su comunidad se defienda – rechazando el control paramilitar y la transformación corporativa que ése significa.

*El nombre ha sido cambiado por tema de seguridad de la persona.

Mientras Fast-Track gana espacio en Washington, líderes colombianos denuncian los efectos de tres años del Libre Comercio

Por Julia Duranti, APP Colombia

Mientras el senado estadounidense se prepara para el voto final tras la derrota temporaria el martes de la Autoridad Fast-Track para el Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica (TPP)—el Tratado de Libre Comercio más grande y secretivo que EE.UU ha negociado hasta la fecha—hoy el Tratado de Libre Comercio entre EE.UU y Colombia se cumple tres años. Todas las críticas originales, especialmente las que tienen que ver con los derechos humanos y laborales, continúan siendo relevantes para Colombia y las actuales negociaciones del TPP. El Equipo de APP Colombia se sentó con tres defensores de derechos humanos colombianos para escuchar cómo ven los últimos tres años del Libre Comercio con los EE.UU, ahora el primer socio comercial de Colombia. Sus respuestas destacan la importancia de seguir oponiéndonos al TPP como un acuerdo que perjudicará a los trabajadores, las comunidades y el medioambiente en EE.UU y alrededor del mundo. El destino del TPP será decidido en la Cámara de Representantes. Si ya no les ha contactado, haga clic aquí para decirles que se opongan al Fast-Track y el TPP. 

Gerardo Cajamarca, sindicalista con Sinaltrainal actualmente asilado en EE.UU:

“Primero los tratados de libre comercio, el Tratado de Libre Comercio entre EEUU y Colombia y los efectos se vinieron sintiendo desde antes de la firma.  Que estoy diciendo con esto? Que no fue ni un tratado ni un acuerdo.  Fue una imposición.  Y esa imposición que se hizo de libre comercio realmente lo que fue un proceso de guerra, de exterminio, y de un genocidio contra la clase trabajador. Basta decir que en los últimos 20 años de ese desarrollo alistando el TLC...nos asesinaron casi tres mil dirigentes sindicales. Usted ya conoce la cifra de cada día sindicalistas asesinados por le menos sigue esto en Colombia etc.  Pero no solamente sindicalistas.  Afrocolombianos, campesinos, indígenas y se producen desplazamiento más grande. Se dice el segundo desplazamiento más grande del planeta. Y eso obedece a que? Eso obedece a una política de imponer los tratados de libre comercio...Ahora esos tratados de libre comercio nosotros no los aceptamos. Por qué razón?  Básicamente porque son ilegítimos”.

Estas realidades son aún más claras en la ciudad de Buenaventura, el puerto más importante de Colombia y el capital no-oficial de la costa pacífico que ha visto grandes cambios debido a los planes de aumentar la capacidad y la infraestructura del puerto luego de la firma de TLCs con EE.UU, Canadá, el bloque regional de comercio de la Alianza Pacifica, Corea del Sur y la Unión Europea. Lxs líderes hablan de la expansión portuaria desenfrenada y los relacionados proyectos turísticos, que vienen acompañados de la precariedad laboral y el despojo territorial.

Jhon Jairo Castro Balanta, Presidente, Union Portuaria de Buenaventura:

“En el tema laboral se ha visto afectado en el sentido de que los incumplimientos por parte y parte, no solamente del estado colombiano sino también de, en este caso, del gobierno de EE.UU que únicamente le intereso que se hiciera la ratificación y mostraba el interés antes de eso de que exigir a Colombia de que se cumpliera con ciertos acuerdos. Pero una vez da la ratificación ha mermado esa presión hacia Colombia en que cumpla con los acuerdos del Plan de Acción Laboral. Y entre eso pues nosotros vemos que sigue aumentado el tema de la tercerización laboral no se les brinda las garantías. Lo otro es que contamos con un Ministerio de Trabajo muy débil en que el gobierno, en un triunfo de que incumplimiento ha sido pues, no nombró al número de inspectores que tenía que nombrar para contrarrestar o combatir esta informalidad laboral en los distintos sectores, no solamente en los puertos.

Nosotros lo que vemos es que sí [la privatización] que tiene que ver mucho con la situación acá porque están armando una cantidad de sociedades portuarias. Ya aquí tenemos prácticamente cinco…Entonces uno lo que ve es que hay un descontrol en eso, porque cómo se puede permitir que se vayan creando más puertos y no se puede velar por las garantías laborales de los trabajadores?  O sea, si van a crear un puerto que por primero miremos las condiciones laborales de los trabajadores. Y no solamente nos está afectando a nosotros como trabajadores sino también como comunidad. Porque se ve de que ahora con el tema de la expansión portuaria que están haciendo bodegas de almacenamiento en los distintos y creemos nosotros también que eso tiene con ver con el tema de “la reubicación” de las personas que viven en zonas de Bajamar, entonces no vemos esa garantía ni como trabajadores ni como comunidad que se nos respete”.

Danelly Bantu, lideresa con Procesos de Comunidades Negras (PCN) de Buenaventura, también hace éco a las preocupaciones frente los impactos sociales, culturales y comunitarios del Libre Comercio en Buenaventura.

Danelly Bantu, lideresa con PCN Buenaventura:

“El tema no es solo laboral, todo el tema del derecho a la identidad, al territorio, a la organización y la participación comunitaria sobre todo son nuestros derechos. Por el despojo territorial por la expansión portuaria esa es la principal causa al despojo territorial. Y se hace así por ejemplo eso pasa en ese barrio pero en otros barrios han llegado nuevos propietarios, o sea, es un barrio entero donde resulta que de la noche a la mañana en un barrio que fue construido como invasión por la misma gente que tiene más de ochenta años en el barrio, hoy aparece un dueño de todo el barrio con papeles falsos, todo falso diciendo que ellos son herederos de ese barrio, y resulta que ese barrio está proyectado dentro de las revisiones que ha hecho el gobierno, dando la espalda a la comunidad, como zona de expansión portuaria.

Acá hay otra zona que son los Terrenos Ganados al Mar, acá pretenden hacer un malecón, un malecón portuario. Es como un complemento turístico para las gran empresas portuarias que necesitan que allí llegue la gente de China, Ecuador, de Panamá de todos los que vengan a invertir tengan un espacio turístico. Entonces las personas que han vivido toda la vida en frentes marinos hoy tienen que irse, tienen que irse porque se inventaron un cuento que es una zona de alto riesgo. Pero tú te bajas allí que está muy bonito el malecón entonces uno dice pero cómo es alto riesgo para las personas que toda la vida han vivido allí más de 150 años, más de 100 años, y cómo no es alto riesgo para los grandes hoteles y condominios que van a hacer allí? Entonces sabemos que eso es un pretexto y bajo ese pretexto han estado despojando a las personas para dar pasos a esos megaproyectos y eso está por todo lado, es toda la isla todo el continente y nosotros no sabemos dónde vamos a vivir. Acá el problema de la tierra inmensa y no nosotros no tenemos zonas dónde vivir: porque donde se meta un contenedor las personas se tienen que ir”.

As Fast-Track Gathers Steam in Washington, Colombian Leaders Speak Out Against Three Years of Free Trade

By Julia Duranti, Witness for Peace Colombia

While the U.S. Senate gears up for a final vote following Tuesday’s temporary setback on  Fast-Track Trade Promotion Authority for the Trans-Pacific Partnership (TPP)—the U.S.’s largest and most secretive Free Trade deal to date—today  the U.S.-Colombia Free Trade Agreement turned three years old. All of its original critiques, particularly regarding labor and human rights concerns, continue to be relevant for Colombia and current TPP negotiations. The Witness for Peace Colombia team sat down with Colombian human rights defenders to get their thoughts on three years of Free Trade with the U.S., now Colombia’s largest trading partner. Their responses highlight the importance of continuing to oppose the TPP as a deal that’s bad for workers, communities and the environment in the U.S. and abroad. Fast-Track's fate will likely be determined in the House of Representatives. If you haven't already, click here to tell your Representatives to vote no on Fast-Track and oppose the TPP.

Gerardo Cajamarca, Union Leader with Sinaltrainal who has asylum in the U.S. due to paramilitary threats against his life:

“The effects of Free Trade and the U.S.-Colombia Free Trade Agreement were felt well before the final agreement was implemented. They weren’t agreements; they were impositions. And these impositions have made Free Trade a process of war, extermination and genocide against the working class. Over the last 20 years during which the Free Trade Agreement was being negotiated, 3,000 unionists in Colombia were murdered, and that this continues to happen daily in Colombia. But it’s not just unionists. Afro-Colombians, small-scale farmers and indigenous communities are also being assassinated and displaced. It’s said that Colombia has the second highest rate of displacement in the world, right? And why is that? It is the result of imposing Free Trade Agreements. We do not accept these agreements and we view them as illegitimate. “

These realities are even clearer in the city of Buenaventura, Colombia’s largest port and unofficial capital of its Pacific coast that has seen major changes due to plans to increase port capacity and infrastructure since Colombia has signed onto Free Trade Agreements with the U.S., Canada, the Pacific Alliance regional trading block, South Korea, and the European Union. Leaders discuss unfettered port expansion and related tourist development projects, accompanied by increasingly precarious labor conditions and displacement.

Jhon Jairo Castro Balanta, President of Buenaventura Portworkers Union:

“Labor rights have been impacted by a lack of follow-through from both sides: in this case the Colombian and the U.S. government, who only demanded that Colombia comply with certain measures because the U.S. wanted to ratify the Free Trade Agreement. But as soon as the FTA was approved pressure to comply with the Labor Action Plan has disappeared. We’ve seen exploitative subcontracting practices increase and there are no protections for us. In a triumph for noncompliance, we have a really weak Ministry of Labor, which didn’t hire the number of labor inspectors that it was supposed to hire in order to combat labor informality in a number of sectors, not just the ports.

Our situation is made worse by the proliferation of private port authorities. We have at least five now…there’s no control over this expansion, and we ask: How can they allow more ports to be built when they can’t even manage to protect basic labor rights of their workers? If they’re going to build more ports, let’s look first at working conditions. And it’s not only affected us as workers, but as a community. With this issue of port expansion they’re building warehouses everywhere and we think this is related to the “relocation” of people that live in waterfront neighborhoods. We don’t see any mechanisms that guarantee respect for us as workers or as a community.”

Danelly Bantu, a community organizer with Black Community Processes (PCN) in Buenaventura, echoed concerns regarding the social, cultural and community impacts of Free Trade on Buenaventura.

“The issue isn’t just labor rights; it’s also about our fundamental rights to identity, land, organizing and participating in our communities. Port expansion is the main cause of territorial displacement, and it’s carried out in different ways. For example, there’s some neighborhoods that were built entirely by the residents, who’ve lived there for more than 80 years, and all of a sudden overnight someone claiming to be the owner of that land appears with false papers, everything fabricated, saying they are the real owners of that neighborhood—and it turns out that the neighborhood is within the areas the government has identified in their studies as areas for port expansion, completely ignoring the community already there.  

In the waterfront area that includes the Neighborhoods Won from the Sea, they want to build a touristic boardwalk. It’s a touristic complement to large port companies that want all their new investors from China, Ecuador, Panama to have tourist destinations to visit, and so all the people that live along the water need to leave. [The government] is claiming that the area is high risk [for tsunamis and natural disasters], but we ask, how is it that the area is high-risk for the people that have lived there for more than 150 years, but not for the large hotels and condos that they’re projecting to build there? So we know it’s just an excuse to displace people to make room for megaprojects, and this is happening everywhere: all over the island and the mainland, and we don’t know where we’re going to live. Land is a huge issue here and we don’t have anywhere to go, because wherever [port companies] want to store a container the people there have to leave.”