Cantando, “¡El pueblo unido jamás será vencido!”,
miles de colombianos se movilizaron por la paz del país, este 9 de abril. Este día fue declarado como día
cívico y el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del
conflicto armado; la fecha también conmemora el asesinato del líder político
más popular del Partido Liberal, Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril 1948, seguido por los diez años de violencia política
más brutal en la historia de Colombia, mejor conocidos como La
Violencia, dando origen al actual conflicto
armado moderno. Tomándose las calles de
las principales ciudades, los participantes de la Marcha por la Paz demostraron
su apoyo para las negociaciones que se llevan a cabo ahora mismo entre el
gobierno colombiano y la insurgencia del grupo guerrillero más numeroso y
representativo en este país, las Fuerzas Revolucionarias Armadas de Colombia
(FARC), también pretendieron dentro de sus exigencias, pedir por la justicia,
la verdad y las reparación a las víctimas.
Desde el inicio de las negociaciones en octubre de
2012, el gobierno colombiano y la FARC se han reunido con un éxito sin
precedentes, logrando acuerdos parciales sobre temas como la reforma agraria,
la política anti-drogas y la participación política de los guerrilleros a
futuro. Aunque los acuerdos no van a finalizar hasta que se terminen de
resolver todos los puntos de la reparación a las víctimas y los mecanismos de
implementación, ambos sectores han empezado a tomar
pasos concretos hacia la paz y han recibido apoyo de la comunidad
internacional. El gobierno estadounidense nombró Bernard Aronson como el delegado
especial para el proceso de Paz, y la semana pasada el Papa Francisco anunció
una visita a Colombia en el 2016. La paz se puso de moda en Colombia, con
hashtags de #MeMuevoporlaPaz inundando Twitter, y una gran cantidad de grafitis
representando la paz han llenado los espacios públicos.
Durante la marcha, una mujer activista dijo apoyar el proceso, “porque las mujeres no
queremos parir más hijos para la guerra, porque creemos que es necesario que
nuestras comunidades estén en paz, que nuestras comunidades tengan oportunidades
de trabajo, tener oportunidades necesarias para que nuestros hijos y nuestras
hijas tengan un futuro.” Las víctimas además exigen la desmilitarización de las
FARC, la investigación de los crímenes cometidos por el Estado, la reparación
para las víctimas, el fin de la impunidad (actualmente con una tasa de más de
90 por ciento para la mayoría de los crímenes), y el derecho a saber la verdad
sobre los que ordenaron y llevaron a cabo las violaciones de los derechos
humanos. Esta última exigencia sobre una comisión detallada de la verdad
iluminaría más sobre los actores del estado, los paramilitares y los
multinacionales que en total han cometido la mayoría de las violaciones a los derechos humanos, aún más que
la guerrilla.
Otro asunto que no se tratará en la
mesa en la Habana, es el modelo económico neoliberal – un modelo adoptado
durante la ola de las políticas de ajustes estructurales impuestas sobre los
paises en América Latina como una condición para el alivio de la deuda externa
– que ha sido defendido con entusiasmo por una serie de presidentes
colombianos, pero los movimientos sociales en Colombia están relacionando las
políticas del desarrollo económico con la profundización de la desigualdad y la
inseguridad, la aumentación de las violaciones de los derechos laborales, la
criminalización de la expresión ciudadana y la oposición política y el
desplazamiento masivo. En una declaración que llama el año 2015 el año de la
paz con justicia social, más que 60 organizaciones colombianas afirman que “las
negociaciones [de paz] se desarrollan en un contexto de agudización de la crisis
mundial signada por la acumulación de capitales que generan desigualdad y
marginalidad e incrementan los índices de violencia.”
Hasta el día de hoy, más de siete
milliones de víctimas se han registrado con la Unidad Nacional de Víctimas del
gobierno colombiano. Este número incluye más de cinco millones de personas desplazadas internamente
(IDPs), una cifra que pone Colombia en segundo lugar después de Syria con
respecto al número de las personas desplazadas internamente y que también
corresponde aproximadamente al 12 por ciento de la población entera en Colombia,
según la ONG CODHES. Importantemente, CODHES también ha concluido que los desplazamientos masivos aumentaron un
83% en 2012, año en el cual implementaron el Tratado de Libre Comercio (TLC)
entre Estados Unidos y Colombia, y el año en el cual la Alianza Pacífica (un
bloque regional de libre comercio fundado por Colombia) y el TLC entre Canada y
Colombia fueron aprobados.
En un contexto tan grave y con muchos
de los medios de comunicación nacionales e internacionales enfocados de forma muy
restringida en las negociaciones en la Habana, la sociedad civil colombiana
procura desarrollar un análisis más profundo sobre la construcción de Paz ¿Cuáles
garantias económicas, culturales y sociales son necesarias para las víctimas? ¿Cómo
puede contribuir la Marcha por la Paz en una conversación más profunda sobre el
papel de las corporaciones multinacionales y las políticas económicas
neoliberales? ¿Cómo puede apoyar el proceso de paz la comunidad internacional,
mientras también analiza los impactos de las políticas del comercio exterior como
las del TLC?
Por lo menos, se tienen que considerar todas las
formas de violencia, incluyendo la violencia económica para construir una paz
duradera con justicia social. Como Marino Gruesso del Movimiento Étnico y Popular del Pacífico declara,
“Nosotros estamos pidiendo que haya igualdad social e igualdad política, porque
si no hay eso, no hay paz.”
Posts
No comments:
Post a Comment