Un artículo escrito y traducido por Alice Driver después de una entrevista con Marcia Mejia Chirimia durante una gira de conferencias de Acción Permanente por la Paz en octubre del 2016.
Este artículo es una traducción de la versión original, publicada en inglés el 3 de enero del 2017.
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| Foto: PBI Colombia |
El 20
de abril, Marcia Mejía Chirimia, de 28 años, activista colombiana por la paz y
derechos de las mujeres recibió un mensaje de texto el cual, según Marcia
sospecha, provenía de alguien que pertenece a un grupo paramilitar.
"Se
les recuerda a Marcia Mejía y otros indios ijeputas sapos taponadores de vías,
milicianos informantes de guerrilla que se mueren…guardia de ratas, ya los
tenemos ubicados y son objetivo militar. Ojo, no hay tiempo. Se mueren”.
Poco
después de recibir la amenaza, un
hombre no identificado fue visto rondando la casa de Mejía cuando su hijo
estaba solo en casa. Estos son sólo algunos de los varios tipos de intimidación
que Mejía y otros colombianos han experimentado a lo largo de sus difíciles
carreras como activistas indígenas.
Nacida
en la remota jungla del Valle del Cauca, en la costa suroccidental del Pacífico
de Colombia, Mejía creció con poca educación formal y sólo hablaba Wounaan, un
idioma que comparte con su comunidad indígena Sia. Su vida cambió en 2010,
cuando grupos paramilitares en la zona amenazaron a los líderes de su pueblo
obligándolos a huir con el objeto de apropiarse permanentemente de tierras ricas
en minerales y recursos en aquella región. Mejía y 24 familias se trasladaron a
la ciudad costera de Buenaventura, donde durante 11 meses vivieron en un
almacén abandonado; tenía 22 años.
Mejía, de
baja estatura, voz suave, ojos amplios y expresivos, comenzó a estudiar español
y comenzó a reunirse con miembros de la Comisión
Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP), una organización de derechos
humanos que apoya a organizaciones comunitarias de ascendencia indígena y
africana. Dado que el español no es su lengua materna, utiliza gestos con las
manos para ilustrar sus pensamientos cuando busca una palabra en particular.
La lucha de Mejía
empezó desde cero, primero con el idioma, y después comprometiéndose con maneras de proteger las tierras indígenas
y su comunidad. A fin de cuentas, su país y su comunidad estaban en medio de
una guerra.
La
guerra entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el
gobierno colombiano ha continuado durante más de cinco décadas y ha dejado
cientos de miles de muertos. Entre
4,9 y 5,5 millones de personas han sido desplazados en Colombia, el número
más alto del mundo, según la Agencia de las Naciones Unidas para los
Refugiados. A medida que la violencia progresaba a lo largo de los años,
también lo hizo el uso de tácticas como el terrorismo, la violación y los
secuestros.
Sin
embargo, Mejía quería proteger a su comunidad de este conflicto. Fue así como, sirviéndose de las lecciones que
aprendió de CIJP, ayudó a su comunidad a elaborar un plan para hacer de su
territorio un refugio humanitario y evitar que la violencia entre
paramilitares, guerrilleros y el ejército representara una amenaza. Esta
táctica también fue empleada exitosamente por la
activista ambiental colombiana Nidia Becerra, quien fue una gobernadora
tres veces elegida por la comunidad Inga de Yunguillo en el suroeste del país. Por
su parte, Becerra negoció la extensión y protección del rico y biodiverso territorio
de su propia comunidad, la cual era cinco veces más grande que la de Mejía.
Durante
los últimos cinco años, Mejía ha servido como líder del grupo de mujeres y
género de la Asociación de Consejos Indígenas del Valle del Cauca, organización
que representa a casi 100 pueblos indígenas de la región del Cauca en el
occidente de Colombia. Como parte de su trabajo, trata de abordar las
preocupaciones de las mujeres y niñas en comunidades indígenas. En palabras de Mejía: "Empecé a trabajar
no sólo en defensa de los derechos humanos, sino también en defender los
derechos de las mujeres, mis compañeros, de mi comunidad y defender nuestro
territorio". Sus dos hijos, un niño y una niña de 9, y 7 años
respectivamente, a menudo la acompañan en sus actividades. Mejía considera que
es una manera de enseñarles la importancia de ser un miembro activo dentro de la
comunidad: "Les digo a mis hijos que el gobierno quiere quitarles la
tierra, y los traigo conmigo cuando trabajo para educarlos", comentó .
"Quiero que vean que decir la verdad es lo único que nos puede sanar, que
puede reunirnos".
¿Por fin la paz?
Durante
el proceso de paz de cuatro años, mismo que culminó con la aprobación del
Congreso en 2016, Mejía se percató de que ella y otras mujeres de su
organización desempeñaban un papel importante como representantes de las comunidades
indígenas que habían sufrido la violencia causada por las FARC, el ejército y
los grupos paramilitares. Quería asegurarse de que las voces y las historias de
los grupos marginados especialmente grupos indígenas, mujeres y niños afectados
por la violencia- se escucharan y tomaran en cuenta en el proceso. Como portavoz
de las Comunidades Construyendo Paz en los Territorios (CONPAZ), ella trabajó
para integrar al proceso de paz las voces y preocupaciones de las víctimas,
incluyendo la priorización de la verdad y la reconciliación en lo que
respectaba a la duración de las sentencias para los perpetradores. Cabe señalar que muchas de esas
recomendaciones se pueden ver reflejadas en el acuerdo final. El proceso de
paz, sin embargo, se ha estancado o ha fracasado muchas veces, incluso cuando
el ex presidente colombiano Andrés Pastrana trabajó para negociar un proceso de
paz entre 1999 y 2004."La gente ha vivido con esta guerra durante años, y
es a nivel familiar y comunitario que la gente forja una paz duradera y
sostenible", dijo Kimberly Theidon, profesora de Estudios humanitarios
internacionales en Tufts y quien trabajó con comunidades de paz en Urabá, al norte
de Colombia y bordeando el Caribe.
"Esto no puede ser impuesto desde arriba" añadió.
Parte
del problema ha sido que hay demasiados que se benefician de que se permita que
la guerra continúe. "Hay gente en el proceso de paz que no está interesada
en la paz", dijo Theidon, al describir cómo la guerra permitió que los
grupos militarizados tomaran tierras, especialmente en territorios cuyos minerales
y otros recursos naturales podrían generar grandes ganancias.
Luego,
en septiembre de 2016 y después de cuatro años de negociaciones, el presidente
colombiano Juan Manuel Santos y Timoleón Jiménez líder de las FARC, firmaron un
acuerdo de paz que pondría fin al conflicto armado. Pero el acuerdo necesitaba
ser ratificado por los colombianos, y en octubre, los votantes dijeron que no.
La votación por la paz fracasó, dijo Mejía, porque, en su opinión, los de la
ciudad -que votaron abrumadoramente "no "- habían experimentado menos
violencia directa y desplazamientos que las poblaciones más pobres y rurales.
"El
proceso de paz colombiano intentó involucrar a las mujeres en las negociaciones
de paz e incluir temas de género en la agenda", dijo Roxanne Krystalli, directora
del programa de pruebas humanitarias del Centro Internacional Feinstein de la
Universidad Tufts e investigadora sobre aspectos de género y justicia en
Colombia. Krystalli hizo hincapié en el tema de la certeza y la continuidad de
los avances alcanzados: "no está
claro si los logros en términos de la inclusión de las mujeres en las
negociaciones y el género en la agenda se preservarán a medida que avance el
proceso de paz. Debemos construir la paz, y las mujeres tienen que tener voz en
el proceso".
El
presidente Juan Manuel Santos, impulsado por su deseo de obtener el Premio
Nobel de la Paz, trabajó en un acuerdo de paz que el Congreso aprobó el 30 de
noviembre -un voto que El New York Times calificó como “probablemente el último
obstáculo para ratificar el problemático acuerdo”. Por otro lado, Álvaro Uribe,
presidente de Colombia entre 2002 y 2010, prometió buscar un nuevo referéndum
contra el acuerdo aprobado por el Congreso.
Además,
a finales de diciembre, el Congreso aprobó una Ley de amnistía para miles de
miembros de las FARC desmovilizados y algunos miembros del ejército, la cual
perdonará delitos menores exceptuando asesinatos y actos de violencia sexual.
Hasta
el momento, el proceso de paz sigue en marcha.
"No podemos permanecer en silencio"
Actualmente
el trabajo de Mejía es más importante que nunca. Después de todo, ella está
entrenando a niñas y mujeres indígenas y afrodescendientes para que participen
en roles de liderazgo en el país. Sin embargo, el período de transición hacia
la paz trae oportunidades y riesgos para las mujeres: la investigación de
Theidon, por ejemplo, ha demostrado que las mujeres ex guerrilleras no quieren
verse obligadas a desempeñar roles domésticos tradicionales. Queda por ver si
los ex-guerrilleros pueden negociar un papel de liderazgo en el futuro del
país.
Jóvenes
activistas indígenas como Mejía esperan que la diversidad de voces garantice
que la transición hacia la paz también genere mayor igualdad para las mujeres.
"Tengo que ser un ejemplo para las mujeres y mostrar que seguiremos
hablando", afirmó Mejía. "Las amenazas son enviadas para hacernos
callar".
Pero, a
pesar de estas amenazas, Mejía planea continuar su trabajo como líder
comunitaria y apoyar el proceso de paz en los próximos años. "Pueden
matarme, pero al menos será por la verdad", dijo, y calló por un segundo
antes de añadir: "Siempre les digo a las mujeres que tenemos que seguir
hablando, que no podemos permanecer en silencio".
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