Por Chelsey Dyer,
Junta Regional de APP Sureste
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| El puerto de Buenaventura. Foto: Chelsey Dyer |
Las casas que me
rodeaban eran pequeñas, construidas de madera por las manos de los
miembros de la comunidad que vivían en ellas y desarrollaban sus
vidas dentro de sus paredes. El sabor a
sal cosquilleaba mis labios. Las brisas frescas del mar cercano
intentaban acogerme entre
sus olas refrescantes,
pero el calor del día y las emociones no se escaparon
de mí. Pisaba con cuidado, observando la
belleza única de
mis alrededores. De repente mis pies se tropezaban sobre las conchas en el suelo mientras trataba de entender historias de asesinatos, luto y esperanza. Estaba en San José, o Sanyu, una comunidad en la ciudad portuaria de Buenaventura, Colombia, en reuniones con las comunidades como parte de una delegación de Acción Permanente por la Paz. Ese día escuché acerca de cómo el gobierno municipal amenazaba a esta comunidad con reubicación para hacer espacio para un malecón, y por un momento breve, entré en la realidad cotidiana de la tensión y la frustración del libre comercio. Una realidad de casas allanadas por el turismo y un patrimonio cultural abandonado por el beneficio. Una realidad de la cual no pudieron escapar los habitantes de San José.
Había indivíduos cuyas familias vivían en la comunidad desde el alba de su existencia, familias que se habían trasladado allí después de ser desplazadas de sus barrios originales, y criminales que pretendían controlar el barrio con el terror y el miedo. Todos ya han sido impactados de forma irreversible por el Tratado de Libre Comercio EE.UU-Colombia. Aquí, en la vida cotidiana el libre comercio no se trataba de pesos ni dolares. El libre comercio era el miedo. Era la inseguridad. Era la inestabilidad.
San José es uno de varios barrios afectado por el libre comercio en Buenaventura, una ciudad bulliciosa que contiene el puerto principal de Colombia que mueve alrededor del 60 por ciento de las importaciones y exportaciones de la nación. Sumado al comercio internacional portuario, la mayoría de la economía local de Buenaventura depende del mar, y tanto el gobierno nacional como el municipal pretende aprovechar de la ubicación costera de la ciudad para atraer proyectos de turismo más grandes y ambiciosos de turismo, que pareciera priorizar atraer a visitantes extranjeros que atender a las necesidades de sus propios ciudadanos.
En 2012, Colombia y los EE.UU implementaron un Tratado de Libre Comercio (TLC) que eliminó inmediatamente el 80 por ciento de los aranceles en bienes exportados. Los empresarios aseguraron que esta política del libre mercado maximizaría las ganancias, aumentaría el empleo y impulsaría el crecimiento económico. Comunidades como San José fueron excluidas del diálogo oficial, que nunca abordó la realidad de que era muy improbable que comunidades así compartieran este supuesto crecimiento.
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| Izquierda: Las lanchas tradicionales de los pescadores residentes de San Jose. Derecha: El barrio de San José contrasta con los grandes edificios detrás. Fotos: Chelsey Dyer |
Los miembros de la comunidad de San José todavía salen a pescar en sus lanchas tradicionales. Recolectan almejas, usando la carne para alimentarse y las conchas para construir los pisos de sus casas. El mar es más que una economía: es vida, cultura y mecanismo de autonomía y sostenibilidad para la gente. Sin embargo, con el apoyo del gobierno nacional, el gobierno municipal de Buenaventura está en el proceso de reubicar forzosamente a la comunidad a un barrio nuevo de casas baratas y prefabricadas que queda a kilómetros del mar. Nadie consultó esta decisión con la comunidad de San José. Nadie les informó de otras oportunidades económicas. No hay escuelas, clínicas de salud o otros servicios sociales en el nuevo y aislado barrio. Una comunidad que ha vivido del mar por mas de 70 años está siendo trasladada a un complejo lejos de su economía, comunidad y patrimonio actual.
Con sus voces silenciadas por las grandes empresas o ahogadas por el miedo, la esperanza de Buenaventura sobrevive pero la violencia en la ciudad sigue aumentando. La situación en Buenaventura apoya la idea de que cuando la gente no tiene acceso a alternativos económicas viables, generalmente escogen las opciones que tienen que ver con la violencia. En marzo, el presidente Juan Manuel Santos envió a 380 policías y 400 tropas de la armada a Buenaventura para combatir la violencia. Pero como expuso un
informe por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, “Los regulares dicen, 'que no pueden hacer nada, que su función es cuidar la riqueza.' Esto ocurrió hace pocas semanas cuando la gente fue en ayuda de los militares para evitar que una persona fuera asesinada por paramilitares.” Los líderes comunitarios han repetido varias veces que no quieren mas pie de fuerza ni armas en Buenaventura, sino que se garantice la seguridad por medio de la inversión social en su ciudad para crear trabajos, oportunidades económicas y comunidades sanas. Según
la prensa, Buenaventura genera alrededor de $2 millones USD en ganancias tributarias para Colombia, pero solo $150.000 USD de ese total está reinvertido en la ciudad, y nada se filtra a barrios como Sanyu o a los trabajadores portuarios y sus familias. Después de vender el Libre Comercio bajo falsas pretensiones, la estrategia del gobierno ha sido enviar mas tropas a la ciudad que ya es la mas militarizada en Colombia y desplazar a aquellas personas que impide los planes para el “desarrollo.” Más armas, más violencia, mas miedo. Y más desplazamiento para que los ojos no vean y los corazones no sientan los problemas, y para que la apariencia del problema se maquille mientras se desconocen las causas originales.
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