Movilización del pueblo lenca enfrenta intimidación y hostigamiento en Río Blanco

Por: Acción Permanente por la Paz

“Esta lucha no es sólo para Río Blanco, no es sólo para los indígenas,” explicó una mujer Lenca en camino al río sagrado de su pueblo, “sino que es para todo el país, para todo el mundo. Para nuestra Madre Tierra.”

Autoridades armadas impiden el paso de los y las manifestantes durante una manifestación el 20 de febrero de 2016 en Río Blanco.  Foto: Acción Permanente por la Paz

Asi lo plantó un residente de La Tejera, Río Blanco mientras caminaba por la carretera construida por una empresa privada que ha interrumpido la vida tradicional y destruido la naturaleza rodeando los y las campesinos Lenca en Río Blanco. La empresa privada hondureña DESA-Agua Zarca está construyendo la represa Agua Zarca proyecto a lo largo del río Gualcarque en Río Blanco, Intibucá en el suroeste de Honduras.

Según la cosmovisión indígena Lenca, los espíritus femeninos habitan y cuidan el río Gualcarque y por eso es sagrado y lo han defendido por siglos. Antes del proyecto de Agua Zarca la vida en Río Blanco era dura pero a la vez menos conflictiva. Los residentes de La Tejera con quien nos reunimos la semana pasada son humildes campesinos y trabajadores que viven de la siembra de maíz, yuca, piña y café. Todos los aspectos de sus vidas son existencialmente dependientes en las condiciones sanitarias y ecológicas del río. La indígena ama, respeta, cuida y considera el río sagrado. Por eso ha sido inaceptable cuando aparecieron pancartas que decían “No Entrar” restringiendo el libre acceso al río que aparecieron en la etapa inicial del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. Durante la visita con la Lenca de Río Blanco nos afirmaron que el río no tiene dueño, que está allí para disfrutar y preservar. El daño al río causado por este proyecto es percibible: desde la carretera que fue construida por la empresa en una área natural y el hecho que no se puede sembrar al lado del río, los alrededores están llenos de escombros y el desvío del río ha bajado los niveles de agua. Desde el inicio de esta lucha, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) ha acompañado el proceso de la defensa de derechos territoriales y ancestrales. Esta lucha ha cobrado vidas humanas y está liderada por gente comprometida que pone su vida en alto riesgo por defender el sagrado río Gualcarque.

Maycol Ariel Rodríguez García, (15) fue encontrado sin vida el día 29 de octubre de 2014 con heridas y golpes visibles probando que fue torturado. Maycol participaba en la lucha por la recuperación de la tierra. Su cuerpo fue dejado en las orillas del río como si se hubiera ahogado.

Hubo un atentado contra María Santos Domínguez, coordinadora del COPINH en Río Blanco. El 5 de marzo del 2014, María fue atacada por siete personas con machetes, palos y piedras cuando estaba en el camino a su casa. Asimismo fueron agredidos y gravemente heridos su esposo y su hijo. Ella sigue siendo amenazada de muerte por ser líder de su comunidad. Tomás García, líder del COPINH, fue asesinado el 15 de julio del 2013 por un militar (cuyo Comandante fue entrenado por la Escuela de las Américas en los Estados Unidos) y su hijo Allan García fue baleado por el mismo militar.

El Contexto

Trás el golpe de estado en Honduras en 2009, apoyado por los Estados Unidos, el camino fue aún más abierto para la entrega total del país a las corporaciones nacionales y transnacionales. Por ejemplo, en 2010 el gobierno golpista otorgó 47 concesiones de represas hidroeléctricas con una sola ley, sin la consulta ni el consentimiento de las comunidades más directamente afectadas por ellas y por lo tanto en violación de convenios internacionales incluyendo el Convenio 169 de Organización de Trabajadores Internacionales (OIT) que exige al estado hondureño proteger el territorio y los recursos naturales de los pueblos indígenas y prevenir su desplazamiento forzado.   Además, el proyecto Agua Zarca se considera ilegítimo también porque en enero de 2011 el alcalde de Intibucá se retiró de una reunión comunitaria sobre el proyecto después de que la comunidad Lenca expresó su oposición al proyecto. Sin embargo, el alcalde emitió un permiso para la represa usado firmas falsificadas de los pobladores para “comprobar” consentimiento público.

La resistencia al proyecto en los últimos años ha resultado en una presencia constante de fuerzas de seguridad estatales y privadas; asesinatos y represión; el retiro de Sinohydro del proyecto, la más grande constructora de represas del mundo; y la decisión de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial de no invertir en el proyecto debido al conflicto que rodea el proyecto.

Ante este polémico proyecto, DESA-Agua Zarca se trasladó el plantel al otro lado del río Gualcarque y lanzó una doble estrategia de campaña. La primera, para difamar, criminalizar, y perseguir a los miembros y miembras del COPINH y de la comunidad en oposición al proyecto. Según el COPINH, individuos  han sido contratados precisamente para hostigar e intimidar a quienes están opuestas al proyecto Agua Zarca creando una situación represiva y tensa. La segunda, para comprar apoyo en la comunidad mediante su programa de inversión social, lo cual cuenta con los dolares de los impuestos estadounidenses a través del proyecto MERCADO de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por su siglas en inglés). San Francisco de Ojuera y Valle de Ángeles son comunidades en gran medida a favor de la represa y no por casualidad son unos de los mayores beneficiarios de la programación social proporcionado por la empresa.

Debido a la continua represión y persecución por parte de una serie de agentes armados estatales y no estatales, y los manifestantes del sábado, trabajadores campesinos humildes con el propósito de defender su territorio ancestral, se sometieron de nuevo a este hostigamiento y represión.

Observaciones sobre la manifestación del 20 de febrero de 2016

El sábado, 20 de febrero de 2016, el COPINH y la comunidad de Río Blanco organizaron una manifestación para denunciar al proyecto Agua Zarca. Más de 100 personas participaron en la movilización entre ellos: mujeres, niños y niñas, mayores de edad y jóvenes incluso mujeres cargando sus bebés y por lo menos, dos mujeres embarazadas. Al llegar a la barricada, nos llamó la atención la enorme cantidad de policías y militares fuertemente armados presentes en una movilización de gente humilde, trabajadora - autoridades armadas que, según la constitución Hondureña, deben de mantener la paz y el orden público, no defender los intereses privados como la de DESA-Agua Zarca.

Durante la manifestación, el derecho de libre circulación fue una y otra vez violentado. Buses transportando los manifestantes, mayormente campesinos, fueron detenidos antes y al llegar a San Francisco de Ojuera por las autoridades y una excavadora fue colocado en la carretera para obstruir el libre paso de los buses. Ante este acto vergonzoso, las autoridades locales se negaron a ordenar la remoción de la máquina. Las mujeres demandaron el paso seguro de los autobuses debido a que varias de ellas estaban embarazadas o llevaban niños pequeños. También hubo personas mayores de edad y enfermos. Los y las manifestantes decidieron continuar a pie al plantel de DESA-Agua Zarca, pero antes de que pudieran hacerlo, cinco militares del ejército con fusiles AK-47 y siete miembros de los TIGRES llegaron junto con la policía nacional. Cuando uno de los líderes del COPINH trató de seguir caminando adelante, un oficial militar lo empujó hacia atrás de forma agresiva y lo amenazó con detenerlo.

La movilización del 20 de febrero no fue la primera en que el derecho de reunión fue violado en torno al proyecto hidroeléctrico. Trás el asesinato de Tomás García, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó al gobierno hondureño respetar el derecho a la libertad de reunión, afirmando: “manifestaciones y protestas son una expresión del derecho de asociación y la libertad de expresión, derechos fundamentales [...] esencial para la existencia y funcionamiento de una sociedad democrática.”

“No estamos armados...necesitamos la paz y libertad de circular en nuestros territorios. Somos la sociedad civil.” dirección de COPINH

Cuando los manifestantes llegaron al plantel de DESA después de una caminata de más de siete horas (debido a que no se les permitió acceder con vehículos) los manifestantes se encontraron con 15 oficiales de Policía Nacional, ocho TIGRES, cinco guardias de seguridad privada y cuatro militares --- la mayoría llevaban rifles estilo militar de alta potencia. Esta respuesta militarizada es sumamente exagerada ya que todos y todas los manifestantes fueron registrados antes que comenzó la manifestación y no estaban cargando armas. Cabe señalar que Los TIGRES es una unidad de fuerzas especiales financiados, entrenados y examinados por los EE.UU y tiene el cargo principal de luchar contra la violencia de las bandas criminales y el narcotráfico.

Una excavadora fue colocado en la carretera para obstruir el libre paso de los buses de los manifestantes. Foto: Acción Permanente por la Paz

La militarización en Honduras es fuertemente apoyada por los Estados Unidos y como organización pacífica, reconocemos que la militarización siembra terror en la sociedad y se convierte en todo un negocio, y lo que realmente va a marcar la diferencia para crear y mantener la paz son cambios estructurales a las políticas e instituciones para poner fin a la impunidad y crear oportunidades para fomentar la paz como empleo, seguridad integral para la ciudadanía y el acceso a la justicia.

Un llamado a la acción y a la solidaridad

Hacemos un llamado al Departamento de Estado de los Estados Unidos y Embajada de los Estados Unidos en Tegucigalpa para ir a Río Blanco y observar y documentar la situación de derechos humanos. La Embajada debe investigar la militarización en Río Blanco, el papel de  DESA-Agua Zarca en relación a las violaciones de los derechos humanos. También, debe identificar a las unidades e individuos policiales o militares hondureños, en particular los TIGRES, que reciben apoyo económico o material de los EE.UU. y que han estado o están implicados actualmente en cometer violaciones de los derechos humanos en Río Blanco.