Colombia en fuego: 400 desplazados tras ofensiva militar contra las FARC en el Cauca

Julia Duranti, APP Colombia

La versión original de este artículo fue publicada en inglés en Latin Correspondent.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se cumplieron 51 años esta semana, continuando su historia como la insurgencia armada más antigua en Latinoamérica, y el futuro de los diálogos de paz quedó colgado de un hilo. Luego de la ofensiva militar realizada el 22 de mayo en Guapi, Cauca que mató a 27 guerrilleros – incluyendo a Pedro Nel Daza Martínez, delegado de las FARC del proceso de paz– las FARC formalmente suspendió su cese al fuego unilateral.

Este fue apenas el último hecho de la violencia que ha venido intensificándose durante las últimas semanas en el sitiado departamento suroccidental del Cauca, lo cual incluye la reanudación de los bombardeos aéreos de los campamentos de las FARC ordenados por el presidente colombiano Juan Manuel Santos como respuesta al ataque por las FARC que dejó a 11 soldados muertos el 15 de abril.

Aunque tanto las fuerzas públicas como las FARC claramente han sufrido bajas en combate, los ciudadanos más vulnerables del Cauca también están pagando un precio alto.

Desde el ataque en Guapi, una ciudad de aproximadamente 30.000 habitantes en la costa pacífica caucana, casi 400 personas han sido desplazadas de las zonas rurales, huyéndose a la ciudad en búsqueda de la seguridad. Al menos 200 son niños o ancianos, y todas son Afrodescendientes – el grupo que ya se lleva la peor parte del desplazamiento forzoso en Colombia.

“En Guapi ya teníamos un problema grave de desplazamiento debido a los actores armados que amenazan a las comunidades negras e indígenas que habitan las zonas selváticas, pero el ataque a las Farc ha agravado la crisis. Desde ese día (viernes 22 de mayo) los desplazados siguen llegando al casco urbano provenientes de las comunidades San Agustín y Balsitas, a lo largo del río Guapi”, dijo Sinson Carabalí, personero de Guapi, al periódico El País.

Con casi 6 millones de personas desplazas, Colombia tiene una de las más altas poblaciones de desplazados internos en el mundo, segundo únicamente después de Siria. Aunque el 10 por ciento de la población colombiana se identifica como Afrocolombiana en el censo del 2005, al menos el 25 por ciento de las personas desplazadas son Afrodescendientes, según CODHES, una ONG que enfoca en los derechos humanos y el desplazamiento. Las cifras verdaderas para ambos grupos probablemente sean más altas, debido a las limitaciones de la terminología utilizada en el censo, la historia larga del racismo y el estigma fuerte contra identificarse como Afrodescendiente en Colombia y bajas tasas de reporte y registro) de las poblaciones desplazadas.

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“Estábamos de regreso a nuestras casas y ahora nos toca seguir sin saber qué hacer, porque con eso de los bombardeos ya no podemos volver”, dijo Joaquín Carabalí, 52 años, habitante de Guapi.

Junto con las 400 personas desplazadas, 500 personas adicionales se encuentran confinadas por el miedo de retaliaciones de la Frente 29 de las FARC contra el ejército colombiano.

“Sí encontramos una población con mucho miedo porque en sus inmediaciones se presentó esta situación, la cual ha hecho que la gente que vive diariamente de la recolección agrícola, la caza y de la pesca, no haya podido hacerlo. Por lo tanto, se generó un problema adicional de seguridad alimentaria”, dijo Mauricio Redondo, el Defensor Regional del Pueblo.

Agregó que Guapi ya sufría de una carencia de albergue adecuado, saneamiento básico y agua potable, y que la falta de instalaciones para las personas recién desplazadas es, ‘’la mayor dificultad’’.

Llamados continuados por un cese al fuego bilateral
Mientras tanto, las organizaciones sociales reiteraron la necesidad urgente del cese inmediato al fuego bilateral para reducir la violencia.

‘’Hoy insistimos: urge una tregua bilateral y un cese al fuego, que permitan el desescalamiento del conflicto, que cuente con efectivos mecanismos de verificación y seguimiento pactados por las partes’’, escribió el Movimiento Nacional de las Víctimas de Crímenes del Estado.

‘’Esta sería una muestra real por parte de los actores de su interés por poner fin al conflicto. De otro lado, exigimos a la mesa de conversaciones de La Habana, Cuba, respeto por las propuestas presentadas por las delegaciones de víctimas que se reunieron con ellos, para quienes el CESE BILATERAL AL FUEGO fue una de las principales peticiones. No se puede continuar negociando en medio de las hostilidades, victimizando a la población civil y perdiendo vidas de compatriotas colombianos’’.

En efecto, las vidas perdidas generalmente son las de los colombianos más vulnerables. En Colombia el servicio militar es obligatorio para todos los hombres, pero los que pueden pagar una modesta multa son excusados. Frente a pocas oportunidades, los jóvenes que no cuentan con aquellos recursos se ven obligados escoger entre las fuerzas públicas, la guerrilla o los descendientes de los paramilitares conocidos como las BACRIM.

“No dejo de preguntarme cada día: ¿tienen importancia las vidas de las comunidades afros, indígenas y campesinas para este País’’? escribó la lideresa Afrocolombiana Francia Márquez, nativa de La Toma, Cauca.

“Lamento profundamente la muerte de los militares, porque desafortunadamente son nuestros hermanos, primos o sobrinos que por no tener oportunidades para ir a una universidad, o tener un trabajo digno, la única opción que les queda, es irse a combatir en una guerra que no es de ellos. Muchos dicen que es para defender la patria, y yo me pregunto ¿cuál patria? ¿La patria de quién si desde la esclavización hasta hoy las 10 familias que se creen las herederas de la corona española, han ostentando el poder económico en este país, y han hecho lo que han querido con nosotros?’’

Un compromiso firme a los diálogos de paz y un cese al fuego bilateral sí restañaría un poco el derrame de sangre de las últimas semanas, pero dada la diversidad de actores e intereses en juego en el conflicto colombiano, la paz duradera requerirá mucho más.

“La Paz no será posible si no existen garantías para La defensa de los derechos humanos y para la participación de la población, sus organizaciones y líderes sociales en la construcción de la misma”, escribió la Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca.