La versión original de este articulo fue publicada en inglés en Latin Correspondent.
Otro abril, otro
aniversario triste para los trabajadores colombianos.
El Plan de Acción Laboral entre EE.UU y Colombia (PAL)
cumplió cuatro años este mes, con poco para respaldar las afirmaciones
originales que iba a mejorar el pésimo record laboral de Colombia—un obstáculo
grande durante las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre EE.UU y Colombia en el 2006.
El PAL destacó varias
áreas en necesidad de mejoramiento, incluyendo la violencia directa e
intimidación contra los sindicalistas, la tercerización laboral, la
formalización laboral y el fortalecimiento de las instituciones colombianas.
Pese al hecho de que
el PAL no contuviera mecanismos de sanción en caso de su no cumplimiento, el
Tratado de Libre Comercio entró en vigencia en mayo del 2012.
Los comienzos del 2015
se han caracterizado por atentados múltiples contra las vidas de sindicalistas
en el suroccidente de Colombia, marcando el capítulo más reciente en una larga
historia de violencia contra el movimiento sindical en Colombia que extiende al
menos hasta la masacre bananera ordenada por la United Fruit
Company y realizada por el ejército colombiano en 1928, lo cual fue descrito por
Gabriel García Márquez en Cien años de
soledad.
El registro oficial
incluye 3.064 asesinatos de sindicalistas y casi 14.000 amenazas y otras
violaciones denunciadas desde 1977.
De estos totales, aproximadamente 120 asesinatos y más de 1.933 violaciones de
derechos humanos contra los sindicalistas fueron documentados desde la firma
del PAL. Parcialmente debido a esa violencia, apenas el cuatro por ciento de la fuerza laboral colombiana pertenece a un
sindicato.
‘’Eso pone en tela de juicio los mecanismos de
protección’’, aseveró Luis Alejandro Pedraza, presidente de la Central Unitaria
de Trabajadores (CUT) en una entrevista con la Escuela Nacional Sindical.
‘’Si bien los otorgó el Estado
por exigencia de la OIT y los organismos internacionales de derechos humanos,
en la práctica los han estado desmantelando bajo el sofisma de que la violencia
está disminuyendo. Pero los dirigentes siguen cayendo. Por otra parte, el 99%
de casos de violencia antisindical están en la impunidad, así lo ha registrado
el gobierno y la Fiscalía’’.
‘’Contratos de basura’’ e inspectores tercerizados
La formalización laboral y la
prohibición de formas explotadoras de la subcontratación que niegan beneficios,
horas extras y otras protecciones sociales a los trabajadores tampoco han
avanzado mucho.
‘’Hay un decreto por el cual el
gobierno prohíbe la intermediación en el empleo de las cooperativas de trabajo
asociado’’, dijo Pedraza. ‘’Si bien algunas dejaron de serlo, muchas siguieron
haciendo intermediación bajo otras formas. Las famosas SAS relevaron las
cooperativas que se liquidaron. Además el índice de informalidad del 57% que
muestra el empleo es preocupante, superó en un punto el del año pasado. Indica
que en ese aspecto no han resultado favorables los acuerdos que firmó el
presidente Santos en el marco del TLC con Estados Unidos’’.
Los líderes de otras
centrales hicieron eco a esas críticas.
‘’Estamos muy lejos de superar las condiciones que
conllevan a la tercerización laboral y a los sistemas de contratación basura,
de corta duración, a las formas disfrazadas de contratación como las SAS’’, dijo Julio Roberto Gómez,
presidente del Confederación General de Trabajo (CGT).
SAS es una figura
jurídica empresarial en Colombia. Dado que las empresas SAS son relativamente
fáciles de establecer, muchos empleadores colombianos las utilizan como
empresas subsidiarias o fachadas para contratar a los trabajadores, lo cual
permite a la empresa matriz sostener que no tiene empleados directos. Luego los
trabajadores quedan sin ningún recurso en caso de algún abuso u otro reclamo.
‘’El gobierno colombiano únicamente
hizo esfuerzos serios por traer a los empleadores a la mesa y negociar unos
pocos acuerdos después de que los trabajadores tomaron acciones extraordinarias
con el apoyo sostenido de sus aliados internacionales y junto con asistencia
legal y presión política sostenida’’, aseveró Richard Rumka,
presidente del AFL-CIO, que ha manifestado dudas frente el PAL.
‘’Estos acuerdos son recientes, y
todavía no se han hecho cumplir a cabalidad. La organización y la negociación
son siempre labores arduas, pero la experiencia colombiana que hemos
presenciado durante el PAL no es sostenible, ni evidencia relaciones
industriales maduras’’.
El PAL resultó en el
restablecimiento del Ministerio de Trabajo, que existió como
parte del Ministerio de Protección Social antes del 2011. El nuevo Ministerio
recibió fondos para contratar a funcionarios e inspectores laborales con el
mandato de realizar inspecciones y asesoramientos laborales y atender a los
reclamos de los trabajadores.
Pero Trumka dice que hasta el 80 por ciento de los inspectores carecen
de la capacitación necesaria y la orientación al código laboral. En una reunión
con la embajada EE.UU en Bogotá, un funcionario dijo que algunos inspectores
laborales en Colombia aún no tienen escritorios ni computadores.
La embajada EE.UU brinda asistencia
técnica a la Unidad
Nacional de Protección, cuyo mandato es
proteger a los defensores de derechos humanos y laborales en Colombia, mientras
la Agencia de los EE.UU
para el Desarrollo Internacional (USAID) tiene un
convenio de cooperación con la ENS.
En una ironía especialmente
lamentable, muchos de los inspectores laborales colombianos son contratados
bajo los mismos contratos temporales que se supone que deberían formalizar. De
forma semejante, los escoltas brindados por la UNP también son tercerizados, lo cual conduce a la precariedad laboral para las personas que deben
proteger a los líderes más vulnerables de Colombia.
¿Una voz para los sindicalistas en La Habana?
Junto con
el fracaso del PAL en lograr siquiera mejoramientos limitados, los líderes
sindicales destacan que la explotación laboral hace parte de un panorama más
amplio de violencia económica en Colombia. Dicen que este patrón histórico precede
al conflicto entre el estado y la insurgencia, el cual el estado colombiano y
las Fuerzas Revolucionarias Armadas de Colombia (FARC) vienen actualmente
discutiendo en diálogos de paz en La Habana.
‘’Ahora que
todos están hablando de la paz, la solidaridad internacional está bajando
porque la gente cree que el conflicto también está bajando’’, dijo Edgar Páez,
el secretario internacional para el sindicato del sector agroalimentario
colombiano, Sinaltrainal.
‘’Pero lo
que está pasando no es un proceso de paz integral, sino la desmovilización de
una sólo insurgencia. Y hemos visto la desmovilización de otros grupos, como el
M-19 y los Hijos de Quintin Lame, pero la violencia todavía no ha bajado’’.
Según Páez,
cualquier eventual acuerdo de paz tendrá que incluir las propuestas de las
víctimas para la verdad, la justicia y las reparaciones integrales, incluyendo
a víctimas del movimiento sindical, para lograr construir una paz con justicia
social.
‘’No
estamos con la Ley de Victimas porque son las víctimas que deberían definir que
reparaciones quieren. No somos víctimas del conflicto armado, sino del
terrorismo del estado. Pero algunos quieren ir a negociar con el estado y
aceptar las reparaciones colectivas para los sindicalistas, ¿y con cuántas
víctimas han hablado? No han hablado con ninguno’’.
Lecciones para futuros TLCs
El fracaso
de salvaguardias como el Plan de Acción Laboral también tiene implicaciones
importantes para futuros Tratados de Libre Comercio en países con problemáticas
laborales y ambientales parecidas, como el secreto Acuerdo
Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica (TPP) que actualmente se está negociando entre
EE.UU y otros 11 países.
El representante
del Congreso EE.UU Jim McGovern y ex representante George Miller lo dijeron de
la misma forma en un informe que elaboraron para el Congreso EE.UU
sobre la visita de seguimiento al PAL que hicieron a Colombia en 2013.
‘’Las
historias de cómo las condiciones laborales en Colombia están empeorando provee
una lección importante para el desarrollo de las políticas de comercio. El
hecho de que el PAL no haya resultado en mejoramientos en las condiciones
laborales en Colombia merece nuestra atención especialmente dentro del marco de
las actuales negociaciones para del TPP. El TPP incluye Vietnam en donde
estudios hechos por el gobierno EE.UU lo han destacado como un país con
problemas laborales significativos’’.
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