Friday, May 24, 2013

Monsanto y los Transgénicos: Resistencia Global

por Lariza Garzón (equipo de México)

Monsanto ha sido tristemente célebre al rededor del mundo y México no es la excepción. Aquí, en el lugar de nacimiento del maíz, Monsanto ha incrementado su dominio en la industria de la comida cada vez más. Esto ha creado cambios que han afectado la dieta de los mexicanos, su salud, su modo de vida y su habilidad para sobrevivir.Pero en Estados Unidos, Monsanto tampoco ha hecho muchas cosas buenas, y los transgénicos se han vuelto un importante tema de discusión. Por muchos años los estadounidenses han debatido los efectos de la contaminación de campos no-transgénicos y los efectos de los transgénicos en la salud de los humanos y los animales. Actualmente los transgénicos son un tema muy importante en el debate acerca de la Propuesta de Ley de la Comida y el Campo (Food and Farm Bill).
Esta propuesta de ley, aprobada en el congreso cada cinco años, decide las políticas que se adoptarán en Estados Unidos acerca de la comida y la agricultura, y tienen un efecto muy severo alrededor del mundo. En estos momentos, el congreso Estadounidense está debatiendo los detalles de esta propuesta de ley y discutiendo varias enmiendas. Una de las más controversiales, se llama la Enmienda de King.

Aprobada el 15 de Mayo por el Comité de Agricultura de la Casa de Representantes de Estados Unidos, la Enmienda King podría quitarle el derecho a los estados de pasar leyes para etiquetar las comidas transgénicas. Activistas estadounidenses creen que la enmienda es el resultado de los esfuerzos de cabildeo de Monsanto, la corporación líder de transgénicos en el mundo.

Actualmente 26 estados – como California, Washington, Vermont, Maine y Connecticut – tienen propuestas de ley o iniciativas de voto participativo relacionadas con el tema de los transgénicos. Monsanto ha amenazado con demandar a los estados que pasen estas iniciativas y está tomando acción al nivel federal - usando la Enmienda King - para ponerle un fin a estos esfuerzos. El Senado estadounidense ya votó en contra de las propuestas que proteger el derecho de los estados de pasar leyes de etiqueta para productos transgénicos. Esto ocurre aunque sesenta y cuatro países alrededor del mundo ya tienen leyes para etiquetar comidas transgénicas, incluyendo a toda la Unión Europea, Rusia, China, Australia, Sur África y Siria.

Otra polémica en Estados Unidos es que el año pasado el Acta de “Protección a Monsanto” le garantizó inmunidad federal a la industria de la biotécnica cuando ellos planten cultivos transgénicos que todavía no estén aprobados por la ley. Bajo esta acta el Secretario de Agricultura está obligado a dar un permiso temporal para la cultivación de cultivos transgénicos aun si la Corte Federal ordena que se paren los cultivos hasta que se hagan estudios de impacto ambiental. En un esfuerzo para detener el “Acta de Protección a Monsanto”,  el Senador Merkley ha propuesto la Enmienda #978 en la Propuesta de la Comida y el Campo.

Monsanto y los transgénicos también son temas de preocupación en otros países.

En Colombia, Monsanto proporciona RoundUp Ultra (un herbicida letal de glifosfato) para que sea usado en las fumigaciones para erradicación de drogas del Plan Colombia. Las fumigaciones han tenido consecuencias devastadoras como la destrucción de cultivos legítimos de los campesinos, la destrucción del medio ambiente y graves problemas de salud.

En India, el uso de las semillas de algodón de Monsanto ha resultado en una terrible tragedia. Más de 100 campesinos se han suicidado al encontrarse en una situación de deuda extrema por usar las semillas de Monsanto. Aunque compraron las semillas de Monsanto bajo las promesas de una mayor producción y un incremento en las ganancias, los campesinos terminaron con una producción 5 veces menores que la que tenían usualmente y un ingreso 7 veces mas bajo.

Los transgénicos y México


Los mexicanos están preocupados acerca del tema de los transgénicos, particularmente por el tema del maíz transgénico. Se cree que el maíz fue domesticado por primera vez en Oaxaca, México, hace más de 8,000 años. Esta creencia está apoyada por la extraordinaria biodiversidad del maíz en México (cientos de variedades) y  por el descubrimiento de las Cuevas Prehistóricas de Yagul y Mitla, en los Valles Centrales de Oaxaca. En estas cuevas, los científicos encontraron evidencia de la transición de los humanos que era nómadas (cazando y juntando comida) a humanos que empezaron a producir su propia comida. De acuerdo con la UNESCO:

“Las Semillas de Cucurbitaceae, de más de diez mil años de edad, que se encontraron en la cueva Guilá Naquitz, son consideradas las semillas más antiguas, que se han hallado, que demuestran evidencia de la domesticación de las plantas en el continente; mientras que fragmentos de maíz en la misma cueva demuestran la evidencia más antigua de la domesticación del maíz. El panorama cultural de la Cuevas Prehistóricas de Yagul y Mitla demuestran la conexión entre el hombre y la naturaleza, que dió como origen la domesticación de las plantas de Norte America, y que permitió el establecimiento de las civilizaciones Mesoamericanas”.

Las semillas transgénicas representan una amenaza para la biodiversidad del maíz. De acuerdo con el Instituto World Watch:


“Un centro de origen contiene las formas mas antiguas de una planta y de sus familiares silvestres. Es un banco de material genético del que depende el mundo para mejorar y refrescar el material genético de las plantas. Las variedades nativas de maíz de México son un tesoro conformado por genes, útiles para reproducir plantas que se pueden ajustar al cambio de clima y para las necesidades nutritivas de los humanos. Los científicos se preocupan de que si estas plantas se infectan con transgénicos, y si los genes artificiales persisten, se podrían contaminar seriamente, y posiblemente podrían acabar por completo con las bases genéticas naturales de uno de los cultivos más importantes del mundo. Aunque los transgénicos son creados por los humanos, son organismos vivos, con la capacidad de reproducción. Una vez se liberan los transgénicos, dejan de estar bajo el control de los humanos. Son una nueva forma de polución, una que es difícil de detectar y que es completamente invisible.”


El maíz es increíblemente importante para los mexicanos. Es la comida principal y uno de los símbolos culturales más importantes para el país. El maíz sostiene a los pueblos indígenas espiritualmente, físicamente, y económicamente. El maíz fue la comida principal de los Mayas y los Aztecas, quienes veneraron la planta por lo menos desde el año 5000 D.C.

El 29 de Noviembre del 2001, la revista científica Nature publicó una historia acerca de la contaminación transgénica del maíz nativo de Oaxaca, a pesar de que en aquel entonces existía un moratorio impuesto por el gobierno Mexicano en los cultivos de transgénicos. Aún con los efectos negativos de esta contaminación, el expresidente Felipe Calderón, abrió las puertas de México a Monsanto, DuPont y Dow, permitiéndoles cultivar maíz transgénico en varios estados del Norte de México. Desde entonces, los transgénicos han tenido una presencia cada día más fuerte en el país.

Con el objetivo de exponer las “agresiones en contra del maíz nativo y la gente del maíz”, diferentes organizaciones se reunieron en Oaxaca por dos días para la pre-audiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos acerca de los “transgénicos y la contaminación del maíz nativo (el tribunal Permanente de los Pueblos es un tribunal internacional de opinión que investiga casos de violaciones de derechos humanos, para establecer un precedente en acciones legales del futuro)”.

Diferentes organizaciones y campesinos dieron su testimonio acerca de cómo los transgénicos están afectando a sus comunidades. Algunos de los temas centrales de estos testimonios fueron el apoyo del gobierno Mexicano para el uso de los transgénicos, la deterioración del apoyo gubernamental al campo Mexicano, la amenaza a la biodiversidad el maíz, la contaminación de campos no transgénicos, la importancia del maíz en la identidad y cultura de los mexicanos, y la corrupción de los científicos contratados por la agro-industria. Haga click aquí para leer la opinión final del juez acerca de estos temas.

La resistencia y la preocupación acerca de los transgénicos ocurren a nivel mundial. Las implicaciones del consumo de transgénicos no están claras. La contaminación por parte de los transgénicos es una realidad en muchos lugares de nuestro planeta. La sobrevivencia de pequeños productores campesinos y de comunidades indígenas esta en peligro (pues los productos de los transgénicos producen semillas infértiles).

Este viernes se han programado más de 400 protestas en contra de Monsato en 49 países. Como personas que luchan por la justicia tenemos la responsabilidad de pensar como estos temas nos afectan a nivel local, como también de cómo las corporaciones de Estados Unidos, como Monsanto, están afectando al resto del mundo.


Usted puede hacer algo al participar en las siguientes campañas:
  •  Participe en una marcha contra Monsanto hoy o este fin de semana (encuentre el evento más cercano a usted aquí. La información esta en inglés)
  • Abogue para abolir el Acta de Protección para Monsanto (petición en inglés)
  • Contacte a sus representantes para prevenir que se pase la enmienda King de la Protesta de Ley del Campo (Farm Bill) - (petición en inglés)
  • Apoye las enmiendas del la Propuesta de Ley del Campo (Farm Bill) que protegen el medio ambiente y que apoyan a las familias que se dedican a la agricultura (Artículo en inglés)
  •  Compre vegetales y frutas no transgénicos y orgánicos 
  • Participe en una delegación de Acción Permanente por la Paz (APP) en Oaxaca, México, para aprender más acerca de Monsanto y el libre comercio.

Monsanto and GMOs: Worldwide Resistance

by Lariza Garzon (Mexico Team)

 
Monsanto is infamous throughout the world and Mexico is no exception. Here in corn's birthplace, Monsanto is increasingly expanding its dominion of the food industry. This has created changes that have affected Mexicans' diets, health, way of life, and ability to survive.

But in the US Monsanto is up to no good as well, and Genetically modified organisms (GMOs) have become an important subject of debate. Throughout the years, there has been great concern about the effects of GMOs in humans and animals and about the contamination of non-GMO crops. And GMOs are a hot topic in the current debates around the Food and Farm Bill.

This bill, passed by Congress every 5 years,sets policies on food and agriculture in the United States and abroad. Congress is currently working on debating the amendments and details of the latest bill. One of the most controversial amendments is the King Amendment.

Passed on Wednesday, May 15th, in the US House Agriculture Committee, the King Amendment could take away states’ rights to label GMOs. Activists believe that the amendment is the result of lobbying efforts by Monsanto, the world leader on GMOs.

Currently twenty-six states - like California, Washington, Vermont, Maine and Connecticut - have GMO labeling bills or ballot initiatives in progress. Monsanto is threatening to sue the states that pass these bills and is taking action at the federal level - through the King Amendment - to stop these initiatives. The Senate has already voted down efforts to protect the states’ rights ability to enact their own labeling laws. 64 countries around the world already require the labeling of genetically modified foods, including all of the EU, Russia, China, Australia, South Africa, and Syria.

Furthermore, last year the “Monsanto Protection Act” granted the biotech industry with federal immunity when planting yet-to-be-approved genetically engineered (GE) crops. Under this act, the Secretary of Agriculture is required to grant a temporary permit for planting or cultivating a GE crop, even when a federal court has ordered that the planting be halted until an Environmental Impact Statement is completed. In an effort to repeal this Act, Senator Merkley has introduced Amendment #978 into the farm bill.

Monsanto and GMOs are  very concerning topics in other countries as well.

In Colombia, Monsanto provided RoundUp Ultra (a lethal Glyphosphate herbicide) for the anti-drug fumigation efforts of Plan Colombia. The fumigations have resulted in the destruction of legitimate crops, the destruction of the environment, and negative health impacts. 

In India, the use of Monsanto’s cottonseeds has resulted in tragedy. More than 100 Indian farmers committed suicide after finding themselves in extreme debt that resulted from buying Monsanto’s cottonseeds. Despite the promises of a higher yield and profit, the farmers ended up having crop yields 5 times lower than before and an income 7 times lower than before.

Mexico and GMO Corn
Mexicans are worried about the issue of GMO seeds, particularly genetically modified corn. It is believed that corn was first domesticated from wild grasses about 8,000 years ago in Oaxaca, Mexico. This fact is supported by the extraordinary diversity of corn in Mexico (hundreds of varieties) and the discovery of the Prehistoric Caves of Yagul and Mitla in the Central Valley of Oaxaca. In these caves scientists found evidence of the transition of nomadic hunter-gatherers into farmers. According to the UNESCO World Heritage Center: 

“Ten thousand-year-old Cucurbitaceae seeds in one cave, Guilá Naquitz, are considered to be the earliest known evidence of domesticated plants in the continent, while corn cob fragments from the same cave are said to be the earliest documented evidence for the domestication of maize. The cultural landscape of the Prehistoric Caves of Yagul and Mitla demonstrates the link between man and nature that gave origin to the domestication of plants in North America, thus allowing the rise of Mesoamerican civilizations.”

GMO corn seeds represent a threat to the biodiversity of corn. According to the World Watch Institute: 

A center of origin contains the early forms of a crop and its wild relatives. It is the gene bank the world depends on to improve and refresh a crop's genetics. Mexico's native corn varieties are a treasure chest of genes useful for breeding plants that can adjust to changing climate, agricultural, and nutritional needs. Scientists worry that if these plants become infected with GMOs, and if the artificial genes persist, they could dangerously contaminate, and possibly wipe out, the natural genetic basis of the world's most important crops. Although they are manufactured, GMOs are living organisms, capable of reproduction. Once released, they are beyond human control. They are a new form of pollution, one that is difficult to detect and completely invisible. 

Corn is also incredibly important for the people of Mexico. It is the principal staple food, and it stands as one of the country's most central cultural symbols. It sustains indigenous people spiritually, physically, and economically. Corn was the basic food for the Maya and Aztec peoples, who worshiped it as a sacred plant since at least 5000 B.C.

On November 29, 2001, the scientific journal Nature published a story about the GMO contamination of traditional corn in Oaxaca, despite a 1998 moratorium on GMO crops by the Mexican government.  Notwithstanding the negative effects of this contamination, the previous Mexican president, Felipe Calderón, allowed Monsanto, Dupont, and Dow to enter Mexico’s market by giving them the right to cultivate GMO corn in various northern Mexican states. Since then, GMOs have had a very strong presence in the country.

In order to “expose the aggressions against native corn and the people of corn,” different organizations gathered in Oaxaca for two days for the pre-trial hearing of the “Permanent People’s Tribunal” regarding “GMO contamination of Native Corn”. The event, which took place on April 26th and 27th, attracted hundreds of people who strategized on the best way to preserve native corn. (The “Permanent People’s Tribunal” is an international opinion tribunal that looks into human rights complaints, which can set precedence for future legal actions.)

Organizations and farm workers gave testimony about the effects of GMOs in their communities. Central themes were the Mexican government’s encouragement of GMO planting, the deterioration of state support to farmers, the threat to the biological diversity of corn, the contamination of non-GMO crops, the importance of corn to the identity and culture of Mexicans, and the corruption of the scientists who are hired by agro-businesses. Click here to read the judges’ final opinion regarding these issues.

Resistance to and concern about GMOs is a worldwide struggle. The implications of GMO consumption are still not clear. Contamination by GMO plants is persistent in many areas throughout the planet. The survival of small-scale farmers and indigenous people who have handpicked the best seeds from their crops for centuries is at stake (as GMO crops produce infertile seeds).

This Friday, more than 400 protests against Monsanto and GMOs will be taking place in 49 countries. As people who fight for justice, we have the responsibility to think about how these issues affect us locally and about impacts of U.S. corporations like Monsanto across the world. 

You can take action by:


Dictamen de la Pre-Audiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos sobre el Maiz

A pesar de todo lo que han hecho sucesivos gobiernos para desmantelar la Constitución Política de México, el pacto social y político y el proyecto de nación que mexicanas y mexicanos definieron hace casi 100 años sigue siendo su Carta Magna: un documento que es aún fuente de derecho y de unión para ellas y ellos.
El artículo 39 de la Constitución establece que la soberanía nacional pertenece esencial y originariamente al pueblo de México. Pertenece a todos y cada uno de quienes vinieron a presentar sus casos y a rendir sus testimonios. No son representantes de mexicanos y mexicanos. Son pueblo mexicano. Son los titulares de la soberanía nacional.
Desde esa condición han acudido a esta pre-audiencia a denunciar la violación sistemática de la soberanía de la que son titulares por parte de quienes la propia Constitución designa como garantes de esa soberanía.
Hemos escuchado atentamente los casos y testimonios, sólidamente sustentados, que demuestran ante todo este hecho de extrema gravedad. Buena parte del territorio mexicano al que se refiere la soberanía, un territorio que ha sido cuidado y protegido por miles de años por los pobladores originarios, una tradición responsable que continúan los actuales titulares de la soberanía, ha sido entregado a intereses privados y entidades extranjeras.
Además del derecho a la cultura, los pueblos indígenas cuentan con el derecho de propiedad sobre los territorios que han ocupado tradicionalmente. El gobierno se ha comportado como propietario de esos territorios, asumiendo dominio sobre ellos. Esta postura pudo tener sentido en el marco del proyecto nacionalista que emanó de la Revolución Mexicana. Representó una posición digna frente al capital extranjero para defender la soberanía nacional. Sin embargo, en vista de que el gobierno mexicano se ha apartado explícitamente del proyecto contenido en la Constitución de 1917, tal postura carece ya de sustento. El gobierno, por ejemplo, está transfiriendo el dominio del subsuelo, por medio de concesiones, a empresas transnacionales, en demérito de la propiedad y posesión indígena sobre sus territorios. Queda claro que para los pueblos indígenas ya no basta con ser propietarios de la superficie de sus tierras y territorios. La siembra de maíz transgénico y la minería afectan la vida misma tanto de indígenas como de no indígenas.
Todo esto implica una desviación de poder, que podemos demostrar con las pruebas que se nos han allegado. Se ha desviado tanto mediante nuevas leyes como a través de políticas y programas. Los poderes constituidos han empleado sus facultades para desmantelar las leyes y disposiciones que protegen la soberanía y el territorio, lo mismo que los derechos de los campesinos, a fin de acomodarlas a los intereses de corporaciones privadas y entidades extranjeras. Las políticas y programas que han aplicado están claramente en contra de los intereses campesinos y a favor de las mismas corporaciones.
Esta pre-audiencia se concentra en el maíz. Hemos escuchado numerosas expresiones de lo que significa para el pueblo mexicano. He aquí algunas de ellas, que reproducimos textualmente:
• Los oaxaqueños no entenderíamos la vida sin maíz. Es nuestro principal alimento y fundamento de nuestra cultura.
• El maíz es el que cuida a la comunidad. Es el que nos ha permitido vivir y resistir durante miles de años.
• Nosotros los campesinos no tenemos otra opción más que seguir sembrando para continuar nuestra manera de vida.
• No podemos vivir sin maíz, seguiremos luchando por mantener nuestra forma de vida y al maíz en ella.
• Yo quiero dejar mi maíz a mis hijos, a mis nietos, quiero que mis hijos tengan salud, que convivan con el maíz nativo y todo lo que les rodea, el frijol, la calabaza y los quelites porque aquí está la vida.
• Quiero seguir cuidando mi maíz nativo y a mi tierra porque mi maíz y mi tierra son sagrados y eso quiero dejar a mis hijos y a mis nietos
• El maíz es nuestra vida.
• En el maíz recreamos nuestra espiritualidad como pueblo indígena
• El maíz es nuestra carne y nuestros huesos; es salud, historia y autonomía
• El maíz somos nosotros y es patrimonio nacional.
• Producimos maíz para dar vida a nuestras comunidades y a la humanidad
• Nuestra relación con el maíz es sagrada: es el tesoro más preciado que los hombres y mujeres de maíz podemos tener.
Esa es la experiencia del maíz. Esto es lo que se han negado a ver los gobiernos, en su afán perverso de reducirlo a una cosa, una mercancía, un objeto más que se compra y se vende en el mercado y que puede ofrecerse al mejor postor.
Se nos dijo ayer, en uno de los casos presentados: “Denunciamos el cinismo, la irresponsabilidad y perversidad con la que las instituciones gubernamentales han tratado el problema. Los hombres y mujeres oaxaqueños estamos sembrando nuestros maíces aún en contra de un sistema que quiere acabar con el campo oaxaqueño y mexicano.”
Uno de los crímenes más serios que han cometido los gobiernos mexicanos es el crimen de empeñarse en eliminar a los campesinos, destruyendo de esa manera una sabiduría milenaria que es la base histórica y cultural de la nación.
Desde hace 60 años esta obsesión parece perseguir a todos los gobernantes. Varios de ellos han llegado a decir que México nunca podrá ser un país moderno mientras más de la tercera parte de la población viva en el campo; repetían, una y otra vez, que debía imitarse el modelo de Estados Unidos, en que sólo 2.5% de la población laboral producía alimentos para el mundo. Varios secretarios de agricultura declararon públicamente que su obligación era deshacerse de millones de campesinos. Y se diseñaron políticas y programas con ese propósito. Se mencionaron varios ejemplos de esa mentalidad criminal.
• Los campesinos lucharon para tener pequeñas tiendas CONASUPO en sus comunidades, administradas por ellos mismas, para poder acceder a bajo precio a productos de primera necesidad que no pueden producir. Desde hace muchos años, la red de tiendas de DICONSA , 23 000 establecimientos en 93% de los municipios del país, se usa con un propósito perverso. Con el pretexto de abatir el precio de los alimentos, se ha dedicado a desalentar la producción local de maíz y a crear el riesgo de la contaminación transgénica.
• Uno tras otro se fueron eliminando todos los instrumentos públicos de apoyo al campo creados en función de los compromisos de la revolución. Es cierto que se habían corrompido y que tenían carácter clientelar. Pero representaban una derrama económica para los campesinos, que se acostumbraron a depender de ella. Este fue uno de sus efectos más negativos, que se padeció inmensamente cuando se cancelaron.
En 1945 era rural el 75% de la población. En medio siglo la proporción se invirtió. Si bien es cierto que muchos campesinos migraron a las ciudades deslumbrados por las luces de neón y las promesas de la modernización, es preciso reconocer que otros muchos fueron literalmente expulsados de sus comunidades, tanto por formas de destrucción ambiental de las que en general no fueron responsables como por políticas y programas que impedían la prosperidad rural y dejaban a los jóvenes sin perspectivas dignas en sus propias comunidades – lo que se convirtió también en un motivo básico de emigración.
La reforma del artículo 27 constitucional, realizada con el abierto propósito de lanzar al mercado la tierra ejidal, estaba claramente asociada con la obsesión de los gobernantes de deshacerse de los campesinos.
La invasión transgénica forma parte de esa estrategia. Como se reveló con toda claridad en los testimonios presentados, el maíz transgénico no ofrece ventaja alguna para los campesinos y el país. Por lo contrario, los cultivos transgénicos han sido utilizados como herramienta de control de la agricultura y la destrucción de las bases de la autonomía de los pueblos. Además, ya ha sido demostrado en repetidos estudios que la transgenie, por naturaleza, disminuye la producción.
En realidad, la invasión transgénica que se ha estado preparando desde el gobierno, al servicio de las corporaciones que lo crearon y lo comercializan, corresponden a una estrategia perversa que fue rigurosamente descrita en la audiencia. Se trata ante todo de controlar el mercado de semillas en México, que representa 200 000 mil toneladas y 1,200 millones de dólares al año. Para este fin, se han estado modificando las leyes para beneficio de las grandes corporaciones y perjuicio de los pequeños productores, colocando a éstos al margen de la ley cuando venden o intercambian las semillas que producen.
La otra parte de esta pinza perversa es la que alude a la inseguridad alimentaria. Importamos ya la tercera parte del maíz que consumimos; en unos diez años estaríamos importando la mitad. Se está propalando la ilusión de que el transgénico podría resolver el problema aumentando la producción. Carece de todo sustento y muestra la gravedad del peligro que se enfrenta. En cinco de los ocho millones de hectáreas dedicadas al maíz no podrían funcionar las semillas transgénicas. En buena parte de la superficie maicera sólo pueden funcionar las semillas nativas. Es este el crimen que se quiere cometer: con la contaminación transgénica se perdería toda capacidad productiva. Si el maíz ya no rinde, si ya no pueden cultivarlo porque todo se ha contaminado y el transgénico no podrá prosperar, los campesinos abandonarán sus tierras. Y esto es, a final de cuentas, lo que acaso se busca. Que las dejen para poder entregarlas a otros intereses.
La contaminación transgénica puede verse como efecto directo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Fue descubierta cuando existía una moratoria para el cultivo transgénico. Pero existía una disposición del TLCAN, que propiciaba su libre circulación, bajo la falsa premisa de equivalencia sustancial, es decir, que el transgénico es igual al criollo o al nativo, una premisa también adoptada por los órganos internacionales.
A partir de 2001 las importaciones de maíz crecieron exponencialmente. Aunque estaba protegido en el TLCAN, el gobierno alentó esas importaciones, por encima de las cuotas establecidas y sin cobrar los aranceles pactados. Se realizó así un agresivo dumping a los productores nacionales, desalentándolos, obligándolos a abandonar el cultivo o el campo. Desaparecida la CONASUPO, nueve empresas transnacionales absorbieron 50% de las importaciones.
Distribuido por DICONSA, el maíz importado llegó a todas partes. La gente no supo que era transgénico. Traerlo al país era un gran negocio: México no cobraba arancel y Estados Unidos apoyaba con subsidios.
Y es así como un efecto perverso del TLC fue destruir la soberanía alimentaria en las comunidades.
Se trata de un crimen histórico de inmensas proporciones y consecuencias.
Escuchamos testimonios que demuestran fehacientemente que la contaminación transgénica es intencional y representa un desvío del poder, al emplear el aparato estatal a favor de intereses privados.
Los transgénicos son un instrumento corporativo. Pertenecen a seis empresas transnacionales, que forman un oligopolio. Monsanto controla el 85% del mercado.
Todos los transgénicos están protegidos bajo derechos de propiedad intelectual. Reproducirlos y usarlos sin permiso de los titulares de estos derechos constituye un delito. Los genes de Monsanto están patentados. La empresa sabe que la contaminación es inevitable, una vez que se realice la siembra extensa. Será un crimen con premeditación, alevosía y ventaja, porque busca intencionalmente apropiarse de todas las redes alimentarias. En Estados Unidos, Monsanto y Dupont ya han ganado juicios por 23 millones de dólares y arreglos fuera de tribunales por 200 millones de dólares más, por los granos contaminados. Pronto empezarán a demandar a productores mexicanos.
El crimen es aún más grave porque México es centro de origen de maíz, y por tanto, constituye el reservorio genético de uno de los tres principales cultivos del mundo, una de las bases principales de la alimentación a nivel global. Es también reservorio del conocimiento necesario para mantener vivo al maíz.
Denunciamos a los órganos de Naciones Unidas, que saben bien que proteger los centros de origen es esencial para mantener los cultivos vivos. Sería la primera vez en que un centro de origen se ha contaminado y esos órganos no han hecho nada al respecto.
Esto resulta aún más grave ante la perspectiva de cambio climático. Sabemos bien de la perspectiva: donde hay sequía habrá más sequía; donde hay mucha lluvia lloverá más. Las semillas nativas tienen la memoria genética que permitiría encontrar la respuesta a los cambios en las condiciones climáticas. Esas razas y variedades tienen los caracteres de herencia que necesitaremos.
Es un crimen abominable, que por ningún motivo debe permitirse, hacer que esas razas y variedades desaparezcan.
Este crimen insoportable es aún más grave si consideramos lo que ya mencionamos antes: que las políticas y programas del gobierno, en su desviación de poder, han socavado la soberanía alimentaria de las comunidades, en el ejercicio sistemático de violencia burocrática, social y policiaca.
“Perder el maíz nativo alimento de nuestros pueblos es perder la autonomía,” se dijo en la presentación de uno de los casos. Aquí está el meollo de la cuestión.
En una lucha de siglos, las comunidades han logrado fortalecer su autonomía y construir formas propias de vida y de gobierno. En Oaxaca, como se subrayó en las presentaciones, se sigue “practicando y fortaleciendo la comunalidad”. De esa manera se lograron niveles sólidos de autosuficiencia y se ha practicado una efectiva soberanía alimentaria. Toda esta construcción está basada en el maíz. Cada familia, cada comunidad, cada región, se empeña en producir maíz suficiente para el consumo cotidiano. Y existen mecanismos complejos para hacer frente a las dificultades periódicas, cuando las calamidades naturales o las irregularidades del clima impiden que se alcancen los niveles normales de autosuficiencia.
En esta organización se basa la cultura de los pueblos indígenas y en ella está el tejido social que aún nos permite existir como nación. El lema que circula desde hace una década, “Sin maíz no hay país”, es una expresión eficaz de lo que todo esto significa. En estas tierras se inventó el maíz, en un diálogo profundo con la naturaleza; aquí se le multiplicó, se le diversificó, se le adaptó a las mil diferentes condiciones de nuestra realidad. En ese proceso el maíz nos inventó como pueblo y se estableció como la base de nuestra cultura.
Un ejemplo claro que se expresó en la pre-audiencia fue destacar que la riquísima gastronomía mexicana está claramente fincada en el maíz, pero buena parte de lo que todavía cocinan y comen mexicanas y mexicanos sólo es posible con semillas nativas. La contaminación transgénica haría desaparecer buena parte de lo que comemos.
Este patrón de supervivencia y prosperidad se encuentra hoy seriamente debilitado por la agresión sistemática que han sufrido todos los pueblos, por el conjunto de políticas y programas concebidos abiertamente contra ellos. Por las mismas condiciones que afectan la vida de las comunidades, el país entero se encuentra afectado de una debilidad sustancial en su soberanía: la dependencia del exterior en materia alimentaria.
En 1971 exportábamos maíz. Es cierto que en esos años había familias que no tenían suficiente, pero el hecho es que podían generarse excedentes y colocarlos en el exterior. Perder la autosuficiencia no fue una consecuencia del crecimiento demográfico o de condiciones climáticas adversas. No fue porque los productores decidieron sus tareas y dedicarse a otra cosa. Fue una acción sumamente costosa, en que el gobierno invirtió inmensos recursos para provocar la deficiencia de maíz.
A finales de los años 70, cuando la situación de los campesinos empezó a hacerse insoportable, el gobierno se vio obligado a dar un viraje en su política campesina y aplicó un programa que apoyaba directamente la producción de maíz. En los tres años de vigencia del Sistema Alimentario Mexicano se lograron aumentos sustanciales en la producción y los rendimientos y se demostró que bastaban modestos apoyos para que la producción campesina ofreciera buenos resultados.
En esta pre-audiencia se nos hicieron llegar, con los testimonios, documentos en los que se demuestra, con sólido fundamento científico que existe un enorme potencial productivo, por el que podría recuperarse en pocos años la autosuficiencia nacional de maíz.
Enrique Peña Nieto y sus funcionarios no son jurídicamente responsables de estos crímenes en serie cometidos a lo largo de 60 años. Pero son moral y políticamente responsables, porque fue el partido al que pertenecen el que los cometió. Denunciamos ahora que no solamente continúa esa orientación anticampesina sino que la actual administración la está profundizando.
Uno de los testimonios señaló: “Que ya no se establezcan programas con la careta de apoyar al campo y que sólo benefician a las empresas agroindustriales amigas de los altos funcionarios. Que no se trate de engañarnos regalándonos comida dizque nutritiva, porque sabemos que lo único que persiguen es despojarnos de los alimentos que producimos localmente.”
Se trata, muy concretamente, de uno de los programas de la nueva administración. Su campaña contra el hambre no se dirige realmente contra esta vieja enemiga de la humanidad que vuelve a aparecer entre nosotros
Los testimonios presentados en la pre-audiencia mostraron con toda claridad la grave complicidad que en todos estos crímenes ha tenido el establecimiento científico. No sólo se trata de la campaña de descrédito contra quienes presentaron honestamente los resultados de sus investigaciones y dieron a conocer las primeras pruebas de contaminación transgénica, reconociendo abiertamente que su trabajo había sido posible por su colaboración con el sistema científico indígena. Se trata también del boicot sistemático a que se vieron expuestos cuantos se interesaban en el tema y, finalmente, de la corrupción misma de la aún llamada investigación científica.
Se nos ofrecieron testimonios contundentes de la forma en que se procedió a la falsificación de pruebas, a la distorsión del método, presentación mentirosa de los resultados, ocultamiento de información… Se constituyó así una auténtica conspiración, en que los funcionarios del gobierno, las corporaciones privadas y los supuestos científicos realizaron actividades criminales para ocultar la información sobre la contaminación transgénica y al divulgar su inexistencia intentaron convencer a la opinión pública la idea de que era posible contener su extensión y eliminar sus riesgos.
Es importante destacar, en este aspecto, que en los propios testimonios se nos informó, con sólidas bases en estudios científicos serios, que no estamos ante hechos irremediables e irreversibles. La acción de las comunidades, en el marco de políticas y programas que se propongan lo contrario de lo que han hecho hasta ahora, podrían poner remedio a los daños que hasta ahora se han causado y abrir otra opción. Eso requeriría otro tipo de ciencia, que supiera articular sus métodos y concepciones con la ciencia indígena, esa que fue capaz de crear el maíz y centenares de miles de variedades adaptadas a los más diversos nichos ecológicos en el curso de diez mil años.
Esto es muy distinto a lo que se intentó hacer con información distorsionada. Como era imposible desechar las pruebas de la contaminación que había ocurrido, lo que se intentó fue demostrar que en esos mismos lugares había desaparecido, lo que implicaba que era posible limitar o contener la contaminación. Los casos que se han presentado en esta pre-audiencia permiten refutar en forma contundente este intento perverso de una parte del establecimiento científico, coludido con las autoridades y las corporaciones privadas para negar información a la población y continuar la promoción descarada de la invasión transgénica.
“Los hombres y mujeres de maíz”, se dijo en la pre-audiencia, “exigimos volver al estado de derecho”.
Es importante destacar que esta exigencia está siendo presentada por pueblos que han padecido por más de 500 años el uso perverso de los instrumentos jurídicos contra ellos, pueblos que han padecido no solamente leyes injustas, que los ignoran y discriminan, sino tribunales corruptos y racistas. Son pueblos que han sabido reconocer y mantener en sus propios ámbitos el concepto de derecho, la validez y legitimidad del procedimiento formal, la necesidad de normas que propicien la convivencia armónica.
Son estos pueblos los que ahora exigen a quienes han destruido el estado de derecho tan laboriosamente construido por mexicanas y mexicanos que regresen a él. Están conscientes de las limitaciones de su exigencia. Están pidiendo a criminales en serie que detengan su carrera enloquecida al abismo, en el que ellos mismos se precipitan al arrastrarnos a todos al desastre natural y social. Lo hacen porque es su convicción de que nunca debe renunciarse a la exigencia de que la autoridad cumpla sus obligaciones. Y lo hacen porque están dirigiéndose al más alto de todos los tribunales, al de las ciudadanas y los ciudadanos, al de quienes, con su movilización, pueden imponer la voluntad popular para salvar a nuestra comunidades, a nuestras culturas, a nuestro país y a final de cuentas a la Madre Tierra que se encuentra en riesgo.
Hacemos nuestras las demandas que se presentaron en la pre-audiencia, tras introducir en ellas modificaciones que resultan de la presentación de los casos y testimonios, y las incluimos en nuestro dictamen en los siguientes términos:
1. Abrogar de forma inmediata la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, sus reglamentos y demás disposiciones jurídicas que abren las puertas al Gobierno para que autorice la siembra de maíz transgénico en el país. En su lugar, declarar a Oaxaca y a todo el territorio de México territorio prohibido para la siembra de transgénicos. Negar cualquier posibilidad de siembras comerciales.
2. Reafirmar que el maíz es fundamento de la cultura material y simbólica de mexicanas y mexicanos, pilar de la soberanía nacional, condición sustancial de supervivencia de las comunidades campesinas e indígenas y base de la alimentación de la población. Concebir e implementar, en consecuencia, políticas de apoyo diferenciado al entramado de relaciones que forman la cultura de maíz.
3. Revisar las políticas agrarias, agrícolas y comerciales que han causado la crisis del campo mexicano, para orientarlas al fortalecimiento de la economía campesina, los pequeños productores y las comunidades indígenas, a la autosuficiencia nacional en la producción de alimentos básicos y a la reafirmación de la soberanía alimentaria.
4. Revisar el capítulo agrícola del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, especialmente lo relativo al comercio de los granos básicos, entre otras cosas para revertir los efectos del dumping sistemático practicado por los agroexportadores estadounidenses y las grandes empresas importadoras en contra de la economía campesina y mexicana.
5. Combatir la corrupción de la investigación científica en el área de los organismos genéticamente modificados, y su connivencia con corporaciones privadas dedicadas a impulsarlos y articulándola con la ciencia indígena.
6. Suspender de inmediato las autorizaciones para la liberación de todo tipo de maíz transgénico, incluyendo a los campos de cultivo ya existentes, y prohibir por completo el uso de tecnologías “terminator”.
7. Difundir en forma permanente y amplia, a través de medios públicos, privados e independientes, información relativa a los riesgos de la contaminación transgénica, dando especial cabida a los estudios científicos que muestran sus daños y sus impactos sobre la salud, el ambiente y la producción.
8. Respetar la soberanía y la autonomía de los pueblos originarios.
9. Suspender de inmediato las importaciones de maíz transgénico, así como la distribución de “paquetes tecnológicos” y alimentos contaminados de transgénicos.
10. Elevar a rango constitucional la prohibición de organismos genéticamente modificados en el territorio nacional y adecuar de inmediato las legislaciones secundarias.
11. Establecer un Régimen de Protección para el Maíz Nativo.
12. Establecer una norma eficaz para la etiquetación de todos los alimentos transgénicos con información suficiente para la población consumidora sobre los riesgos que implican.
13. Aplicar rigurosamente los procedimientos de consulta y consentimiento previos, libres e informados, que forman parte de la ley suprema a través de los tratados internacionales, antes de implementar programas gubernamentales en las comunidades indígenas.
14. Detener la siembra y movilización en el territorio nacional de otros granos y semillas transgénicas como soya, algodón y canola, así como los ensayos de campo con organismos transgénicos.
15. Restringir las importaciones de maíz a los casos en que la cosecha nacional sea insuficiente y una vez que la producción nacional se haya comercializado, vigilando rigurosamente, en las fronteras, que ninguna importación contenga transgénicos. No debe permitirse la entrada de una sola tonelada de maíz por encima de la cuota sin pagar arancel; por el contrario, debe imponérsele el máximo permitido por el TLCAN, haciendo valer el principio de soberanía alimentaria y la prioridad del consumo del maíz nativo.
16. Concentrar todas las compras de Diconsa, empresa responsable de la contaminación transgénica, en organizaciones de productores mexicanos, realizándolas a un precio justo. Diconsa debe retirar de inmediato los maíces transgénicos que haya distribuido, alertando a las comunidades respectivas sobre los riesgos de su empleo.
17. Expulsar del país a las empresas multinacionales responsables de la contaminación transgénica, entre las que se encuentran Monsanto, Novartis, DuPont y Aventis.
18. Oponerse oficialmente a las patentes y propiedad intelectual sobre la vida en México y en cualquier parte del mundo.
19. Someter los bancos de germoplasma en México, incluyendo el del CIMMYT, a revisiones cuidadosas hasta que se asegure que sus colecciones se encuentran libres de contaminación transgénica.
20. Reconocer constitucionalmente los derechos indígenas, tal como fueron plasmados en los Acuerdos de San Andrés y emplear los instrumentos del Convenio 169 de la OIT para garantizar la autodeterminación de los pueblos indígenas de México sobre sus recursos naturales, con absoluto respeto a la consulta previa, libre e informada.
21. Formular políticas ambientales, agrícolas y alimentarias sustentables, justas y soberanas, elaborándolas junto con la sociedad civil en base a la autodeterminación de los pueblos sobre sus bienes naturales, el respeto a los derechos indígenas y campesinos, la conservación de la biodiversidad y el principio de soberanía alimentaria.
22. Establecer legalmente que ningún ser vivo, ni en su totalidad ni en sus componentes, pueda ser reclamado por derechos de propiedad intelectual ni sujeto a convenios de bioprospección.
En el marco de esta pre-audiencia, por su tema, su lugar y su contexto, queremos reafirmar que las reformas constitucionales indígenas realizadas hasta hoy son un mero engranaje y en ocasiones no el fundamental. Las políticas hegemónicas están operando por encima de los avances jurídicos. Se están haciendo arreglos por encima de la Constitución y de la normatividad internacional vigente. Tales arreglos, por ejemplo, niegan a los pueblos el carácter de sujetos de derecho y rechazan implícitamente la autonomía que formalmente quedó enunciada en 2001.
Se han estado promulgando leyes sobre la diversidad que refuerzan la privatización y de hecho perfilan la paulatina desaparición del espacio propio del derecho público al hacer del Estado un simple promotor y certificador de las operaciones “privadas” de los inversionistas. En esta operación participan, junto con los gobiernos de América Latina, organismos públicos multilaterales como la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), y organismos financieros como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.
Nos parece importante, asimismo, señalar que en el texto del nuevo artículo 2o constitucional se determinó que la autonomía se ejercería “con respeto a las modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en esta Constitución y a las leyes de la materia, así como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad.” De esta manera, en forma enteramente anómala e inaceptable, el supuesto nuevo derecho constitucional para los pueblos indígenas nació supeditado a las leyes, cuestión contraria al principio de jerarquía de normas.
Los dictaminadores compartimos y acogemos plenamente la demanda de acabar con toda forma de violencia contra el maíz, la soberanía alimentaria y los pueblos que la cuidan. Esto exige acabar con todas las fuentes de contaminación transgénica, por los agroquímicos, híbridos y otras formas de tecnología que destruyen el maíz y crean dependencia.
Siendo el maíz, como hemos escuchado en los testimonios y casos, una expresión fundamental del alma y del cuerpo de los pueblos de México, es de vital importancia que las demandas que lleguen a la audiencia final del Tribunal Permanente de los Pueblos posean toda la fuerza y urgencia que se requieren. Por esto, nos parece útil dejar claramente establecidos los siguientes puntos:
1. La ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, la Ley de Producción, Certificación y Comercialización de Semillas y la Ley Federal de Variedades Vegetales son leyes que administran la producción, distribución y fomento de maíz transgénico en México, por lo que se deben dejar de aplicar inmediatamente, estableciendo una prohibición de facto, y a continuación abrogar estas leyes y realizar una reforma constitucional en la que se establezca la prohibición definitiva de la introducción, siembra, comercialización, importación, almacenamiento, distribución, investigación y experimentación de semillas transgénicas de maíz y se declare que todo México es centro de origen y diversidad biológica, descartando definitivamente la idea de construir mapas de centros de origen. Hay suficientes argumentos y pruebas científicas de daños a la salud y al medio ambiente para sustentar esta prohibición.
2. La ley de biodiversidad ignora que la domesticación y diversificación de plantas es un proceso vivo, continuo y actual, y deja en estado de indefensión a los productores y comunidades que han sido los creadores de esta riqueza genética que ha hecho de México un centro de diversificación a nivel mundial. El artículo sobre zonas libres de transgénicos no establece la protección adecuada para los productores convencionales y orgánicos. A los primeros los ignora por completo, y a los segundos les impone un régimen de protección insuficiente y, además, muy difícil de alcanzar. Se deja en estado de indefensión a la mayoría de los productores agrícolas mexicanos, que no podrán escoger si quieren o no transgénicos en sus cultivos. Uno de los problemas centrales en este capítulo es que la carga de la prueba la tienen precisamente los afectados, que deberán comprobar científicamente la inviabilidad de la coexistencia entre cultivos libres de transgénicos y los que sí incorporan esta tecnología. Los transgénicos pueden convivir con especies que no han sido genéticamente modificadas, contaminándolas y alterando su genoma. Finalmente, el procedimiento administrativo es muy complicado y está diseñado más para dificultar la designación de zonas libres que para protegerlas.
3. Proponemos que se aproveche el marco del TPP para declarar al maíz y a la milpa como un bien de los pueblos del mundo, que han intercambiado libremente las semillas y saben en dónde y cómo usarlas como elemento básico de la vida y de su subsistencia. Son los propios pueblos, no entidades privadas o gubernamentales, quienes deben decidir cómo intercambiar, cuándo y dónde.
La denuncia presentada en esta pre-audiencia, así como los casos, testimonios y probanzas aducidas, demuestran que la devastación de la vida campesina, la migración forzada, la pérdida de biodiversidad y los daños al ambiente y la salud han sido causadas directamente por las políticas agrarias y agrícolas, las políticas públicas de “asistencia” (como la Cruzada contra el Hambre) , así como por la política económica y la comercial, vinculadas con los tratados de libre comercio adoptados por el Estado mexicano y otros instrumentos nacionales e internacionales, relacionados con la autorización de transgénicos, que fomentan los monocultivos, la agroindustrialización y el acaparamiento de tierras.
Deseamos dejar constancia que el Convenio de Cartagena obliga a los gobiernos que lo suscribieron a aceptar los transgénicos, por lo que lejos de ser un instrumento de protección, que debemos invocar, forma parte de lo que debemos rechazar. Igualmente, el Convenio de Biodiversidad, al contrario de los tratados de libre comercio, queda sujeto a la interpretación de los estados, y despoja a los pueblos de la soberanía sobre la biodiversidad, que pasa a ser patrimonio controlado por los gobiernos. Este instrumento internacional es usado como el paraguas que en nombre de la diversidad y sustentabilidad ha introducido una postura conservacionista y proclive al fomento del capital, antes que una que combine el factor cultural y social con el ambiental. En contraste, defendemos una postura que vincula a los pueblos, el ambiente y la transformación, considerándolos como actores colectivos e individuales dotados de conocimientos importantes sobre el ambiente natural o sobre medios de utilizarlo.
Igualmente, nos parece importante señalar que al caracterizar el cultivo de maíz transgénico como delito debemos tomar en cuenta que hasta ahora los tribunales internacionales no abordan delitos cuya base constituya un delito “económico”.
Los argumentos de las comunidades indígenas y campesinas afectadas no sólo defienden sus propios derechos y formas de vida. Están defendiendo a la humanidad entera.
Los dictaminadores celebran el proceso que ha permitido llegar a esta pre-audiencia. Nos comprometemos a preparar en las próximas semanas un dictamen final, que nos permita hacer llegar sugerencias y recomendaciones específicas a quienes presentaron los casos y testimonios, a fin de fortalecerlos en la perspectiva de la audiencia final ante el Tribunal Permanente de los Pueblos.

Pre-Trial Hearing Judgement : People's Permanent Tribunal Regarding Corn


Despite everything that successive governments have done to dismantle the Constitution of Mexico, its social and political commitments, and its sense of nationhood that Mexicans formed almost 100 years ago, the Constitution is still its Carta Magna: a document that remains a source of both rights and national union.
 
Article 39 of the Constitution deems that national sovereignty belongs to the people of Mexico. It belongs to each and every one of those who came to present their cases and offer testimony to us. They are not representating Mexicans. They are Mexican people. They are holders of national sovereignty.

They came to this pre-trial hearing to denounce the systematic violation of the sovereignty which they are granted by the Constitution.
We listened carefully to the cases and testimonies which  demonstrated this very serious fact. Much of sovereign Mexican territory, a territory that has been cared for and protected for thousands of years by its original inhabitants, has been handed over to private interests and foreign entities.
Besides the right to culture, indigenous peoples have the right to ownership of the land they have traditionally occupied. The government has acted as owner of these territories, claiming them. The government, for example, is transferring ownership of the subsoil through concessions to transnational companies in violation indigenous peoples’ rights over their territories.
It’s clear that for indigenous peoples it’s not enough to be owners of their land and territory. The planting of GMO corn and mining affects the lives of both indigenous and non-indigenous.
All this implies a misuse of power, which we can see in the testimonies, through new laws, policies and programs. The powers that be have used their powers to dismantle the laws and regulations that protect indigenous sovereignty and territory, as well as the rights of small farmers, in order to accommodate the interests of private corporations and foreign entities. Policies and programs that have been implemented are clearly against the interests of farmers.
This pre-trial hearing focuses on corn. We have heard many voices about what corn means to the Mexican people. Here are some of them, which we share verbatim:
• The Oaxacan people could not understand life without corn. It is our main staple and the foundation of our culture.
• Corn takes care of our community. It’s what’s allowed us to live and resist for thousands of years.
• We farmers have no choice but to continute  planting corn, in order to keep our way of life
• We can not live without corn. We will fight to maintain our way of life and corn in it.
• I want to leave my corn to my children, my grandchildren. I want my children to be healthy, living with native corn and everything around them, beans, squash and quelites because they are life.
• I want to continue taking care of my native corn and my country because my corn and my land are sacred and I want to leave them to my children and grandchildren
• Corn is our life.
• Through corn we recreate our spirituality as an indigenous people.
• Corn is our flesh and bones, our health, history and autonomy
• Corn is us and is our national heritage.
• We grow corn to give life to our communities and humanity
• Our relationship with corn is sacred: it is the most precious treasure that men and women have.
This is the experience of corn. This is what governments have refused to see, in their anxiousness to reduce it to a commodity, an object to be bought and sold in the market and offered to the highest bidder.
As said yesterday, in one of the cases: "We denounce the cynicism, irresponsibility and wickedness with which government institutions have addressed the problem. The men and women of Oaxaca are planting our corn even in a system that wants to do away with the Mexican and Oaxacan countryside.”
One of the most serious crimes that the Mexican government has committed is to try to do away with small farmers, destroying an ancient wisdom which is the historical and cultural basis of our nation.
For 60 years this seems to have been one of their obsessions. Many leaders have even said that Mexico would never be a modern country while more than a third of the population lives in the countryside. They repeated again and again that Mexico should imitate the U.S. model, where only 2.5% of the working population produce food. Several Secretaries of Agriculture stated publicly that their duty was to get rid of millions of small farmers. Specific policies and programs were designed for this purpose. Several examples of this criminal mentality were mentioned:
• Farmers fought to have small shops in their communities (CONASUPO) administered by them, in order to access low price staples that they couldn’t produce. For many years, the network of stores DICONSA, with 23,000 establishments in 93% of the country's municipalities, has been used with a perverse purpose. Under the pretext of lowering the price of food, it has instead discouraged local production of corn and created the risk of transgenic contamination.
• One by one, governments eliminated public projects supporting rural life. It’s true that some programs were corrupt and suffered from patronage. But they represented an economic help for farmers, who began to rely on it in order to continue farming. Many small farmers suffered when it was canceled.
In 1945, 75% of the Mexican population was rural. Half a century later, it was the reverse. While it’s true that many farmers migrated to cities dazzled by the neon lights and promises of modernization, it is clear that many were literally driven out of their communities, because of environmental destruction  for which they weren’t responsible, as well as as policies and programs that prevented rural prosperity. Young people left without worthy prospects worthy in their own communities - which also became a cause of emigration.
The reform of Article 27 of the Constitution, made with the purpose of launching ejidos into the open market, was clearly associated with the obsession of the governmentto to get rid of small farmers.
The GMO invasion is part of that strategy. As clearly revealed in the testimonies, the GMO cornoffers no advantage for farmers or our nation. In contrast, transgenic crops have been used as a tool to control agriculture to destruct people’s autonomy. Furthermore, it’s been repeatedly demonstrated through studies that GMOs decrease production.
Indeed, the government has been preparing this transgenic invasion in the service of corporations that created and marketed GMOs. This perverse strategy was thoroughly described at the pre-trial hearing. This is mainly through controling the seed market in Mexico, which is worth 200 000 thousand tons and 1,200 million dollars a year. To this end, they have been laws to the benefit of large corporations and the detriment of small producers, placing them outside the law when they sell or trade the seeds they produce.
The other part of this strategy has to do with food insecurity. Mexico now imports a third of the corn Mexicans consume. In ten years we would be importing half. The government disseminates the falsity that GMOs could solve this problem by increasing production. This position lacks any support and shows the seriousness of the danger Mexico faces. In five of the eight million hectares devoted to corn production, GMO corn cannot work. In much of the Corn Belt, only native corn will work. Is this the crime that want to commit? With GMO corn, the soil’s capacity to produce would be lost. If corn no longer yields, if it can’t be grown because everything is contaminated and can not prosper, farmers must abandon their land. And that is perhaps in the end what the government is looking for. So their lands can be given over ot other interests.
Transgenic contamination can be seen as a direct effect of NAFTA. It was discovered when there was a moratorium on GMO crops. But there was a provision of NAFTA which favored the free movement of transgenics under the false premise of substantial equivalence. Which is this idea that GMO corn is the same as native corn. This premise was adopted by international bodies.
Since 2001, corn imports have grown exponentially. Although it was protected under NAFTA, the government encouraged these imports above the quotas and tariffs agreed upon. It allowed agressive dumping on domestic producers, discouraging them, and forcing them to abandon their crops and their land. With CONASUPO gone, nine transnational corporations absorbed 50% of imports.
Distributed by DICONSA, imported corn reached all parts of our country. People did not know that it was transgenic. Bringing it to Mexico was big business: Mexico did not charge tariffs and the United States supported it through subsidies.
And so one of the perverse effects of NAFTA was the destrucion of communities’ food sovereignty.
This is a historical crime of immense proportions and consequences.
We heard testimonies that clearly demonstrate that GMO contamination is intentional and represents a misuse ofpower, using the state apparatus in favor of private interests.
GMOs are a corporate tool. They belong to six transnational corporations that form an oligopoly. Monsanto controls 85% of the market.
All GMOs are protected under intellectual property rights. To reproduce them or use them without permission of the owners of these rights is a crime. Monsanto genes are patented. The company knows that contamination is inevitable, once extensive planting is done. It’s a premeditated and treacherous crime because it seeks to intentionally appropriate food systems. In the U.S., Monsanto and Dupont trials have already won $ 23 million and out of court settlements for $ 200 million. Soon it will begin to sue Mexican producers.
The crime is even more serious because Mexico is the center of corn’s origin, and therefore holds the gene pool of one of the three main crops of the world, one of the foundations of global food supply. It also holds a reservoir of knowledge necessary to keep corn alive.
We denounce to UN bodies, which know that protecting the birthplace of corn is essential to keep the crops alive. It would be the first time that a center of origin has been contaminated and so far these UN bodies have done nothing about it.
This is even more serious because of the threat of climate change. We know the threat well : where there’s drought there will be more drought, where there is rain there will be more rain. Native seeds have the genetic memory that will contain the solution to changes in climate conditions. These breeds and varieties have the characteristics we need.
Letting these breeds and varieties of corn disappear is a heinous crime, that under no circumstances should be permitted.
This unbearable crime is even more serious if we consider what we mentioned before, that the government’s policies and programs and its misuse of power have undermined food sovereignty in communities, through the exercise of systematic, social and police violence.
"Losing the native corn of our people is losing autonomy," a witness said in the presentation of one case. Here is the crux of the matter.
In a centuries’ old struggle, communities have strengthened their autonomy and build their own forms of life and government. In Oaxaca, as highlighted in the presentations, they’re still "practicing and strengthening” communities. Thus high levels of self-sufficiency and food sovereignty were achieved. All of this is based on corn. Every family, every community, and every region strivess to produce enough corn for daily consumption. And there are complex mechanisms to cope with periodic difficulties when natural disasters or climate irregularities impede this self-sufficiency.
This organization is the basis of indigenous cultures. It’s the social fabric that allows us to exist as a nation. The slogan "No corn, no country", which has been around for a decade, is an effective expression of this. Here corn was born, in deep harmony with nature. Here it multiplied, diversified, and adapted to the thousand different conditions of our reality. In that process corn influenced us as a people and was established as the basis of our culture.
A clear example was expressed in the pre-trial hearing: Mexican cuisine is built around corn. Much of what we still cook and eat is only possible with native seeds. Transgenic contamination would disappear much of what we eat.
This pattern of survival and prosperity is now seriously weakened by systematic aggression which peoples have suffered, and by a set of policies and programs against them. In the same way that community lives are affected, so are the ives of all Mexicans. Mexico’s sovereignty is threatened, and it depends on other countries for food security.  
In 1971 we exported corn. It’s true that in those years there were families who didn’t have enough, but the fact is that surplus was generated and exported. The loss of self-sufficiency was not a consequence of population growth or adverse weather conditions. It was because the producers decided to neglect their tasks and focus on something else. It was because the government invested immense resources to provoke corn deficiency.
In the late '70s, when the small farmers’ situation stared to become unbearable, the government was forced to shift its rural policies and programs, directly supporting corn production. In the three years of the Mexican Food System, substantial increases in production and yields were achieved, demonstrating that modest support for small farmer production offered good results.
Through the testimonies and documents of this pre-trial hearing, it was demonstrated  with sound scientific basis that there is enormous productive potential in native corn, which could fully restore its self-sufficienty.  
Enrique Peña Nieto and his officials are not legally responsible for these serial crimes committed over 60 years. But they are morally and politically responsible, because it was the party they belong to which is. We denounce  that not only is this anti-farmer orientation continuing, but that the current administration is deepening it.
One witness said: "Programs are no longer created with the lie of supporting the lands, but really only supporting agribusiness who are friendly with politicians. They don’t try to fool us by giving supposedly nutritious food, because we know that all they want is to rid us of the food we produce locally."
This is clearly one of the programs of the new administration. Its campaign against hunger is not really directed against this enemy of humanity.
The testimonies presented at the pre-trial hearing clearly showed the serious complicity that the scientific establishment has had in these crimes. Not only have there been campaigns to discredit those who honestly presented the results of their investigations and proved the first evidence of transgenic contamination, openly acknowledging that their work would have been impossible without help from indigenous communities. There was also a systematic boycott against anyone who showed interest in the topic, and finally of corruption in the scientific community. 
We heard compelling testimonies about falsification of data, methodological distortions, and the hiding of information. It seems there was a real conspiracy in which government officials, corporations, and supposed scientists concealed criminal activity and GMo contamination. They also tried to convince the public that it was possible to contain its spread and eliminate risks.
It’s important to mention that the testimonies presented us with information based on serious scientific studies, that this is not an irreparable and irreversible situation. Community action, within the framework of policies and programs which intend to do the opposite of what they’ve done so far, could remedy the damage so far caused and present another option. This would require another kind of science, which would use indigenous science and  concepts, which created corn and its hundreds of thousands of varieties which adapted to diverse ecological niches over the course of ten thousand years.
This is very different from what some of the scientific community attempted to do with distorted information. Since it was impossible to discard the evidence of contamination, they tried to show that in those places where it was gone, it was possible to limit or contain contamination. The cases presented in this pre-trial hearing refute this vile attempt by perverse scientists - in collusion with authorities and private corporations - to hide information from the public and continue their shameless promotion of GMOs.
"Men and women of corn," people said at the pre-trial hearing, "we demand the return to rule of law".
It’s important to note that this demand is being made by people who have suffered for more than 500 years through the perverse use of legal instruments against them. They have suffered not only unjust laws, which ignore and discriminate, but corrupt and racist courts. They are people who have been able to recognize and maintain the concept of law, the validity and legitimacy of formal procedures, and the need for standards that promote peaceful coexistence.
It’s these people who are now demanding that the rule of law so laboriously built by Mexicans should be returned to them. They’re aware of the limitations of this demand. They are asking serial criminals to stop their mad race to the abyss, in which they hope to drag us to natural and social disaster. They do it because it’s their belief that authority should meet its obligations. And they do it because they are addressing the highest of all courts, the citizens, those who can impose the will of the people to save our communities, our cultures, our country and Mother Earth.
We endorse the demands that were presented at the pre-trial hearing, after modifying them based on the presentation of cases and testimonies, and include the following terms in our opinion:
·        Immediately Repeal the Act of Biosecurity of GMO’s, its regulations, and other legal provisions that open the doors to the government to allow the planting of GMO corn in the country. Instead, prohibit the planting of GMOs in Oaxaca and all Mexican territory. Forbid the possibility of commercial planting.
·        Reaffirm that corn is the basis of material and symbolic culture, the pillar of national sovereignty, and is critical to the survival of indigenous and peasant communities and their staple crop. Policies must be devised and implemented that support the culture of corn.
·        Revise agricultural and trade policies that have caused the crisis in the Mexican countryside. Orient them towards strengthening the rural economy, small farmers and indigenous communities, national self-sufficiency in basic food production and assertion of sovereignty food.
·        Review the agricultural chapter of NAFTA, especially regarding the trade of grains, among other things, to reverse the effects of systematic dumping practiced by U.S. agricultural exporters and major importers against the small farmer and Mexican economy.
·        Fight corruption of scientific research in the area of genetically modified organisms, and its collusion with private corporations.
·        Immediately suspend authorizations for the release of all kinds of transgenic corn, including existing fields, and completely prohibit the use of "terminator" technologies.
·        Disseminate permantly and thoroughly, through public means, information on the risks of GMO contamination, demonstrating scientific studies showing its damage and its impacts on health, the environment and corn production. 
·        Respect the sovereignty and autonomy of indigenous peoples.
·        Immediately suspend imports of GMO corn, as well as the distribution of "packages" of GMO contaminated food.
·        Constitutionally ban genetically modified organisms in Mexico and immediately adopt secondary legislation.
·        Establish a Protection System for native corn.
·        Establish an effective standard for labeling all GMO foods with sufficient information to the consumer population on the risks involved.
·        Rigorously apply free and informed consultation and consent procedures, as stated by law through international treaties, before implementing government programs in indigenous communities.
·        Stop planting of transgenic grains and seeds such as soybeans, cotton and canola, in national territory.
·        Restrict corn imports to when there is insufficient domestic harvest and once domestic production has been marketed, watching the border closely to ensure that no imports containing GMOs enter. No corn should enter above the quota without paying tariffs. 
·        Concentrate all DICONSA (the company responsible for GMO contamination in Mexico) purchases to farmer organizations, selling at a fair price. DICONSA should immediately withdraw transgenic corn that has circulated, warning their respective communities about the risks of their use.
·        Send away multinational corporations responsible for GMO contamination, among which are Monsanto, Novartis, DuPont and Aventis.
·        Officially oppose patents and intellectual property on life in Mexico and elsewhere in the world.
·        Submit genebanks in Mexico, including CIMMYT, to careful reviews to ensure that their collections are free from GMO contamination.
·        Constitutionally recognize indigenous rights, as found in the San Andres Agreements and use the instruments of Convention 169 of the ILO to ensure the self-determination of indigenous peoples over their natural resources, with absolute respect to free and informed “prior consultation.”
·        Form just, sustainable environmental, agriculture and food production, together with civil society, based on self-determination of peoples over their natural resources, respect for indigenous and farmers’ rights, biodiversity conservation and the principle of food sovereignty.
·        Legally establish that no living being, either in whole or in its components, can be claimed by intellectual property rights or subject to bioprospecting agreements.
As part of the pre-trial hearing, we reaffirm that indigenous constitutional reforms conducted to date are a mere cog and often not thorough. Hegemonic policies operate above the law. Unconstitutional arrangements are made, which are also in violation of international law. Such arrangements, for example, deny communites the character of subjects of law and implicitly reject their autonomy which was formally ariculated in 2001.
They have been passing laws regarding diversity which reinforce privatization and outline the gradual disappearance of public space and rights. The nation state becomes the enabler and certifier of "private" investors and operations. In this operation are, along with Latin American governments, multilateral agencies such as the United Nations Organization for Food and Agriculture (FAO), the United Nations Environment Programme (UNEP), the World Trade Organization (WTO) and World Intellectual Property Organization (WIPO), and financial institutions like the World Bank and the Inter-American Development Bank.

It’s important  to note that in the text of the new Constitutional article 2, it was determined that autonomy be exercised "with respect to ownership patterns and land tenure established by the Constitution and material laws, as well as rights acquired by third parties or members of the community. "Thus, in an entirely abnormal and unacceptable manner, the alleged new constitutional right for indigenous peoples was born subject to laws.
The adjudicators share and fully embrace the demand to end all forms of violence against corn, food sovereignty and the people who grow corn. This requires ending all GMO contamination sources by agrochemicals, hybrid and other forms of technology that destroy corn and create dependency.
Corn, as we heard in the testimonies and cases, is a fundamental expression of the soul and body of the people of Mexico. It is vital that their demands reach the final hearing of the Permanent Peoples' Tribunal, possessing all the necessary strength and urgency. Therefore, it is useful to clearly set out the following:
The Biosafety of Genetically Modified Production Act, Certification and Marketing of Seeds and Plant Varieties Act are federal laws that manage the production, distribution and promotion of transgenic corn in Mexico. They must be stopped immediately, establishing a de facto ban, and then repealed through a constitutional reform that establishes a permanent ban on the introduction, planting, marketing, import, storage, distribution, research and testing of genetically modified corn. It should be declared that Mexico is corn’s birthplace. There are enough arguments and evidence of damage to health and the environment to support this ban.
The Biodiversity Law ignores that plant domestication and diversification is a living, continuous, and current process and leaves farmers and communities - who have been the creators of this genetic wealth which has made Mexico a center of diversification worldwide. - defensefless. The article on GMO-free zones provides unsuitable protection for conventional and organic producers. The first completely ignores, and the latter imposes insufficient protection and is difficult to enforce. It leaves most Mexican farmers defenseless, denying them the choice of whether or not to grow GMO crops. One of the central problems in this chapter is that the burden of proof is on the farmers to prove the impossibility of coexistence between GMO-free crops and those that incorporate this technology. 
We propose that corn be declared as a common good of the peoples of the world, those who have freely exchanged seeds and know where and how to use them as a basic element of life and subsistence. It is the people themselves, not private or governmental entities, who must decide how, when and where to share.
The complaint filed in this pre-trial hearing proves that the devastation of farmer life, forced migration, loss of biodiversity and damage to the environment and to general health have been caused directly by agrarian and agricultural policies, public "assistance" policies (such as the Crusade Against Hunger), as well as economic and trade policies related to free trade treaties adopted by the Mexican government and other national and international bodies which encourage the authorization of GMOs, and promote monocultures, agro-industrialization and land grabbing.
We wish to state for the record that the Cartagena Convention requires signatory governments to accept GMOs, so far from being a tool of protection, it is part of what we reject. Similarly, the Convention on Biodiversity, as opposed to free trade agreements, is subject to the interpretation of the states, and deprives peoples of sovereignty over biodiversity, and turns it over to governments. 
This international instrument is used as an umbrella, and which in the name of diversity and sustainability has introduced a conservationist stance, is prone to the development of capital, rather than social, cultural and environmental concerns. In contrast, we defend a position that links the people, atmosphere and transformation, considering them as individual and collective actors endowed with important insights into the natural environment and how to use it.
Similarly, it’s important to note that in characterizing the growing of transgenic corn as a crime, we must take into account that until now international tribunals do not address crimes whose base constitutes an “economic” offense.
Through their testimonies, the indigenous and farming communities affected are not only defending their rights and ways of life. They are defending all of humanity.
The adjudicators celebrate the process that has allowed for this pre-trial hearing. We commit to developing a final ruling in the coming weeks, one that allows us to speak to suggestions and recommendations regarding the cases and testimonies which were presented, in order to strengthen them for the final hearing before the Permanent Peoples' Tribunal.
Oaxaca, Mexico
April 2013