"La angustia mayor": la desaparición forzada en México

por Maggie Ervin con Nadín Reyes Maldonado

En su tercer informe de gobierno hace algunas semanas, el presidente mexicano Peña Nieto reconoció que el último año había sido "difícil". De hecho, lo que va de su sexenio ha sido difícil, pero no para todos: como las empresas que se han beneficiado de las reformas constitucionales, como el capo prófugo Chapo Guzmán, o como el contratista que vendió una casa lujosa a la primera dama por debajo del valor del mercado. Pero sin duda ha sido un año difícil para los 55.3 millones de mexicanos pobres, y especialmente para los defensores de derechos humanos, de los cuales 81 han sido desaparecidos forzadamente durante los dos años y medio de la administración peñista, en comparación con 53 durante todo el sexenio de su predecesor Calderón.

El próximo sábado se cumple un año de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. A pesar de las negativas del gobierno, una investigación independiente ha mostrado que los policías municipales, estatales y federales participaron en los ataques, y que oficiales militares estuvieron presentes en al menos dos de las escenas de violencia. Como si fuera poco, también se encontró que el gobierno destruyó evidencia clave.

Pero cuando hablamos de las desapariciones en México, 43 no es el único número relevante. 26,000 también es. Por lo menos esa cantidad de mexicanos han sido víctimas de este crimen desde que la Guerra Contra las Drogas apoyado por EE.UU. comenzó en el 2006.

Nadin Reyes Maldonado es experta en el tema. Desde que su padre Edmundo Reyes y su amigo Gabriel Cruz fueron desaparecidos forzadamente en el 2007, ha estado trabajando incansablemente en la problemática: buscando a su padre y justicia, acompañando a otros familiares de desaparecidos, conscientizando sobre el tema, y haciendo esfuerzos de prevención como promover leyes y medidas preventivas. Ella y otras tres mujeres conforman la organización Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”. A principios de este año, realizaron una gira nacional en todo México para dar a conocer su lucha por la justicia en el caso de Edmundo Reyes-Gabriel Cruz, así como el fenómeno de la desaparición forzada en general.

Me senté con ella recientemente y le hice algunas preguntas:

Nadín dando un discurso en Oaxaca

WFP: Hace un año el caso Ayotzinapa causó horror e indignación al nivel internacional. Sin embargo desde la Guerra Sucia y todavía más a partir de la Guerra Contra el Narco, la desaparición forzada ha estado ocurriendo en México. ¿Por qué el estado mexico recurre a este crimen de lesa humanidad? ¿Qué gana con eso?

Nadín: Nosotros pensamos que cometer este crimen de la desaparición forzada de personas es como el crímen pefecto para el estado porque es un crímen que permite causar mucho terror en la población, paralisis de varios sectores de la sociedad, y que lleva también sobre todo un mensaje de desarticular ciertos procesos organizativos de organizaciones de derechos humanos u organizaciones populares a las cuales también está siendo dirigida esta política de la desaparición forzada… Se está cometiendo ahora en contra de una población en general, no solamente personas activistas, sino que también se sigue cometiendo de manera selectiva como en los años sesentas, setentas en contra de muchas organizaciones sociales y de defensores de derechos humanos. Con esa intención de desarticular organizaciones, causar miedo y terror. Y que la población se quede en la parálisis para poder seguir implementando estas políticas neoliberales, que es lo que vemos actualmente, y que sin duda una desaparicion efectivamente tiene une situación de mayor tortura y mayor represión en contra de la población.  Es decir, no se ejecuta, sino se desaparece porque al desaparecer uno está en esta situación de angustia, de zozobra de no saber que pasó con la persona que está desaparecida. Y eso a diferencia de una ejecución extrajudicial, cuando se cierra el proceso. Con una ejecución o un asesinato hay…uno sabe que la persona está muerta, tiene uno un proceso de duelo, puede cerrarse este proceso, de saber que la persona ha sido asesinada. Sabemos, tenemos el cuerpo, hay evidencias. En caso de una desaparición forzada, no. No sabemos si la persona está viva o no, y eso mantiene mayor zozobra y incertidumbre. La angustia mayor, el dolor en los familiares y la poblacion en su conjunto, y por eso es una práctica más eficaz que se recurre por parte de los estados para mantener en situación de incertidumbre a la población.

WFP : En el caso de la desaparición forzada de tu papá las authoridades no quisieron levantar una denuncia en Oaxaca, donde ocurrió, y además negaron los hechos. En los casos de las desapariciones forzadas, ¿qué común es encontrar este tipo de obstáculos?

Nadín: El la mayoría de los casos ocurre la misma situación, tal como ocurrió en el caso de nuestros familiares. Nosotros hemos escuchado testimonios de otras mamás, de otros casos que han ocurrido en lo mismo. Las autoridades no quieren levantar las denuncias por este delito. Te ponen muchos obstáculos, muchas negativas. Una de ellas es que el delito no está tipificado en sus estados, que regresen a sus casas, que probablemente la persona desaparecida se fue sin avisar, que a lo mejor en días posteriores regresen. Ponen miles de pretextos para no poder levantar la denuncia. Y eso es como…Creo que en más del 80 por ciento de los casos ocurre la misma respuesta por parte de las instituciones en no querer levantar las denuncias. Y otra de las cosas que pasa es que hay mucha intimidación por parte de las mismas autoridades. No solamente no levantan las denuncias sino que también amenazan a los famliares. Dicen que no denuncien porque ya tienen un familiar desaparecido puede haber otro caso entre sus famliares y que lo mas recomendable es que no le mueven o no denuncien. Eso es como la generalidad de las respuestas de las autoridades, que no quieren levantar las denuncias, pero también hay intimidación y amenazas para que no lo hagan. 

WFP: Como parte de tu trabajo, asesoras y apoyas a famliares de desaparecidos. ¿Hay patrones que has visto en cuanto a las desapariciones forzadas a través de este acompañamiento?

Nadín: Uno de los patrones que se ha dado más actualmente es la falta de poder identficar a estos grupos que nosotros decimos son grupos paramilitares, pero que por las características que están tomando actualmente que son grupos que son por lo regular vestidos de negro con armas de alto poder y pasamontañas que a veces no se puede identificar propiamente vinculados o no a una autoridad o a un agente del estado, es muy dificil poder determinarlo. Sin embargo, por la situación del contexto del país y por que muchas de las organizaciones que ahora les llaman organizaciones criminales fueron de alguna manera originadas por grupos de desertores del ejército o las mismas policias que nosotros podemos identificar son claramante grupos paraestatales que se crean para cometer las desapariciones y de alguna manera no tener la responsablilar el estado y que esos son la mayoría de los casos como se están dando en la actualidad. Muchos de los casos que se están cometiendo ahorita son cometidos por este tipo de grupos. Que muchos llaman de la delincuencia organizada pero que nosotros vemos son grupos paramlitares que actuan con el apoyo y el consentimiento claramente del estado. Y otra es que también dentro de este crimen que es la desaparición forzada también se puede estar cometiendo muchos otros delitos más porque también ahorita se están dando la desaparición de mujeres que también se puede relacionar con una cuestión de trata de personas o también de explotación sexual. En el caso de los hombres también se han dado desapariciones colectivas. Estas puede ser originadas por el trabajo de explotación de la mano de obra de los trabajadores y la explotación laboral. Entonces están relacionados también muchos otros delitos que es muy dificil poder identificar o separar el uno del otro. Entonces son como ciertos patrones que se han identificado y también sobre todo los grupos de la edad, de los jovenes que han llevado. Que son jovenes en edad productiva, en edad donde son jovenes fuertes con mucha capacidad y algunos con ciertas capacidades técnicas o profesionales. Que han ido desapareciendo, que eso también puede indicar que están siendo sometidos al trabajo forzado. Entonces son algunas de las cosas que se han ido identificando. Y en otros casos que son más por el lado de defensores y defensoras de derechos humanos que tienen mas una participación social y politica, y hay más una participacion de gentes del estado. Y se puede identificar policias estatales, policias municipales, el mismo ejército quien ha incurrido en cometer estas desapariciones. Se puede quedar mas clara la participación por amenazas anteriores a la desaparición. Por que hay testimonios de personas que ven cuando son detenidas y posteriormente desaparecidas se puede identificar patrones más claros de participación de agentes del estado. 

Miembras de Hasta Encontrarlos

WFP: Desde el 2006, Mexico se ha venido mlitarizando más y más en nombre de la Guerra Contra el Narco y la seguridad. EE.UU. está muy de acuerdo con este cambio y de hecho ha canalizado mas de 2.4 mil millones de dólares con este fin a través de la Iniciativa Mérida. Qué efecto ha tenido esta militarización en México en cuanto a las violaciones de derechos humanos en general y las desapariciones forzadas especificamente?

Nadín: Lo que ha traido como consecuencia esta militarización ha sido precisamente mayor incremento de las violaciones a derechos humanos. Ee evidente, ha sido muy ampliamente documentado por varias organizaciones de derechos humanos que en las zonas en donde ha habido mayor presencia de estos cuerpos militares es donde mayores violaciones de derechos humanos han cometido. Tenemos hasta Chihuaha que fue uno de los primeros estados que se empezó a militarizar. Michoacán que fue uno de los donde se inició principalmente Plan Mérida. Y que fueron estados en donde se cometieron miles de violaciones a los derechos humanos. Michoacán, a partir del 2010, fue uno de las primeras entitades a documentar muchos casos de desapariciones forzadas colectivas cometidas a raiz de la militarización y de esta creación de cuerpos especiales para supuestamente combatir a los grupos de la delincuencia organizada. Y el del norte, muchísimas violaciones como ejecuciones extrajudiciales, desplazamiento forzado, desapariciones forzadas tanto de hombres como de mujeres. Encontes mas allá nosotros decimos de ser una guerra que fue dirigida supuestamente en contra del narcotráfico, nosotros lo que identificamos era que fue una guerra dirigida en contra del pueblo. Una guerra que estaba enfocada más en fundir el miedo y el terror en la población bajo el argumento de combatir el narcotráfico pero que en los hechos, la misma población, las denuncias que hacían, los comunitarios de los lugares donde se encontraban los mlitares habían traido mayor inseguridad, mayor temor a la misma población. Por que no se sentian protegidos. Al contrario, hay muchos testimonios que indican la misma colusión y contubernio de los militares con los grupos supuestamente de la delincuencia. Entonces esta situación es muy evidente y lo que hay que dejar en claro es que efectivamente no están para proteger sino mas que nada para infundir este miedo y terror en la población. Es como lo que ha traido como consecuencia esta militarización en el país. Y muestra de ello también ha sido un rechazo de la población que exige cada vez más que regeresen a los cuarteles. Y no quieren que el ejército esté haciendo estas labores de seguridad en el país. Porque no está teniendo ningún efecto, al contrario, no? Hay testimonios muy claros y evidentes. Recientemente hubo el asesinato de un niño en Ostula en Michoacán que fue impactado por una bala disparada por miembros del ejército. Y como este, hay un sinfín de testimonios más. Entonces queremos que no es conveniente, y el ejército no fue creado para eso, para hacer labores de seguridad pública, sino para resguardar la integridad y la seguridad del país. Pero no puede estar haciendo labores de seguridad pública porque vemos que no está capacitado para esto.

WFP: La mayoría de nuestros lectores (de nuestros blogs) son ciuadanos estadounidenses. ¿Cómo podría un estadounidense ser solidário con México y apoyar un cambio en cuanto a las desapariciones forzadas?

Nadín: Yo creo que uno de los puntos donde podrían ser solidarios con nuestro país y un poco en el tema de las desapariciones forzadas primero sería uno: cuestionando la situatión de su mismo país, como estadounidenses. Estar en contra o rechazar estas políticas que en alguna manera se realizan en contra de nuestro país, que nosotros lo vemos como un intervencionismo en esta materia de seguridad, sobre todo. Porque esta situación es una de las causas que está provocando que haya mayores casos de desaparión forzada. Estos recursos que se invierten para la cuestión de la seguridad nacional con el pretexto de combatir a la delincuencia también están o más allá de combatir realmente la delincuencia están siendo orientados hacia cometer este tipo de violaciones graves a los derechos humanos, que ya se han comentado. Y que yo creo que una de las formas en que se puede ser solidarios es cuestionando la misma situación, como ciudadanos estadounidenses. En que se está inviertiendo este dinero? Ser críticos en cuanto a cuestionar esta situación. Y la otra es también un poco difundiendo y sacando a la luz la problemática de como México como ciuadanos mexicanos tememos en nuestro pais en materia de las desapariciones forzadas y también de las violaciones graves a derechos humanos. Y yo creo que se podría hacerse de muchas maneras. A veces hay jóvenes que tienen muchas profesiones que tal vez pudieran apoyar en este sentido. Seguir escribiendo, mandando de alguna manera apoyo o por mediante no, sé… Cuestiones de intercambio, tal vez de jóvenes que quieren conocer la situación del país, vínculos con organizaciones aquí para hacer tal vez una cuestión de estudios, un analisis de lo que está pasando en México. Y podrían compartir lo que están viviendo en el país, y se podría llevarlo también a sus comunidades, a sus espacios y de alguna manera pueden ver más de cerca lo que está pasando. Eso y también concretamente con la solidaridad con recursos económicos o con cuestiones muy concretas de apoyos en materiales, que a veces tambien se necesita. La mayoría de las organizaciones de familiares que están luchando en contra de la desaparición forzada son organizaciones que se mantienen mucho de la solidaridad, que muchas no cuentan con recursos materiales. Y a veces apoyos muy mínimos son muy valiosos para poder coninuar con el trabajo de las organizaciones. Entonces creo que también podría ser muy importante que se pueda creer este tipo de apoyos, organizarse como personas desde sus países y poder recaudar fondos o que sé yo. Y poder apoyar a estas organizaciones que están pasando por esta situación en México.  

Nadín estará en la Gira de Ponencia con Witness for Peace-Southeast  (Acción Permanente por la Paz-Región Sureste) en Carolina del Norte, Carolina del Sur, Florida, Alabama y Georgia desde 1 al 22 de noviembre . Sigue la programación de la gira aquí: http://www.wfpse.org

Solidarízate con los estudiantes de Ayotzinapa el sábado 26 de septiembre: http://www.soaw.org/news/organizing-updates/4323-ayotzinapa-events-1-year-after-mexican-state-crime-and-us-complicity


Firma esta acción urgente para exigir que EE.UU. retire fondos para la guerra en México: http://org.salsalabs.com/o/727/p/dia/action3/common/public/?action_KEY=18454

Más que cifras y términos: la desaparición de los 43 y de muchos más

por Maggie Ervin

En su mejor momento, una traducción puede ser sublime y enriquecedora. Me atrevo a plantear que la versión en inglés de Cien años de Soledad, realizada por Edith Grossman, es casi tan deliciosa como el original de García Márquez. Y me pregunto si el Sonetos a Orpheus, escrito por Rilke, podría ser más lírico que la interpretación de Stephen Mitchell. En su peor momento, la traducción puede ser incómoda y decepcionante. Cuando se trata de transmitir los matices del saudade portugués, o los largos y precisos sustantivos alemanes, yuxtapuestos para significar una sola palabra.

La traducción de ciertas palabras del español al inglés puede ser complicada también. En inglés, “desaparecer” normalmente no es un verbo transitivo. Algo o alguien desaparece por su propia voluntad, o por negligencia, pero no es algo que se le pueda hacer a otra persona. En inglés, hay un montón de cosas crueles que puedes hacerle a alguien, pero desaparecerlo simplemente no es parte de nuestro repertorio lingüístico de la barbarie. Aquí en México, alguien puede ser "embolsado", y esto no quiere decir “despedido” o “detenido” como “bagged” en ingles. Esta palabra significa que un cadáver ha sido envuelto en una bolsa de basura y es abandonado en algún lugar que probablemente no sea la morgue local. Si le preguntamos a un angloparlante qué significa un "cuerno de chivo", la primera imagen que le vendría a la mente serían los cuernos de un animal, no una AK-47. Del mismo modo, "el derecho a la verdad" suena extraño en inglés. "¿El derecho a la verdad? Nunca he escuchado ese termino”, diría un angloparlante.

43 estudiantes desaparecidos. ¿O “perdidos” sería la palabra correcta? O “levantados”? O “extraviados”? No, en realidad los desaparecieron; no hay ni tergiversaciones ni ambiguedades en este caso. De hecho, el término más preciso de lo que pasó en Iguala hace seis meses fue “desaparición forzada”. Para los angloparlantes, este término también podría necesitar más explicaciones. A pesar de las muchas injusticias en EE.UU. - la desigualdad de clases, la discriminación en contra de los inmigrantes, el porcentaje absurdo de personas tras las rejas, la policía que mata a hombres negros desarmados, un salario mínimo de miseria – con todo esto, la desaparición forzada no es parte de nuestra realidad cotidiana y retórica. Así que una pequeña aclaración. Hay tres elementos básicos sobre la desaparición forzada: 1) la negación de la libertad de una persona en contra de su voluntad, 2) la participación de las autoridades estatales, ya sea por acción u omisión, y 3) la negación de los hechos por parte de las autoridades. En la noche del 26 de septiembre de 2014, estos tres elementos estaban en juego de manera espeluznante.

Durante estos últimos seis meses, el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa ha recibido mucha atención a lo largo y ancho del mundo, tal como debería. Pero la desaparición forzada ha sido un problema mucho más serio en México desde el 2006. Tan sólo en el año 2014, desaparecieron a más de 5.098 mexicanos. Esta cantidad rebasa el número de personas que cabe en un gimnasio de una típica escuela secundaria estadounidense. (Así que imagina un juego de baloncesto en ese gimnasio durante una temporada ganadora, y luego súmale 500 personas más). Lo sucedido con los 43 ha recibido más atención que otros casos, probablemente debido a una confluencia de factores: la truculencia absoluta de la masacre, la clara colusión entre el crimen organizado y el estado, la lenta respuesta del gobierno ante estos sucesos, y los niveles desvergonzados de corrupción y putrefacción de los partidos políticos encarnados en estos sucesos. Pero los familiares de todos los desaparecidos en México han estado denunciando durante años.

No sólo denunciando, sino también alertando a las autoridades. Sin duda, las cifras registradas son bajas comparadas con las desapariciones reales, ya que los familiares a menudo no denuncian por miedo a los narcos o a las autoridades, o a ambos. (Actualmente hay más de 27.000 mexicanos desaparecidos.) Pero también en muchos casos los familiares no creen que alguna vez se haga justicia y desafortunadamente, la evidencia apoya firmemente este escepticismo. Entre el 2006 y el 2011, 390 denuncias de desapariciones forzadas fueron presentadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sin embargo, no ha habido ni una sola sentencia. Y a pesar de que el número de desapariciones forzadas ha aumentado desde que Peña Nieto tomó posesión en diciembre de 2012, en abril de 2014 todavía nadie había sido condenado por desaparición forzada en toda la república mexicana.

Todo eso está pasando en un contexto llamado la “Guerra contra las Drogas”. Han pasado 34 años desde que Nixon la declaró, quince años desde que se desató en escala masiva en Colombia, y ocho años desde que México se convirtió en su principal campo de batalla. No importa cómo se mida, en términos de sus objetivos declarados, esta guerra ha sido un fracaso colosal e innegable, tanto en EE.UU. como al sur de su frontera. La disponibilidad y el consumo de drogas no han disminuido, y han correspondido con un aumento de violaciones de los derechos humanos y simplemente más muerte. Mucho se ha escrito sobre esta evidencia, y más de un puñado de presidentes actuales y pasados de América Latina han criticado esta política, incluso varios de la derecha. Sin embargo, los políticos estadounidenses de ambos partidos se niegan a prestar la más mínima atención a los datos. ¿Qué se necesita para detener esta guerra?

Esa palabra, por supuesto, es fácil de traducir: guerra, war. Y tiene varias palabras derivadas, como el nombre del estado en el que desaparecieron los 43: guerrero, warrior. Necesitamos guerreros en estos días, los que demandan ponerle fin a la brutalidad del estado, a la militarización y a la rentabilidad de la guerra, y los que defienden el "derecho a la verdad." Eso es lo que se necesita.

• Pónte en acción para detener el financiamento estadounidense de la Iniciativa Mérida. A través de ella, se han gastado mas de 2.4 mil millones de dólares, la mayoría canalizado a la militarización de México. Diles a tus representantes que dejen de financiar esa Iniciativa.

• Únete a la Caravan de los 43. Solidarízate con los familiares de los normalistas desaparecidos.

Más allá de Ayotzinapa: Como la Intervención de Estados Unidos en Colombia Allanó el Camino a la Crisis de Derechos Humanos en México

Por Julia Duranti, Witness for Peace Colombia, y Maggie Ervin, Witness for Peace México

Este articulo originalmente apareció en inglés en Upside Down World el 18 de diciembre 2014.

Hace dos semanas, hubo 43 estudiantes desaparecidos en Guerrero, México. Ahora hay 42. A pesar de que decenas de miles de manifestantes mexicanos han estado gritando "Vivos se los llevaron! Vivos los queremos!", uno de los estudiantes fue declarado oficialmente muerto el pasado sábado 6 de diciembre. Alexander Mora Venancio tenía tan sólo 19 años de edad. Para la identificación de sus restos se realizó un esfuerzo transnacional: autoridades mexicanas los encontraron, científicos austríacos los analizaron, y forenses argentinos los verificaron. Pero hay otros países que jugaron un papel clave en esta historia: los Estados Unidos y su aliado sudamericano más cercano, Colombia. Mientras el gobierno mexicano trataba de presentar la masacre estudiantil de Ayotzinapa como un caso de corrupción de bajo nivel que podría ser resuelto sólo con cambiar las unidades policiacas y criminalizar las protestas que lo llevaron al escrutinio internacional, salió un nuevo informe que alega que la policía federal también participó en la tortura y la desaparición de los estudiantes. La intervención de Estados Unidos en Colombia muestra porque la violencia estatal evidente en Ayotzinapa no es ningún incidente aislado.

Colombia no aparece en las noticias estadounidenses en estos días, a pesar del conflicto armado que vive desde hace medio siglo. Aunque los insurgentes en Colombia figuran en la lista de terroristas del Departamento del Estado, a diferencia de los del Medio Oriente, no afectan al imaginario estadounidense como una amenaza inminente. Contrario al caso de los centroamericanos, los desplazados internos colombianos - 6 millones en el último recuento - casi nunca llegan a las fronteras de Estados Unidos. Esta falta de cobertura enmascara los más de 50 años de intervención estadounidense. En base a la doctrina de Contención del Comunismo que surgió con la Guerra Fría, oficiales militares estadounidenses bajo la administración de Kennedy crearon grupos paramilitares de "autodefensa" bajo el denominado Plan Laso, para trabajar en conjunto con el estado colombiano y aplastar la resistencia izquierdista. Eso ocurrió en 1962, dos años antes de que las insurgencias guerrilleras llamadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se constituyeran formalmente. Poco después, los cárteles colombianos surgieron para satisfacer la demanda estadounidense de cocaína en los años 70 y 80. El desenlace de esto fue el asesinato del capo del cártel de Medellín, Pablo Escobar, en 1993, ejecutado con apoyo de Estados Unidos. El cártel de Cali fue derrotado sólo unos años más tarde, dejando un vacío en la distribución internacional de la cocaína que fue ocupado por algunos sindicatos del crimen organizado en Colombia y sus contrapartes en México. La fragmentación del tráfico ilícito de drogas en Colombia más o menos correlacionó con la liberalización del mercado de la economía legal durante la presidencia de César Gaviria con el lema, "Bienvenidos al Futuro", junto con la crisis financiera mexicana y la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN ) en 1994. A lo largo de la década de los 90, los guerrilleros colombianos ganaron territorio y soldados, con las filas de las FARC incrementándose hasta casi 20.000 en 2001. Esto provocó varios acontecimientos claves. El primero fue la consolidación de las Fuerzas de Autodefensa Unidas de Colombia (AUC) en 1997, un estructura paramilitar de 30,000 elementos que colaboró con militares colombianos para cometer algunas de las peores violaciones de derechos humanos en la historia del país antes de someterse a un proceso de desmovilización incompleto que dejó a miles de ex paramilitares activos en todo el país. El segundo fue una iniciativa antinarcótica y contrainsurgente estadounidense conocida como Plan Colombia.

Plan Colombia, Plan México

Al principio, el Plan Colombia consistió en invertir US $1.300 millones para erradicar el tráfico de drogas, incluyendo un controvertido programa de fumigaciones aéreas con herbicida para reducir los cultivos de coca, así como armas, maquinaria, asistencia técnica y capacitación para el ejército y la policía colombiana. Fue firmado por el presidente de Estados Unidos Bill Clinton y el presidente de Colombia Andrés Pastrana en 2000, los cuales fueron reemplazados por presidentes conservadores con ideologías antiterroristas duras (George W. Bush y Álvaro Uribe, respectivamente) que siguieron apoyando el Plan Colombia hasta 2007, cuando el nombre y la estrategia cambió al "Plan de Consolidación”. Los presidentes Bush y Uribe encontraron un aliado dispuesto a participar en la Guerra Contra la Droga y Contra el Terrorismo en el presidente mexicano derechista Felipe Calderón, elegido en 2006 después de que los cárteles mexicanos habían ganado relevancia. Poco después, la Iniciativa Mérida también conocida como Plan México - fue aprobada para "luchar contra el crimen organizado y la violencia asociada." Desde entonces, cerca de US $3.000 millones del gobierno estadounidense han contribuido a la militarización masiva del país: helicópteros Blackhawk ($20 millones cada uno), miles de armas, una amplia formación de policías y militares, aumento en la vigilancia de la frontera y los puertos, e incluso algunos policías estadounidenses vestidos como infantes de marina mexicanos llevando a cabo operaciones especiales en suelo mexicano. El costo en México ha sido devastador: más de 100.000 muertos y más de 26.000 desaparecidos desde 2006.

Mientras tanto, EE.UU. ha proporcionado más de US $8.000 millones en ayuda a Colombia, por lo que es uno de los principales receptores de ayuda militar estadounidense en el mundo. Sin embargo, Colombia sigue siendo uno de los principales proveedores de heroína y cocaína a EE.UU.  El número de víctimas del conflicto colombiano ahora rebasa los 7 millones, incluyendo 6 millones de desplazados internos, más de 150.000 desapariciones forzadas y más de 930.000 homicidios. La asombrosa cifra de violaciones a los derechos humanos se ha incrementado a partir del  año 2000 (5,9 millones desde este año), cuando el financiamiento de Estados Unidos comenzó a reforzar las fuerzas de seguridad pública conocidas por sus atrocidades. Después, en 2006 estalló el escándalo de los "falsos positivos" en el que se reveló que las fuerzas de seguridad colombianas, algunas entrenadas en suelo estadounidense en el polémico Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad / Escuela de las Américas (WHINSEC / SOA) - habían asesinado sistemáticamente al menos 5.000 civiles inocentes y luego los vistieron con uniformes de la guerrilla, presentándolos como enemigos asesinados en batalla, todo eso a fin de ganar premios como bonificaciones y tiempo extra de vacaciones. Esta práctica se desarrolló como parte de la mentalidad de "recuento de bajas", promovido en el entrenamiento en Estados Unidos y se produjo bajo el cargo del entonces Ministro de Defensa y actual Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Más tarde ese mismo año, el escándalo de la “parapolítica” también estalló, implicando a los políticos de todos los niveles en las estructuras narco-paramilitares. Estos grupos, que ahora se conocen por el gobierno colombiano como bandas criminales (Bacrim), siguen disfrutando de una estrecha relación con intereses comerciales lícitos e ilícitos, asimismo con políticos en Colombia, y representan la mayor amenaza para la expresión ciudadana y los movimientos sociales. El legado del Plan de Laso continúa pagando dividendos.

Colombia: Exportador de la Seguridad

Oficiales estadounidenses defienden obstinadamente su inversión en el poderío militar de Colombia y su aplicabilidad a México. Un funcionario de la embajada de Estados Unidos en Bogotá dijo: "En 2000 Colombia estaba al borde de convertirse en un narcoestado fracasado. El Plan Colombia ayudó a evitarlo... Ahora, Colombia es un exportador de seguridad. Los colombianos están entrenando a los mexicanos en materia de seguridad ". En una visita a Colombia la semana pasada el Secretario del Estado John Kerry hizo eco de ello.. De hecho, la ayuda directa a Colombia ha disminuido desde el 2008, y a su vez ha aumentado el apoyo a la Iniciativa Mérida, y aún más recientemente a la Iniciativa Regional de Seguridad para América Central (CARSI). Junto con el aumento de la ayuda militar y antinarcótica a estos países, EE.UU. ha utilizado a Colombia como representante de seguridad, proporcionando EE.UU. una “negación plausible” en el caso de violaciones de derechos humanos cometidas por sus alumnos. El general estadounidense John Kelly cometió el error de admitirlo el mes de mayo pasado. El uso de representantes de seguridad por parte del gobierno de Estados Unidos, junto con su proceso de certificación del cumplimiento con los requisitos en materia de derechos humanos, elude el espíritu de la Ley Leahy, que tiene por objetivo evitar la financiación estadounidense de militares que han cometido graves abusos contra los derechos humanos.

Debido a esta estrecha relación, las causas detrás de la violencia en México se vuelven más claras. Cuando el presidente Enrique Peña Nieto asumió el cargo en 2012, trató de desviar la atención del país al tema de la economía a través de su lema "Moviendo a México.” Pero la tortura, las detenciones arbitrarias, los secuestros y las desapariciones se han incrementado a lo largo de los dos años de su mandato. Aunque los 43 estudiantes han sido noticia internacional, 5.098 mexicanos han desaparecido tan sólo en el 2014.

Guerra Contra la Droga o Guerra Contra los Pobres?

En el décimo aniversario del Plan Colombia, Adam Isaacson de la Washington Office on Latin America (WOLA) escribió, "Los avances en seguridad de Colombia son parciales, posiblemente reversibles, y manchados por los ‘daños colaterales’. Con tanta evidencia en este sentido, por qué el legado de Plan Colombia que simbolizaba La guerra Contra las Drogas todavía tiene defensores acérrimos”? Algunas organizaciones colombianas como la Asociación para la Investigación y la Acción Social (NOMADESC) plantean la siguiente teoría:

"La Guerra Contra las Drogas en Colombia es una cortina de humo para los intereses económicos. Sí, el tráfico de drogas desempeña un papel en la violencia aquí, pero mucho más importantes son los intereses económicos neoliberales que buscan impulsar el desplazamiento para que puedan acceder a la tierra colombiana", dijo un portavoz de NOMADESC a una delegación de Acción Permanente por la Paz (Witness for Peace).

"Plan Colombia allanó el camino para el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia una década después. Las fumigaciones desplazaron a las personas de sus tierras y las dejaron libres para el desarrollo ilegal, así como la creación de una fuerza de trabajo explotable en las ciudades ", dijo un organizador sindicalista de Buenaventura, en referencia a los casi 8 millones hectáreas de tierra que fueron abandonados o ilegalmente adquiridos en el curso del conflicto colombiano. "La represión en el campo creó un clima más favorable para la inversión extranjera. Al final, los ricos son los que se benefician”. En este sentido, hay un claro paralelismo con el TLCAN, que ha contribuido al desplazamiento masivo de mano de obra vulnerable de zonas rurales de México a EE.UU.

Este análisis se extiende hasta el actual gobierno de Juan Manuel Santos. Con menos mano dura que su antecesor, Santos ha apostado su presidencia en un acuerdo de paz negociado con las FARC y ha hecho de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras una de las primeras prioridades de su presidencia. Al igual que su homólogo Barack Obama en EE.UU., es un tecnócrata cercano a las grandes empresas; como Enrique Peña Nieto en México, está a favor de las industrias extractivas como motor de la economía. De hecho, el proceso de paz sirve a estos intereses mostrando a Colombia más atractiva para la inversión extranjera directa, sobre lo cual el gobierno de Santos ha sido transparente. Pero la colusión continua entre las empresas privadas y las nuevas y cambiantes formas del paramilitarismo sugieren que incluso si el gobierno colombiano negocia el final del conflicto con las FARC, poco va a cambiar la vida para los colombianos cuya realidad cotidiana incluye las amenazas, la inseguridad y la violencia.

De hecho, los colombianos sólo necesitan mirar a México, donde no hay una insurgencia armada, para ver lo que el futuro puede deparar. Durante el año pasado la administración de Peña Nieto promovió y aprobó una serie de reformas (laboral, telecomunicaciones, educación, fiscal y energía) que tienen en común una tendencia a la privatización. "México está abierto a los negocios" fue el mensaje, y el gobierno de Estados Unidos y las multinacionales lo aprovecharon al máximo. La aprobación de estas reformas no hubiera sido posible de no ser por la distracción agotadora de seis años de violencia anteriores, cuando los mexicanos fueron desplazados, aterrorizados o asesinados por los cárteles del narcotráfico, por las fuerzas de seguridad mexicanas, o con demasiada frecuencia por la colusión de ambos.

Al igual que en el caso de Alexander Mora Venancio. Al describir lo que sintió al enterarse de la confirmación de la muerte de su hijo, el padre de Alejandro pronunció, “sentí que me arrancaron parte de mi corazón.” A medida que su familia y amigos reparan sus corazones lastimados y lloran al joven que conocían, el mundo llora con ellos y espera contra toda esperanza que los otros 42 se encuentren con vida. Las semillas del imperialismo estadounidense en Colombia, México y otros países en las Américas siguen dando frutos para los intereses poderosos. Pero como la frase popular que ha estado circulando desde la masacre de Ayotzinapa declaró: "Quisieron enterrarnos. Pero no sabían que también éramos semillas ".

Vida y Muerte, Esperanza y Miedo: una visita a Iguala

por Maggie Ervin

La ciudad de Iguala, Guerrero

Iguala, una ciudad cuyo nombre significa "donde la noche es tranquila", fue el escenario donde la policía local mató a seis personas y desaparecieron a 43 estudiantes en la noche del 26 de septiembre. Este último episodio en México - a diferencia de muchos otros hechos sangrientos que han sucedido desde el comienzo de la militarización masiva apoyada por Estados Unidos en el 2007 - ha sido noticia nacional e internacional, y ha provocado que decenas de miles de mexicanos salgan a las calles a protestar. La indignación es palpable. Edgar, un hombre con quien hablé aquí en Iguala señaló que nunca esperaron que ocurrieran tales hechos. “Nos dieron en la torre...Estamos hartos”, dijo. Durante las últimas seis semanas, a pesar de que el gobierno afirmó que haría todo lo posible para encontrar a los estudiantes desaparecidos y ordenó el despliegue de la policía federal y el ejército en la búsqueda, aún no han encontrado a los jóvenes.

A pesar de que su población no llega a los 120.000 habitantes, la ciudad de Iguala, Guerrero, ocupa un lugar importante en México debido a su papel clave en la historia del país. En 1821, se firmó el famoso Plan de Iguala aquí, declarando a México libre de la dominación española. Poco después, la primera bandera nacional fue diseñada y elaborada aquí. Además, Iguala es la única ciudad mencionada en el himno nacional. Así que si eres mexicano, probablemente has oído hablar de este sitio. Si bien cuenta con un simbolismo histórico y nacional, es difícil no ver los recientes acontecimientos violentos ocurridos aquí como emblemáticos de la situación actual que se vive en México.

Al parecer, la muerte está presente por todas partes estos días: imágenes de la Catrina, el esqueleto femenino que usa un lujoso sombrero del siglo IXX; coloridas calaveritas de azúcar de todos los tamaños; niños disfrazados como zombis y fantasmas andando por las calles principales. Todo esto, por supuesto, porque este fin de semana fue el Día de los Muertos, una celebración que cuenta con una rica historia prehispánica - después sincretizada con el Día de Todos los Santos – con el fin de recordar y festejar a los difuntos. Sin embargo, existen otras muertes: la de la confianza. (Algo está mal cuando la población teme a la policía. O cuando, como nación soberana que cuenta con muchos expertos forenses, los ciudadanos exigen la presencia de especialistas argentinos para identificar a los cuerpos). La de la seguridad. (Los taxistas con los que hablé me dijeron, "La gente cuida con quién habla. Tú debes tener cuidado también". “Ven al asiento delantero si quieres hablar".) La de la poca confianza que queda en los tres principales partidos políticos (todos manchados por la corrupción y su vinculación con el crimen organizado). Además, resulta fácil perder la cuenta de las fosas comunes que se han encontrado en los alrededores de Iguala. Desde que desaparecieron los estudiantes, se descubren cada vez más fosas. Pensé que había logrado llevar la cuenta total de ellas (veinte), pero después Edgar dijo que habían hallado dos fosas más a las orillas de la ciudad que aún no se eran registradas.

Como en cualquier ciudad, hay cementerios oficiales aquí también. Los días 1 y 2 de noviembre, las familias los visitan para recordar a sus seres queridos muertos. Así que para el sábado, los tres cementerios de Iguala estaban repletos de familias limpiando las tumbas y decorándolas con flores amarillas y rojas-moradas conocidas como cempasúchil. Mientras tanto, en el Zócalo se llevaron a cabo homenajes cautivantes y creativos: a las mascotas fallecidas, al baterista de la banda Led Zepellin, a las víctimas mortales de cáncer de mama, a una novia de Chihuahua que según la leyenda fue embalsamada como maniquí, a Robin Williams, y a los 43 estudiantes desaparecidos.

El mundo espera noticias de ellos. Millones de personas anhelan desesperadamente que aún estén vivos, que no haya lápidas decoradas para ellos el Día de los Muertos del próximo año. "Vivos se los llevaron, vivos los queremos!" gritan por todo México y en el extranjero, en las innumerables marchas que se han realizado. Sin embargo, ha habido algunos testimonios que sugieren que los estudiantes fueron asesinados. Así que mientras hay esperanza, hay miedo también. Miedo de que a las más de 60.000 muertes violentas que se han registrado en México en los últimos siete años, se sumen 43 más. Lo cuál sería el peor legado histórico que podría dejar Iguala. 

Museo de la Bandera en Iguala. El color verde representa la libertad, el rojo la unión, y el blanco la paz, algo ausente en estos días. Además de los recientes eventos espeluznantes, Edgar agregó que, "Si resulta que los estudiantes están muertos, habrá una matazón aquí ".

La segunda bandera más grande de México se encuentra al borde de la ciudad. Aunque el presidente Peña Nieto trató de ignorar la violenta realidad del país, su enfoque de "mover a México" y sus afirmaciones de la seguridad nacional se vinieron abajo con la noticia de la masacre y las desapariciones. Esto sumado a las revelaciones de los 22 civiles que fueron asesinados a quemarropa por el ejército (en su estado natal) después de haberse rendido, un evento que el ejército había tratado de encubrir.

La Independencia de México fue declarada aquí hace 193 años. El documento contiene tres puntos principales, el tercero de los cuales señala la "unión de todas las clases sociales”. Sin embargo, lamentablemente la brecha que separan a los ricos de los pobres sigue siendo alarmante en México. Casi la mitad de la población es considerada oficialmente pobre. Los 43 estudiantes desaparecidos procedían de familias humildes de zonas rurales, y estaban estudiando para formarse como maestros y posteriormente enseñar en sus comunidades.

El alcalde de Iguala José Luis Abarca no tardó en huir de la ciudad cuando su papel en la masacre y las desapariciones, así como las revelaciones de sus estrechos vínculos con el crimen organizado, salieron a la luz a nivel nacional. Su fortuna aumentó rápidamente durante los últimos años, y entre sus muchas propiedades se encuentra este centro comercial.

El jefe de la policía de la ciudad también se fugó. Poco después de la masacre y las posteriores detenciones de algunos policías, cerró este departamento. Más tarde abrió nuevamente con la policía federal a cargo. Sin embargo, la policía federal de México tiene un dudoso historial en lo que se refiere a derechos humanos, y disfruta de una impunidad generalizada por dichas violaciones. La Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió 146 denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por la policía federal en el 2006. Para el 2012, ese número había aumentado a 802. Desde el año 2008, más de 1,2 mil millones de dólares provenientes de los Estados Unidos se han destinado a México a través de la Iniciativa Mérida. Más allá de proveer equipo militar masivo, estos fondos han sido utilizados para apoyar los "servicios de seguridad", en parte para entrenar y aumentar estas fuerzas policiacas.

Ahora hay una presencia notable de la policía federal en Iguala. Pero “hay rumores de que han empezado a extorsionar igual que la policía local lo hacía", dijo uno de los taxistas.

Una lápida en el panteón general de Iguala, adornada con flores de cempasúchil.

El gobierno de Estados Unidos en gran medida ha mantenido el silencio sobre la desaparición de los 43 estudiantes. La Casa Blanca calificó esto como "preocupante" la semana pasada, y por su parte el Departamento del Estado sólo emitió un breve comunicado poco después del incidente. Lee nuestra reciente Alerta de Acción para exigir que el gobierno de Estados Unidos tome una postura más enérgica y contundente.

En la iglesia principal de la ciudad, esta imagen tuvo especial resonancia: "Nuestra Señora del Sagrado Corazón, abogada de las causas difíciles y desesperadas".

Homenaje en el Zócalo de Iguala a los estudiantes desaparecidos: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”