“El gobierno de Honduras nos quiere incriminar”

La criminalización del COPINH y la distracción caracterizan a la investigación sobre el asesinato de lideresa Lenca

Por: Acción Permanente por la Paz

Manifestantes exigiendo justicia para el asesinato de Berta Cáceres se juntan fuera del Ministerio Pblico la semana pasada. Foto: Acción Permanente por la Paz

Familiares de Berta Cáceres, coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), y el equipo coordinador de la organización, acompañados por defensores nacionales e internacionales de derechos humanos, hicieron una rueda de prensa el miércoles pasado en Tegucigalpa donde expresaron sus inquietudes sobre la investigación del asesinato de la compañera Cáceres, actualmente dirigida por el Estado de Honduras.

Cáceres, dirigente y defensora de derechos humanos reconocida a nivel internacional, fue asesinada el 3 de marzo de 2016 en su hogar en La Esperanza, Intibucá. Desde el jueves pasado, la familia de Cáceres y el COPINH han denunciado la falta de una investigación internacional e independiente acerca de su asesinato. También han denunciado la incoherencia del gobierno de Honduras en aplicar leyes nacionales e internacionales. COPINH ha demandado específicamente que el gobierno firme un acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  “El mismo estado que criminalizó a Berta Cáceres, [...] el mismo estado que la persiguió, que la amenazó, y que tiene responsabilidad por su asesinato no puede investigarse a sí mismo,” aseveró la organización.  

“[Las autoridades hondureñas] se están perdiendo horas y días preciosas de esta investigación,” declaró Marcia Aguiluz, representante del Centro de Justicia, refiriéndose a la negligencia del Estado en no buscar las raíces principales del asesinato de Cáceres: primeramente, la criminalización de su trabajo político en defensa de los derechos humanos. La red de abogados de derechos humanos de Honduras, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) comparten estas inquietudes graves y han notado que los procedimientos iniciales de la investigación revelan señales notables que el lugar del crimen ha sido modificado y manipulado.

Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, reiteraba sentimientos semejantes el martes 8 de marzo en Tegucigalpa: “Las autoridades hondureñas dicen una cosa y hacen otra. Nos han dicho que están decididas a encontrar a los responsables de la muerte de Berta Cáceres, pero no han seguido las líneas de investigación más básicas, incluido el hecho de que Berta llevaba mucho tiempo recibiendo graves amenazas de muerte en relación con su labor de defensa de los derechos humanos.”

La criminalización del COPINH

La defensa de recursos naturales liderada por el COPINH es una lucha organizada en contra del despojo, la explotación y la privatización de sus territorios. Desde la fundación del COPINH en 1993, sus líderes y comunidades han estado directamente opuestos a los intereses económicos y políticos del gobierno hondureño y las empresas transnacionales, lo cual ha implicado una increíble represión, especialmente en el contexto de Honduras tras el golpe de estado y durante el gobierno de Juan Orlando Hernández. 　

El sub-coordinador del COPINH Tomás Gómez Membreño, declaró que el liderazgo y la membresía de la organización siguen siendo el blanco de persecución, represión y criminalización por dicho gobierno Hondureño, sus autoridades, y las empresas transnacionales. Gómez también ha señalado las constantes e interminables interrogaciones de miembros del COPINH por parte del ministerio público, la fiscalía estatal, y otras autoridades como otra forma de acoso. Gómez anunció que la organización está programando acciones y demandas durante estos días para denunciar los esfuerzos del gobierno Hondureño de culpar a miembros de la organización por el asesinato.

Deplorablemente, Berta Cáceres es otra víctima de una larga lista de asesinatos orientados a las y los defensores de derechos humanos en Honduras. Durante años recibió amenazas de muerte y acoso de parte del estado y de las fuerzas de seguridad privadas, y también había recibido noticias que tenía prioridad en la lista de asesinatos del ejercito Hondureño, mismo motivo por el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos autorizó el más alto nivel de medidas cautelares para Cáceres, con el cual el gobierno Hondureño nunca cumplió. Pocas horas después del asesinato, el ministro de Seguridad, Julián Pacheco, culpó públicamente a Cáceres por su propio asesinato, diciendo que ella no había registrado su domicilio y que había rechazado tener policía como escolta. De manera pública, la familia de Berta Cáceres ha refutado firmemente las declaraciones del Ministro. 　

Hubo una intensificación de persecución y de amenazas de muerte en contra de Berta Cáceres durante las dos semanas antes de su asesinato. Según una declaración de COPINH y de una comisión de derechos humanos que los acompañaban el día 16 de febrero al salir de la comunidad de Río Blanco, Cáceres y miembros del COPINH fueron perseguidos por hombres armados en una camioneta. Según informes, pocos días después, durante una movilización el día 20 de febrero en contra del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca de DESA, el Ingeniero Director de Obra emitió de manera verbal una amenaza de muerte en contra de Cáceres. Después del desalojo forzoso de miembros de la comunidad Lenca en Jarcia, Guise el día 25 de febrero, un funcionario de la Dirección General de Investigación Criminal presuntamente le advirtió a Cáceres que no se harían responsables  si algo le fuese a pasar. El día siguiente, Cáceres recibió una llamada informándole que un carro manejaba alrededor de su casa. Ella informó a la policía, declarando que dos hombres portando armas no registradas le amenazaban de muerte. El día antes de su asesinato, en la mañana, testigos identificaron a sicarios hablando en contra de Cáceres y del COPINH y manejando un Ford 150 que identificaban con DESA, rumbo a La Esperanza.

Además, los familiares de Cáceres, el COPINH, y varios defensores de derechos humanos han expresado su preocupación sobre el tratamiento del único testigo y también víctima, el mexicano Gustavo Castro Soto, un defensor de derechos humanos y periodista de Otros Mundos-Chiapas. Han expresado que “Gustavo no está bien, está cansado. No ha podido dormir o descansar… ya está menos lúcido y sabemos que para poder dar buen testimonio así tiene que estar.” Como respuesta a la decisión ampliamente denunciada del gobierno Hondureño de imponer una orden de retención migratoria de 30 días sobre Castro, “cada hora en que sigue Gustavo aquí provoca más angustia para él y su familia.” También enfatizaron que Castro tiene la voluntad de colaborar en la investigación, y que existen medidas para garantizar su participación desde su casa en México.

Vínculos a los EE.UU y presión sobre el gobierno hondureño

El asesinato de Cáceres ha lastimado el esfuerzo por parte del gobierno hondureño de limpiar su imagen. Hace unas semanas, la administración dio a conocer “2 Años de Logros,” destacando la programación social, operaciones antinarcóticos, y obras de infraestructura durante los primeros dos años del gobierno de Juan Orlando Hernández. El asesinato y la respuesta del Gobierno o la falta de ello ha puesto en duda considerablemente cualquier reclamo presentado sobre “sus logros” así como su compromiso de mantener los derechos humanos y proteger las defensoras y los defensores de derechos humanos.

La embajada estadounidense sigue llamando para una investigación rigurosa y puntual. Si bien el embajador James D. Nealon ha expresado su profunda preocupación sobre el asesinato de Cáceres, la cooperación continua y tácita de la embajada con la investigación dirigida por el Estado de Honduras socava las exigencias unificadas para una que sea realizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Miles de activistas han enviado cartas a la embajada estadounidense en Honduras en apoyo de las demandas de la familia y del COPINH, al mismo tiempo instando al Departamento del Estado de los EE.UU a retirar al embajador Nealon para consultas hasta que el Estado Hondureño firme un convenio con la CIDH para que investigue el caso.