El 2 de octubre, por un margen muy pequeño, la mayoría
de los colombianos y colombianas que participaron en un plebiscito para
ratificar los recién firmados acuerdos de paz, votaron “NO.” El plebiscito
hubiera hecho que fuera legalmente vinculante el acuerdo entre las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Estado colombiano. Durante este
momento de incertidumbre sobre el futuro de esta iniciativa de paz que ha sido
apoyado internacionalmente, Acción Permanente por la Paz celebra el trabajo de
nuestros compañeros y compañeras acompañados en terreno, los defensores y
defensoras de derechos humanos y los miembros de los movimientos sociales,
personas que muchas veces han trabajado toda la vida para construir paz en sus
comunidades e imaginar una Colombia nueva. Un análisis sobre el voto esclarece
que muchas de las regiones más golpeadas por el conflicto armado votaron en una
manera decisiva por el “SI”
en los acuerdos de paz. Son regiones donde trabajan y viven nuestros compañeros
y compañeras acompañados.
Mientras el resultado del plebiscito ha generado
cierta incertidumbre sobre el proceso de paz en Colombia, no cabe duda que éste
es un momento crucial para que la comunidad internacional sea solidaria con los
colombianos y colombianas que anhelan el fin definitivo del conflicto armado
interno. Necesitamos apoyar sus esfuerzos para construir una paz verdadera con
justicia socio-ambiental.
Desde que Acción Permanente por la Paz abrió la
oficina en el año 2000, apoyando a nuestros compañeros y compañeras en terreno
durante los días más oscuros de la ayuda militar patrocinada por EE.UU. bajo el
Plan Colombia, hemos acompañado y hemos estado en solidaridad con los
defensores y defensoras de derechos humanos y los movimientos sociales. Estos
defensores y defensoras siempre han abogado por una salida negociada al
conflicto armado en Colombia mientras se enfrentaban con probabilidades de
largo, estigmatización tremenda, muchas amenazas y violencia. Han hecho su trabajo,
aunque no fuera popular tanto en Colombia como en Estados Unidos. Encontramos
una esperanza inspiradora en los esfuerzos de los defensores y defensoras de
derechos humanos y de los movimientos sociales para desarrollar iniciativas de
paz verdadera de la base en Colombia.
Recientemente, nuestro equipo entrevistó a Enrique
Chimonja, un defensor de derechos humanos vinculado con la Comisión
Intereclesial de Justicia y Paz, una organización acompañada por Acción
Permanente por la Paz en varias regiones del país. Como una persona que ha
vivido la desaparición forzada de su papa y que también ha sido desplazado
forzadamente, Enrique tiene una perspectiva única sobre el papel del monitoreo
y acompañamiento internacional. Defiende la importancia del apoyo internacional
porque “hay una incertidumbre de qué va a pasar o cuáles son las garantías
reales que el Estado colombiano va a ofrecer a quiénes en este momento han
tomado la decisión de dejar las armas.”
Acción Permanente por la Paz está comprometida con su
trabajo de acompañar a los defensores y defensoras de derechos humanos como
Enrique y monitorear el proceso de paz que sigue adelante. Creemos que el
acompañamiento internacional sigue siendo esencial, especialmente porque la violencia contra los
líderes y lideresas del movimiento por la defensa de los derechos humanos ha
continuado durante toda la mesa de negociaciones y es probable que vaya a
seguir aumentando en este momento de incertidumbre.
Aunque el proceso de paz entre el gobierno colombiano
y las FARC ha sido un paso importante para adelante, hay otros grupos armados
incluyendo la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y varios
grupos paramilitares que siguen operando y representan una amenaza a la paz
verdadera y sostenible en Colombia. Aunque el gobierno colombiano niega
oficialmente la existencia de los paramilitares, eligiendo el nombre “bandas
criminales” o grupos delincuentes, estos grupos paramilitares siguen atacando a
las comunidades, especialmente en zonas del desarrollo que son estratégicamente
e económicamente importantes como Buenaventura, e incluso
han paralizado regiones en el país por varios días con paros armados. La
desmovilización real de estos grupos paramilitares va a ser una clave para la seguridad
de los defensores y defensoras de derechos humanos y sus esfuerzos para
construir paz.
Expresamos también nuestra preocupación grave sobre el
aumento proyectado de la inversión extranjera en Colombia. Aunque apoyamos
iniciativas de desarrollo propuestas y lideradas por las propias comunidades en
su territorio, hemos visto que tanto empresas internacionales, incluyendo
algunas con base en Estados Unidos, como megaproyectos por el supuesto
“desarrollo” en el territorio colombiano, siguen violando los derechos de las
comunidades en terreno. Han sido acusados por sus
vínculos con grupos paramilitares y constantemente violan los derechos
laborales en un país con unos de los niveles más altos de violencia
contra los sindicalistas. Como dice Enrique, “mientras se mantenga ese modelo neoliberal, privatizador, extractivo –
que significa desplazamiento forzado, despojo territorial, daños ambientales y
sociales a comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas – mientras ese
modelo económico se mantenga, la paz va a demorar mucho más.”
Apoyamos el análisis de
nuestros acompañados en el movimiento laboral, y creemos que el Plan de Acción
Laboral (pasado en 2011 como precondición al Tratado de Libre Comercio entre
EE.UU y Colombia) ha fracasado totalmente en cuanto a su
capacidad para generar condiciones laborales aceptables y proteger a los y las
sindicalistas, y requiere una reevaluación por el Congreso estadounidense y el
ramo ejecutivo.
También estamos
comprometidos con el monitoreo del Plan “Paz Colombia,” una ayuda de $450
millones de dólares que el Presidente Obama ha solicitado del Congreso para el
año 2017. Estamos preocupados por la cantidad significativa de ayuda militar
proyectada en el presupuesto para esta ayuda durante un momento cuando Colombia
necesita dinero para la implementación de los acuerdos de paz. Creemos que
ahora es el momento para acabar con la ayuda militar al gobierno colombiano y,
en vez de la ayuda militar, mandar la ayuda a la sociedad civil colombiana para
propósitos sociales e económicos. Creemos que la ayuda debe ser para los
aspectos de los acuerdos de paz que defienden los derechos de las víctimas y
las comunidades étnicas. El gobierno estadounidense también necesita animar al
gobierno colombiano a sentarse con el ELN y desmovilizar los grupos
paramilitares activos en varias regiones del país.
Como solicitado por nuestros
acompañados en Colombia, nosotros como Acción Permanente por la Paz estamos
comprometidos con mantener nuestra presencia en el país y seguir acompañando a
los defensores y defensoras de derechos humanos. Estamos comprometidos con
cambiar las políticas estadounidenses que, año tras años, sólo han traído más
guerra y más violencia a las comunidades. Estamos comprometidos con nuestros
proyectos de desarrollar esfuerzos reales de solidaridad entre Estados Unidos y
Colombia, promover la protección de los derechos humanos y laborales y trabajar
por un mundo en el cual toda persona pueda llevar a cabo su proyecto de vida y de
comunidad sin tener que ser sometida a la violencia.
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