Nueva planta embotelladora de Coca-Cola amenaza los derechos laborales en Colombia

Lisa Taylor, Acción Permanente por la Paz Colombia.

La versión original de este artículo fue publicada en inglés en Latin Correspondent.

El 5 de junio 2015, Coca-Cola FEMSA – la franquicia mexicana de la multinacional The Coca-Cola Company que tiene la sede principal en Atlanta, Estados Unidos – inauguró su séptima y más reciente planta embotelladora en Colombia, ubicada en el municipio de Tocancipá, al Norte de la capital Bogotá.

Después de invertir más de $200 millónes de dólares para construir un complejo industrial, de alrededor de 27 hectáreas de extensión, la empresa espera que la nueva fábrica produzca  290 millones de litros del producto, cada año, y el cual es suministrado a cerca de 47 millónes de consumidores.

A pesar de la promesa que la nueva planta proveerá crecimiento económico y trabajos locales, muchos de los dirigentes laborales de Coca-Cola critican los efectos de las operaciones de la multinacional en Colombia. La planta nueva cuenta con una tecnología avanzada, y sólo requerirá de un promedio de 150 trabajadores. Por ende, muchos sospechan que la operación en Tocancipá signifique el cierre de las otras fábricas embotelladoras por todo el país. Una señal preocupante es que ya cientos de trabajadores de la planta de Fontibón, en Bogotá, han perdido sus trabajos.

El dirigente sindical, Diego Rodriguez, empleado de la planta de Coca-Cola en la ciudad de Cali (al Suroccidente del país), sospecha que las operaciones embotelladoras allí van a ser trasladadas a Tocancipá muy pronto, dejando sólo un centro de distribución pequeño y reduciendo drásticamente el número de empleados necesarios para su proceso de producción. Actualmente la planta de Cali cuenta con aproximadamente 800 trabajadores.

El director de Coca-Cola FEMSA,  John Santa María, ha llamado la nueva planta en Tocancipá: “un ejemplo de arquitectura industrial avanzada y de productividad en Latinoamérica,” y afirma que el uso eficiente del energía ahorrará entre el 20 y 30 por ciento más de agua. 

A pesar de esta proyección optimista, los dirigentes sindicales locales dicen que la planta consume aproximadamente 1,68 millones de metros cúbicos de agua, lo que constituye el 68,5 por ciento del consumo del agua del municipio entero.

Atropellos contra los sindicalistas

Coca-Cola FEMSA empezó su operación en Colombia en 2003 y actualmente maneja siete plantas embotelladoras y 25 centros de distribución en todo el país. Debido a la tercerización extensiva, la multinacional opera en Colombia bajo varios nombres, incluyendo: Industria Nacional de Gaseosa, Nuevas Gaseosas, Colombia S.A., Femsa Logística, Imbera, Atencom y Oxxo.

Los dirigentes sindicales argumentan que Coca-Cola demuestra una actitud anti-sindical y pretende debilitar cualquier movimiento a favor de derechos laborales.

“Somos calificados y tratados como los enemigos de las empresas y el Estado, para justificar reprimirnos nos estigmatizan y toda acción o reclamación de los sindicatos, así esté protegida por la Constitución, la ley, los convenios internacionales es atacada sistemática e integralmente con el fin de aniquilarnos o llevarnos a una condición de debilidad de tal magnitud que no exista la posibilidad de tener fuerza para defender los derechos de los trabajadores y capacidad de negociación colectiva.” – una carta de los representantes de SINALTRAINAL (el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario) al ex-embajador estadounidense y congresistas estadounidenses.

Afiliados de SINALTRAINAL alegan que Coca-Cola ha perseguido y despedido a trabajadores por afiliarse al sindicato, ha implementado pactos colectivos (acuerdos que son negociados en una forma independiente entre la empresa y los trabajadores no-afiliados con el sindicato, que procuran debilitar la capacidad del sindicato de negociar una convención colectiva), ha despedido a empleados heridos o enfermos que sostuvieron accidentes por el trabajo y ha apoyado varias campañas de propaganda que disuaden la afiliación de los trabajadores al sindicato.

Los dirigentes laborales se preocupan especialmente por los vínculos posibles entre Coca-Cola y los grupos armados ilegales.

Se estima que 14 dirigentes laborales fueron asesinados por los grupos paramilitares, 60 desplazados de sus hogares, 100 amenazados de muerte y cinco fueron exiliados según Gerardo Cajamarca, miembro de la Misión Internacional de SINALTRAINAL en el exilio.

Debido a las amenazas de muerte de los grupos paramilitares, Cajamarca tuvo que huir de Colombia hace 11 años. Este abril, retornó a Bogotá temporalmente para acompañar los cinco días de la huelga de hambre de cinco trabajadores de Coca-Cola que exigían el fin de los despedidos injustos, la persecución del sindicato, el fracaso de observar los aspectos de las convenciones colectivas y el uso extensivo de tercerización de los trabajadores.

Los trabajadores de Coca-Cola en huelga de hambre en Bogotá. Foto: Ali Rosenblatt.

Aunque en abril prometió cumplir con la exigencia de los huelguistas, crear una mesa de negociación para conversar las violaciones de los derechos laborales, Coca-Cola FEMSA negó cumplir con esa promesa.

“El mismo sueño de país por el que tantas veces nos han desplazado, asesinado, exiliado, encarcelado, el mismo sueno de país que a pesar de todo sigue vivo, por el cual debemos seguir en la tarea cotidiana de organizar, movilizar y unificar,” dijo Cajamarca.

“Un horizonte muy precario”

Coca-Cola ubicó su nueva planta embotelladora en Tocancipá para aprovecharse de la zona franca allí establecida – una región geográficamente delimitada dónde las empresas disfrutan de varios beneficios tributarios y aduaneros. En Tocancipá, las empresas pagan un impuesto de renta de tan  sólo 15 por ciento, comparado con la tasa nacional del 33 por ciento, además de esto no pagan impuestos aduaneros para ciertos bienes de capital, equipos, insumos, y repuestos que vienen del exterior.

Las zonas francas han sido implementadas por toda Colombia en medio de una oleada de los tratados internacionales de libre comercio, incluyendo el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos que tomó efecto en 2012.

“Es muy beneficioso porque la producción es más económica, es muy barata, y por eso van a concentrar la producción allí,” dijo Diego Rodriguez.

También agregó que la nueva planta en Tocancipá funcionará casi exclusivamente por la tercerización de los trabajadores, y los trabajadores que no tienen contratos directos no podrán sindicalizarse y defender sus derechos laborales. Algunos trabajadores tercerizados han intentado organizarse, pero se enfrentan con muchos desafíos en un país en dónde sólo  el 4,5 por ciento se han sindicalizado con éxito.

“Si es una empresa multinacional que viene, se chupa todo el agua, terceriza a todos los trabajadores, y después se lleva el dinero para el exterior. Para nosotros esto no es un desarrollo real. . . están dejando sólo el mercado, sólo el producto y lo que vemos acá, es un horizonte muy precario para el trabajador,” dijo Rodriguez.