Las organizaciones de acompañamiento
internacional de carácter no-gubernamental, que brindan acompañamiento a las
organizaciones sociales y a las defensoras y defensores de derechos humanos en
Colombia, apoyamos varias propuestas de paz lideradas por las comunidades y las
organizaciones sociales, las cuales han sido construidas de manera colectiva
durante varios años.
Saludamos el acuerdo logrado entre el gobierno
nacional y las FARC-EP el pasado 23 de junio y expresamos de nuevo nuestro
apoyo a una salida negociada al conflicto armado en Colombia. Reiteramos que nuestro trabajo se realiza
bajo las normas de la legislación colombiana y en base a las peticiones que
recibimos directamente de organizaciones sociales y de las defensoras y
defensores de derechos humanos. En este contexto las personas acompañadas manifiestan
que ven la necesidad de seguir contando con el acompañamiento internacional,
debido a su preocupación ante una posible reconfiguración del conflicto en un
escenario de post-acuerdo, lo que obstaculiza seriamente la garantía plena de
no repetición para ellas y sus comunidades.
En ese sentido, manifestamos nuestra
preocupación frente a la realidad que viven las y los defensores de derechos
humanos, especialmente en las regiones; pues, según la ONU, en el último año se
registró un aumento de los asesinatos, lo cual supera el promedio de los
últimos 20 años (Comunicado ONU, 19 noviembre 2015). Por su parte, Somos
Defensores registra que las agresiones (las cuales incluyen amenazas,
asesinatos, atentados, detenciones arbitrarias, judicializaciones, hurto de
información y desapariciones forzadas) contra las personas defensoras de derechos
humanos aumentaron en un 9% en 2015 en comparación con 2014 (Informe Anual Somos Defensores 2015). Igualmente, cuando el proceso de paz inició en el año 2012, 357 agresiones fueron registradas. Este número se incrementó a casi el doble en el año 2015 con 682 agresiones (Informe Anual Somos Defensores 2015). Esto sucede en un escenario que
presenta la tendencia preocupante de un aumento del uso arbitrario del sistema
penal para criminalizar y judicializar a las y los defensores de derechos
humanos.
Los datos descritos anteriormente demuestran
que, en muchas de las regiones del país, el conflicto armado pasa por una
reorganización, apareciendo así nuevos conflictos y nuevos actores que amenazan
la vida y la labor de las personas defensoras de derechos humanos. Según Somos
Defensores, grupos paramilitares fueron responsables del 66% de las agresiones
dirigidas directamente contra los líderes y las lideresas sociales (Informe Anual Somos Defensores 2015).
Otro
elemento preocupante para el ejercicio de la labor de defensa de los derechos
humanos y de las comunidades es el impacto de la inversión extranjera en el
país en el marco de un modelo de desarrollo económico extractivo, donde muchas
veces se generan fuertes conflictos sociales y económicos en las comunidades
locales que conllevan al surgimiento de nuevos conflictos y a violaciones de
los derechos humanos.
Frente a lo expuesto anteriormente solicitamos
respetuosamente a la comunidad internacional que:
1.
Inste
al Estado colombiano a brindar las garantías de no repetición y de una paz
justa y sostenible en los territorios, garantizando los estándares
internacionales de los derechos humanos, abordando las causas estructurales del
conflicto, desmantelando las viejas y nuevas estructuras paramilitares de
manera efectiva, respetando los derechos de la población civil.
2.
Solicite
a la Fiscalía General de la Nación agilizar las investigaciones sobre las
agresiones y asesinatos contra las personas defensoras de derechos humanos, del
territorio y del medio ambiente, identificando los autores materiales e
intelectuales. Asimismo, es importante instar al Estado colombiano a fortalecer
el sistema de justicia y a brindar las garantías de acceso a la justicia en
condiciones de igualdad para todas las víctimas.
3.
Reitere
al Estado colombiano y a todas sus instituciones la necesidad de brindar
reconocimiento político a la labor de defensa de derechos humanos y el diseño
de una política de protección integral y efectiva para las personas defensoras,
que aborde las causas que originan las agresiones y diseñe una política
consensuada con las defensoras y los defensores de derechos humanos, donde se
reflejen medidas de carácter colectivo, con enfoque diferencial, contexto
rural, etc.
4.
Continúe
respaldando política y financieramente a la sociedad civil colombiana en sus
esfuerzos de construcción de paz y al mismo tiempo, inste al Estado colombiano
a que asegure la participación de las comunidades campesinas, indígenas y
afrodescendientes en la implementación de los acuerdos de La Habana en sus
regiones.
5.
Apoye decididamente el establecimiento de la
mesa de negociaciones en el proceso de paz con el Ejército Nacional de
Liberación (ELN).
6.
Inste a las empresas de sus países con actividades en
Colombia a desarrollar políticas de acción sin daño, donde se respeten el medio
ambiente y los derechos de las comunidades.
Organizaciones firmantes:
Acción Permanente por la Paz
Colombia
FOR Presente por la Paz
Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR)
Peace Watch Switzerland
Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia
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