La versión original de este articulo fue publicada en inglés en Latin Correspondent.
Todas las
miradas se concentraron en el Cauca, departamento al suroccidente de Colombia,
tras los combates entre el Ejercito
Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) del pasado
martes 14 de Abril que dejó como resultado 11 soldados muertos. El gobierno colombiano,
encabezado por el presidente Juan Manuel Santos acusó a las FARC de romper su cese al fuego
unilateral y ordenó el reinicio de bombardeos aéreos y ofensivas militares
contra la guerrilla, mientras las FARC sostuvieron que las bajas en inmediaciones del poblado La
Esperanza fueron producto del “asedio
de la Fuerza Pública”, versión que se corrobora con la expresada por las comunidades
que habitan el área de operaciones.
Diversos organismos de derechos humanos, movimiento
socialies y políticos, organizaciones comunitarias y la misma insurgencia, inmediatamente hicieron un llamado para iniciar un cese al fuego bilateral que reduzca la violencia y proteger a los
diálogos de paz en La Habana, Cuba, que concluyeron su trigésimo quinto siglo
el lunes pasado.
Sin
embargo, la cobertura por los medios masivos de comunicación ha desconocido la violencia
en el Cauca que antenta estos más recientes ataques, la cual es el resultado no
sólo del combate entre las fuerzas públicas y la insurgencia de las FARC sino también se
debe a los grupos neoparamilitares, los narcotraficantes, y las empresas multinacionales que pretenden implementar proyectos de minería, represas hidroeléctricas y otros megaproyectos de
desarrollo en uno de los departamentos más biodiversos y también culturalmente diversos en
Colombia.
‘’El
departamento del Cauca ha sido bastante golpeado por la violencia, unas veces
por la FARC, otras por paramilitares, y otras veces por el mismo Estado, y a
ninguno le importa, o se ha puesto a mirar, que en últimas quienes terminamos,
como decimos nosotros, ‘pagando los platos rotos’ somos las comunidades, afros,
indígenas y campesinas”, escribió la lideresa afrocolombiana Francia Márquez,
quien fue desplazada de su pueblo de La Toma, Cauca luego de recibir amenazas
por sus denuncias de los impactos de la minería ilegal en las comunidades
negras como parte de su trabajo con la Marcha de Mujeres Afro-descendientes
del Norte de Cauca.
La
militarización del campo colombiano a través de programas como el Plan Colombia, un programa estadounidense de
ayuda antinarcótica y contrainsurgencia que hoy suma a más de $9.000 millones
de dólares desde el 2000 incluyendo sus programas sucesores, ha
exacerbado el conflicto. Aunque estos programas puedan haber debilitado militarmente
a las FARC, los habitantes del Cauca dicen que no representan la seguridad para
sus comunidades y las redes de narcotráfico de paramilitares en complicidad de
paramilitares se fortalece cada vez más
‘’Muchos de
los conflictos en el Norte del Cauca se han generado y se mantienen porque el
estado colombiano no da las garantías para que se respeten los derechos
colectivos de Afrodescendientes e Indígenas a la autonomía y la
autodeterminación’’, manifestaron 20 organizaciones nacionales e
internacionales de derechos humanos en su respuesta al
anuncio del Presidente Santos sobre la reanudación de bombardeos militares sobre el territorio colombiano. ‘’Por más de
veinte años, el gobierno ha agravado el conflicto porque sistemáticamente
ignora acuerdos y leyes que traerían paz y justicia a la región’’
Represión en la cuna de movimientos sociales
Un ejemplo
reciente es el retorno de las comunidades indígenas a sus territorios
ancestrales en el norte de Cauca—llamada la Liberación de la Madre Tierra—que la Asociación de Cabildos
Indígenas del Norte de Cauca (ACIN) viene coordinando desde octubre del 2014.
‘’ La
minería, la agroindustria de la caña y los agrocombustibles, el conflicto
armado, los cultivos de uso ilícito están matando a la Madre Tierra’’, aseveró la ACIN en una declaración publicada
después de una audiencia pública que tomó lugar en Caloto, Cauca el 22 de
abril. ‘’Ella no aguanta más; tampoco nosotros sus hijos, quienes la defendemos
y la protegemos. La ausencia de una política agraria en el país, la alta
concentración de la tierra en Colombia, la insuficiencia de tierras para los
pueblos indígenas que habitamos la parte alta de la montaña, y para
afrodescendientes y campesinos son razones suficientes para exigir la
devolución de los territorios ancestrales y liberarlos del secuestro y
explotación al que están sometidos’’.
En este
contexto miembros de la ACIN han ocupado
varias fincas cerca de Caloto y Corinto, Cauca y han comenzado a sembrar
cultivos de pan coger. Según la ACIN, aquel territorio debió haber sido
devuelto como reparaciones por la masacre de El Nilo de 1991, en la que 21 indígenas del
pueblo nasa fueron asesinados por paramilitares con el apoyo de las fuerzas
públicas.
Aunque el
gobierno colombiano pidió un perdón público, aún no ha cumplido con las
reparaciones plenas a las viudas y los niños huérfanos del masacre y ha
restituido apenas una mínima fracción de las casi 16.000 hectáreas de tierra
que debe a las víctimas, según Ligna Pulido, una lideresa indígena nasa.
La ACIN
ejerce el control sobre sus tierras no con armas, sino con una guardia indígena
que lleva bastones de mando como un símbolo. Sin embargo, han pagado un precio alto por
su resistencia no-armada mientras las fuerzas públicas vienen atropellando a
los manifestantes. La policía antidisturbios ESMAD hirió por lo menos 203
indígenas, incluyendo 16 heridas graves y cuatro heridas ocasionadas por
impacto de balas.
El 10 de
abril, un joven de 18 años Fiderson Guillermo Pavi Ramos recibió tres impactos
de bala y murió después de que ESMAD bloqueó la vía al hospital. Desde su
muerte, solo en el mes de abril seis indígenas más fueron asesinados y dos fueron desaparecidos.
Estos
ataques ocurren en el marco de un
aumento escalonado de violencia
contra los defensores de derechos humanos colombianos a manos de ambas las
fuerzas estatales y paraestatales. En los primeros tres meses del 2015 se
registraron 295 actos de violencia, tres veces más que el número de
ataques registrados durante el mismo periodo del 2014, según la Oficina
Internacional de Derechos Humanos – Acción Colombia.
Casi el 80
por ciento de los ataques fueron atribuidos a grupos paramilitares, seguidos
por el 17 atribuidos a actores desconocidos, el 5 a las fuerzas públicas y
ningunos por la guerrilla. Después de los ataques presentados en el Districto
Capital de Bogotá, el departamento del Cauca registró el número segundo más
alto de agresiones.
El laboratorio del post-conflicto?
El
incremento de las acciones paramilitares no sólo desafía la controvertida afirmación del gobierno colombiano
que aquellos grupos se desmovilizaron en el 2005, sino también se evidencia
la continuada estrategia de terror,
corrupción y manipulación mediática utilizada por poderosos actores políticos y
económicos para callar a sus críticos.
En el departamento del Cauca, algunos jefes paramilitares han dicho
públicamente que están amenazando a líderes afro-colombianos e indígenas por
protestar en contra de la minería ilegal en sus territorios.
‘’Existen
alianzas inversionistas-paracos para despojar a los reclamantes de tierra’’,
dijo Cesar Díaz, coordinador del Comité para la Integración del Macizo
Colombiano (CIMA), una organización que trabaja en temas del uso de suelo y
tierra en Cauca. ‘’Entonces [las FARC y el gobierno] están en unos acuerdos de
paz pero los derechos humanos están en condiciones de degradación’’.
El cese al
fuego bilateral que están exigiendo las organizaciones de derechos humanos,
entre otros sectores, podría reducir las muertes violentas entre ejército e insurgencia mientras finalicen un
acuerdo de paz. Sin embargo no es suficiente para disminuir la violencia que
abarca más sectores de la población. Respecto a lo que seguirá, muchos líderes
en Cauca llaman la atención a la riqueza natural en los territorios con presencia
histórica de las FARC, además la
presencia de cultivos ilícitos como
factores que convertirán a Cauca en una zona de prueba poco optimista para las
propuestas del desarrollo post-conflicto.
‘’Apoyamos
a los diálogos pero el famoso post-conflicto no será nada bueno para nosotros.
Incluso empeorarán muchas cosas’’, dijo otro líder de CIMA. ‘’Van a invertir
mucho en el extractivismo en el sector rural…y entonces quién va a controlar
ese territorio? Ahora hay tantos grupos nadie sabe realmente quien controla
porque que todos están extorsionando y exigiendo plata a todos. Y eso no
terminará con una desmovilización parcial. Nos oponemos a la locomotora
minero-energética, las grandes extensiones de tierra y los hidrocarburos.
Queremos trabajar el territorio propio como campesinos e indígenas’’.
Ligna
Pulido, la lideresa Nasa, también fue crítica. ‘’No nos oponemos a la inversión
en nuestras comunidades como tal sino la manera de hacerlo y la política detrás
de ella. Las agencias como USAID invierten miles de millones de dólares para
pagar a contratistas paracaídas que llegan sin hacer la consulta previa.
Valdría la pena hacer un análisis a ver que hay los beneficio reales para las
comunidades’’.
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