Allison Rosenblatt, Acción Permanente por la Paz Colombia
La versión original de este artículo aparece en inglés en Upside Down World.
El 18 de junio, salió un informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados diciendo que “...uno en cada 122 seres humanos actualmente es un refugiado, desplazado internamente, o una persona solicitando asilo.” En Colombia, un país que ha tenido más de 50 años de conflicto armado, la cifra actualizada es seis millones de desplazados, poniendo a Colombia en el segundo lugar, solo superada por Siria que tiene doce millones.
Mientras solo estas cifras ya son impactantes, la realidad de la estadística hace parte de la vida cotidiana de muchos colombianos. Los indígenas Wounaan son uno de los grupos más recientes que sienten los efectos del desplazamiento que caracteriza el conflicto armado de Colombia. Tradicionalmente, los Wounaan han vivido en paz por la orilla del río San Juan que sale al mar Pacífico cerca de la ciudad portuaria de Buenaventura. Pero hoy, cientos de indígenas hacen parte de los seis millones de personas a quienes les ha tocado huir de sus hogares.
Por el acceso que el río San Juan tiene al mar, el área se ha convertido en canal óptimo para comercio, tanto legal como ilegal. El narcotráfico y minería ilegal de oro tienen presencia en la región y los actores armados que controlan estos negocios intentan activamente de lograr el control sobre el canal estratégico a expensas de los indígenas que han vivido pacíficamente en el área por siglos. Muchas de las comunidades Wounaan están experimentando confinamiento cuando hombres armados, señalados como paramilitares, entran a sus propiedades y les amenazan a muerte si salen a cazar, pescar, o atender sus cosechas. En algunos instantes, familias particulares deciden huir mientras otras eligen permanecer, rompiéndose el tejido social de su pueblo. En otros instantes, comunidades enteras se desplazan de una vez, dejando sus casas y escuelas abandonadas con nada más que el viento corriendo por sus puertas.
La vida en el coliseo
Una comunidad desplazada así es la de Unión Aguas Claras, un pueblo constituido por 343 personas de 62 familias. La comunidad experimentó varias amenazas que causaron su desplazamiento en noviembre de 2014. Líderes dicen que miembros del ejército colombiano pisotearon sus cosechas alimenticias y en otra ocasión seis presuntos paramilitares entraron su propiedad y exigieron a la comunidad que se les diera posada por varios días. La comunidad rechazó las exigencias de los paramilitares y los hombres se fueron eventualmente, amenazándolos en el proceso.
La comunidad ha sido desplazada a Buenaventura donde el gobierno les ha dado albergue en el coliseo principal, El Cristal. Están recibiendo apoyo del gobierno municipal, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, y varias organizaciones no gubernamentales. Más de nueve meses después, las 62 familias Wounaan están durmiendo todavía en hamacas colgadas en puertas y colchonetas metidas abajo de la gradería. A las mujeres les cuesta encontrar los materiales típicos para hacer su artesanía, y a los hombres, que en el pasado tenían capacidad de cazar y cultivar, les faltan sus métodos tradicionales para apoyar sus familias. Niños corren por la cancha de básquetbol, creciendo en un ambiente urbano, tan diferente a los espacios verdes en que su gente prosperaba.
Actualmente, la comunidad está en el complejo proceso legal con el gobierno municipal de pactar un plan para su retorno. Pero una vez tras otra los líderes de la comunidad se han enfrentado con puertas cerradas y palabras vacías.
“No es apto para negociar aquí,” dijo un líder de la comunidad, Édison Málaga, al frente de su gente en una reunión en el piso de la cancha de básquetbol. “La paciencia está totalmente acabada.”
El gobierno municipal propuso un plan de retorno a la gente de Unión Aguas Claras en que detalló la indemnización que recibirían hablando de salud y educación. Pero había una parte crucial que faltaba: la garantía de su seguridad. Sin garantizar que estarán seguros en sus hogares, la gente de Unión Aguas Claras ha rechazado su retorno.
Mientras tanto, la comunidad no ha sido capaz de tener una vida digna en el coliseo. Líderes de la comunidad culpan la alcaldía y la Unidad Nacional de Protección por no cumplir con sus promesas. Entre otros, han reclamado por la falta de apoyo y materiales educativos.
“No han dado ni un tablero, ni un marcador,” dijo Mayolo Chamapuro, otro líder de la comunidad. “Ya no tengo para hablar frente de la entidad... Mientras estamos acá no tenemos alimentación.”
La comunidad ha reclamado frecuentemente que el gobierno no le provee suficiente comida para alimentar 343 personas y la comida que ha recibido no completa una dieta diferenciada. La malnutrición de niños, mujeres embarazadas, y personas de tercera edad es urgente, probada por la muerte trágica de un infante de solo dos días el 28 de junio. Este es el segundo niño que ha muerto desde el desplazamiento de la comunidad.
“Las condiciones en las que resisten las familias Wounaan empeoran cada día, teniendo en cuenta el hacinamiento en el que viven que aumenta el riesgo de enfermedades a causa de la desnutrición principalmente en los niños, niñas, mujeres en embarazo y adultos mayores, pues la alimentación ofrecida por el gobierno no contempla una dieta diferenciada completa y no hay garantías para los procedimientos de medicina y armonización propios...” dijo la Comisión Interclesial de Justicia y Paz, una organización de derechos humanos que acompaña los Wounaan desplazados.
Escepticismo de la seguridad
Los líderes de Unión Aguas Claras dijeron que en marzo de este año, la policía de Buenaventura hizo un informe de la situación de seguridad del río San Juan, declarando que el área era segura para el retorno de los Wounaan. Sin embargo, el informe nunca fue entregado a los líderes de Unión Aguas Claras quienes esperan ansiosamente un retorno sin peligro a su hogar.
Todo esto está pasando mientras el gobierno colombiano ha estado en una mesa de negociación por dos años y medio con el grupo guerrillero más grande del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Según un informe de la policía en su momento, las FARC estaban sosteniendo un cese unilateral que fue cancelado el 22 de mayo como una respuesta a agresiones militares.
Los Wounaan necesitan con urgencia que las fuerzas públicas evalúen nuevamente la seguridad del río en el nuevo clima político. Cientos más en Colombia han sido desplazados por choques entre las FARC y el ejército y los Wounaan quieren evitar la misma fortuna.
Otra prueba de la inseguridad llegó el 8 de junio cuando 50 personas (20 familias) del resguardo Papayo fueron desplazadas por “los hostigamientos, intimidaciones, extorsiones, restricción a la libre movilidad y al derecho a la alimentación, a la siembra y caza...”
Apiñados en dos casas pequeñas en la zona bajamar de Buenaventura, la gente de Papayo cuenta con el apoyo de Unión Aguas Claras en su propio proceso de retorno. Pero como han visto muchos de los Wounaan desplazados, las amenazas de paramilitares eran una sola parte de su lucha. La próxima fase es hacer responsable al gobierno colombiano.
“Estamos acá en crisis por parte del estado,” dijo Chamapuro.
Mientras solo estas cifras ya son impactantes, la realidad de la estadística hace parte de la vida cotidiana de muchos colombianos. Los indígenas Wounaan son uno de los grupos más recientes que sienten los efectos del desplazamiento que caracteriza el conflicto armado de Colombia. Tradicionalmente, los Wounaan han vivido en paz por la orilla del río San Juan que sale al mar Pacífico cerca de la ciudad portuaria de Buenaventura. Pero hoy, cientos de indígenas hacen parte de los seis millones de personas a quienes les ha tocado huir de sus hogares.
Por el acceso que el río San Juan tiene al mar, el área se ha convertido en canal óptimo para comercio, tanto legal como ilegal. El narcotráfico y minería ilegal de oro tienen presencia en la región y los actores armados que controlan estos negocios intentan activamente de lograr el control sobre el canal estratégico a expensas de los indígenas que han vivido pacíficamente en el área por siglos. Muchas de las comunidades Wounaan están experimentando confinamiento cuando hombres armados, señalados como paramilitares, entran a sus propiedades y les amenazan a muerte si salen a cazar, pescar, o atender sus cosechas. En algunos instantes, familias particulares deciden huir mientras otras eligen permanecer, rompiéndose el tejido social de su pueblo. En otros instantes, comunidades enteras se desplazan de una vez, dejando sus casas y escuelas abandonadas con nada más que el viento corriendo por sus puertas.
La vida en el coliseo
Una comunidad desplazada así es la de Unión Aguas Claras, un pueblo constituido por 343 personas de 62 familias. La comunidad experimentó varias amenazas que causaron su desplazamiento en noviembre de 2014. Líderes dicen que miembros del ejército colombiano pisotearon sus cosechas alimenticias y en otra ocasión seis presuntos paramilitares entraron su propiedad y exigieron a la comunidad que se les diera posada por varios días. La comunidad rechazó las exigencias de los paramilitares y los hombres se fueron eventualmente, amenazándolos en el proceso.
La comunidad ha sido desplazada a Buenaventura donde el gobierno les ha dado albergue en el coliseo principal, El Cristal. Están recibiendo apoyo del gobierno municipal, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, y varias organizaciones no gubernamentales. Más de nueve meses después, las 62 familias Wounaan están durmiendo todavía en hamacas colgadas en puertas y colchonetas metidas abajo de la gradería. A las mujeres les cuesta encontrar los materiales típicos para hacer su artesanía, y a los hombres, que en el pasado tenían capacidad de cazar y cultivar, les faltan sus métodos tradicionales para apoyar sus familias. Niños corren por la cancha de básquetbol, creciendo en un ambiente urbano, tan diferente a los espacios verdes en que su gente prosperaba.
Actualmente, la comunidad está en el complejo proceso legal con el gobierno municipal de pactar un plan para su retorno. Pero una vez tras otra los líderes de la comunidad se han enfrentado con puertas cerradas y palabras vacías.
“No es apto para negociar aquí,” dijo un líder de la comunidad, Édison Málaga, al frente de su gente en una reunión en el piso de la cancha de básquetbol. “La paciencia está totalmente acabada.”
El gobierno municipal propuso un plan de retorno a la gente de Unión Aguas Claras en que detalló la indemnización que recibirían hablando de salud y educación. Pero había una parte crucial que faltaba: la garantía de su seguridad. Sin garantizar que estarán seguros en sus hogares, la gente de Unión Aguas Claras ha rechazado su retorno.
Mientras tanto, la comunidad no ha sido capaz de tener una vida digna en el coliseo. Líderes de la comunidad culpan la alcaldía y la Unidad Nacional de Protección por no cumplir con sus promesas. Entre otros, han reclamado por la falta de apoyo y materiales educativos.
“No han dado ni un tablero, ni un marcador,” dijo Mayolo Chamapuro, otro líder de la comunidad. “Ya no tengo para hablar frente de la entidad... Mientras estamos acá no tenemos alimentación.”
La comunidad ha reclamado frecuentemente que el gobierno no le provee suficiente comida para alimentar 343 personas y la comida que ha recibido no completa una dieta diferenciada. La malnutrición de niños, mujeres embarazadas, y personas de tercera edad es urgente, probada por la muerte trágica de un infante de solo dos días el 28 de junio. Este es el segundo niño que ha muerto desde el desplazamiento de la comunidad.
“Las condiciones en las que resisten las familias Wounaan empeoran cada día, teniendo en cuenta el hacinamiento en el que viven que aumenta el riesgo de enfermedades a causa de la desnutrición principalmente en los niños, niñas, mujeres en embarazo y adultos mayores, pues la alimentación ofrecida por el gobierno no contempla una dieta diferenciada completa y no hay garantías para los procedimientos de medicina y armonización propios...” dijo la Comisión Interclesial de Justicia y Paz, una organización de derechos humanos que acompaña los Wounaan desplazados.
Escepticismo de la seguridad
Los líderes de Unión Aguas Claras dijeron que en marzo de este año, la policía de Buenaventura hizo un informe de la situación de seguridad del río San Juan, declarando que el área era segura para el retorno de los Wounaan. Sin embargo, el informe nunca fue entregado a los líderes de Unión Aguas Claras quienes esperan ansiosamente un retorno sin peligro a su hogar.
Todo esto está pasando mientras el gobierno colombiano ha estado en una mesa de negociación por dos años y medio con el grupo guerrillero más grande del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Según un informe de la policía en su momento, las FARC estaban sosteniendo un cese unilateral que fue cancelado el 22 de mayo como una respuesta a agresiones militares.
Los Wounaan necesitan con urgencia que las fuerzas públicas evalúen nuevamente la seguridad del río en el nuevo clima político. Cientos más en Colombia han sido desplazados por choques entre las FARC y el ejército y los Wounaan quieren evitar la misma fortuna.
Otra prueba de la inseguridad llegó el 8 de junio cuando 50 personas (20 familias) del resguardo Papayo fueron desplazadas por “los hostigamientos, intimidaciones, extorsiones, restricción a la libre movilidad y al derecho a la alimentación, a la siembra y caza...”
Apiñados en dos casas pequeñas en la zona bajamar de Buenaventura, la gente de Papayo cuenta con el apoyo de Unión Aguas Claras en su propio proceso de retorno. Pero como han visto muchos de los Wounaan desplazados, las amenazas de paramilitares eran una sola parte de su lucha. La próxima fase es hacer responsable al gobierno colombiano.
“Estamos acá en crisis por parte del estado,” dijo Chamapuro.
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