Wednesday, December 11, 2013

The U.S. and Colombia Should Make a True Alliance for Peace/EE.UU. y Colombia Deben Hacer una Verdadera Alianza para la Paz

By Walker Grooms, National Grassroots Organizer, with collaboration from Julia Duranti of the Witness for Peace Colombia Team

When President Obama and Colombian President Santos met in Washington last Tuesday, Santos expressed hope the two countries would use the meeting to launch an “alliance for progress and peace.”

But if a true alliance for peace is to be forged between the U.S. and Colombia, our government must redirect away from military and antinarcotics aid, a model largely unchanged since the failed Plan Colombia of 2000, to firm support for the following. Victims’ participation in the peace process; an independent truth commission; protections for vulnerable populations; dismantling illegal armed groups; and small-scale farmer (or campesino)-led sustainable development. Domestically, we need to reform our current drug policies, which fail to address the demand driving the lucrative drug trade that continues to finance armed groups.

The two presidents discussed the U.S.-Colombia Free Trade Agreement (FTA), and what Obama called its “successes” in its first year and a half. However, expansion of large-scale monocultures like palm oil and sugarcane—accelerated under neoliberal economic policies like the FTA—is both destroying Colombia’s environment and violating human rights, as corporate plantations often displace, abuse, and intimidate workers and communities. Mining concessions from the Colombian government to promote extractive industries have encouraged encroachment on collective territories by multinational mining companies that—like agribusiness—often work with armed groups to protect their interests. Alongside providing “security,” many of these armed groups are turning from the drug trade to their own illegal mining to finance themselves.

Many U.S. policymakers ignored abuses and misconduct by corporations in Colombia, including many U.S.-based companies and other multinationals, as the FTA was implemented last year, prioritizing profit over corporate accountability and human rights. Our government must hold U.S. corporations responsible for rights violations where they have been implicated.

Furthermore, the FTA itself should be re-negotiated to strengthen human and labor rights protections. Just on November 9, 2013, Óscar López, a member of Colombia’s SINALTRAINAL union, was murdered. The day before, SINALTRAINAL received a death threat signed by a paramilitary successor group. Continuing tragedies like this show that the Labor Action Plan accompanying the FTA has not achieved its stated aims of improving labor conditions on the ground and increasing safety for workers.

Given devastation wreaked by ties between the Colombian government, private interests, and armed groups, it is little wonder that many Colombian civilians are skeptical of a peace process from which they have been excluded, and that seems to have as a goal increasing foreign direct investment in Colombia. To be an effective partner in building a peace for all Colombians, the U.S. must be bold. We have to re-think policies that have lowered barriers to trade and simultaneously enabled corporations to act with impunity, while failing to give guarantees to people like Óscar López and to all those who depend on their land for subsistence. And we have to invest in communities seeking to build peace, instead of in the Colombian armed forces. It will be a break with the past, but one necessary for an alliance that has peace as its object.
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Por Walker Grooms, Organizador Nacional de la Base, con la colaboración de Julia Duranti, del Equipo Colombia de Acción Permanente por la Paz

Cuando el presidente Obama y el presidente colombiano Santos se reunieron en Washington el martes pasado, Santos expresó su esperanza de que los dos países aprovecharan la reunión para poner en marcha una "alianza para el progreso y la paz."

Pero para que una verdadera alianza para la paz se establezca entre los Estados Unidos y Colombia, nuestro gobierno debe redirigir el apoyo financiero para Colombia de la ayuda militar y antinarcótica, un modelo mayormente sin cambios desde  el comienzo del fallido Plan Colombia en el 2000, y a un apoyo para: la participación de las víctimas en el proceso de paz; una comisión de verdad independiente; protecciones para las poblaciones vulnerables; el desmantelamiento de los grupos armados ilegales; y el desarrollo sostenible conducido por l@s campesin@s. A nivel nacional en EE.UU., tenemos que reformar nuestras políticas de la guerra contra las drogas actuales, las cuales no toman en cuenta la demanda que impulsa el lucrativo comercio de drogas que continúa financiando los grupos armados.

Los dos presidentes discutieron el Tratado de Libre Comercio EE.UU.-Colombia (TLC), y lo que Obama llamó sus "éxitos" en su primer año y medio. Sin embargo, la expansión de los monocultivos a gran escala, como la palma aceitera y la caña de azúcar—acelerada bajo las políticas económicas neoliberales como el TLC— no solo destruye el medio ambiente de Colombia, pero también viola los derechos humanos, ya que las plantaciones corporativas a menudo desplazan, abusan e intimidan a l@s trabajador@s y a las comunidades. Las concesiones mineras de parte del gobierno colombiano para promover las industrias extractivas han alentado la invasión de los territorios colectivos por las empresas mineras multinacionales que—como las agroindustriales—a menudo trabajan con los grupos armados para proteger sus intereses. No solo proporcionando "la seguridad,” muchos de estos grupos armados están dejando el comercio de las drogas y están comenzando su propia minería ilegal para financiar sus actividades.

Cuando el TLC se puso en vigor el año pasado, much@s polític@s estadounidenses ignoraron los abusos y la mala conducta por corporaciones en Colombia, incluyendo muchas empresas estadounidenses y otras multinacionales, priorizando la ganancia sobre la responsabilidad corporativa y los derechos humanos. Nuestro gobierno debe responsabilizar a las empresas estadounidenses por las violaciones de derechos humanos en los casos donde han sido implicadas.

Además, el mismo TLC debe ser renegociado para fortalecer las protecciones de los derechos humanos y laborales. Justamente el 9 de noviembre de 2013, Óscar López, miembro del sindicato SINALTRAINAL de Colombia, fue asesinado. El día anterior, SINALTRAINAL recibió una amenaza de muerte firmada por un grupo paramilitar sucesor. Tragedias continuas como estas demuestran que el Plan de Acción Laboral que acompaña el TLC no ha logrado su objetivo declarado de mejorar las condiciones de trabajo y la seguridad de l@s trabajador@s.

Dada la devastación causada por los nexos entre el gobierno colombiano, los intereses privados y los grupos armados, no es extraño que much@s civiles colombian@s sean escéptic@s de un proceso de paz del cual han sido excluid@s, y que parece tener como objetivo el aumento de la inversión extranjera directa en Colombia. Para ser un socio efectivo en la construcción de una paz para tod@s l@s colombian@s, EE.UU. debe ser audaz. Tenemos que repensar las políticas comerciales que han reducido las barreras del comercio y a la vez han dejado que las empresas actúen con impunidad, y mientras tanto no dan garantías ni a la gente como Óscar López, ni a tod@s que dependen de sus tierras para la subsistencia. En lugar de invertir en las fuerzas armadas colombianas, tenemos que invertir en las comunidades que buscan construir la paz. Será una ruptura con el pasado, pero necesario para una alianza que tenga la paz como su objeto.

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